¿Qué ha sido de la justicia para los yazidíes?

The Amargî – Mahir Firat Fidan – 29 abril 2026 – Traducido y editado por Rojava Azadi Madrid

El 10 de junio de 2014, el ISIS tomó Mosul, avanzó hacia el norte y convirtió a Sinjar y a su población yazidí en un objetivo existencial. El Estado Islámico ordenó a sus combatientes que «convirtieran» o «eliminaran» a la comunidad. Los yazidíes se encontraban indefensos.

Los yazidíes y su fe, con 4000 años de antigüedad, se han enfrentado a repetidas persecuciones, discriminación y amenazas existenciales a lo largo de la historia. Y el asalto del ISIS a Sinjar en 2014 fue una campaña sistemática de aniquilación. 

Las razones de la vulnerabilidad de los yazidíes iban más allá del desequilibrio militar. La región contaba con instituciones estatales débiles, una coordinación de seguridad local fragmentada e intensas rivalidades políticas y militares. Cuando se produjo el ataque, el desplazamiento forzoso fue la única opción para la mayoría. Doce años después, aproximadamente 200 000 yazidíes siguen desplazados, y las perspectivas de regresar a Sinjar siguen siendo frágiles. Tanto la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos como la UNITAD han establecido de manera inequívoca que estos actos constituyeron genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.

Enmarcar el genocidio yazidí, también conocido como el 74.º Ferman, únicamente como un crimen de guerra deja mucho por decir. La destrucción desmanteló las mismas capas que definen a una comunidad, destrozó cualquier sensación de confianza en el futuro y sigue resonando hasta el día de hoy. 

ISIS había clasificado a los yazidíes como una comunidad que debía ser «convertida» o «eliminada».

Entonces, ¿cómo comenzó la catástrofe para los yazidíes? 

Violencia sistemática 

Durante la espiral de violencia del genocidio yazidí, los hombres y las mujeres mayores fueron ejecutados en el acto, mientras que las mujeres jóvenes y los niños fueron separados y secuestrados de forma sistemática. La brutalidad sistemática del ISIS continuó durante todo el tiempo que controló partes del noreste de Siria. Los miembros del ISIS sometieron a las mujeres y niñas yazidíes a la esclavitud, la tortura, los tratos inhumanos, el asesinato, la violación y la esclavitud sexual como parte de su campaña de genocidio. 

La documentación de la ONU ha establecido que la violencia sexual dirigida contra las mujeres jóvenes y las niñas no fue una consecuencia colateral de la guerra, sino un componente deliberado de una estrategia de destrucción. El informe de la ONU de 2016 señaló que el ISIS había clasificado a los yazidíes como una comunidad que debía ser «convertida» o «eliminada», lo que convertía la agresión en un plan ideológico y deliberado de exterminio y no simplemente en una operación militar. Esta caracterización constituiría posteriormente la base de las investigaciones nacionales y los procedimientos judiciales.

¿Justicia o impunidad? 

El 21 de enero de 2026, en medio de una intensificación de la actividad militar en Siria, se abrió un nuevo capítulo en la región cuando el Ejército Árabe Sirio lanzó ataques contra zonas controladas por las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), lideradas por los kurdos. Ante la escalada del conflicto, Estados Unidos trasladó a Irak a 5.704 personas vinculadas al ISIS, que se encontraban recluidas en campos de detención del ISIS custodiados por las FDS. 

Estas personas, de las cuales solo 467 eran ciudadanos iraquíes, fueron distribuidas entre las prisiones de Nasiriyah y Karkh. Poco después, el Consejo Judicial Supremo iraquí declaró que se iniciarían de inmediato los procedimientos judiciales y legales pertinentes contra los acusados, de conformidad con la legislación iraquí.

Estos acontecimientos reavivaron años de pérdidas y traumas sin resolver, arraigados en el genocidio yezidi, y muchos volvieron a criticar la injusticia persistente de que los perpetradores del ISIS no rindan cuentas ante la ley.

«Las categorías jurídicas no son neutrales; moldean la memoria. Cuando se condena a una persona únicamente por pertenecer a una organización terrorista, los delitos concretos (violación, esclavitud, destrucción de una identidad religiosa) quedan ocultos tras una etiqueta abstracta».

El profesor Dr. Jan Ilhan Kizilhan, psicólogo y psicoterapeuta yazidí, afirmó que el traslado de miles de miembros del ISIS a Irak no es solo una medida administrativa, sino un momento de rendición de cuentas histórica:

«La pregunta fundamental es la siguiente: ¿Se examinará lo que ocurrió entre 2014 y 2019 por lo que realmente fue? Lo que ocurrió durante esos años fue un genocidio, crímenes contra la humanidad y un proceso sistemático de deshumanización. ¿O se reducirán estos actos una vez más a la estrecha categoría jurídica de pertenencia a una organización terrorista y se dejarán de lado discretamente?». 

Kizilhan nació en Batman, en el Kurdistán turco, en 1966. Emigró a Alemania con su familia, estudió psicología y sociología, y continuó su labor académica en la Universidad de Georgetown, en Estados Unidos. Ha desarrollado su carrera en torno al trauma transcultural y actualmente es director del Institut für Transkulturelle Gesundheitsforschung (Instituto de Investigación en Salud Transcultural). 

En 2015, trabajó como psicólogo jefe en un programa especial llevado a cabo en el estado alemán de Baden-Württemberg, donde evaluó a aproximadamente 1.400 mujeres y niños yazidíes que habían sobrevivido a los ataques del ISIS, e identificó personalmente a quienes necesitaban tratamiento avanzado y organizó su traslado a Alemania para recibir atención.

En cuanto a la perspectiva de que los juicios en Irak se lleven a cabo principalmente en el marco del terrorismo, fue tajante:

«Las categorías jurídicas no son neutrales; moldean la memoria. Cuando se condena a una persona únicamente por ser miembro de una organización terrorista, los delitos concretos (violación, esclavitud, destrucción de una identidad religiosa) desaparecen tras una etiqueta abstracta. Para las víctimas, esto equivale a la negación de su sufrimiento», afirmó Kizilhan. 

Argumentó que esta categorización «no es solo un problema jurídico; es un problema moral», que, dependiendo de la forma de enjuiciamiento y etiquetado, o bien aborda adecuadamente el sufrimiento de las víctimas o bien las convierte en víctimas genéricas y su sufrimiento queda minimizado y presentado como una consecuencia del momento y el lugar. «Hay una profunda diferencia entre que un Estado diga: “Sois víctimas del terrorismo”, y que un Estado diga: “Fuisteis atacados porque sois yazidíes”. Solo lo segundo restaura su dignidad», afirmó Kizilhan. 

«El concepto de terrorismo describe la violencia, pero no capta la esencia de lo que se les hizo a los yazidíes. Los crímenes cometidos tenían una intención inequívoca: la destrucción total de una comunidad como tal».

La búsqueda de justicia en Europa

Europa se ha convertido en uno de los principales escenarios en la búsqueda de justicia por el genocidio yezidi. Esto se debe, en parte, a que muchos países europeos pueden invocar la jurisdicción universal o mecanismos jurídicos similares para los crímenes internacionales, y, en parte, a que los sospechosos se han encontrado en territorio europeo.

La Red de Persecución del Genocidio, coordinada por Eurojust, estableció un marco para compartir información, formar equipos conjuntos de investigación y utilizar pruebas en todos los Estados miembros. En noviembre de 2024, la red puso en marcha una base de datos consultable de jurisprudencia seleccionada.

Basándose en su experiencia como perito en los tribunales europeos, Kizilhan insistió en que «los procesos judiciales no deben limitarse a establecer la culpabilidad; deben poner al descubierto toda la arquitectura del crimen», lo que incluye responder a preguntas sobre la identidad de los autores y la identidad de los organizadores y planificadores, así como «¿Quién proporcionó la justificación ideológica? ¿Qué estructuras había detrás de ellos? ¿Qué delitos específicos se cometieron contra qué grupos?».

Entre las jurisdicciones europeas, Alemania se erigió pronto como un centro clave para la rendición de cuentas. El 10 de abril de 2024, la Fiscalía Federal alemana anunció la detención de dos ciudadanos iraquíes sospechosos de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.

Tres años antes, los procedimientos judiciales alemanes ya habían dado lugar a resultados históricos. En una sentencia de 2021 en Fráncfort, el miembro del ISIS Taha Al-J. fue condenado a cadena perpetua el 30 de noviembre, convirtiéndose en la primera persona del mundo en ser condenada por genocidio contra los yazidíes. Al año siguiente, un tribunal de apelación confirmó esa sentencia. Y el 19 de enero de 2023, el Bundestag alemán aprobó por unanimidad una resolución que reconocía los crímenes cometidos por el ISIS contra los yazidíes como genocidio, un acto significativo de reconocimiento jurídico y político en términos de legitimidad social e institucional.

Kizilhan señaló que, en lugar de limitarse a juzgar actos individuales, los tribunales de toda Europa también han examinado el sistema, la ideología y la intención de destruir a un pueblo como tal. «La sentencia de Fráncfort de 2021 dejó claro lo decisivo que puede ser ese enfoque. No fue una mera condena; fue un documento que aportó claridad a lo que había sucedido». Añadió que la Fiscalía Federal alemana también ha ofrecido ayuda a Irak en los próximos juicios de los 5.704 detenidos del ISIS que han sido trasladados. Sin embargo, Bagdad aún no ha respondido a la oferta. 

2.500 yazidíes siguen desaparecidos

Dada la abundancia de datos contradictorios e incompletos, es prácticamente imposible reducir la magnitud total del genocidio yezidi a una cifra definitiva. Las instituciones que han investigado estas cifras utilizan diferentes métodos para contabilizar a los fallecidos y desaparecidos. Pero el panorama general que se desprende de estos distintos enfoques es desolador: miles de personas fueron asesinadas, otras miles fueron secuestradas y decenas de miles quedaron sin hogar. En sus actualizaciones de 2024-2025, los mecanismos de la ONU y sus organismos afiliados señalaron que aproximadamente 2.500 yazidíes siguen en paradero desconocido.

Un informe de 2016 de la UNAMI y el ACNUDH registró que 308 315 personas, en su mayoría yazidíes, se vieron obligadas a huir de la región tras el ataque de Sinjar. También señaló que aproximadamente 360 000 yazidíes seguían viviendo en situación de desplazamiento. 

En este contexto, la justicia se convierte en un imperativo con múltiples facetas. En cuanto a la tendencia de los procedimientos iraquíes a enmarcar los crímenes como asuntos de terrorismo, Kizilhan, quien interpretó esto como «hacer sentir a las víctimas que su sufrimiento está siendo negado una vez más», dijo:

«El concepto de terrorismo describe la violencia, pero no capta la esencia de lo que se les hizo a los yazidíes. Los crímenes cometidos tenían una intención inequívoca: la destrucción total de una comunidad como tal. Cuando la violación, la esclavitud, la conversión forzosa, el secuestro de niños y los asesinatos en masa se tratan meramente como efectos secundarios del terrorismo, se borra el significado particular que estos crímenes conllevan. Las víctimas se vuelven invisibles, relegadas a la sombra de un concepto abstracto de seguridad. Para muchos supervivientes, esto es una fuente de profunda angustia».

UNITAD llevó a cabo un exhaustivo trabajo de campo, que dio lugar a un archivo de 52 terabytes. Sin embargo, salvo contadas excepciones, estas pruebas nunca fueron utilizadas por ningún tribunal.

La calificación de los ataques contra los yazidíes como genocidio fue fundamental no solo para la forma en que se recuerdan estos acontecimientos, sino también para el desarrollo del derecho internacional, allanando el camino para que el genocidio fuera reconocido en múltiples disciplinas. En su evaluación de 2024, la Comisión de Investigación sobre Siria, dependiente de la OACDH, reiteró que el ataque del 3 de agosto de 2014 marcó el inicio del genocidio contra los yazidíes.

Para estas investigaciones, uno de los mecanismos más importantes del derecho internacional fue la UNITAD. Establecida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 21 de septiembre de 2017, el mandato internacional principal de la UNITAD consistía en recopilar pruebas de presuntos crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio cometidos por el ISIS en Irak, y garantizar que dichas pruebas pudieran utilizarse en procedimientos judiciales. 

A lo largo de sus operaciones, la UNITAD llevó a cabo un extenso trabajo de campo, acumulando un archivo de 52 terabytes que incluía testimonios de víctimas y testigos, datos digitales y pruebas procedentes de fosas comunes. Sin embargo, salvo contadas excepciones (juicios celebrados en Europa), estas pruebas nunca fueron utilizadas por ningún tribunal.

La UNITAD, que había colaborado estrechamente con el Gobierno iraquí, concluyó sus operaciones el 17 de septiembre de 2024. A esto le siguió la aprobación por parte de Irak de una ley de amnistía general, que se espera que beneficie a más de 90 000 personas, incluidas algunas condenadas por pertenecer al ISIS. Esta secuencia desencadenó una mayor preocupación por la impunidad. 

«Con el fin de su mandato en 2024, existe ahora un corpus sustancial de pruebas que confirman el genocidio, los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra. Si este trabajo no se conserva y se hace accesible, puede empezar a afianzarse un patrón familiar: primero el crimen, luego el silencio, luego la negación», afirmó Kizilhan.

Para Kizilhan, el silencio y la negación suponen algo más que una simple injusticia, y probablemente significarían que los efectos del genocidio persistirán: «La lucha por el reconocimiento es siempre, al mismo tiempo, una lucha contra el olvido. En este contexto, hay que dejar claro un principio fundamental: la negación es el comienzo del genocidio; la autonegación puede ser su etapa final».

«La justicia no se limita a las sentencias judiciales»

El genocidio yezidí ya no puede negarse ni tratarse como un incidente aislado, desconectado del contexto general de los acontecimientos. Los mecanismos de la ONU, la UNITAD, las sentencias dictadas por los tribunales europeos, las instituciones políticas y las declaraciones de las organizaciones de derechos humanos confirman que lo ocurrido fue un genocidio; que los crímenes se cometieron de forma sistemática y con la intención de destruir; y que los derechos de las víctimas a la justicia, la reparación y la protección siguen vigentes.

A pesar del peso de las conclusiones y sentencias recopiladas desde tantas perspectivas diferentes, el traslado de los procedimientos a los tribunales iraquíes y su reducción al marco del «terrorismo» hace que la cuestión de cómo se hará justicia sea aún más apremiante.

Kizilhan reiteró que para los yazidíes lo que importa es que la ley lleve a los perpetradores ante la justicia, pero hizo hincapié en que «la justicia no se limita a las sentencias judiciales. Requiere un enfoque holístico, que abarque las dimensiones jurídica, social y psicológica. La justicia también exige participación: las víctimas, especialmente las mujeres, los niños y las familias de los desaparecidos, deben ser parte integral de cada etapa del proceso. Sus voces deben ser escuchadas en cada paso. La justicia no significa solo el castigo de los perpetradores».

Que la justicia debe trascender las sentencias judiciales y entenderse en su totalidad no es, para los yazidíes, una cuestión filosófica, sino una necesidad vital para que se reconozca su existencia y su dolor, y para que puedan decir: «Nuestra historia ha sido reconocida, nuestro dolor ha sido nombrado, y nuestro futuro es ahora posible».

Mientras los crímenes queden impunes, los desaparecidos sigan sin aparecer, el trauma de los supervivientes no se cure, no se establezcan las condiciones para una vida en seguridad y los procesos judiciales en Europa carezcan de apoyo, este capítulo no puede darse por cerrado.