«Este proceso debe transformarse en democratización para toda Turquía»

Rebelión – Orsola Casagrande – 23 septiembre 2026 – Editado por Rojava Azadi Madrid
Veysi Aktaş fue detenido en 1994, mientras estudiaba en la universidad a Estambul. Pasó 31 años y 3 meses de su vida en diversas prisiones por sus actividades políticas vinculadas al movimiento kurdo. En 2015, Aktaş fue trasladado a la prisión de Imrali como miembro del secretariado de Abdullah Öcalan. Salió de Imrali en julio de 2025 y desde entonces sigue trabajando para impulsar la propuesta de paz del líder kurdo.
Aktaş habló con Berria desde Diyarbakir (donde nació) durante los homenajes a los más de 800 guerrilleros del PKK de los cuales solo se pudo anunciar la muerte en estos días.
El 27 de febrero de 2025 fue, efectivamente, un punto de inflexión. En su opinión, ¿qué se ha conseguido desde esa fecha y qué cuestiones siguen sin resolverse?
Entre el 27 de febrero de 2025 y agosto de 2026 se logró un avance histórico en términos de poner fin al conflicto; sin embargo, la resolución democrática de la cuestión todavía no se ha completado.
La verdadera importancia del 27 de febrero no reside en la eliminación del PKK, sino en la oportunidad que creó para sustituir el conflicto armado por la política democrática. La situación actual puede resumirse así: el conflicto ha terminado, pero la paz aún no se ha establecido.
El papel de Abdullah Öcalan es vital para este proceso. ¿Cómo debería abordarse su estatus político para institucionalizar el proceso y hacerlo menos dependiente de las personas? ¿Cuál es su valoración de la Ley Marco aprobada en agosto de 2026?
El peso político y la influencia social actuales del Sr. Öcalan son una realidad de facto. Ignorarlo supondría ignorar a uno de los actores reales del proceso. Sin embargo, una solución duradera no puede depender de las circunstancias extraordinarias en las que se encuentra recluida una persona. Su estatus jurídico y político debe reconsiderarse sobre la base de los principios democráticos del Estado de derecho.
Podrían contemplarse una comunicación continua y garantizada con Imrali, reuniones periódicas con sus abogados y representantes políticos, una relación definida con un mecanismo de paz establecido por el Parlamento y garantías jurídicas para todas las partes. Para llevar a cabo el proceso de manera adecuada y eficaz, el papel del Sr. Öcalan debería estructurarse institucionalmente como el de un interlocutor o coordinador oficial.
La Ley Marco es una ley de comienzo, no de conclusión. Su aspecto positivo es que, en lugar de gestionar el conflicto entre el Estado y el Movimiento de Liberación Kurdo únicamente mediante legislación de seguridad y penal, establece un marco jurídico para sacar las armas de la ecuación y permitir la integración democrática.
Esto permite superar uno de los principales problemas del período 2013-2015: había un proceso, pero no había garantías jurídicas. Por ello, la ley sobre la deposición de las armas no debe considerarse equivalente a una ley de paz. La deposición de las armas abre la puerta a la paz negativa; garantizar los derechos democráticos crea paz positiva.
¿Qué debe hacerse a partir de ahora?
Son necesarios cuatro pasos fundamentales.
Primero: reconstruir la confianza entre las partes y hacer permanentes y eficaces los mecanismos de diálogo político. Dentro de la TBMM debería crearse una Comisión Permanente de Paz y Sociedad Democrática que represente a todos los partidos políticos y, en la mayor medida posible, a los actores sociales, en lugar de dejar la aplicación del proceso únicamente a discreción del poder ejecutivo.
Segundo: el papel del Sr. Öcalan debe contar con garantías jurídicas. Las condiciones que le permitan orientar el proceso, comunicarse con las partes y transmitir sus opiniones sobre una solución democrática deben quedar protegidas por ley. A largo plazo, el objetivo debería ser poner fin al régimen extraordinario en İmralı y garantizar que todos los actores del proceso dispongan de garantías jurídicas iguales, previsibles y democráticas.
Tercero: la Ley Marco debe ir seguida de nuevas leyes. Un problema de 40 años no puede resolverse mediante una sola ley. Deben abordarse ámbitos como la reforma constitucional democrática, la ampliación de las libertades políticas, la libertad de expresión y asociación, las garantías para la identidad, la lengua y la cultura kurdas, el fin de la práctica de nombramiento de administradores en gobiernos locales elegidos, la situación de las personas detenidas por razones políticas y la adaptación de la legislación antiterrorista a los estándares democráticos.
Cuarto: el proceso debe transformarse en un proceso de democratización para toda Turquía. El objetivo fundamental debe ser resolver la cuestión kurda mediante la democratización y reestructurar Turquía sobre la base de una república democrática.
Una de las cuestiones más importantes es la de las garantías que permitirían a los antiguos guerrilleros regresar a la vida civil, a las personas que viven en el exilio regresar a su país y, por supuesto, a los presos políticos ser puestos en libertad. ¿La Ley Marco aborda adecuadamente estas cuestiones?
Las aborda de manera parcial y condicionada; no ofrece garantías completas e incondicionales. La ley abre una puerta respecto a la situación jurídica de los antiguos guerrilleros, pero todavía está lejos de ser una verdadera ley de integración social democrática y garantías.
“Deponer las armas” y reincorporarse a la sociedad de forma segura, digna e igualitaria como ciudadano no son lo mismo. Una persona debe tener la certeza de que, después de regresar a su país, no será detenida en la frontera, no se reabrirán antiguos procesos judiciales y no será castigada de nuevo por sus actividades políticas. Por tanto, el derecho al retorno es un elemento fundamental de la creación de confianza.
En cuanto a las personas que se encuentran en el extranjero, la ley abre una vía jurídica que fomenta el retorno, pero no establece un protocolo específico de retorno seguro, una protección especial ni una amnistía automática. Prevé el aplazamiento de los procedimientos judiciales tras el retorno y, posteriormente, la restitución de derechos, pero deja buena parte de la aplicación práctica en manos de reglamentos y prácticas administrativas.
Para quienes están detenidos o encarcelados y quedan incluidos en la ley —por ejemplo, muchas personas implicadas en el «Caso Kobane» y casos similares—, se abre una vía para levantar la prisión preventiva y aplazar las condenas. La ley proporciona así un marco controlado y temporal para que antiguos guerrilleros, personas en el exilio y presos políticos incluidos en sus disposiciones puedan avanzar hacia la integración democrática.
Sin embargo, lo que realmente se necesita es una Ley de Integración Democrática integral. La Ley Marco abre una puerta, pero todavía no ha construido todo el corredor que permitiría a las personas atravesarla de forma segura.
No basta con decirle a un antiguo guerrillero: “Depón las armas”. También debe existir una respuesta a la pregunta: “¿Cómo vivirás como ciudadano libre, seguro e igual? ¿Será posible participar libremente en la política democrática?” Del mismo modo, no basta con decirle a alguien en el exilio que regrese o a un preso político que ha llegado la paz. Las garantías jurídicas de la paz deben hacerse tangibles en sus vidas.
Por ello, considero más preciso entender la Ley Marco como el primer paso hacia una legislación integral sobre integración democrática y normalización.
¿Qué significa concretamente la “integración democrática” para el pueblo kurdo? Como también ha señalado en algunos actos, la integración democrática se define como una tercera vía entre la asimilación y el separatismo. ¿Qué garantías jurídicas o constitucionales son necesarias para garantizar que la integración no se convierta en asimilación?
La “integración democrática” ha cobrado especial relevancia en los escritos recientes del Sr. Öcalan y en los debates sobre el proceso de paz de 2025-2026. Se plantea como una tercera vía entre la asimilación —la negación de la identidad y la homogeneización forzada— y el separatismo o la independencia.
Para el pueblo kurdo significa una integración igualitaria, voluntaria y transformadora en el marco de la democratización del Estado existente, preservando su identidad, lengua, cultura y organización social.
No significa que los kurdos sean simplemente “añadidos a la Turquía existente” ni que deban abandonar su identidad para integrarse. Los kurdos deben ser reconocidos como uno de los elementos constituyentes de la realidad social común. La sociedad kurda puede organizarse como una sociedad democrática mediante asambleas locales y voluntad cultural y política, y participar así en la construcción de una república democrática.
La esencia es preservar identidad, cohesión social y voluntad política dentro de una vida política común. No se contempla ni la asimilación ni la creación de un Estado separado, sino la unidad en la diversidad, la ciudadanía igualitaria y la negociación democrática.
En la práctica, esto implica la libertad de vivir y desarrollar la lengua y la cultura kurdas; derechos lingüísticos en la educación y la vida pública; mayores competencias y participación en los gobiernos locales; representación política; igualdad económica y social; y eliminación de obstáculos a nombres y tradiciones geográficas e históricas.
Está relacionado con los conceptos del Sr. Öcalan de “nación democrática” y “república democrática”. La esencia no consiste en que los kurdos participen en el orden existente abandonando su identidad, sino en que participen en una vida común como ciudadanos iguales y libres, con su propia identidad, lengua, cultura y voluntad política.
Para constituir realmente una tercera vía, este concepto necesita sólidas garantías jurídicas. Aunque se debate principalmente en Turquía, un marco similar puede aplicarse a los kurdos de las cuatro partes de Kurdistán.
Evitar que la integración se convierta en asimilación requiere garantías frente a una “integración negativa”: obligar a las personas a adaptarse al modelo del “buen ciudadano” sin reconocer su identidad.
Por ello, la definición monolítica de ciudadanía turca contenida en la Constitución debería sustituirse por un concepto pluralista que reconozca la diversidad étnica y religiosa. También deben garantizarse constitucional y legalmente los derechos lingüísticos, culturales y de identidad; ampliarse las competencias de los gobiernos locales; limitarse las intervenciones centralizadas; y protegerse la voluntad democrática local.
Se refiere a las propuestas de una “Ley de Democracia Local Ampliada”?
Sí. Se sitúan dentro de este marco. No se trata necesariamente de federalismo o separatismo, sino de una forma de gobernanza participativa que incorpore elementos de autonomía democrática.
Las tres leyes fundamentales subrayadas por el Sr. Öcalan son la Ley de la Sociedad Democrática —pluralismo, cultura de paz y reconciliación—; la Ley del Ciudadano Libre —ciudadanía igualitaria y libertades—; y la Ley de Democracia Local Ampliada.
La integración democrática puede resumirse en tres conceptos: igualdad, identidad y libre voluntad. Para integrarse en el Estado y la sociedad, los kurdos no deberían tener que renunciar a ser kurdos, retirar su lengua de la esfera pública ni confinar su identidad cultural al ámbito privado.
Esto implica el reconocimiento constitucional y jurídico de la identidad kurda; libertad para utilizar el kurdo y otras lenguas locales; garantías lingüísticas en educación, cultura y medios; participación igualitaria en la toma de decisiones; fortalecimiento de la democracia local; prohibición de la discriminación; reparación de agravios derivados del conflicto; y garantía de que nadie sea criminalizado por su identidad.
Hay aquí un punto fundamental: los kurdos no son los únicos sujetos de la integración. El Estado y la sociedad mayoritaria también deben transformarse. Si integración significa simplemente que los kurdos deben adaptarse al sistema existente, entonces no es integración democrática, sino una forma más suave de asimilación.
La integración democrática, en cambio, permite preservar las diferencias y reunirlas sobre un terreno político común. “Puedes ser kurdo, hablar kurdo, vivir tu cultura y, al mismo tiempo, construir una vida democrática común con ciudadanos turcos, árabes, armenios, laz u otras identidades sobre la base de la igualdad de derechos”: eso representa la integración democrática.
Por tanto, no se trata simplemente de incorporar a los kurdos al sistema, sino de hacer que el sistema sea pluralista. La Constitución debe garantizar explícitamente el libre ejercicio de las identidades étnicas, culturales y lingüísticas. No basta con decir que todos son iguales; también debe garantizarse la preservación de las distintas identidades.
Debe garantizarse el derecho a la educación en la lengua materna, así como el uso del kurdo en la cultura, los medios y la vida pública. También deben eliminarse las barreras a la organización política y reforzarse la legitimidad, las competencias y los recursos de los gobiernos locales.
Las reformas de paz e integración democrática deben elevarse al nivel constitucional para que no puedan revertirse cuando cambien los gobiernos. La memoria colectiva kurda incluye derechos que fueron reconocidos o ejercidos y posteriormente retirados. Un derecho concedido hoy no debería poder ser retirado mañana por decisión gubernamental.
Esto requiere una justicia constitucional independiente, una sólida supervisión en materia de derechos humanos, una prohibición de la discriminación y un orden jurídico compatible con los estándares internacionales.
La verdadera prueba de la integración democrática no consiste en cuánto se adaptan los kurdos al sistema, sino en si el sistema se vuelve capaz de convivir democráticamente con la diferencia kurda. Significa democratizar la estructura del Estado nación existente en lugar de dividirla y construir una voluntad de vivir juntos sobre la base de una patria común y una ciudadanía libre.
¿Cómo pueden garantizarse en la práctica las condiciones de igualdad de las partes en la negociación? ¿Qué reformas constitucionales o disposiciones legales priorizaría? Por ejemplo, existe una crítica legítima a la definición de la ciudadanía sobre la base de la pertenencia nacional. ¿Qué definición de ciudadanía le gustaría ver en la Constitución turca?
La negociación en condiciones de igualdad solo es posible cuando existe un equilibrio de poder, acceso a la información, garantías jurídicas y ausencia de la amenaza de violencia. Una parte no debe poder limitar a la otra mediante la fuerza armada, la presión judicial o sanciones administrativas.
Los resultados de las negociaciones deben estar vinculados a garantías constitucionales o legales para evitar que una parte pueda hacer descarrilar unilateralmente el proceso cuando cambie el equilibrio político.
Las prioridades serían revisar la definición de ciudadanía y el principio de igualdad, especialmente los artículos 66 y 10 de la Constitución; reforzar los derechos y libertades fundamentales, incluidos expresión, asociación y derechos lingüísticos y culturales; reformar los gobiernos locales y el equilibrio entre centralización y descentralización; garantizar la independencia judicial; revisar el régimen de cierre de partidos políticos y el sistema electoral; y reformar otros elementos que distorsionan la competencia política.
La ciudadanía no debería incorporar ninguna identidad étnica, religiosa o cultural particular. Debería definirse como un vínculo jurídico y político con el Estado.
Podría considerarse una formulación como:
“ La ciudadanía de la República de Turquía se basa en el vínculo jurídico y político que una persona establece con la República. Toda persona que posea la ciudadanía de la República de Turquía tiene los mismos derechos, independientemente de su origen étnico, lengua, religión, cultura o creencias”.
Podría añadirse: “Ningún ciudadano podrá ser considerado superior o inferior a otro ciudadano por razón de su identidad étnica o cultural”.
El objetivo no es sustituir “turco” por “kurdo”, sino sacar la ciudadanía estatal de la propiedad de cualquier identidad étnica particular. Cambiar por sí solo la definición de ciudadanía no resolverá las tensiones sociales: debe estar acompañado por igualdad real, prevención de la discriminación, garantías lingüísticas y culturales y eliminación de obstáculos a la participación política.
¿Qué competencias deberían transferirse del Gobierno central a los municipios o autoridades locales? La “patria común” está emergiendo como un principio fundamental. Desde el punto de vista político, ¿qué significa “patria común” y en qué se diferencia del derecho de los kurdos a la autodeterminación o a la autonomía?
El centro debe compartir competencias. Esto no exige necesariamente desmantelar la estructura del Estado unitario. Trasladar la tutela administrativa desde un control discrecional hacia un control judicial, limitar la práctica de nombrar administradores y proteger a los órganos elegidos fortalecería la democracia local.
Un centralismo excesivo genera problemas de ineficiencia y falta de rendición de cuentas, mientras que una fragmentación excesiva puede generar problemas de coordinación e igualdad. Se necesita un modelo equilibrado, con gobiernos locales fuertes y coordinación central.
“Patria común” significa permanecer dentro de las fronteras de Turquía, reconocer las identidades étnicas y la ciudadanía igualitaria, convivir en el marco de una república y una nación democráticas y abandonar la demanda de un Estado separado o de la secesión.
La patria no sería el territorio de un Estado nación perteneciente a un único grupo étnico, sino un espacio político y geográfico compartido sobre la base de la asociación igualitaria de diferentes identidades. Se preserva la identidad y se rechaza la asimilación, mientras que la soberanía y las fronteras se aceptan como comunes.
A diferencia de la autodeterminación clásica, que mantiene abierta la posibilidad de una unidad política separada, la “patria común” se basa en permanecer juntos y construir instituciones democráticas comunes. En su forma contemporánea, se vincula a la ciudadanía igualitaria, la democracia local y la convivencia sin asimilación.
La integración democrática requiere un “reconocimiento mutuo”. ¿Cómo puede lograrse y qué garantías deberían establecerse para impedir la “turquificación” y la asimilación? En una conferencia en Estambul, usted afirmó que la integración democrática no es ni una “victoria” ni una “rendición”. En su opinión, ¿en qué cuestiones tendrán que llegar ambas partes a acuerdos o hacer concesiones?
El reconocimiento mutuo es uno de los pilares de la integración democrática. Representa una tercera vía entre la asimilación y el separatismo y busca establecer una vida común basada en la unidad en la diversidad.
En el marco de “Paz y Sociedad Democrática” formulado por el Sr. Öcalan, la integración significa la incorporación voluntaria e igualitaria de la sociedad kurda y de otras identidades como sociedades democráticas dentro de una república democrática. Es lo contrario de la asimilación: significa aceptar y preservar la identidad, la lengua, la cultura, la geografía y las creencias.
No se trata de imponer a los kurdos que abandonen su identidad para incorporarse al Estado. El reconocimiento mutuo implica reconocer la existencia de identidades étnicas, lingüísticas y culturales, así como determinados derechos colectivos relacionados con la lengua, la cultura y la memoria histórica.
La ciudadanía igualitaria es igualmente esencial: las comunidades no tienen que parecerse unas a otras, pero deben tener los mismos derechos dentro del mismo orden político. Por ello, la ciudadanía debe redefinirse sobre la base de una relación igualitaria con el Estado y no de la pertenencia a una determinada nación.
Las garantías necesarias incluyen, en primer lugar, la protección constitucional y jurídica de los derechos colectivos. En segundo lugar, el fortalecimiento de la democracia local y la autoorganización, incluida la protección frente al nombramiento de administradores. En tercer lugar, la reconstrucción de la relación entre Estado y sociedad mediante la negociación democrática. En cuarto lugar, mecanismos de justicia transicional y autocrítica mutua. Y, en quinto lugar, una definición de ciudadanía desvinculada de la pertenencia étnico-nacional.
El proceso debe desarrollarse sobre la base del beneficio mutuo y la transformación mutua. No es ni una victoria unilateral ni una rendición. El objetivo no es “volverse iguales”, sino garantizar las diferencias dentro de una ciudadanía igualitaria.
El reconocimiento mutuo comienza cuando turcos y kurdos se aceptan no como “ciudadanos aceptables” y “problemas”, sino como elementos constituyentes e iguales de una misma sociedad política. La primera condición es abandonar el lenguaje de la negación.
Reconocer la existencia, la lengua, la historia y la identidad colectiva de los kurdos, mientras los kurdos aceptan la integridad política y geográfica común de Turquía, no son alternativas entre sí. Un nuevo contrato social podría basarse en una idea sencilla: no tenemos que ser iguales para vivir juntos.
Para impedir la turquificación y la asimilación no basta con declarar que no habrá asimilación. Se necesitan garantías constitucionales e institucionales. Al mismo tiempo, la parte kurda basa su enfoque en buscar una solución democrática dentro del marco político común de Turquía, abandonar la violencia como método político y resolver los problemas mediante la negociación y el derecho.
Visto así, la integración democrática no significa la turquificación de los kurdos. Significa que turcos y kurdos, sin transformarse ni negarse mutuamente, construyan una vida democrática común como ciudadanos iguales y libres.
El pasado no debe olvidarse, pero tampoco convertirse en un obstáculo para el futuro. ¿Cómo debería abordar Turquía las violaciones de derechos humanos, las muertes, las desapariciones, los desplazamientos forzados y otras cuestiones no resueltas del pasado como parte de un proceso de paz? ¿Cree que, como en otros procesos de paz, debería establecerse un mecanismo oficial de justicia transicional?
Sí. Es necesario un mecanismo oficial y exhaustivo de justicia transicional; de lo contrario, la paz seguirá siendo frágil. El principio de que el pasado no debe olvidarse ni convertirse en un obstáculo para el futuro exige que verdad, rendición de cuentas, reparaciones y reforma funcionen conjuntamente.
El largo conflicto en Turquía —incluidas desapariciones forzadas, asesinatos sin esclarecer, desalojos de aldeas, desplazamientos forzados, tortura y otras violaciones— ha dejado profundas heridas. Limitarse a “cerrar” estas cuestiones debilitaría la confianza y la paz duradera.
Debería establecerse un mecanismo, dentro de la Asamblea Nacional o como órgano independiente, en el que puedan ser escuchadas las víctimas —incluidas las Madres de los Sábados, personas afectadas por los desalojos y familiares de desaparecidos—, se garantice el acceso a los archivos, puedan solicitarse documentos a las instituciones públicas y elaborarse informes.
El objetivo debe ser registrar y reconocer públicamente los hechos y fortalecer la memoria colectiva. Posteriormente, deberían ser posibles procedimientos judiciales en casos de violaciones graves, como asesinatos intencionados y tortura sistemática. También podrían introducirse mecanismos condicionados o reparadores, como disculpas públicas, lugares de memoria, prácticas conmemorativas, programas para víctimas de desplazamientos y esfuerzos para localizar las tumbas de los desaparecidos. El proceso debería conducir a reformas que incluyan independencia judicial, control civil de las fuerzas de seguridad, ampliación de la libertad de expresión y asociación, fortalecimiento de los gobiernos locales y garantías constitucionales de ciudadanía igualitaria.
La paz no significa olvidar el pasado; significa enfrentarse a él de manera democrática y justa para que el futuro deje de estar condicionado por él. Por esta razón, el silenciamiento de las armas por sí solo no significa que la paz se haya completado.
Usted ha hablado de “paz positiva”. ¿En qué consiste?
La paz positiva no significa simplemente el silenciamiento de las armas, sino la transformación de las condiciones políticas, jurídicas, económicas y sociales que producen violencia. El fin del conflicto armado es un comienzo fundamental, pero la paz adquiere su verdadero significado cuando las personas pueden decir no solo “no habrá más guerra”, sino “ahora vivimos en un país más libre, igualitario y democrático”.
La paz positiva implica eliminar de forma sistemática la violencia estructural, la discriminación, la desigualdad y la injusticia, y establecer justicia social, participación igualitaria, reconocimiento mutuo y una convivencia sostenible.
¿Qué papel deberían desempeñar la sociedad civil, las mujeres, los jóvenes y las organizaciones políticas kurdas en la configuración de la siguiente etapa del proceso? ¿Y en qué medida deberían otras comunidades apoyar a los kurdos, un pueblo que ha sufrido violencia estatal y que ahora apuesta por la paz?
La sociedad civil tiene un papel fundamental. Sus organizaciones pueden participar en tareas de seguimiento independiente, mediación, plataformas locales de diálogo y defensa de los derechos. Podría establecerse un mecanismo de seguimiento y consulta sobre la paz social que informe periódicamente a la opinión pública sobre los avances, los problemas y las cuestiones pendientes. Así, el proceso no quedaría exclusivamente en manos de negociaciones a puerta cerrada entre el Estado y los partidos políticos.
Las mujeres, como grupo que ha experimentado directamente las dimensiones de género del conflicto —incluidos desplazamientos forzados y violencia sexual—, deben ser actores iguales y decisivos en la construcción de la paz. Su plena participación en la toma de decisiones sociales y políticas fortalece la sostenibilidad del proceso.
Los jóvenes también deben desempeñar un papel central. Son las generaciones que vivirán directamente las consecuencias de las decisiones actuales sobre identidad, educación y pertenencia. No basta con contarles el pasado; hay que preguntarles qué futuro quieren. Darles voz y capacidad de decisión en educación, empleo, cultura, política y gobiernos locales contribuirá a hacer duradera la paz.
Para las organizaciones políticas kurdas, la tarea fundamental es transformar el espacio político creado por el conflicto armado en un espacio de política democrática. Esto no significa abandonar sus reivindicaciones, sino defender los derechos y libertades mediante la negociación y ampliar la visión democrática a toda Turquía.
El giro de los kurdos hacia la paz, como pueblo que ha sufrido violencia estatal, no puede consolidarse sin el apoyo de otras comunidades, especialmente de la mayoría turca y de otros grupos étnicos y religiosos. Este apoyo no puede quedarse en llamamientos abstractos a la paz; debe traducirse en la aceptación de la igualdad constitucional, los derechos y libertades, el esclarecimiento del sufrimiento del pasado, las reformas democráticas y el reparto de los costes de la paz.
Si se espera que los kurdos silencien sus armas, también debe esperarse que el Estado y la sociedad pongan fin a la negación, la discriminación, la represión y la impunidad. El paso dado por una parte debe encontrar una respuesta democrática por parte de la otra. La paz positiva no puede construirse mediante el sacrificio de una sola parte. Es posible mediante una transformación mutua.
Una versión mas corta de esta entrevista se publicó en Berria.
Este artículo se republica con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.