Siria: Datos y recomendaciones sobre el proyecto del «Cinturón Árabe», 52 años después

El expediente del «Cinturón Árabe» debería integrarse en el proceso de justicia transicional de Siria mediante una revisión exhaustiva de las confiscaciones de tierras y las políticas de reasentamiento, al tiempo que se protegen los derechos de propiedad de las víctimas.

STJ-SY – 24 junio 2026 – Traducido y editado por Rojava Azadi Madrid

1. Antecedentes

El proyecto conocido comúnmente como «Cinturón Árabe», es uno de los ejemplos más destacados de «ingeniería demográfica» llevada a cabo en Siria antes de 2011. Aunque la aplicación práctica del proyecto comenzó en la década de 1970, sus raíces y primeros indicios se remontan a una serie de políticas y medidas legales encubiertas introducidas años antes.

El proyecto se puso en marcha oficialmente tras la Resolución nº 521, emitida por el Comando Regional del Partido Baaz Árabe Socialista el 24 de junio de 1974. En virtud de esta directiva, miles de familias árabes desplazadas por la construcción de la presa de Tabqa fueron reasentadas a lo largo de una franja fronteriza entre Siria y Turquía. Estas comunidades pasaron a ser conocidas popularmente como los «Arab al-Ghamr» (los árabes inundados), una denominación derivada de la inundación (al-ghamr) de sus tierras ancestrales por la crecida de las aguas de la presa del Éufrates.

El proyecto supuso la expropiación de vastas extensiones de tierras agrícolas en zonas predominantemente kurdas de la provincia de al-Hasaka, así como en partes de la zona rural de Raqqa y del norte de Alepo, con especial atención a las tierras directamente adyacentes a la frontera sirio-turca.

2. Evolución cronológica del proyecto

La historia del proyecto puede dividirse en cuatro fases principales:

1. Fase preparatoria (1931-1962):

En este periodo surgieron propuestas y políticas oficiales que abogaban por la redistribución de la población en las regiones fronterizas kurdas y por la restricción de la presencia kurda en dichas zonas. Entre los primeros ejemplos se encuentra el memorándum presentado por Muhammad Kurd Ali, ministro de Educación del Gobierno de Taj al-Din al-Hasani, a los primeros ministros el 18 de noviembre de 1931.

2. Fase de expropiación de tierras (1958-1973):

Con la aplicación de la Ley de Reforma Agraria nº 161, se confiscaron las tierras y propiedades agrícolas que se consideraba que superaban el límite máximo de propiedad establecido por ley a los terratenientes y aldeanos kurdos, así como a algunos propietarios asirios y árabes. En esta fase también se llevaron a cabo las primeras iniciativas de asentamiento, que trajeron a familias árabes a las aldeas de la zona rural de Ras al-Ayn/Serê Kaniyê.

3. Fase de asentamiento (1974–década de 1980)

Este período marcó la aplicación efectiva del proyecto del «Cinturón Árabe», durante el cual las familias desplazadas de las zonas inundadas afectadas por la construcción de la presa del Éufrates fueron reasentadas en pueblos modelo creados a tal fin.

4. Fase de afianzamiento (desde la era de Hafez al-Assad hasta el período posterior al régimen)

Las consecuencias del proyecto y de las políticas asociadas a él persistieron a lo largo del mandato de Hafez al-Assad y más allá de la caída del régimen. Hasta la fecha, las repercusiones jurídicas y sociales derivadas de estas medidas siguen sin abordarse en gran medida.

3. Datos clave sobre el proyecto del «Cinturón Árabe»

3.1. La puesta en marcha oficial y sistemática del proyecto comenzó en 1974

Aunque las ideas y propuestas para remodelar la composición demográfica de las regiones fronterizas kurdas se remontan a varias décadas atrás, la ejecución sistemática del proyecto del «Cinturón Árabe» comenzó después de que la Dirección Regional del Partido Baaz Árabe Socialista emitiera la Resolución nº 521 el 24 de junio de 1974.

La resolución proporcionó el marco político y administrativo necesario para que el proyecto pasara de la conceptualización y la planificación orientada a la seguridad a la ejecución práctica. Esto se logró mediante la creación de pueblos modelo y el reasentamiento de familias árabes en la franja fronteriza, especialmente en la parte norte de la provincia de Al-Hasaka.

3.2. El proyecto fue precedido por la expropiación de tierras mediante medidas legales y administrativas

El proyecto del «Cinturón Árabe» no comenzó con el reasentamiento de la población. Más bien, fue precedido por un prolongado proceso de reestructuración de la propiedad de la tierra en toda Siria, especialmente en la región de Jazira. Con la aplicación de la Ley de Reforma Agraria nº 161 de 1958, se expropiaron extensas extensiones de tierra agrícola. Si bien el objetivo oficial de la ley era frenar la gran propiedad de la tierra y promover la justicia social, los documentos y estudios disponibles indican que su aplicación en las zonas de mayoría kurda adoptó una forma distinta. La expropiación y la confiscación de tierras afectaron de manera desproporcionada a los terratenientes kurdos en comparación con otras comunidades. Parte de las tierras confiscadas se redistribuyeron posteriormente a tribus árabes locales o a colonos que fueron traídos a la región en el marco del proyecto del «Cinturón Árabe». Numerosos académicos e investigadores kurdos han sostenido que estas prácticas vinculaban la reforma agraria a objetivos políticos y demográficos más amplios que iban más allá de los objetivos económicos declarados de la ley.

3.3. El proyecto se extendió a lo largo de toda la franja fronteriza entre Siria y Turquía

El proyecto abarcó una vasta zona que se extendía desde al-Malikiyah/Derik, al este, pasando por Qamishli y Ras al-Ayn/Serê Kaniyê, hasta las zonas al oeste de Tell Abyad/Girê Spî, y en un momento dado llegó incluso hasta Afrin, cubriendo más de 300 kilómetros. Este amplio alcance demuestra que el proyecto no fue una iniciativa local limitada, sino más bien una política estatal dirigida a toda la región fronteriza, donde la presencia kurda histórica se ha concentrado en el noreste de Siria.

3.4. El proyecto pretendía crear una zona de amortiguación demográfica a lo largo de la frontera

En algunas zonas, el cinturón alcanzaba una anchura de entre 10 y 15 kilómetros aproximadamente. Su objetivo declarado estaba relacionado con la seguridad, concretamente, la creación de una franja poblada por árabes directamente a lo largo de la frontera turca. Sin embargo, numerosos estudios históricos y sobre derechos humanos consideran que el proyecto fue un intento deliberado de separar a las comunidades kurdas de Siria de sus extensiones demográficas y culturales al otro lado de la frontera, rompiendo así la continuidad geográfica y aislando a las poblaciones kurdas de ambos lados.

3.5. El proyecto se basó en el reasentamiento de las familias «al-Ghamr»

Las autoridades sirias reubicaron a miles de familias árabes cuyas tierras quedaron sumergidas por el embalse tras la construcción de la presa del Éufrates. Estas familias fueron reasentadas en pueblos de nueva construcción, situados en terrenos previamente expropiados que, durante un tiempo, se denominaron «granjas estatales». En consecuencia, estas comunidades pasaron a ser conocidas popularmente como las «familias de al-Ghamr».

Aunque indemnizar a las comunidades desplazadas por infraestructuras nacionales es una obligación habitual del Estado, la forma en que se llevó a cabo en este caso fue intrínsecamente ilegal. Al expropiar tierras que ya eran propiedad de los habitantes locales o sobre las que estos reclamaban derechos, las autoridades utilizaron el reasentamiento como herramienta de ingeniería demográfica. Esto generó un conflicto estructural entre los «derechos adquiridos» de los colonos y los «derechos inalienables» de los propietarios nativos desplazados.

3.6. El proyecto estaba estrechamente vinculado al censo excepcional de 1962

El proyecto del «Cinturón Árabe» no puede entenderse al margen del Censo Excepcional de 1962 en la provincia de Al-Hasaka, que privó de su nacionalidad a decenas de miles de kurdos sirios. Esta privación sistemática de la ciudadanía paralizó de hecho la capacidad jurídica de la población afectada: les impidió registrar la propiedad de sus bienes, acreditar la titularidad de las tierras o acogerse a las protecciones legales garantizadas a los ciudadanos sirios. En consecuencia, al quedar legalmente indefensas, estas comunidades se volvieron especialmente vulnerables a la pérdida de sus tierras ancestrales y se enfrentaron a obstáculos insuperables a la hora de impugnar las órdenes estatales de expropiación y confiscación.

3.7. No todos los beneficiarios del proyecto lo apoyaban

Los testimonios documentados por STJ en un informe anterior, junto con numerosos documentos publicados, indican que no todas las familias árabes reasentadas en el marco del proyecto lo consideraban totalmente legítimo o equitativo. Algunos recién llegados expresaron reservas éticas y sociales respecto a vivir en tierras que sabían que anteriormente habían pertenecido a otros habitantes. Estos relatos sugieren que las consecuencias del proyecto no se limitaron a las comunidades kurdas directamente afectadas por la expropiación de tierras y el desplazamiento. Más bien, también colocaron a un segmento de los beneficiarios árabes en una posición socialmente compleja y, a menudo, incómoda.

3.8. El proyecto suscitó inquietudes constitucionales y jurídicas fundamentales

Numerosos estudios jurídicos indican que las medidas de expropiación de terrenos asociadas al proyecto no cumplían plenamente los requisitos constitucionales que rigen la privación de la propiedad privada. Estos requisitos exigen, en general, que la expropiación responda a un interés público genuino y vaya acompañada de una indemnización justa y previa para los propietarios afectados. Además, vincular las políticas de expropiación y adquisición de terrenos a consideraciones étnicas o demográficas va en contra de los principios de igualdad ante la ley y de no discriminación, ambos consagrados en las sucesivas constituciones sirias. No obstante, la aplicación práctica de estas garantías constitucionales se ha caracterizado por violaciones generalizadas y contradicciones significativas a lo largo del tiempo.

3.9. El proyecto dejó consecuencias sociales duraderas y prolongados conflictos sobre la propiedad

Las políticas de expropiación de tierras y reasentamiento de la población crearon un complejo legado de conflictos sociales y sobre la propiedad que persistió durante décadas. Muchas parcelas de tierra siguieron siendo objeto de reclamaciones contrapuestas entre los propietarios originales y los beneficiarios posteriores, mientras que las políticas de ingeniería demográfica en las que se basaba el proyecto afectaron profundamente a las relaciones sociales y a la confianza mutua entre las comunidades locales.

Las repercusiones de estas políticas persisten en la actualidad, alimentando demandas judiciales en curso, disputas sobre la propiedad sin resolver y tensiones sociales profundamente arraigadas en agravios históricos y en la memoria colectiva de la región.

4. El proyecto del «Cinturón Árabe» y la justicia transicional en Siria

Tras la caída del régimen de Bashar al-Assad, abordar el legado de las políticas discriminatorias que afectaban a los derechos de propiedad, vivienda y ciudadanía se convirtió en una prioridad nacional urgente. STJ considera que la cuestión del «Cinturón Árabe» es un componente indispensable de la justicia transicional. Esta política afecta directamente a los derechos de propiedad individuales y colectivos, así como a los derechos de las víctimas a obtener recursos efectivos y reparaciones. Resolver esta cuestión requiere soluciones jurídicas equitativas que restablezcan los derechos de los propietarios originales, al tiempo que se evitan deliberadamente nuevas injusticias contra las generaciones posteriores.

Por lo tanto, abordar este asunto, junto con el censo excepcional y la privación de la ciudadanía de muchos kurdos sirios —que se trató posteriormente en el Decreto nº 13—, es una cuestión fundamental en cualquier proceso de reconciliación nacional y en la reconstrucción de un Estado basado en el Estado de derecho, las instituciones y la ciudadanía en igualdad de condiciones.

5. Conclusión y recomendaciones

Los hechos relacionados con el proyecto del «Cinturón Árabe» demuestran que no se trataba simplemente de un programa de redistribución de tierras ni de una iniciativa para reasentar a los afectados por la construcción de la presa del Éufrates. Más bien, formaba parte de un conjunto más amplio de políticas y medidas excepcionales que afectaron a los derechos de propiedad y alteraron la estructura demográfica de vastas zonas del norte y noreste de Siria. Estas políticas han dejado consecuencias jurídicas, sociales y económicas duraderas que se han prolongado durante décadas y siguen marcando los conflictos actuales en torno a la tierra, la propiedad y la identidad local.

A la luz de lo anterior, existe una necesidad apremiante de incorporar el expediente del «Cinturón Árabe» al proceso de justicia transicional de Siria mediante una revisión independiente y exhaustiva de las confiscaciones de tierras y las operaciones de reasentamiento asociadas al proyecto. Esto debería incluir garantizar que las personas afectadas tengan derecho a reclamar sus propiedades o a recibir una indemnización justa, así como documentar las violaciones de los derechos de propiedad, vivienda y tierra y preservar las pruebas pertinentes.

Este proceso debería llevarse a cabo mediante la creación de una comisión jurídica independiente compuesta por expertos jurídicos, investigadores y representantes de las comunidades locales. El mandato de la comisión consistiría en examinar las denuncias de tales violaciones y emitir resoluciones, cuyas decisiones serían susceptibles de recurso ante los tribunales competentes en materia de propiedad y tierras.

Además, es esencial adoptar un enfoque basado en la igualdad y la no discriminación, garantizando que se aborden las consecuencias de las políticas excepcionales del pasado y que estas no se repitan. Dicho enfoque debería contribuir a reforzar la paz social y la convivencia entre las diversas comunidades de Siria, sobre la base de los principios de igualdad de ciudadanía y del Estado de derecho.

Este enfoque también debería incluir el desarrollo de soluciones alternativas y sostenibles, como acuerdos de reasentamiento alternativos o una compensación económica adecuada, para aquellas personas que fueron utilizadas como instrumentos en este proyecto, es decir, las personas desplazadas o afectadas por las inundaciones causadas por la presa del Éufrates. Esto es necesario para garantizar que el restablecimiento de los derechos no provoque el desplazamiento de otras familias ni genere nuevos agravios e injusticias.