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Violaciones de las facciones armadas apoyadas por Turquía en el noreste de la República Árabe Siria [otro documento más distribuido por la ONU]

Documento distribuido al Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de Naciones Unidas, 24 febrero 2021

Documento original (inglés):

Situaciones de derechos humanos que requieren la atención del Consejo

Documento escrito presentado por Partners For Transparency, organización no gubernamental reconocida como entidad consultiva especial.

El Secretario General ha recibido la siguiente declaración escrita que se distribuye de conformidad con la resolución 1996/31 del Consejo Económico y Social.

Violaciones de las facciones armadas apoyadas por Turquía en el noreste de la República Árabe Siria

Preámbulo

La seguridad personal de los civiles en el noreste de la República Árabe Siria (Siria) se ha vuelto muy difícil de alcanzar debido a las amenazas diarias derivadas de las violaciones de los derechos humanos cometidas por las facciones armadas leales a Turquía, ya que la población local vive bajo el temor de las detenciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales, así como de la confiscación de propiedades y viviendas y la imposición de cánones. Todo ello agravado con las continuas prácticas de desplazamiento forzoso a la luz de la limpieza étnica y la ingeniería demográfica. Las facciones armadas respaldadas por Turquía impiden que los residentes locales que abandonaron sus hogares debido al estallido de los conflictos armados regresen a estos hogares, que utilizaron para reasentar a otras personas ideológicamente afines, como las familias de las facciones armadas. Además, Turquía ha izado su bandera sobre los edificios del gobierno sirio y trata de enseñar la lengua turca e imponerla a la población local.

Así, se estima que las facciones armadas de la oposición respaldadas por Turquía han matado al menos a 3097 ciudadanos desde su entrada en los territorios sirios hasta noviembre de 2020, también han detenido a 3044 personas, de las cuales 43 fueron torturadas hasta la muerte hasta marzo de 2020. En 2020, las facciones armadas respaldadas por Turquía detuvieron a unos 884 ciudadanos en la región de Afrin, y también se apoderaron de 240 casas y tiendas de los habitantes de Afrin que rechazaron la evacuación e insistieron en permanecer en sus hogares. En este contexto, las facciones armadas respaldadas por Turquía utilizaron el agua como arma contra su oposición política, especialmente las «Fuerzas Democráticas Sirias», a expensas de los derechos de los ciudadanos en el noreste de Siria. Por ello, Socios por la Transparencia (Socios) presenta esta intervención para debatir las violaciones de los derechos humanos cometidas por las facciones armadas respaldadas por Turquía en el noreste de Siria, incluidas las ejecuciones extrajudiciales, la detención de ciudadanos, los desplazamientos forzados y las políticas de confiscación de propiedades.

Ejecuciones extrajudiciales

Las ejecuciones extrajudiciales son la principal característica de las facciones armadas respaldadas por Turquía en el norte de Siria para desplazar por la fuerza a los ciudadanos, reasentar a otros y crear un cambio demográfico. Además, las diversas pruebas obtenidas por Compañeros indican que la política de impunidad prevalece en todos estos incidentes; las facciones armadas siguen el método de la liquidación física y la ejecución en el terreno, que forma parte del comportamiento militante derivado de los antecedentes de los combatientes. Por lo tanto, Socios por la Transparencia responsabiliza al gobierno turco, en su calidad de potencia ocupante, de las violaciones cometidas por sus aliados.

En enero de 2020, un pistolero del movimiento Ahrar al-Sharqiya, respaldado por Turquía, mató a una niña (J. A. M.) y a su hermana de Afrin. Además, miembros de Faylaq al-Majd, de la milicia del Ejército Nacional Sirio respaldada por Turquía, han matado a un civil en la zona de Tal Abyad, en Raqqa, mientras intentaban robarle. Estas personas se han librado de ser castigadas, ya que no han sido juzgadas de forma justa, incluso después de que estallaran manifestaciones denunciando los crímenes de estas milicias y exigiendo su salida de la ciudad en el mismo mes. Miembros armados de la División Sultán Murad del Ejército Libre respaldado por Turquía, mataron al ciudadano (E. Y.), desplazado del campo de Alepo, en la ciudad de Ras al-Ain, después de que se apoderaran de su propia fábrica de fabricación de electrodomésticos, meses después del robo de almacenes para el almacenamiento y la distribución de mercancías propiedad de la víctima.

Una campaña sistemática e intensa de detenciones contra civiles en el norte de Siria para aceptar la situación como un hecho consumado

La detención arbitraria es una de las violaciones más comunes practicadas por las facciones pro-turcas en el noreste de Siria contra quienes se oponen a la intervención turca en el norte de Siria, como activistas de opinión, oposición pacífica e incluso civiles, sólo por expresar sus opiniones contra la intervención turca o por oponerse a las prácticas coercitivas de las milicias armadas, como la imposición de cánones, el saqueo de comercios y la agresión a mujeres. Suelen ser detenidos sin ninguna orden judicial ni base legal clara para detenerlos, y sin ningún motivo concreto. Además, se les suele impedir comparecer directamente ante la justicia, contratar abogados para que los defiendan, comunicarse con sus familias y conocer su paradero, así como no recibir ninguna compensación por los periodos de detención preventiva que pasan.

Durante enero de 2021, las facciones armadas respaldadas por Turquía detuvieron a más de 23 personas en las ciudades de Afrin y Tal Abyad, entre ellas 3 niños y 4 mujeres, y en diciembre de 2020, las detenciones llevadas a cabo por las facciones armadas superaron unas 34 operaciones, y entre ellas la policía militar turca detuvo a un artista y su esposa es de la aldea de Korda, distrito de Jenderes, y la facción de Hamza ha detenido a 5 ciudadanos de la aldea de Baikh Obasi en la ciudad de Bulbul en el campo de Afrin y 3 ciudadanos de la zona de Maabatli en el campo noroeste de Afrin al noroeste de Alepo. Además, la facción de Samarkand, en cooperación con la policía militar turca, ha detenido a 11 ciudadanos de la aldea de Kafr Safra, en Jenderes, y de la aldea de Anqla, en el distrito de Sheikh al Hadid.

Desplazamiento forzado de la población autóctona

Las autoridades turcas y las facciones respaldadas por Turquía aplican la política de turquificación, que significa cambiar la vida social y cultural en el noreste de Siria según el modelo turco coherente con la ideología del partido gobernante en Turquía, y de este modo se cambian los nombres de los pueblos, las plazas y las escuelas, izando la bandera turca sobre ellos, y contrarrestando la lengua y la cultura kurdas en las regiones kurdas.

El agua como arma

Las facciones armadas respaldadas por Turquía están cortando el agua de la ciudad siria de Hasaka, en el noreste de Siria, de forma continuada en el contexto del conflicto armado entre ella y las Fuerzas Democráticas Sirias, en un intento de obtener una ventaja comparativa en la guerra a costa de la otra parte. Por ello, la factura del agua se ha disparado en esta región, y la población se ha visto privada de acceso a agua limpia suficiente, entre los temores de que se produzca un brote del nuevo Coronavirus entre los residentes de esta región, que padecen una higiene personal deficiente como consecuencia de la falta de agua potable básica. La escasez de agua también ha puesto en peligro la seguridad alimentaria de los ciudadanos debido a la grave disminución de la producción de diversos productos alimentarios. Partners recomienda lo siguiente: – Investigar las ejecuciones extrajudiciales en el norte de Siria llevadas a cabo por las facciones armadas turcas, con la necesidad de detenerlas. – Liberar a todos los detenidos por la fuerza en las cárceles de las facciones armadas respaldadas por Turquía, y dejar de atacar a los ciudadanos. – Poner fin a las prácticas de desplazamiento forzoso practicadas por las facciones contra los ciudadanos nativos en los territorios ocupados. – Dejar de utilizar el agua en los conflictos políticos.

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