Criminalizando a nuestro pueblo: efectos sociales de la ilegalización del PKK
Escrito por Dilar Dirik
La inclusión del PKK en la lista de organizaciones terroristas por parte de los
estados occidentales criminaliza a la población kurda, pero la hipocresía de
esos estados también ha creado una comunidad consciente, movilizada y activista.
El año pasado, la confusión de los medios de comunicación occidentales
acerca de «terroristas del PKK» luchando contra «terroristas del grupo
Estado Islámico», provocaba una sonrisa cansada en los rostros de los
kurdos corrientes, quienes, aparte de la opresión en su hogar, son
estigmatizados y criminalizados en toda Europa.
El señalamiento como “terrorista” suele demonizar a un bando del conflicto
mientras inmuniza al otro. Esto se aplica especialmente en el conflicto entre el
ejército turco (el segundo más grande de la OTAN) y el PKK (un movimiento armado
de liberación nacional). Pero en este caso la etiqueta de “terrorista” también
criminaliza a toda una comunidad, a la que se niega sus derechos fundamentales.
La inclusión o exclusión de esa lista de grupos y estados (como el Irak de
Saddam Hussein) en base a la coyuntura política demuestra que las listas negras
tienen un carácter político y no moral, pretesiones aparte. En realidad, esas
listas fortalecen la violencia patrocinada por el Estado, refuerzan el monopolio
estatal sobre el uso de la fuerza, ignoran la legitimidad de las resistencias y
no distinguen moralmente entre grupos como ISIS y movimientos que responden a la
injusticia.
El Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) fue catalogado como grupo
terrorista por EEUU en 1997 y por la Unión Europea en 2002. Los actos violentos
del PKK en Alemania durante la década de 1990 no motivaron su prohibición, pero
sí el hecho de que el PKK “perturbara los intereses de la OTAN en el Oriente
Medio”. Aún hoy, los funcionarios europeos afirman que se abstendrán de levantar
la prohibición mientras Turquía mantenga su postura sobre el PKK. Los gobiernos
solo revisan esa lista según las tensiones con Turquía. La inclusión del PKK en
la lista apacigua a Turquía, pero también se usa como comodín para avisar al
estado turco de que la prohibición de su enemigo podría eliminarse si se porta mal.
No hace falta simpatizar con el PKK-para ver que esa prohibición es un
anacronismo. El PKK cambió su perspectiva política, anunció varias treguas
unilaterales e inició un largo proceso de paz de dos años que garantiza la
supervivencia de muchas comunidades étnicas y religiosas en el Medio Oriente
como principales enemigos del Estado Islámico. Los viejos argumentos ya no se
pueden sostener.
Pero, argumentos legales y políticos a un lado, ¿qué implicaciones sociales
tiene esa lista negra?
En Europa, los kurdos constituyen una de las comunidades más organizadas y
politizadas. El concepto de autonomía democrática se practica en asambleas
populares y asambleas de mujeres en la diáspora. Este mismo potencial
democrático es visto como una amenaza.
Los gobiernos europeos pretenden deslegitimar a las organizaciones consideradas
“terroristas” mediante su señalamiento y criminalizan a sus bases de apoyo en un
intento de despolitizar las comunidades y romper los vínculos entre ambas.
Pero los gobiernos occidentales a menudo son cómplices de la opresión que
expulsa a esas comunidades. Los mismos estados que etiquetan al PKK como
terrorista son los principales proveedores de armas para la guerra de Turquía
contra los kurdos. La información proporcionada por los aviones no tripulados de
EEUU mató a 34 civiles kurdos en 2011, los tanques alemanes en manos del
ejército turco destruyeron 5.000 pueblos kurdos en los años noventa.
Irónicamente, mientras apoyaban la guerra de Turquía contra los kurdos, los
estados europeos daban refugio a miles kurdos expulsados por la persecución
política en esa década. La naturaleza explícitamente geopolítica de estas listas
agrava la injusticia, y de ahí que la lista de organizaciones terroristas no sea
patrón de moralidad o legitimidad para la comunidad kurda, pues los kurdos
siguen muriendo bajo sus efectos. Lo que sí producen esas listas es más acoso y
abuso a una comunidad de millones de personas.
En Europa, esa gente no necesita cometer ningún delito para ser arrestada por
pertenencia al PKK. En Alemania, donde la criminalización es más agresiva debido
a una larga tradición de colaboración política y económica con Turquía, los
criterios que justifican esa acusación pueden basarse en una mera percepción de
simpatía a la que se responde con escuchas telefónicas, violencia física y
psicológica en manifestaciones, allanamientos de casas y cierre de instituciones
sociales y políticas. La participación en eventos sociales y políticos, que es
un derecho democrático protegido por la legislación internacional, basta como
para justificar esa pertenencia. Oficinas registradas legalmente, organizaciones
estudiantiles y centros comunitarios se encuentran bajo sospecha constante.
Las acusaciones no necesitan evidencia alguna, dada la naturaleza secreta de los
procedimientos de lucha contra el terrorismo. En el caso de Adem Uzun, un
destacado político kurdo y activista, la razón para arrestarlo fue directamente
fabricada por las autoridades francesas.
La vulnerabilidad de los jóvenes kurdos que viven en Alemania, Francia y el
Reino Unido sin estatus de residencia o ciudadanía les convierte en blancos
fáciles que a menudo son coaccionados a colaborar con las autoridades como
espías contra sus propias comunidades. Su negativa a colaborar supone una
amenaza de deportación. Hoy en día, los refugiados de Kurdistán que escaparon
del Estado Islámico son amenazados y hostigados por la policía europea por
unirse a actividades políticas.
Las ofensivas simultáneas son coordinadas a menudo en toda Europa y coinciden
con la evolución de los acontecimientos en Kurdistán. En 2013, sobre todo en
España, Alemania y Francia, una campaña de represión contra activistas kurdos
tuvo lugar poco después del anuncio de las negociaciones de paz entre el PKK y
el Estado turco.
En una visita al presidente turco Erdogan antes de elecciones anticipadas de
noviembre, Angela Merkel expresó su apoyo a su gobierno autoritario-fascista
dando a entender que Europa cerrará los ojos ante las masacres turcas si Erdogan
mantiene a los refugiados fuera de la UE. Mientras escribo estas líneas,
ciudades sitiadas kurdas como Silvan se enfrentan a la masacre perpetrada por el
ejército turco y Alemania asalta casas kurdas para arrestar activistas.
A la vez, después de haber pasado cerca de un año en la cárcel, Shilan Özcelik,
joven kurda de 18 años de edad, está siendo juzgada por un tribunal británico
bajo cargos de terrorismo por presuntamente querer unirse a la lucha contra el
Estado Islámico. Los activistas creen que el Reino Unido, que lleva
criminalizando a los kurdos durante más de una década, quiere sentar un
precedente con el caso de Shilan, sobre todo después de que el voluntario
británico Konstantinos Erik Scurfield muriera luchando contra el terrorismo
islamista junto a los kurdos en Siria y una multitud lo despidiera como a un
héroe en su funeral. El gobierno británico mantiene una alianza tácita con las
fuerzas kurdas en el frente pero criminaliza esa misma lucha a nivel doméstico.
Las estadísticas sobre simpatizantes del PKK en Europa sólo se basan en salvajes
conjeturas de las autoridades, dado que la desconfianza mutua entre el pueblo
kurdo y las autoridades estatales europeas hacen imposible la expresión de
opiniones políticas en público. El Reino Unido, Francia, Alemania y Dinamarca lo
demostraron cerrando varios canales de televisión kurdos e imponiéndoles fuertes
multas por su supuesto apoyo al PKK. En el caso de la televisión ROJ, se cree,
según documentos filtrados, que el entonces primer ministro de Dinamarca, Anders
Fogh Rasmussen, cerró el canal para ganar el favor de Turquía para su cargo de
secretario general de la OTAN en 2009.
¿Qué mensaje envían esos que se llenan la boca con democracia y libertad de
prensa a cientos de miles de kurdos de la diáspora que tienen en estos canales
la única forma de comunicarse con su patria?
Nadie es inmune a esa kafkiana y angustiante criminalización permanente. Un
ejemplo de ello es el caso de la parlamentaria de izquierdas alemana Nicole
Gohlke. En noviembre de 2014, durante el asedio del Estado Islámico a Kobane,
Gohlke intervino en una manifestación en Munich levantando la bandera PKK
durante 15 segundos y diciendo: “insto al gobierno alemán a no criminalizar
símbolos como estos porque la lucha por la libertad, los derechos humanos y la
democracia está siendo llevada a cabo bajo esta bandera mientras hablamos.
!Levanten la prohibición al PKK!”. Luego fue detenida, obligada a pagar una
multa y vio retirada su inmunidad parlamentaria. Todo esto ocurrió en un
contexto político en el que el PKK era aplaudido internacionalmente tras
rescatar a diez mil yazidíes atrapados en el Monte Sinjar.
Claramente, la designación como “terrorista” es un velo con el que Europa
esconde su propia maldad, una herramienta de control para silenciar la
disidencia y aniquilar la conciencia política, pero el PKK es legítimo a los
ojos de millones de kurdos. Es imposible distinguir entre “organización” y “base
social”. Quien haya asistido a una manifestación kurda habrá escuchado el lema
“PKK es el pueblo y el pueblo está aquí”. Kobane, el bastión de la resistencia
contra el Estado Islámico, fue liberado con el lema “¡Viva Abdullah Öcalan!”
Hoy, el movimiento de liberación kurdo construido alrededor del PKK,
especialmente con su pionero paradigma de liberación de las mujeres, no atrae
solo a los kurdos sino a todos los pueblos oprimidos de la región. En el
Kurdistán sirio y en el Kurdistán del Norte, la idea de una autonomía
democrática basada en la convivencia étnica está siendo puesta en práctica.
El año pasado, durante el asedio a Kobane, el mundo entero fue testigo del poder
de movilización de la comunidad kurda: cientos de manifestaciones espontáneas,
huelgas de hambre, ocupaciones y manifestaciones fueron organizadas
simultáneamente en toda Europa en cuestión de horas. La política hipócrita de
Europa quedó en evidencia cuando el PKK salvó a comunidades enteras en el Medio
Oriente. Mientras tanto, Turquía (miembro de la OTAN) apoyaba a grupos
yihadistas esperando ver caer a los kurdos ante el Estado Islámico y
convirtiéndose así en causa principal de una crisis de refugiados por la cual
ahora la UE lame el culo a Turquía.
Independientemente de sus pretensiones moralistas, la represión de los gobiernos
vendedores de armas que apoyan a estados opresores como Turquía se lleva a cabo
con la intención de convertir a los jóvenes kurdos en una parte acrítica y
pacificada del sistema aislándoles y amordazándoles, negándoles sus derechos
democráticos, censurando sus medios de comunicación y degradando su sentido de
pertenencia, pero el efecto logrado ha sido el contrario: los kurdos forman una
comunidad políticamente consciente y cada vez más autónoma, una comunidad
crítica que quemó sus puentes con el sistema y está dispuesta a dedicarse en
cuerpo y alma a su legítima lucha.
/Dilar Dirik tiene 23 años, forma parte del movimiento de mujeres kurdas y es
escritora y estudiante de doctorado en el Departamento de Sociología de la
Universidad de Cambridge./
