Día Internacional del Preso Político (4/4)
Rojava Azadi Madrid – 20 abril 2021
Morir por una vida libre en Rojhilat (Kurdistán Este, República Islámica de Irán)
Las denuncias de organismos internacionales y organizaciones de defensa de los derechos humanos contra el régimen teocrático de la República Islámica de Irán son innumerables.
Según la Asociación de Derechos Humanos de Kurdistán( KMMK), al menos 44 personas fueron ejecutadas en Kurdistán oriental (Irán) y 263 arrestadas sin cargos previos, únicamente por decisión de los servicios secretos y de seguridad. La mayoría eran activistas civiles, medioambientales y periodistas. Los interrogatorios se realizaron bajo tortura y sin derecho a un abogado.
Las autoridades niegan de forma sistemática asistencia letrada en la fase de investigación a las personas acusadas de delitos contra la seguridad nacional. En algunos casos, se les niega incluso en el juicio.
La legalidad de la pena de muerte es la expresión máxima de la crueldad del régimen.
Según Amnistía Internacional, la pena de muerte se usa de forma creciente como arma de represión política contra manifestantes, disidentes y miembros de minorías, y un número desproporcionado de las personas ejecutadas pertenece a las minorías kurda y baluchi.
Actualmente hay innumerables presxs políticxs, civiles y de derechos humanos en las cárceles iraníes, siendo las mujeres activistas un objetivo prioritario de la represión del régimen. Al detener a mujeres activistas civiles, la República Islámica de Irán expresa su inquebrantable política antifeminista y que no está dispuesta a aceptar la igualdad de posición y de derechos de las mujeres. Recordamos aquí, por medio de tres mujeres actualmente encarceladas, la lucha sin descanso y desigual de las mujeres kurdas, iraníes y de otras minorías en Irán por una vida libre y justa.
Nuestro homenaje a los cientos, miles, de presxs por su actividad política en Rojhilat, expone la situación de estas 3 mujeres:
Zeinab Jalalian, 39 años, kurda de Rojhilat (Irán), condenada a muerte por infringir la ley islámica al considerarla miembro del Partido Vida Libre en Kurdistán (PJAK). Su pena fue conmutada por cadena perpetua. Lleva más de 13 años en prisión.
Detenida en 1997, Zeinab Jalalian fue condenada a cadena perpetua acusada de «hacer la guerra a Dios». En el momento de la detención la azotaron, le dieron puñetazos en el estómago, le golpearon la cabeza contra la pared y la amenazaron con violarla. Como resultado, su visión se ha visto afectada y padece varias enfermedades, como problemas cardíacos, intestinales y renales, así como una candidiasis oral que interfiere en su capacidad para comer y tragar. Sin embargo, las autoridades penitenciarias se han negado a enviarla a recibir tratamiento. Utilizan la denegación de tratamiento médico como forma de presión para obligarla a hacer confesiones falsas contra sí misma.
Soheila Hejab, abogada y activista civil kurda de Kermanshah (Irán), condenada a 18 años de prisión en marzo de 2020 por cargos como «difundir propaganda contra el régimen», «reunión y confabulación», «incitar al público a la revuelta» y “formar un grupo ilegal”.
El 23 de mayo de 2020, tras una sesión de apelación, fue enviada sin previo aviso a la Prisión de Qarchak, donde también fue enviada Zeinab Jalalian el día 2 del mismo mes: «…Tan pronto como salí del tribunal, fui detenida por el Cuerpo de Sarollah en Teherán sin ninguna razón ni explicación legal. Me golpearon y me arrastraron por el pelo en la calle y me dieron puñetazos y patadas en la cabeza, la cara y el costado. Abrieron un nuevo caso contra mí que no tiene nada que ver con mi caso confirmado. Es una petición de mi interrogador. Me ha amenazado de muerte en repetidas ocasiones a través de reclusos condenados por delitos violentos en la prisión de Qarchak», declaró por medio de un audio.
Zahra Mohammadi, profesora de lengua kurda de 29 años, activista civil de Sanandaj, fue acusada por el Tribunal Revolucionario de la República Islámica de Irán por los cargos de “formar un comité y grupo contra la estabilidad y seguridad del sistema”. Mohammadi es miembro del consejo de administración de Nojin, un instituto de idiomas autorizado en Sanandaj, donde enseñaba su idioma materno.
Durante su interrogatorio en aislamiento se le amenazó con detener a miembros de su familia si no firmaba una declaración autoinculpándose de tener relación con grupos kurdos de la oposición. Fue condenada a 10 años de prisión.
Para que los derechos humanos y la sociedad avance, se necesitan personas que hagan una labor de vigilancia y crítica a las actividades de los Estados.
Es preciso ampliar la difusión de la situación de lxs presxs por su actividad política en todo el mundo y fomentar la movilización de la sociedad civil, en especial de los jóvenes, contra las mentalidades excluyentes y fascistas.
Nuestra gratitud a todas las personas que dedican su vida a luchar por la libertad tras los barrotes de las prisiones.
No os olvidamos, no os olvidaremos.
