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Crisis de estatus y proceso de resolución: no se trata de un «nuevo alojamiento», sino de la búsqueda de garantías jurídicas

Para que el proceso de transición entre el Estado y el líder del PKK, Abdullah Öcalan, sea duradero, reviste gran importancia la puesta en práctica de garantías legales. Sin embargo, a pesar de la voluntad manifestada por las partes, se están produciendo diversos contratiempos en la aplicación de la Ley Marco y en el funcionamiento de los órganos correspondientes.

on1 meridyen – Azad Aktay – 17 septiembre 2026 – Traducido y editado por Rojava Azadi Madrid

El proceso entablado entre el Estado y el líder del PKK, Abdullah Öcalan, ha sido denominado de diversas maneras desde el principio por personas con distintas posiciones político-ideológicas. En nuestra opinión, también es posible denominar a este proceso un «proceso de transición». Si lo pensamos de forma muy sencilla: el proceso de transición, por un lado, apunta a una situación de empate en la que no hay ni victoria ni derrota, mientras que, por otro, muestra que ha surgido un consenso entre las partes para abandonar la guerra como método de lucha. Podemos suponer que, como consecuencia del consenso surgido en el Estado en favor de la paz, se darán algunos pasos jurídicos concretos, ya que, a ojos del Estado, nada está garantizado si no está amparado por la ley. Los Estados de derecho democráticos funcionan mediante leyes y normativas. Del mismo modo, entablar una relación con el Estado significa actuar conforme a las leyes y normativas. Si echamos la vista atrás a la historia política de Turquía, vemos que incluso los generales golpistas, en las constituciones que elaboraron, eximieron sus propias acciones de la tipificación penal y se aseguraron su propia protección. Creemos que el hecho de que el PKK y su líder Öcalan, considerados enemigos durante tantos años, soliciten garantías legales para la paz puede considerarse una necesidad para llevar a cabo negociaciones con el Estado. Devlet Bahçeli, conocido por sus declaraciones a lo largo del proceso, pero cuyas palabras suelen ser «ignoradas» por el Gobierno, también señaló en su momento esta necesidad diciendo lo siguiente: «Porque las regulaciones de facto son temporales. Ninguna disposición que carezca de nombre y de base oficial constituye ya una base suficiente para una paz duradera.[1]» Las medidas legales que se adopten para garantizar la paz revisten, desde este punto de vista, una gran importancia.

Sin embargo, el hecho de que las «partes» hayan acordado pasar al terreno político una vez que la violencia y los conflictos hayan cesado y se hayan dado los pasos jurídicos necesarios no significa que el proceso vaya a funcionar sin contratiempos. Esto significa que, por el momento, ambas partes se han limitado a manifestar su voluntad política en favor de la paz. Sabemos que en cada país estos procesos se llevan a cabo de forma diferente, en mayor o menor medida. Se podría proponer una línea de actuación razonable de la siguiente manera: Que ambas partes manifiesten su voluntad de paz; que se allane el camino para estas declaraciones mediante regulaciones democráticas y jurídicas; que el entorno seguro y democrático creado por las leyes y normativas culmine en el desarme bajo la supervisión de un comité de seguimiento; y que, en última instancia, se garantice la integración de los miembros del PKK en la república democrática sobre el terreno político democrático ya preparado. Sin embargo, cuando el proceso de transición, en lugar de ser «un fin en sí mismo», se intenta utilizar como instrumento para otros cálculos políticos e intereses particulares, a veces se producen fallos y estancamientos en este funcionamiento lineal y mecánico. Dependiendo de las intenciones de cada uno, el proceso se ve empujado en una u otra dirección y, por ello, en algunos momentos surgen «pequeños» contratiempos.

Lo que se publica en los medios de comunicación apunta a que existe un nuevo escollo en el proceso de transición. El hecho de que, desde el 24 de agosto, el Comité de Seguimiento y Evaluación, presidido por el vicepresidente de la República, Cevdet Yılmaz, aún no haya dado ningún paso, respalda esta idea. Recordemos que, tras la identificación del proceso de desarme por parte de las instituciones de seguridad y su confirmación por el Consejo Superior de Seguridad Nacional (MGK), la decisión se publicaría en el Boletín Oficial y la Ley Marco se aplicaría en un plazo limitado (seis meses o, como máximo, un año). Por ello, el informe que el Comité de Seguimiento y Evaluación iba a presentar al Consejo Superior de Seguridad (MGK) revestía una importancia crítica para la puesta en práctica de la «Ley Marco», que, a pesar de sus defectos, había sido aceptada. Entonces, ¿por qué no se está llevando a la práctica?

Recientemente, Pervin Buldan, miembro de la Delegación de İmralı, declaró que el líder del PKK, Abdullah Öcalan, asumiría un papel y tomaría la iniciativa en la Subcomisión de Desarme y Coordinación Estratégica durante este proceso de transición, expresándolo de la siguiente manera: «Inmediatamente después de la primera reunión del comité superior, se iniciará un proceso para la creación de los comités subordinados. Uno de estos subcomités será el Comité de Desarme y Coordinación Estratégica, en el que participará el señor Öcalan. Porque el señor Öcalan también se encargará de organizar las visitas».[2] Hace unos días, Nagehan Alçı, que se reunió con Devlet Bahçeli para tratar la cuestión del estatus del líder del PKK, Öcalan, abordó el tema del «nuevo alojamiento» de la siguiente manera: «Sin embargo, él se niega a mudarse allí [en referencia a la nueva vivienda construida]. Porque quiere un estatus. Quiere mudarse a la vivienda una vez que vea que la Ley Marco ha entrado en vigor y que los consejos están funcionando.[3]» Las señales y los indicios de que esta «crisis del nuevo alojamiento», que ha provocado una ralentización del proceso al actuar como un «escollo», se manifestaría hoy en día pueden observarse, de hecho, en algunas declaraciones realizadas en el pasado por responsables del Gobierno. El hecho de que la cuestión del estatus, que se había pospuesto, fuera a suponer un «obstáculo» en el futuro ya se puso de manifiesto el mismo día en que la «Ley Marco» se presentó al Parlamento como proyecto de ley.

Abdullah Güler, del AKP, junto con otras personas, hizo una declaración el 5 de agosto de 2026, fecha en la que se presentó ante el Parlamento la «Ley Marco» como proyecto de ley. Tras esta declaración, uno de los periodistas aún no había terminado de formular su pregunta sobre la situación jurídica y las condiciones de trabajo del líder del PKK, Öcalan, cuando Güler, del AKP, anticipándose a la siguiente pregunta, tomó la palabra. En su respuesta, Güler señaló que no era necesario[4] ningún marco legal ni estatus para que académicos o periodistas visitaran al líder del PKK, Öcalan. El hecho de que el partido en el poder «organizara las visitas» del líder del PKK ya desde ese mismo día demuestra que, sin que Öcalan tuviera ningún estatus, el partido había emprendido una estrategia para lograr el desarme de la organización mediante «orientaciones»[5].

Tanto antes como después de la declaración anterior de Abdullah Gül, todos los que se han preocupado por el proceso —desde el socio de gobierno hasta el Partido DEM, pasando por los trabajadores de los medios de comunicación— han recordado este asunto crítico al Gobierno de forma intermitente[6]. En lugar de dar un paso al respecto, el Gobierno ha vinculado la cuestión al informe que el Comité de Seguimiento y Evaluación presentará al Consejo de Seguridad Nacional (MGK). Es precisamente en este punto donde se produce un «escollo» en el proceso de transición, ya que la organización ha vinculado el proceso de desarme a que el líder del PKK, Öcalan, alcance «condiciones para vivir y trabajar en libertad» y pueda dirigir y gestionar directamente el proceso de transición[7]. Por lo tanto, al no haberse resuelto la «crisis de estatus», el líder del PKK, Öcalan, no puede desempeñar ningún papel en la Subcomisión de Desarme y Coordinación Estratégica. Dado que no se han creado las condiciones adecuadas que permiten el avance del proceso, el Consejo Superior de Seguridad Nacional (MGK) y las instituciones de seguridad no pueden llevar a cabo los procedimientos de identificación y verificación. Además, se había indicado que la Subcomisión de Desarme y Coordinación Estratégica, integrada en el Comité de Seguimiento y Evaluación, trabajaría de forma confidencial[8]. Esto significa que este proceso de desarme se desarrollará a través de contactos directos o indirectos entre las instituciones de seguridad del Estado, como las Fuerzas Armadas Turcas (TSK) y el Servicio de Inteligencia Nacional (MİT), y el PKK. Este proceso se llevará a cabo en la Administración Regional de Kurdistán. Supongo que, por razones de este tipo, Rêber Ehmed señaló recientemente que el proceso de desarme del PKK llevaría algún tiempo[9].

Aunque el poder político, alejado desde hace tiempo del Estado de derecho, intente impulsar este proceso de manera ilegal basándose en la «voluntariedad» o en «orientaciones sin carácter oficial», todo aquel que haya reflexionado un poco sobre los procesos de conflicto y solución sabe que, en la práctica y sobre el terreno, esto no tiene ninguna base real. En los países donde existe la democracia e impera el Estado de derecho, los Estados no actúan basándose en la «voluntariedad» o la «arbitrariedad», sino que, por el contrario, actúan de acuerdo con las leyes y la normativa. Cuando la situación se agravó en torno a la cuestión kurda, tanto el poder como la oposición sistémica se mantuvieron al margen de las medidas necesarias para alcanzar una solución o utilizaron dichas medidas de forma que se neutralizaran entre sí. Hoy vuelve a ser necesario dar un paso adelante y el poder político, con el fin tanto de dividir como de reprimir a la oposición, está llevando a cabo operaciones de detención bajo el nombre de «Mi familia está a salvo» dirigidas contra asociaciones LGBTI+, defensores de los derechos y miembros de partidos socialistas, al tiempo que se bloquea el acceso a las cuentas de numerosas personas e instituciones (periódicos, asociaciones, etc.) en las redes sociales. El proceso que constituye la segunda fase de la democratización se ve obstaculizado por este tipo de políticas antidemocráticas. En lugar de estas políticas, sería beneficioso para todos los ciudadanos del país que el poder diera un paso «valiente» en la dirección de la democratización y creara las posibilidades, las oportunidades y las condiciones para resolver la cuestión kurda por vías democráticas. Para esta democratización, es necesario reconocer uno de los requisitos más concretos que hay que cumplir: el «elefante en la habitación», es decir, la cuestión del estatus especial. Crear a partir de ahí un marco jurídico adecuado será uno de los pasos más acertados y saludables para alcanzar una sociedad democrática y una paz digna.

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