El punto ciego medioambiental en el proceso de paz entre Turquía y el PKK

The Amargi – 24 agosto 2026 – Traducido y editado por Rojava Azadi Madrid
Este artículo y las respuestas que contiene se basan en un taller coorganizado por Jan Yasin Sunca y Joost Jongerden en la Université Libre de Bruxelles los días 8 y 9 de junio, titulado «Un proceso sin nombre: librar guerras, negociar la paz en Kurdistán».
Durante más de un año, los debates en torno al proceso de paz entre Turquía y el PKK se han centrado en el desarme, la democracia, la reforma política, las garantías jurídicas y el desarrollo económico. Sin embargo, hay una cuestión crucial que sigue estando prácticamente ausente del debate público: ¿qué lugar ocupa el medio ambiente en este proceso?
La cuestión es importante porque el conflicto nunca ha girado únicamente en torno a la política y la seguridad. Durante décadas, la guerra ha transformado los paisajes de Bakur (Kurdistán en Turquía), así como otras partes del Kurdistán en Siria (Rojava), Irak (Başur) e Irán (Rojhelat).
Los proyectos de infraestructura a gran escala han vaciado pueblos, quemado bosques, alterado los medios de vida agrícolas y modificado el curso de los ríos. La destrucción medioambiental no fue simplemente una consecuencia del conflicto; se convirtió en parte de las condiciones en las que se vivió y se gestionó el conflicto.
Sin embargo, la ecología ocupa un lugar sorprendentemente limitado en los actuales debates sobre la paz.
Un ejemplo revelador es un informe de la Comisión Nacional de Solidaridad, Hermandad y Democracia. Publicado en el marco de la iniciativa de paz en curso, el informe hace hincapié en repetidas ocasiones en el desarrollo, la inversión, el crecimiento y la prosperidad como pilares fundamentales del futuro tras el conflicto.
Sin embargo, lo que llama la atención no es solo el protagonismo de estos temas, sino la ausencia de cualquier referencia a la ecología, la naturaleza, la protección del medio ambiente, la restauración ecológica o la paz medioambiental. El informe ofrece una visión de la paz estrechamente ligada al desarrollo económico, al tiempo que presta escasa atención a sus consecuencias medioambientales.
Este énfasis va más allá del informe de la comisión. Durante los recientes debates parlamentarios sobre la propuesta de ley marco (çerçeve yasa), el copresidente del Partido DEM, Tuncer Bakırhan, destacó la importancia del desarrollo y la inversión en la región. «Tengan la seguridad de que, una vez que las relaciones turco-kurdas se redefinan sobre una base democrática y de igualdad, podremos construir corredores energéticos y comerciales, así como centros industriales y de producción». El desarrollo económico parece ser, cada vez más, una de las pocas ideas capaces de generar consenso más allá de las divisiones políticas.
Se observa una tendencia similar en los círculos de la oposición. En el Informe Final de la Conferencia de Paz Social y Democracia de Estambul del CHP, de enero de 2026, un mensaje de Ekrem İmamoğlu aboga por «poner fin a la marginación económica de las provincias del este y el sureste mediante un rápido desarrollo». Ciudades como Diyarbakir (Amed), Van y Mardin se presentan como futuros motores económicos, se destaca el turismo como sector en crecimiento y se identifican como prioridades los proyectos de regadío inconclusos.
Aunque el informe hace referencia al «desarrollo inclusivo», dice muy poco sobre cómo la protección del medio ambiente debería acompañar a dicha transformación. Se analiza en detalle el desarrollo, pero no las salvaguardias ecológicas.
El último manifiesto de Abdullah Öcalan presenta un panorama más complejo. Se centra principalmente en la democracia, la transformación política y las nuevas formas de organización social. La liberación de género sigue siendo un tema destacado a lo largo de todo el texto.
La ecología, por el contrario, recibe una atención considerablemente menor que la democracia o la liberación de las mujeres. Dado el lugar que la ecología ocupa desde hace tiempo en el marco ideológico del movimiento kurdo, este relativo silencio resulta notable.
Sin embargo, cuando Öcalan aborda cuestiones ecológicas, lo hace de manera significativa. Describe el industrialismo como una característica definitoria del sistema capitalista, que reestructura las relaciones sociales, económicas y ecológicas en torno a la explotación. El industrialismo, según esta interpretación, no es simplemente un modo de producción, sino un sistema que profundiza el alejamiento de la humanidad respecto a la naturaleza, al tiempo que genera destrucción ecológica.
Como alternativa, Öcalan propone el concepto de «Tercera Naturaleza» (Üçüncü Doğa). La idea pretende ir más allá de las formas dominantes de pensamiento y producción que han llevado a la naturaleza a la crisis y la devastación. En su lugar, aboga por un contrato social renovado con el mundo natural, basado en la coexistencia, el equilibrio ecológico y la transformación ecológica de la producción y el consumo. La producción comunitaria con conciencia medioambiental, combinada con un uso de la industria respetuoso con el medio ambiente, se presenta como un requisito previo para ese futuro.
Además, aboga por la gestión comunitaria de los recursos tanto en superficie como subterráneos, imaginando formas de propiedad colectiva que podrían ayudar a reparar el daño social y ecológico producido por el capitalismo industrial. Esta es una de las intervenciones ecológicas más significativas del manifiesto.
La cuestión, pues, no es si el pensamiento ecológico está presente en la visión de Öcalan. Es evidente que sí lo está. Tampoco se trata de si la ecología sigue integrada en el paradigma democrático, como han argumentado de forma convincente estudiosos como Melis Tamtam. Estoy de acuerdo en que así es.
Sin embargo, Tamtam también advierte de que los compromisos ecológicos no pueden quedar implícitos. En un artículo anterior, escribe: «Cualquiera que se adueñe de este proceso debe asumir también la responsabilidad de examinar minuciosamente los modelos de desarrollo vigentes y garantizar que las políticas e inversiones futuras respeten los equilibrios ecológicos en lugar de socavarlos».
La preocupación más acuciante es la relación entre esta visión ecológica y la trayectoria política y económica que está surgiendo actualmente en torno al proceso de paz.
Por un lado, el manifiesto de Öcalan apunta hacia la gestión comunitaria de los recursos, la recuperación ecológica y una relación renovada entre la sociedad y la naturaleza. Por otro lado, gran parte del discurso político en torno al proceso de paz se enmarca cada vez más en el lenguaje del desarrollo, la inversión, los corredores comerciales, las infraestructuras energéticas, las zonas industriales y el crecimiento económico regional.
Esto plantea una cuestión fundamental: ¿hasta qué punto son compatibles estas dos visiones? ¿Puede un modelo ecológico basado en el control comunitario de los recursos coexistir con una estrategia de desarrollo potencialmente centrada en la inversión a gran escala, la extracción y la integración económica regional? ¿O corre el actual proceso de paz el riesgo de generar tensiones entre las aspiraciones ecológicas articuladas por el movimiento kurdo y las prioridades de desarrollo que marcan cada vez más el debate político?
Estas cuestiones cobran aún más urgencia ante la creciente preocupación por los proyectos mineros, energéticos y otros proyectos extractivos en Bakur.
Me cuento entre quienes creen que el proceso entre Turquía y el PKK puede ofrecer un «potencial verde de paz» en la región. Sin embargo, para que ese potencial se haga realidad, se necesita una transparencia mucho mayor en cuanto a qué acuerdos se han alcanzado ya, quién tiene acceso a la tierra y a los recursos naturales, qué tierras se están abriendo a la inversión, quién se beneficiará económicamente y cuáles serán las consecuencias a corto y largo plazo de estos proyectos para los habitantes de la región, tanto humanos como no humanos.
Por lo tanto, hay varias cuestiones que requieren una atención urgente. ¿Quién controla la toma de decisiones sobre la tierra, el agua, la energía, los minerales y otros recursos naturales? ¿Qué actores —ya sean instituciones estatales, empresas privadas o comunidades locales— se beneficiarán de las nuevas inversiones, y quién asumirá sus costes sociales y medioambientales? ¿Cómo afectarán estos proyectos a los medios de vida locales, los ecosistemas, la biodiversidad y las generaciones futuras? Y quizás lo más importante: ¿quién decide, en primer lugar, cómo debe ser el desarrollo, y qué voces quedan excluidas de esas decisiones?
Ninguna de estas preocupaciones debe interpretarse como un argumento en contra del proceso de paz en sí mismo. Al contrario, muchos de nosotros esperamos que el proceso actual pueda contribuir a poner fin de forma duradera a la violencia, profundizar en la democracia, reforzar la igualdad y crear las condiciones para una auténtica reconciliación entre turcos y kurdos.
Tampoco se trata de un argumento en contra de mejorar los medios de vida en una región que ha sufrido décadas de conflicto y marginación económica. La gente quiere puestos de trabajo, oportunidades, infraestructuras que funcionen y un futuro mejor para sus hijos, y estas aspiraciones son tanto comprensibles como legítimas. La cuestión fundamental no es si la paz traerá desarrollo a Bakur. Es casi seguro que el desarrollo, la inversión y la reconstrucción seguirán a cualquier paz duradera.
La cuestión es si este desarrollo se regirá por principios ecológicos, la participación democrática y las necesidades locales, o bien por lógicas extractivas que reproducen nuevas formas de desigualdad y despojo. El reto consiste en garantizar que estos procesos sean democráticos, transparentes, socialmente justos y ecológicamente responsables.
Estas cuestiones son importantes porque la paz no consiste únicamente en poner fin al conflicto armado. También se trata de determinar cómo se distribuyen el poder, los recursos y las oportunidades. Si se dejan de lado las consideraciones ecológicas en favor del crecimiento rápido y la extracción, la región corre el riesgo de sustituir una forma de daño por otra: una paz que beneficia a unos mientras impone nuevos costes a las comunidades vulnerables, a las generaciones futuras y al entorno natural del que dependen.
La verdadera tarea, por lo tanto, no es elegir entre paz y ecología, ni entre desarrollo y protección del medio ambiente. Se trata de garantizar que la paz se construya de manera que permita que las comunidades, las economías y los ecosistemas prosperen juntos. Ese es el potencial verde de la paz.
Pero el potencial por sí solo no basta. Se necesitan decisiones políticas conscientes, un escrutinio público y el compromiso de garantizar que todos los habitantes de la región, tanto humanos como no humanos, se beneficien de la paz.
Respuesta de Rüştü Demirkaya, doctorando en Sociología por la Universidad de Ginebra. Su investigación analiza las intersecciones entre el espacio, la memoria y la identidad, con especial atención al colonialismo y la violencia. También es periodista y colabora con la organización internacional de derechos humanos Fundación Mojust.
La intervención de Pınar Dinç pone de manifiesto que la «paz» no puede limitarse al silencio de las armas. Su artículo analiza cómo la guerra transformó la geografía de Kurdistán y cómo la explotación de recursos tras el conflicto puede generar nueva violencia, situando la ecología en el marco de las cuestiones de poder, recursos y toma de decisiones.
Este debate puede ampliarse al considerar la «ecología» no como un ámbito político, sino como parte de la constitución ontológica de la cuestión kurda. La existencia colectiva kurda, la geografía del Kurdistán, la memoria, las creencias y las relaciones con los seres no humanos son inseparables. Quemar bosques, embalsar ríos y mercantilizar la naturaleza fracturan el «mundo relacional» a través del cual una comunidad se constituye a sí misma.
La cuestión no es solo quién se beneficia de la inversión, quién asume sus costes o quién controla las decisiones. La cuestión previa se refiere a qué es la tierra, a quién pertenece y quién determina su futuro. Si los kurdos siguen siendo una «comunidad local» y Kurdistán una «región por desarrollar», incluso el desarrollo ecológico y participativo puede reproducir relaciones coloniales.
El Estado cosifica a los kurdos y reduce Kurdistán a recursos manejables dentro del mismo régimen ontológico. Uno niega la subjetividad política kurda; el otro niega la geografía de Kurdistán como una geografía viva e histórica. La destrucción ecológica no es un efecto secundario del conflicto, sino la forma espacial de esa negación y una cuestión constitutiva de la paz.
En este punto, la «Tercera Naturaleza» puede interpretarse no como una salvaguardia «medioambiental», sino como una transformación entre la sociedad, la naturaleza y la subjetividad política. El potencial verde de la paz requiere reconocer la subjetividad colectiva kurda y su autoridad sobre su relación con la tierra.
Alcanzar este umbral ontológico, al que el Estado aún no se ha mostrado dispuesto a acercarse, depende de que los kurdos abran de par en par la puerta que la nueva ley ha dejado entreabierta, a través de su propio lenguaje y sus propias prioridades, centradas en la subjetividad colectiva.
Respuesta de Francesco Ventura, geógrafo político y profesor adjunto de la Universidad de Florencia (Italia). Actualmente trabaja en un proyecto sobre la diplomacia de la diáspora kurda posestatalista y el internacionalismo.
El artículo de Pınar Dinç apunta directamente a una de las cuestiones más cruciales para cualquier posible acuerdo de paz en Bakur. Nos recuerda que la lucha del PKK nunca ha girado únicamente en torno a los derechos étnicos. Por supuesto, ha involucrado a una mayoría étnica y a una minoría étnica, pero también ha sido política: el PKK se opuso al Estado turco proponiendo un modelo socioeconómico diferente y una forma alternativa de organizar la sociedad.
Öcalan entiende la ecología, ante todo, como una forma de pensar. Es intrínsecamente política, ya que cuestiona los modos predominantes de producción económica y organización social. Hoy en día, esta cuestión sigue siendo crucial, aunque aún no se ha desarrollado lo suficiente en el proceso de paz. Por lo tanto, el movimiento kurdo se enfrenta tanto a un reto como a una oportunidad.
Por un lado, puede ampliar su base de apoyo a través de un tema inclusivo como la ecología; no solo dentro de Turquía, sino también a nivel regional e internacional. La ecología replantea el proceso de paz, pasando de una confrontación del tipo «nosotros contra ellos» a una cuestión de cómo convivir, lo que ofrece una plataforma para forjar alianzas.
Por otro lado, debe actuar con pragmatismo, ya que ya está en marcha una nueva competencia global por los recursos naturales. Los corredores energéticos siguen siendo fundamentales para la reconfiguración regional; el agua se está convirtiendo en un recurso cada vez más importante desde el punto de vista geopolítico; y las nuevas tecnologías han desencadenado una intensa búsqueda de minerales críticos y elementos de tierras raras. Turquía también está llevando a cabo su estrategia regional en estos frentes.
El modelo neoliberal del Estado turco y el modelo comunitarista del movimiento kurdo son mutuamente excluyentes. Por lo tanto, es esencial que el movimiento kurdo identifique umbrales claros de relevancia estratégica en el ámbito ecológico, para saber qué se puede ceder y qué hay que defender a toda costa.
Palabras finales de Pınar Dinç
En un momento en el que las cuestiones medioambientales están adquiriendo cada vez más protagonismo en los debates sobre democracia, justicia y paz, estas reflexiones ofrecen una valiosa oportunidad para continuar el diálogo y explorar algunas de sus complejidades con mayor profundidad.
En primer lugar, comparto plenamente la preocupación de Rüştü por referirse a los kurdos simplemente como una «comunidad local». Es importante reconocer la dimensión colonial de la relación entre el Estado turco y los kurdos a lo largo de la historia de la República.
Al mismo tiempo, la destrucción medioambiental no se limita a las regiones kurdas; también afecta a lugares donde las propias comunidades turcas sufren las consecuencias del desarrollo extractivo y la degradación ecológica. Lo que resulta especialmente importante hoy en día —sobre todo ahora que el movimiento kurdo articula cada vez más una visión de una alianza democrática turco-kurda y busca el reconocimiento como actor político en igualdad de condiciones a la hora de configurar el futuro de Turquía— es reconocer la capacidad de acción colectiva, la autoridad y la voz política de las comunidades locales.
Esto requiere hacer frente no solo a las mentalidades coloniales, sino también a lo que se describe como racismo ecológico: la distribución desigual de los daños medioambientales y las zonas de sacrificio ecológico entre las poblaciones marginadas.
Francesco destaca acertadamente la tensión entre la competencia geopolítica contemporánea por los recursos y la noción de Öcalan de la «Tercera Naturaleza». Esta cuestión fundamental requiere comunicación, negociación y transparencia entre los actores políticos, los legisladores, los expertos, las comunidades afectadas y otras partes interesadas. En este sentido, creo que nos enfrentamos a dos problemas relacionados, pero distintos.
El primero es la extracción colonial. Durante décadas, se han extraído recursos de las regiones kurdas, mientras que las comunidades kurdas y otros residentes de la región han obtenido muy pocos beneficios. A menudo se afirma que la inversión en la región es imposible debido al conflicto y a la inseguridad; sin embargo, los proyectos a gran escala han seguido adelante con frecuencia cuando se alineaban con las prioridades del Estado, entre ellas la vigilancia, la securitización y la militarización.
Los proyectos de construcción de presas en Dersim y Hasankeyf, las actividades mineras en Cudi y las perforaciones petrolíferas en Gabar son algunos de los muchos ejemplos que ilustran esta contradicción. Aunque se presentan como iniciativas de desarrollo, también han generado elevados costes sociales y ecológicos.
La cuestión, por lo tanto, no es si se ha producido «desarrollo», sino quién se ha beneficiado de él, quién ha asumido los costes y a quién se le ha permitido participar en los procesos de toma de decisiones.
Un segundo reto, y quizá más difícil, surge en un futuro en el que kurdos y turcos disfruten de una auténtica igualdad política. Las grandes estrategias de desarrollo centradas en corredores energéticos, recursos hídricos, minerales críticos o elementos de tierras raras podrían seguir entrando en conflicto con la sostenibilidad ecológica y los medios de vida locales. Esto plantea una cuestión a la que todos los actores políticos tendrán que enfrentarse tarde o temprano: ¿quién se beneficia de estos proyectos y quién asume sus costes? A menos que se aborde esta cuestión, pueden surgir nuevas formas de desigualdad de clase entre quienes se benefician de la extracción y quienes viven con las consecuencias de la destrucción ecológica.
En otras palabras, no debemos dar por sentado que un acuerdo político generará automáticamente justicia ecológica. También debemos prestar atención a la posibilidad de que las agendas de desarrollo neoliberales, tanto en los círculos políticos turcos como en los kurdos, puedan converger.