Turquía. El doble castigo a los presos políticos

17 ABRIL: DÍA INTERNACIONAL DEL PRESO POLÍTICO

Diariamente, desde el día 28 de marzo y hasta el 30 de abril 2022 inclusive, la situación de un preso o presa política kurda actual será puesta de relieve en nuestra web. Es nuestro humilde homenaje a estas personas, héroes silenciados de nuestro tiempo. Sin ellos no cabría esperanza de que otro mundo mejor es posible.

Orient XXI – Lara Villalón – 3 febrero 2022

Además de ser condenados por motivos políticos, muchos detenidos, especialmente los kurdos, no reciben atención en caso de enfermedad, hasta el punto de morir en prisión. Esta situación se ha visto agravada por la pandemia de coronavirus.

En el último mes, siete presos enfermos han muerto en las cárceles de Turquía. La alarmante cifra, que asciende a 65 fallecidos en 2021, ha puesto de manifiesto un problema de atención sanitaria en las cárceles que las autoridades turcas arrastran desde hace años. Sin embargo, para los abogados de algunos presos, esto no es sólo un problema de negligencia, sino una intención deliberada por parte de las autoridades turcas: “Salen de prisión en ataúdes. Creemos que la intención de las autoridades es esperar hasta que estas personas mueran en prisión”, alerta la abogada Reyhan Yalçındag, que defiende a una exdiputada que está gravemente enferma en prisión.

Decenas de asociaciones de derechos humanos y partidos políticos luchan para que se aplacen sus condenas o cumplan el resto de su sentencia en arresto domiciliario. La comisión de prisiones de la Asociación de Abogados por la Libertad (ÖHD), alerta de que el número de enfermos graves aumenta día tras día y que la pandemia del coronavirus y la superpoblación en las cárceles turcas empeora la situación. “Actualmente hay 1.605 presos enfermos, de los cuáles 604 padecen enfermedades muy graves y necesitan ser atendidos fuera de prisión. Este dato resume perfectamente el estado de la situación”, explica Gürkan Istekli, abogado de ÖHD. “La mayoría de estos presos enfermos tienen sentencias por causas políticas. Cuando un preso enfermo no es atendido, se están violando claramente sus derechos”, añade.

UN PATRÓN REPETITIVO

A mediados de diciembre Halil Güneş murió de cáncer en una prisión de Diyarbakir, en el sureste del país. El preso falleció tras pasar cinco días en régimen de aislamiento. Desde el año 2014 sus abogados habían aportado multitud de informes sobre su estado de salud, pero otro documento de la Fiscalía acreditó que, pese a su enfermedad, Güneş podía seguir en prisión. También es el caso de Abdülrezzak Şuyur, que murió el mismo día en una cárcel de Izmir. Şuyur padecía asma severo y le diagnosticaron un cáncer de pulmón en octubre de 2021. No recibió tratamiento a pesar de las peticiones de sus abogados.

Varios juristas coinciden en que hay un patrón en la situación de los presos enfermos. Los abogados aportan informes de institutos forenses que alertan de que su cliente no puede seguir en prisión debido a su estado de salud. En ocasiones el Colegio de Médicos de Turquía (TTB), la principal entidad sanitaria del país, también realiza un informe independiente sobre su estado. Sin embargo, el ministerio de Justicia realiza otro informe forense que asegura que la salud del preso es estable y no hay motivo para aplazar su sentencia. “No tiene sentido que este tipo de informes se contradigan constantemente a pesar de aportar documentos independientes. Esto lleva ocurriendo mucho tiempo”, cuenta Reyhan Yalçındag. Esta abogada lleva el caso de Aysel Tuğluk, exdiputada del partido prokurdo izquierdista HDP, en prisión desde noviembre de 2016. Conocida por ser la primera líder mujer de un partido kurdo en Turquía, Tuğluk ha desarrollado un caso severo de demencia y múltiples informes acreditan que la exdiputada necesita ser tratada fuera de prisión. “Su enfermedad es crónica, no tiene cura y está empeorando. No puede valerse por sí misma. Esto lo ha observado incluso la administración penitenciaria”, explica Yalçındag.

SILENCIO TOTAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

Tuğluk empezó a mostrar síntomas después de un evento traumático que ocurrió en el funeral de su madre en 2017. La exdiputada consiguió un permiso de un día para ir desde la prisión de Kocaeli, en el noroeste de Turquía, hasta Ankara. Durante el entierro, una turba de cien miembros de un grupo ultranacionalista acudieron con palos y un tractor al cementerio para impedir el entierro de la madre de la diputada. Entre gritos de “no queremos que se entierren terroristas aquí”, el grupo llegó a agredir a varias personas presentes en el entierro, entre ellos familiares de la fallecida y varios diputados del HDP. Ante el acoso y el miedo a que el cuerpo de la madre de Tuğluk fuera atacado, la familia decidió desenterrar el cuerpo y oficiar su funeral en otra ciudad.

La exdiputada no pudo acudir al segundo entierro, mientras que solo siete sospechosos fueron detenidos por lo ocurrido.

Ese ataque dejó una gran impresión en su memoria. Fue el detonador de su enfermedad. Ahora apenas puede valerse por sí misma. Médicos forenses han seguido su caso durante meses y dicen que no puede seguir en prisión. Es como si la estuvieran abandonando a morir,

explica Çigdem Aksoy, amiga de Tuğluk y una de las activistas que ha iniciado una campaña en redes sociales para pedir su liberación. Por su parte, el ministerio de Justicia no ha respondido a la solicitud de entrevista de esta periodista para conocer su postura sobre la situación de los presos enfermos.

Tuğluk fue detenida en 2016 junto a otros once diputados del partido y condenada a diez años de prisión por hacer apología de terrorismo en varios discursos y actos de su partido. Un tribunal consideró que la exdiputada hacía propaganda del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), la guerrilla kurda considerada organización terrorista en Turquía y la Unión Europea. Desde entonces, permanece en una cárcel tipo F, una prisión con celdas individuales, que organizaciones humanitarias han criticado en múltiples ocasiones por el aislamiento que produce a los presos.

“NO ESTAMOS PIDIENDO UN TRATO PREFERENCIAL”

Los abogados de la exdiputada enviaron hace dos meses al ministerio de Justicia un nuevo informe forense del instituto de medicina de Kocaeli acreditando que no puede seguir en prisión, pero la Fiscalía ha aportado otra investigación del instituto forense de Estambul, que señala el supuesto buen estado de salud de Tuğluk. “No estamos pidiendo un trato preferencial para Tuğluk, simplemente que se aplique la ley. Está claro que ella puede morir en prisión”, explica el diputado del HDP, Hişyar Özsoy. “La líder de nuestro partido visitó a Tuğluk recientemente y no puede ni sujetar un trozo de papel. Creemos que se trata de una política deliberada de las autoridades”, añade.

Otro diputado del partido, Ömer Faruk Gergerlioğlu, publicó en su cuenta de Twitter un vídeo desde la cárcel de Kocaeli pidiendo la liberación de la exdiputada con el mensaje: “Exigimos justicia para Aysel Tuğluk lo antes posible. Que termine su persecución, que se haga justicia”. Un día después de su publicación, la Fiscalía inició una investigación contra el diputado por delitos de injuria al Estado y sus órganos, intento de influir en la toma de decisiones de las autoridades y enaltecimiento de actos ilegales. Tras el anuncio de la Fiscalía, un grupo de mujeres activistas ha lanzado una campaña internacional para reunir 1.000 firmas pidiendo la liberación de Tuğluk. “No queremos llegar tarde para salvarla”. La iniciativa, publicada el 11 de enero de 2022, ya reúne más de 6.000 firmas de mujeres de todas partes del mundo. “Esperamos que la presión social haga efecto. En este sentido, creo que todo trabajo social da resultados”, explica Çigdem Aksoy, activista de la campaña.

PRISIONES SUPERPOBLADAS

Un informe de la Asociación de Derechos Humanos de Turquía (IHD), denuncia que el número de reclusos enfermos se ha multiplicado por seis durante la pandemia del coronavirus, debido a la ausencia de medidas y tratamientos en las prisiones. La opacidad de las autoridades se refleja en la ausencia de cifras públicas, tanto de presos contagiados, como fallecidos o recientemente vacunados.

En las calles de Turquía se vive una gran represión política y esto se ve reflejado en el trato de las autoridades a los presos. Desde que empezó la pandemia las cosas han empeorado. Es muy difícil conseguir información sobre los presos y muchas veces les aplican castigos disciplinarios y tampoco les dejan hacer llamadas,

explica el abogado Gürkan Istekli. La pandemia también puso en el punto de mira a las prisiones turcas debido a la superpoblación de estos centros. Turquía tiene la tasa más alta de personas encarceladas por cápita de todos los países miembros del Consejo de Europa. La cifra asciende a unos 357 presos por cada 100.000 habitantes, y no tiene suficientes centros para alojar a toda la población penitenciaria. El Gobierno anunció recientemente la construcción de una decena de prisiones nuevas debido a la congestión actual. Hace dos años la cifra aumentó hasta 300.000 presos, muy por encima de su capacidad de 233.000, según datos del Ministerio de Justicia.

En abril de 2020 el Gobierno del partido islamista AKP, junto con los votos del partido ultranacionalista MHP, aprobaron una ley de amnistía para liberar a unos 90.000 convictos para hacer espacio en las cárceles y mejorar las medidas preventivas de contagio del coronavirus. Esta ley excluyó a presos que enfrentaban causas relacionadas con el terrorismo, entre ellos, presos por causas políticas. También excluyó a los encarcelados a la espera de juicio, como por ejemplo el exlíder del HDP, Selahattin Demirtaş o el activista y filántropo Osman Kavala, en prisión a la espera de sentencia desde 2017. Otros presos con sentencias por robo, tráfico de drogas o violencia de género fueron liberados. Entre ellos, Alaattin Çakıcı, líder de una mafia ultranacionalista encarcelado por el asesinato de decenas de activistas en los años setenta y por contratar a un sicario para asesinar a su exmujer.

La medida generó críticas de partidos opositores y organizaciones en la defensa de derechos humanos, que denunciaron que miles de presos encarcelados por su participación en actos políticos o sus publicaciones en artículos y redes sociales, quedaron al margen de la ley de amnistía. Según la Asociación de Abogados por la Libertad (ÖHD), leyes como la amnistía de 2020 muestran de nuevo la diferencia de trato a los presos por causas políticas. “El acercamiento del Gobierno a este asunto siempre es a través de la negación de los hechos, porque gestionar el problema significa aceptar que se está produciendo. El Estado percibe a los presos políticos como enemigos de la ley”, sentencia Istekli.