IHD: Se han registrado 2.338 violaciones de derechos en las prisiones de Anatolia Central en un año

Mezopotamya Ajansi– 19 septiembre 2026 – Traducido y editado por Rojava Azadi Madrid
ANKARA – Según un informe de la Comisión de Prisiones de la delegación de Ankara de la IHD, en 2025 se registraron al menos 2.338 violaciones de derechos en 38 centros penitenciarios de Anatolia Central.
La Comisión de Prisiones de la delegación de Ankara de la Asociación de Derechos Humanos (IHD) ha publicado un informe sobre las violaciones de derechos registradas en los centros penitenciarios de Anatolia Central en 2025. En una intervención en la sede de la delegación, el responsable ejecutivo de la misma, Barış Barışık, leyó el informe. Barışık señaló que, según el informe —que evaluó los datos de 38 centros penitenciarios como parte de una labor de seguimiento y aplicación—, al menos 577 reclusos se vieron afectados por una o más violaciones de derechos, mientras que en 2025 se registraron al menos 2.338 violaciones de derechos en dichos centros.
Barışık señaló que el informe documentaba las violaciones de derechos en ocho categorías: el derecho a la salud, la tortura y los malos tratos, el aislamiento, la ejecución de las penas, la comunicación, los derechos sociales, las condiciones físicas y la discriminación. Afirmó: «A lo largo de 2025 se registraron una o más violaciones de derechos que afectaron al menos a 577 reclusos. Se registraron un total de 2.338 casos repartidos en las ocho categorías de derechos. Nuestro informe recoge que 398 reclusos se vieron afectados en lo relativo a los derechos sociales, 363 en lo relativo al aislamiento, 346 en lo relativo a las condiciones físicas, 282 en lo relativo a la prohibición de la tortura y los malos tratos, 265 en lo relativo al derecho a la salud, 264 en lo relativo al derecho a la comunicación, 213 en lo relativo a la ejecución de las penas y 207 en lo relativo a la discriminación».
AISLAMIENTO Y CONFINAMIENTO EN SOLITARIO
Barışık señaló que las violaciones de derechos no eran incidentes aislados, sino infracciones repetidas que se reforzaban entre sí. Continuó diciendo: «Se ha informado de que, especialmente en las prisiones de alta seguridad, del tipo S y en algunas del tipo F, los reclusos permanecen aislados durante largos periodos o en condiciones en las que el contacto social es extremadamente limitado, y de que no se les brindan oportunidades suficientes para participar en conversaciones, actividades deportivas, cursos y otras actividades comunitarias. Este sistema penitenciario basado en el aislamiento afecta gravemente a la integridad física y psicológica de los reclusos».
REGISTROS DE LA CAVIDAD BUCAL Y EXÁMENES MÉDICOS CON ESPOSAS
Barışık señaló las violaciones de derechos derivadas de la práctica de los registros de la cavidad bucal y los exámenes médicos realizados con los reclusos esposados en las prisiones, y afirmó: «En el ámbito de la asistencia sanitaria, entre los problemas más destacados se encuentran la falta de traslados hospitalarios o los retrasos en los mismos, las dificultades para acceder a la enfermería y a los médicos especialistas, los problemas para obtener tratamiento y medicación, y la falta de puesta en libertad de los reclusos gravemente enfermos. La imposición de registros bucales y reconocimientos médicos con las manos esposadas también impide, en la práctica, que algunos reclusos accedan a los servicios de asistencia sanitaria».
RETRASOS EN LA LIBERACIÓN
Barışık también abordó las violaciones de derechos derivadas de las decisiones de las Juntas Administrativas y de Observación de retrasar la puesta en libertad de los reclusos: «El aplazamiento de la libertad condicional como resultado de valoraciones subjetivas de las Juntas Administrativas y de Observación, la denegación del acceso a la libertad condicional y el impedimento de que los reclusos sean trasladados a centros penitenciarios de régimen abierto también se encuentran entre los problemas generalizados. Las opiniones políticas de los reclusos, su identidad o el hecho de no haber hecho una declaración en la que expresen arrepentimiento no pueden utilizarse como motivos para retrasar su puesta en libertad».
«DEBEN INVESTIGARSE DE FORMA INDEPENDIENTE»
Barışık señaló que la comisión había recibido numerosas denuncias relativas a malos tratos en las cárceles: «Las denuncias también contienen numerosas acusaciones de palizas, registros al desnudo, insultos, amenazas, registros arbitrarios de las celdas y el uso de procedimientos disciplinarios como medio de presión. La prohibición de la tortura y los malos tratos es absoluta. Estas acusaciones deben investigarse de forma independiente y eficaz».
Barışık pidió que se pusiera fin de inmediato a las violaciones de derechos en las cárceles y enumeró las siguientes reivindicaciones:
*Se debe garantizar a los reclusos un acceso oportuno a las enfermerías, los hospitales, la atención odontológica y los médicos especialistas; se deben resolver los retrasos en los traslados y los procesos de tratamiento, y se debe asignar a las cárceles un número suficiente de profesionales sanitarios.
*El estado de salud de los reclusos gravemente enfermos, de edad avanzada y con discapacidad debe ser evaluado sin demora por juntas médicas independientes e imparciales. Las condenas de los reclusos de los que se determine que no pueden valerse por sí mismos en el entorno penitenciario o cuya afección no pueda tratarse deben aplazarse, y deben ser puestos en libertad.
*Debe ponerse fin a prácticas como los registros orales y los reconocimientos médicos con las manos esposadas que impiden el acceso a los servicios sanitarios; los reconocimientos deben realizarse respetando la intimidad del paciente, la dignidad humana y los principios de la ética médica. Las condiciones en las que se traslada a los reclusos enfermos deben adaptarse a sus necesidades sanitarias.
*Se debe proporcionar a los reclusos una alimentación adecuada y saludable, acorde con las dietas y los programas nutricionales especiales que requieran debido a su estado de salud.
*Las denuncias de tortura y malos tratos deben investigarse de forma independiente, imparcial y eficaz; deben iniciarse los procedimientos judiciales y administrativos necesarios contra los funcionarios públicos que resulten responsables.
*Debe ponerse fin a las prácticas de aislamiento prolongado y confinamiento en régimen de aislamiento; debe garantizarse a los reclusos el acceso a la luz natural, al aire libre y a un espacio adecuado para moverse. Deben celebrarse de forma regular y adecuada conversaciones, actividades deportivas, cursos, talleres y otras actividades comunitarias.
*Las decisiones de las Juntas Administrativas y de Observación deben basarse en criterios concretos, objetivos y susceptibles de revisión. Las opiniones políticas de los reclusos, su identidad o el hecho de que no hagan declaraciones en las que expresen arrepentimiento no deben utilizarse como motivos para retrasar su puesta en libertad.
*Deben levantarse las restricciones arbitrarias al derecho de los reclusos a mantener correspondencia, realizar llamadas telefónicas y videollamadas, así como a acceder a libros, periódicos y otras publicaciones. Las publicaciones que no estén sujetas a una orden de prohibición o incautación deben ponerse a disposición de los reclusos.
*Debe garantizarse el acceso a la correspondencia y a las publicaciones en idiomas distintos del turco, y deben eliminarse las prácticas que impidan de hecho a los reclusos ejercer su derecho a comunicarse por motivos lingüísticos.
*Los reclusos deben tener acceso ininterrumpido a agua potable y de uso doméstico, productos de higiene, calefacción y ventilación adecuadas, y condiciones de vida que respeten la dignidad humana.
*Deben tenerse en cuenta las necesidades específicas de las reclusas y los reclusos LGBTI+, extranjeros, con discapacidad, de edad avanzada y enfermos, y deben ponerse fin a las prácticas discriminatorias que conduzcan a su aislamiento.
*Las prisiones deben estar abiertas a la supervisión y el control por parte de organizaciones independientes de derechos humanos, colegios de abogados y organismos profesionales pertinentes. Deben establecerse mecanismos de supervisión funcionales, imparciales e independientes que cumplan con las normas del OPCAT.