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Crímenes de «honor»: mujeres sirias asesinadas por ejercer su derecho a decidir

STJ insta al Gobierno de Transición a garantizar que se lleven a cabo investigaciones rápidas, eficaces e imparciales sobre los asesinatos y los actos de violencia contra las mujeres, a exigir responsabilidades a los autores sin excepción, a reforzar los mecanismos de protección, a promover la igualdad y la no discriminación, y a adoptar un enfoque de tolerancia cero ante todas las formas de violencia de género.

STJ – 30 junio 2026 – Traducido y editado por Rojava Azadi Madrid

Las mujeres y las niñas en Siria siguen siendo asesinadas bajo pretextos relacionados con el llamado «honor», en delitos que, en esencia, atentan contra el derecho de las mujeres a tomar decisiones personales sobre el matrimonio, el divorcio, la elección de su pareja y la gestión de sus asuntos privados.1STJ ha publicado varios informes que documentan los asesinatos cometidos bajo el pretexto del «honor». Véase, por ejemplo: Syria’s Transitional Phase: “Honor” Killings Persist Amid Failing Protection and Legal Response, 19 junio 2025; Syria: 185 Cases of “Honor Killing” since 2019, 25 noviembre 2022; A Woman Disappeared in Southern Syria — Reports Say She was Killed for Honor, 25 agosto 2021; Under the Guise of Honor: Women Continue to Fall Victims to Violence Across Syria, 5 mayo 2021; Ten ‘Honor Killings’ in al-Hasakah and As Suwayda Since Early 2019, 19 agosto 2019; and Syria: Girl, Two Women Murdered in Alleged “Honor Killing”. Aunque las circunstancias que rodean cada caso difieren, estos delitos comparten una característica común: se cometen partiendo de la base de que la conducta o las decisiones de una mujer se perciben como algo que afecta a la «reputación» de su familia o comunidad; lo que, a ojos de los autores, justifica el uso de violencia letal contra ella.

Este informe documenta cinco casos de asesinatos de mujeres y niñas en las provincias de Alepo, Idlib y Hama entre junio de 2025 y mayo de 2026. Los testimonios recopilados por STJ revelan múltiples formas de violencia de género, incluidos asesinatos relacionados con la elección de pareja, el divorcio o las relaciones sentimentales socialmente rechazadas. El informe también documenta un caso en el que una superviviente de violencia sexual fue castigada en lugar de que se exigieran responsabilidades al agresor por la agresión.

Los casos documentados en este informe no representan la magnitud total de los asesinatos cometidos bajo el pretexto del «honor» en Siria. Más bien, constituyen ejemplos ilustrativos de un fenómeno más amplio que sigue siendo difícil de documentar en su totalidad. Los delitos de esta naturaleza suelen ser ocultados por las familias y las comunidades, y con frecuencia se presentan como incidentes delictivos comunes, suicidios, accidentes o muertes debidas a circunstancias no especificadas. En muchos casos, los testigos y los familiares se muestran reacios a hablar de los incidentes por miedo al estigma, a la presión social o a posibles represalias. Estos factores suponen obstáculos significativos para los esfuerzos de documentación, lo que dificulta a su vez los intentos de establecer una comprensión exhaustiva de la magnitud y la prevalencia de estos delitos.

Las conclusiones obtenidas por STJ demuestran cómo las normas sociales, familiares y tribales pueden transformarse en mecanismos para restringir la libertad de las mujeres y controlar sus vidas, privándolas en última instancia de su derecho a la vida. Además, subrayan la necesidad de adoptar medidas más eficaces para proteger a las mujeres en situación de riesgo y garantizar la plena responsabilidad jurídica por los delitos cometidos bajo el pretexto del «honor», reconociéndolos como actos de asesinato que no pueden justificarse por consideraciones sociales, culturales o de otro tipo.

A efectos de este informe, STJ entrevistó a cinco fuentes, entre las que se incluyen testigos y familiares de las víctimas. Los participantes dieron su consentimiento informado tras recibir una explicación detallada sobre el carácter voluntario de su participación y el uso previsto de la información facilitada, incluida su publicación en este informe. También se les informó de su derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento. A petición de los participantes, se han ocultado los nombres reales de las víctimas y se han sustituido por seudónimos, y se han omitido todos los detalles identificativos que pudieran revelar la identidad de los testigos o las víctimas, o exponerlos al riesgo de represalias.

1. Rana: asesinada tras ser culpada de una agresión sexual cometida contra ella

    Muchas mujeres que sobreviven a la violencia sexual sufren daños que van más allá de la propia agresión. En lugar de recibir protección, justicia y que se exijan responsabilidades a los agresores, a menudo se las culpa de la violencia cometida contra ellas y son objeto de estigmatización o castigo dentro de sus familias y comunidades. El miedo a las reacciones de la familia o la comunidad lleva a muchas supervivientes a ocultar lo que han vivido y a abstenerse de denunciarlo, temiendo más las consecuencias de revelarlo que al propio agresor.

    En diciembre de 2025, Rana (de 20 años) fue asesinada en una zona rural de la provincia de Idlib por su hermano, quien la apuñaló mortalmente varias veces tras descubrir que estaba embarazada.

    Según el testimonio obtenido por STJ, Rana mantenía una relación sentimental con un joven de su pueblo que deseaba casarse con ella. Sin embargo, su primo se oponía a la relación y pretendía casarse él mismo con ella. El testimonio indica que Rana fue violada por su primo mientras se encontraba en unos terrenos agrícolas pertenecientes a la familia. Ocultó la agresión por miedo a la reacción de su familia.

    El testigo declaró: «Rana se abstuvo de contarle a su madre o a cualquier miembro de su familia lo que le había sucedido porque temía que se le culpara a ella en lugar de al primo que la había violado». El testigo añadió que los temores de Rana se hicieron realidad cuando se descubrió su embarazo, fruto de la violación.

    Según el testimonio, Rana le contó más tarde a su madre lo que había sucedido y le explicó que había sido su primo quien la había violado. El testigo añadió que «la madre de Rana le dijo a su hijo que el joven con el que Rana había mantenido una relación sentimental era el responsable de lo que le había ocurrido. No le dijo que había sido su primo quien había cometido la agresión, para evitar graves disputas familiares». En lugar de exigir responsabilidades al agresor, Rana fue apuñalada varias veces por su hermano, quien la mató en el acto.

    La tragedia no terminó ahí. Según el testimonio, el hermano de Rana mató posteriormente al joven con el que ella había mantenido una relación sentimental, mientras que la persona acusada de cometer la violación nunca tuvo que rendir cuentas. La testigo afirmó además que el hermano de Rana estuvo detenido durante un tiempo antes de ser puesto en libertad.

    El testigo concluyó: «Rana perdió la vida dos veces: primero, cuando fue víctima de la agresión, y segundo, cuando se le negó su derecho a la protección y a la justicia».

    2. Sarah: asesinada tras ser obligada a abandonar al hombre que había elegido como compañero de vida

      En marzo de 2026, Sarah (de 18 años) fue asesinada en la zona rural de Alepo tras meses intentando casarse con un joven al que amaba y que pertenecía a una tribu diferente. Según el testimonio obtenido por STJ de una persona cercana a la víctima, su padre se negó repetidamente a aprobar el matrimonio debido a la afiliación tribal del joven, a pesar de que este le había pedido matrimonio formalmente en varias ocasiones.

      Como su familia seguía rechazando la relación, Sarah decidió huir con el joven en un intento de casarse lejos de las presiones familiares y tribales. Sin embargo, su familia logró traerla de vuelta tras la intervención de dignatarios tribales. A esto le siguió una serie de tensiones y disputas entre ambas partes, incluidos secuestros recíprocos en los que participaron familiares del joven, antes de que los líderes tribales intervinieran para mediar en una reunión de reconciliación en la ciudad de Alepo.

      Según la testigo, durante ese periodo, «la joven quedó al cuidado de un jeque tribal y permaneció bajo su protección hasta que se resolvió el asunto… antes de que su padre se comprometiera a no hacerle daño y prometiera casarla con su primo en Líbano».

      Estas garantías, sin embargo, no impidieron que se cometiera el crimen. Más tarde, mientras Sarah se encontraba cerca de la frontera entre Siria y Líbano, su hermano le disparó en la cabeza, matándola en el acto. Según el testimonio, tanto su hermano como su padre huyeron tras el incidente, y el autor del crimen aún no había rendido cuentas en el momento de la entrevista.

      La testigo declaró: «Sarah perdió la vida a una edad muy temprana. La mataron porque amaba a alguien e intentó elegir su propio futuro, mientras que los responsables siguen en libertad».

      Este caso no parece ser un caso aislado respecto a otros incidentes documentados por STJ en los que intervinieron líderes tribales y figuras influyentes de la comunidad para negociar acuerdos relativos a mujeres que habían huido de sus hogares o rechazado las decisiones familiares sobre el matrimonio. STJ documentó anteriormente, por ejemplo, el caso de Julnar Azqoul, una menor que buscó refugio con la familia de un joven con el que había mantenido una relación tras huir de su hogar familiar por miedo a la violencia. Tras los esfuerzos de mediación en los que participaron líderes religiosos y dignatarios locales, Julnar fue devuelta a su familia después de que su padre firmara un compromiso por escrito de no hacerle daño. Posteriormente, él incumplió ese compromiso y la mató.

      Estos casos ilustran el trato que siguen recibiendo las mujeres como objeto de negociación y acuerdo entre los hombres y las estructuras tribales, mientras que los propios derechos de las mujeres a tomar decisiones sobre sus vidas y a recibir una protección efectiva siguen quedando marginados.

      3. Nora: asesinada quince años después de elegir a su propio marido

        Este caso ilustra cómo las mujeres pueden seguir siendo objeto de juicios sociales que no se desvanecen con el paso del tiempo. Más de quince años después de que Nora se casara, formara una familia y se convirtiera en madre de seis hijos, su decisión de elegir a su propia pareja seguía considerándose una ofensa que merecía un castigo. El caso refleja la persistencia de normas sociales que anteponen las nociones de «honor» familiar al derecho de la mujer a la autonomía y a tomar decisiones sobre su vida privada.

        En marzo de 2026, Nora (de 35 años) fue asesinada en la zona rural de Homs por su sobrino, más de quince años después de haberse casado con un hombre al que su familia se había opuesto debido a diferencias sectarias. Nora era suní, mientras que su marido pertenecía a la comunidad alauita.

        Según los testimonios recabados por STJ, Nora había decidido años antes casarse con el hombre al que amaba a pesar de las objeciones de su familia. Como consecuencia, abandonó el hogar familiar y se instaló con su marido en la zona rural de Homs. Durante los años siguientes, la pareja construyó una vida estable juntos y tuvo seis hijos, el mayor de los cuales tenía trece años.

        A pesar del paso de tantos años, el distanciamiento familiar no había borrado las consecuencias de la disputa anterior. El día del asesinato, Nora recibió una llamada telefónica de su joven sobrino, quien le dijo que deseaba visitarla. Según el testigo, Nora acogió el gesto con esperanza, creyendo que los años transcurridos podrían haber aliviado las tensiones y reabierto la puerta a la comunicación con su familia.

        Según el testigo, «Más tarde, esa misma noche, su sobrino la atrajo a la zona de al-Salihiyah, cerca de Homs, donde le disparó, dejándola desangrarse hasta morir antes de huir del lugar. Para su familia, la noticia de su asesinato fue algo totalmente habitual; creían que, tras quince años, por fin habían limpiado su “deshonra”».

        El asesinato dejó a seis niños sin madre, mientras que el autor seguía en libertad y, en el momento de la entrevista, aún no había sido llevado ante la justicia.

        4. Reem: asesinada de camino hacia una nueva vida

          En noviembre de 2025, Reem (de 28 años) fue asesinada en la ciudad de Jisr al-Shughur, en la zona rural de Idlib, por su primo tras intentar salir de Siria y regresar a Alemania. Según el testimonio obtenido por STJ de uno de los familiares de la víctima, Reem había vivido con su marido y sus hijos en Alemania durante varios años tras abandonar Siria a causa de la guerra. Sin embargo, tras la caída del régimen de Assad, regresó a Siria a pesar de su oposición a la medida, cediendo a la insistencia de su marido y a su deseo de reasentarse en el país.

          A medida que las condiciones de vida se deterioraban y las disputas familiares se intensificaban, Reem decidió separarse de su marido e informó a su familia de su intención de regresar a Alemania. El día del asesinato, se marchó con un joven de su barrio que la estaba ayudando a llegar a la frontera sirio-libanesa para preparar su viaje. Su primo los vio juntos, insultó verbalmente al joven y, a continuación, disparó a Reem, dejándola sangrando en el lugar de los hechos antes de huir.

          Según el testigo, «el primo justificó sus actos alegando que el hecho de que Reem estuviera acompañada por un hombre con el que no tenía ningún vínculo familiar ni estaba casada constituía una afrenta a lo que él consideraba el honor de la familia y una violación de las costumbres y tradiciones sociales».

          El asesinato dejó a tres niños sin madre. El sospechoso fue detenido aproximadamente un mes después de pasar a la clandestinidad. El testigo expresó su preocupación por la posibilidad de que acabara siendo puesto en libertad, dada la tendencia a tratar este tipo de casos como delitos vinculados al llamado «honor».

          5. Dalia: un caso de muerte resuelto rápidamente a pesar de las sospechas que lo rodeaban

            No todas las muertes asociadas al pretexto del «honor» se reconocen abiertamente ni se documentan de forma concluyente como delitos. En algunos casos, es posible que la víctima haya expresado temores o preocupaciones antes de su muerte, pero que posteriormente el incidente se registre como una muerte accidental o natural, dejando sin resolver las dudas en torno a las circunstancias. El caso de Dalia ilustra este tipo de situación, en la que los temores previos y las presiones sociales se entrecruzaron con una muerte que suscitó serias sospechas.

            Meses antes de su muerte, Dalia (de 21 años) había confiado a personas cercanas a ella que temía volver al hogar familiar tras su divorcio. Según el testimonio obtenido por STJ de uno de sus familiares, Dalia afirmó en repetidas ocasiones que «sentía que algo malo podría sucederle debido a la forma en que algunos miembros de su familia y de su tribu la veían, y a causa de los rumores y chismes que habían circulado sobre ella tras su separación de su marido».

            En junio de 2025, Dalia falleció en el hogar familiar, en la provincia de Alepo. El incidente quedó registrado como resultado de una «electrocución mientras se bañaba». Sin embargo, las circunstancias que rodearon su muerte, junto con los acontecimientos que la precedieron, llevaron a sus allegados a cuestionar la versión oficial y a plantear la preocupación de que pudiera haber sido asesinada con el pretexto del «honor».

            Dalia se había casado con un pariente a una edad temprana y había tenido dos hijos antes de que su matrimonio terminara en divorcio. El testigo declaró que la víctima «tenía miedo y sentía que le harían daño con el pretexto de limpiar la deshonra», y añadió que las presiones a las que se enfrentaba se extendían más allá de su familia inmediata y abarcaban su entorno social más amplio.

            Según el testigo, «en el seno de la familia y el entorno tribal de Dalia, el divorcio se considera un asunto muy delicado. Las mujeres están sometidas a una presión social considerable, mientras que el matrimonio precoz y el matrimonio entre parientes siguen siendo prácticas generalizadas. A ello se suma un énfasis excesivo en lo que se conoce como la reputación familiar y su impacto en diversos aspectos de la vida».

            Tras el anuncio de la muerte de Dalia, fue enterrada rápidamente, y sigue sin estar claro si se llevó a cabo alguna investigación independiente o examen forense que pudiera haber disipado las dudas que rodean el caso. La testigo añadió: «Algunas personas cercanas a ella hablaron de importantes preguntas sin respuesta sobre lo ocurrido», expresando su convicción de que ciertos miembros de la familia habían intentado deshacerse de Dalia durante meses, aunque no existen pruebas concluyentes que corroboren esa acusación.

            Aunque no hay información suficiente para concluir que se produjera un homicidio, este caso pone de relieve la importancia de tomarse en serio las muertes precedidas de amenazas o temores expresados por la propia víctima. También subraya la necesidad de garantizar investigaciones independientes y eficaces siempre que surjan sospechas relativas a la violencia de género o a los denominados «crímenes de honor».

            6. Análisis jurídico

              Aunque el artículo 548 del Código Penal sirio nº 148 de 1949 fue derogado por la Ley nº 2 de 2020, con lo que se abolieron las disposiciones que concedían circunstancias atenuantes o eximentes para determinados homicidios cometidos bajo el pretexto del llamado «honor», estos delitos siguen produciéndose con una frecuencia alarmante. Esto refleja la persistencia de los factores sociales y culturales que, históricamente, han contribuido a la justificación y la tolerancia de la violencia contra las mujeres.

              Dado que la legislación siria sigue vigente de conformidad con el artículo 51 de la Declaración Constitucional promulgada en marzo de 2025, los hechos documentados en el presente informe constituyen homicidio intencional o asesinato premeditado, en función de las circunstancias de cada caso, y, por lo tanto, están sujetos a las disposiciones establecidas en el artículo 533 y siguientes del Código Penal sirio. El artículo 535, apartado 3, establece expresamente que el homicidio intencional de un ascendiente o descendiente se castiga con la pena de muerte, lo que refleja el reconocimiento por parte del legislador de la gravedad de tales delitos. Si bien STJ se opone a la pena de muerte por considerarla una violación del derecho a la vida, esta disposición subraya, no obstante, la gravedad de estos delitos y la necesidad de garantizar que los autores rindan cuentas plenamente y no se les conceda impunidad ni indulgencia.

              Al mismo tiempo, el Código Penal sirio sigue conteniendo disposiciones que, en la práctica, pueden utilizarse para reducir las penas en determinados casos, sobre todo el artículo 192 relativo al denominado «motivo de honor». Esta disposición suscita graves preocupaciones en materia de derechos humanos debido a que se basa en conceptos vagos y subjetivos que pueden permitir una justificación implícita de los actos de violencia cometidos en nombre de la protección del «honor» o la «reputación». Este enfoque es incompatible con el principio de igualdad ante la ley y con la obligación del Estado de proteger el derecho a la vida.

              Los casos documentados revelan asimismo violaciones de una serie de derechos fundamentales protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos. Estos delitos constituyen violaciones del derecho a la vida, tal y como lo garantizan el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Además, constituyen una forma de violencia de género prohibida por la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) y otras normas internacionales pertinentes. Por otra parte, dichos actos son contrarios a los principios establecidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de 1993, que afirma la obligación de proteger a las mujeres de la violencia y de garantizar sus derechos a la vida, la dignidad, la igualdad y la seguridad.

              7. Responsabilidades de las autoridades de transición y recomendaciones

              Las autoridades de transición tienen la responsabilidad especial de proteger a las mujeres y las niñas de la violencia de género, tanto garantizando el enjuiciamiento de los autores como transmitiendo un mensaje claro de que la violencia contra las mujeres nunca puede justificarse en nombre de conceptos como el «honor» o la «reputación». Tales justificaciones no tienen cabida en un Estado regido por el estado de derecho y el respeto a los derechos humanos.

              Abordar estos delitos requiere reformas legislativas significativas que vayan más allá del mero castigo de los autores a posteriori. Dichas reformas deberían incluir una revisión de las leyes que contengan disposiciones discriminatorias o que permitan interpretaciones que puedan facilitar la indulgencia ante la violencia contra las mujeres, con el fin de garantizar una protección jurídica más eficaz para las mujeres y las niñas.

              Los casos documentados también ponen de relieve la necesidad de reforzar la eficacia de las investigaciones penales sobre delitos y fallecimientos en los que existen sospechas de violencia contra las mujeres, y de garantizar que los casos no se archiven prematuramente ni se tramiten de manera meramente formalista cuando las circunstancias justifiquen una investigación exhaustiva e independiente.

              Fomentar la confianza de la ciudadanía en las instituciones estatales durante el período de transición no solo depende de que se aborden los principales retos políticos y de seguridad, sino también de la capacidad de dichas instituciones para proteger a las personas que corren mayor riesgo y para garantizar que las mujeres puedan disfrutar de sus derechos fundamentales sin sufrir violencia, represalias ni impunidad.

              En consecuencia, STJ formula las siguientes recomendaciones al Gobierno de Transición sirio:

              • Condenar pública e inequívocamente los asesinatos cometidos con el pretexto del «honor» y afirmar que tales actos constituyen homicidio y no pueden justificarse por consideraciones sociales, familiares o tribales.
              • Garantizar investigaciones rápidas, independientes, imparciales y eficaces de todos los asesinatos, muertes sospechosas y actos de violencia sexual que afecten a las mujeres, y exigir responsabilidades a los culpables de conformidad con la ley, incluidas las personas que instiguen, faciliten, participen en o encubran dichos delitos. Asimismo, deben adoptarse medidas de protección adecuadas para las víctimas, las supervivientes, los testigos y las personas en situación de riesgo.
              • Llevar a cabo una revisión exhaustiva de la legislación vigente, en particular el Código Penal sirio (incluido el artículo 192) y la Ley del Estatuto Personal, con vistas a derogar o modificar las disposiciones que discriminan a las mujeres y las niñas o restringen sus derechos y libertades fundamentales, de conformidad con los principios de igualdad y no discriminación.
              • Garantizar que los autores de los denominados «crímenes de honor» queden excluidos de cualquier medida de amnistía general o de mecanismos administrativos de puesta en libertad extrajudiciales, y que los procedimientos penales contra ellos prosigan de conformidad con la ley.
              • Incorporar una perspectiva de género en la legislación, las políticas públicas y los procesos de reforma de los sectores de la justicia y la seguridad, y reforzar la capacidad de los jueces, los fiscales y el personal encargado de hacer cumplir la ley para abordar la violencia de género de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos.
              • Desarrollar mecanismos eficaces para proteger a las mujeres y las niñas en riesgo de sufrir violencia doméstica o amenazas contra su vida, entre otras cosas mediante canales seguros de denuncia, medidas de intervención temprana y vías de derivación a entidades especializadas capaces de proporcionar protección y apoyo.
              • Apoyar campañas de sensibilización pública que promuevan los derechos de las mujeres a la vida, la dignidad y la autonomía personal, y cuestionar las prácticas y creencias que justifican la violencia contra las mujeres en nombre del «honor» o la «reputación».
              • Reforzar la cooperación con los mecanismos internacionales que se ocupan de los derechos de la mujer y trabajar para armonizar la legislación y las políticas nacionales con las obligaciones internacionales de Siria, incluidas las derivadas de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), al tiempo que se adoptan medidas para revisar y retirar las reservas que sean incompatibles con los principios de igualdad y no discriminación.

              NOTAS:

              [1] STJ ha publicado varios informes que documentan los asesinatos cometidos bajo el pretexto del «honor». Véase, por ejemplo: Syria’s Transitional Phase: “Honor” Killings Persist Amid Failing Protection and Legal Response, 19 junio 2025; Syria: 185 Cases of “Honor Killing” since 2019, 25 noviembre 2022; A Woman Disappeared in Southern Syria — Reports Say She was Killed for Honor, 25 agosto 2021; Under the Guise of Honor: Women Continue to Fall Victims to Violence Across Syria, 5 mayo 2021; Ten ‘Honor Killings’ in al-Hasakah and As Suwayda Since Early 2019, 19 agosto 2019; and Syria: Girl, Two Women Murdered in Alleged “Honor Killing”.


              Esta publicación ha sido financiada por la Unión Europea, en colaboración con el Ceasefire Centre for Civilian Rights. El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de Syrians for Truth and Justice (STJ) —el editor— y no refleja necesariamente las opiniones de la Unión Europea ni del Ceasefire Centre for Civilian Rights.

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