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Turquía necesita que el proceso de paz kurdo fracase

The Amargi – Seevan Saeed – 17 julio 2026 – Traducido y editado por Rojava Azadi Madrid

Durante casi un siglo, se ha negado la existencia de la cuestión kurda en Turquía. En estos momentos, el Estado turco exige una sumisión total disfrazada de «desarme», mientras que el movimiento kurdo exige el reconocimiento disfrazado de «negociación». Entre estas dos posturas, han muerto decenas de miles de personas, varias ciudades han quedado arrasadas y toda una región ha quedado traumatizada a lo largo de generaciones.

Resulta tentador preguntarse, como hacen muchos, por qué el Estado turco se niega a aceptar una solución pacífica cuando el PKK y Abdullah Öcalan han demostrado una buena voluntad extraordinaria. Pero este planteamiento, aunque emocionalmente cierto, pasa por alto algo esencial. La cuestión no es por qué fracasa la paz, sino por qué el Estado turco necesita que el conflicto continúe en su forma actual.

La estructura de la negación

El Estado turco no tiene un problema kurdo. Tiene un problema turco. Concretamente, tiene una incapacidad para imaginarse a sí mismo como algo distinto de un monolito unitario y etnolingüístico. No se trata simplemente de obstinación ideológica; es el mito fundacional sobre el que se construyó la República. Las políticas de homogeneización de los años veinte y treinta, incluida la campaña «¡Ciudadano, habla turco!» de 1928, ponen de manifiesto que la negación de la identidad kurda ha sido una característica del Estado turco durante cien años.

Cuando el PKK depuso las armas en 2013 y se incorporó al denominado «proceso de solución», lo hizo de buena fe. Las cartas de Öcalan reclamaban reformas democráticas que permitieran integrar a los kurdos en una República Turca reestructurada. El PKK retiró a sus combatientes del territorio turco y los alto el fuego se mantuvieron durante dos años. 

El Estado turco considera que la cuestión kurda no es simplemente un problema de seguridad, sino un desafío a la propia existencia de la República, a su ideología fundacional, a su modelo de Estado-nación centralizado y a su unidad nacional e integridad territorial. 

Pero, ¿qué hizo el Estado? Siguió construyendo presas para destruir asentamientos kurdos históricos, procesó a políticos kurdos por delitos de terrorismo y, en 2015, rompió por completo el alto el fuego, sumiendo a las ciudades kurdas del sureste en una guerra de aniquilación que redujo barrios enteros a escombros.

Esto no fue un fracaso de la diplomacia. Fue una necesidad estructural para un régimen que no puede permitirse un socio kurdo legítimo e igualitario, ya que tal socio, por el mero hecho de existir, refutaría toda la razón de ser del Estado. En otras palabras, el Estado turco no considera la cuestión kurda simplemente como un problema de seguridad, sino como un desafío a la propia existencia de la República, a su ideología fundacional, a su modelo de Estado-nación centralizado y a su unidad nacional e integridad territorial. Las reivindicaciones kurdas de igualdad y reconocimiento se perciben, por lo tanto, a menudo como amenazas existenciales más que como derechos democráticos legítimos.

¿Cuánto le costaría la paz al Estado?

La paz en el Kurdistán requeriría que el Estado turco hiciera algo que nunca ha hecho. Debería reconocer que su ideología fundacional se construyó sobre la erradicación. Implicaría el reconocimiento constitucional de la identidad kurda, el derecho a la educación en la lengua materna, el fin del sistema de guardias de aldea y un proceso de rendición de cuentas por décadas de violencia de Estado.

No se trata de exigencias irrazonables. Son la base mínima para cualquier democracia multiétnica que funcione.

Pero para el régimen, ceder en estas cuestiones supone una amenaza para la propia estructura del poder. La alianza gobernante entre el AKP y el MHP se sustenta en el resentimiento nacionalista como capital político. El MHP existe casi exclusivamente como vehículo del sentimiento antikurdo. La paz disolvería esa base. Peor aún, una resolución democrática de la cuestión kurda daría fuerza a una alternativa política, como los partidos prokurdos, lo que podría reconfigurar la política turca de formas que la élite actual no podría sobrevivir.

Por ello, el Estado exige la rendición, no la paz. Pide al PKK que se desarme incondicionalmente, que se disuelva, que entregue a sus líderes y que confíe en que el Estado, tal vez, considere entonces algunas concesiones culturales menores; en esencia, una ceremonia de rendición, no una negociación. 

¿Podría el PKK aceptar esto? ¿Debería hacerlo?

No cabe esperar razonablemente que un movimiento que ha sobrevivido a una guerra de cuarenta años contra uno de los ejércitos más grandes del mundo, que ha creado instituciones autónomas en Rojava (Kurdistán sirio) y que ha movilizado a millones de personas en cuatro Estados hostiles, acepte una rendición incondicional. 

El PKK no es una organización terrorista, sino un movimiento de liberación nacional que, a lo largo de décadas, ha evolucionado ideológicamente hacia el confederalismo democrático, el feminismo y el pensamiento ecológico. Sí, tiene sus propias contradicciones internas y un historial de violencia. Pero el movimiento también representa una reivindicación nacional real y legítima.

¿Podrían el PKK y el pueblo kurdo soportar otra década de guerra? La respuesta es sombría, pero clara: sí. 

Pedir al PKK que deponga las armas sin un acuerdo político es pedir al pueblo kurdo que vuelva a los años 80, una época en la que hablar kurdo en público era un delito, en la que se golpeaba a los niños por decir «Kurdi» y en la que la propia palabra «Kurdistán» era ilegal. Ningún pueblo con dignidad aceptaría eso.

¿Podrían el PKK y el pueblo kurdo soportar otra década de guerra? La respuesta es sombría, pero clara: sí. El movimiento ha sobrevivido al asesinato de sus dirigentes, al encarcelamiento de Öcalan, a la destrucción de sus bases urbanas y a la traición de los altos el fuego. Ha demostrado una extraordinaria capacidad de regeneración y, a pesar de los continuos ataques aéreos turcos, la infraestructura del movimiento es ahora transnacional, extendiéndose desde las montañas de Qandil hasta el noreste de Siria y la diáspora en Europa.

Por otro lado, una vuelta a la guerra a gran escala sería devastadora para los kurdos, para los turcos y para la región. 

La geografía del conflicto ha cambiado. El ejército turco opera ahora en todo el norte de Siria y el norte de Irak con casi total impunidad. El armamento de la OTAN, incluidos los F-16 armados con munición inteligente de fabricación nacional, se abate regularmente sobre las posiciones kurdas. Una nueva guerra no sería una repetición de la de los años noventa. Sería peor. Sería una guerra de drones, de fuerzas especiales, de asesinatos y de estrangulamiento económico.

Pero el PKK sabe que la guerra asimétrica no consiste en ganar en el campo de batalla, sino en hacer que el coste de la ocupación resulte insoportable. Y, en ese sentido, el movimiento ha sido eficaz a lo largo de la historia.

El fracaso moral de la OTAN y de la comunidad internacional

Esta es la cruda realidad: la comunidad internacional, y especialmente la Unión Europea y EE. UU., han antepuesto sistemáticamente la «realpolitik» a los principios morales en lo que respecta a la cuestión kurda. Turquía es miembro de la OTAN, un Estado tapón clave y, bajo el mandato de Erdogan, un socio transaccional pero esencial. Occidente necesita la cooperación de Turquía en materia de migración, de rutas energéticas y, hasta hace poco, en las operaciones antiterroristas en Siria que, irónicamente, dependían de las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF), lideradas por kurdos, y de combatientes kurdos.

Cada vez que Turquía ha intensificado su guerra contra los kurdos, ya sea en Cizre (Cizîr), en Afrin o en Sulaimani, la respuesta internacional ha sido discreta. Se emiten condenas, se redactan informes, pero luego todo sigue como de costumbre. Estados Unidos, que se alió con las YPG para derrotar al ISIS, las abandonó en cuanto Turquía se opuso. La Unión Europea, que financia proyectos culturales kurdos en Turquía, se niega a llamar a la opresión estructural por su nombre.

El precio puede traducirse en otra guerra, otra crisis de refugiados o otra generación radicalizada por la violencia estatal. O bien puede traducirse en una auténtica transformación democrática en Turquía.

Esto no es hipocresía, sino complicidad. La comunidad internacional, con su inacción, ha dado a entender a Ankara que la cuestión kurda puede gestionarse mediante la violencia de forma indefinida. No habrá intervención de Bruselas, ni administración fiduciaria de la ONU, ni acuerdo al estilo de Dayton impuesto a la región. Los kurdos, una vez más, están solos.

¿Cuánto tiempo?

¿Durante cuánto tiempo seguirán los Estados de esta región oprimiendo a una nación de cincuenta millones de personas que solo piden igualdad, el derecho a hablar su propia lengua en sus propias escuelas y el derecho a existir políticamente sin que se les tache de amenaza para la seguridad?

La respuesta, por desgracia, es: mientras el coste de la inacción supere al del cambio. Ese coste puede traducirse en otra guerra, otra crisis de refugiados, otra generación radicalizada por la violencia estatal. O puede traducirse en una auténtica transformación democrática en Turquía. Una transformación que solo podrá producirse cuando el propio pueblo turco exija una relación diferente con sus compatriotas kurdos.

Hasta que Turquía decida que quiere convertirse en una auténtica democracia, la cuestión kurda seguirá sin respuesta. No porque los kurdos no estén dispuestos a negociar, sino porque el Estado turco no está dispuesto a escuchar.

El PKK ha mostrado buena voluntad. El pueblo kurdo ha demostrado una paciencia extraordinaria. Queda por ver si la otra parte es capaz de tratarlos no como enemigos a los que hay que destruir, sino como iguales a los que hay que reconocer. Esa es la única cuestión que importa.


EL AUTOR: Seevan Saeed es profesor asociado de Estudios Regionales en la Universidad Normal de Shaanxi (China) y profesor en la Universidad de Rojava (Siria). Se licenció en Sociología y obtuvo un máster en Política Social en la Universidad de Wolverhampton (Reino Unido). En 2015 se doctoró en Política de Oriente Medio por la Universidad de Exeter. Desde 2015 imparte clases en universidades nacionales e internacionales. Ha publicado artículos y trabajos en seis idiomas sobre cuestiones sociales y políticas en Oriente Medio y otras regiones.

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