Una década de resistencia detrás de los barrotes iraníes
Fuente: New Internationalist
Autoría: Soudeh Alikhani*
Fecha: 7/3/2018
Traducción: Rojava Azadi
*Soudeh Alikhani de la campaña Justicia por Irán escribe en el décimo aniversario del arresto de la activista por los derechos de las mujeres Zeinab Jalalian – en el Día Internacional de la Mujer.
Como mujer y kurda, ha estado sujeta a un sistema legal que efectivamente discrimina a las mujeres y las minorías étnicas, un sistema que no funciona con la presunción de inocencia, que ha elevado la arbitrariedad a un principio central de justicia.
Además, ella también ha sufrido la injusticia de un sistema penal que impone un castigo brutal y arbitrario a aquellos que tienen la mala suerte de caer presos de él.
Zeinab, ahora de 35 años, fue arrestada en su Kurdistán iraní natal a principios de marzo de 2008. Una activista social y política que trabajó para empoderar a las mujeres brindando servicios educativos y sociales en Irak e Irán, anteriormente había visitado una escuela de niñas en Kamiaran, Irán; y pronunció un discurso sobre los derechos de las mujeres y el Día Internacional de la Mujer.
Zeinab fue arrestada por cuatro agentes de seguridad, que la patearon, le ataron las manos y los pies y la encerraron en el maletero de su automóvil antes de llevársela. No se le informaron los cargos contra ella durante meses después de su arresto, se le negó el acceso a un abogado y se le impidió contactar a sus familiares hasta un mes después de su detención inicial.
Las autoridades iraníes sometieron a Zeinab a torturas extensas: la mantuvieron en confinamiento solitario, la golpearon brutalmente con los ojos vendados, la amenazaron con violarla, la golpearon en las plantas de los pies y la arrojaron con tanta violencia contra una pared que sufrió una hemorragia cerebral cerca de sus ojos. Negado el tratamiento médico adecuado, Zeinab se está quedando ciega lentamente debido a esa lesión, sufrida hace casi una década.
Zeinab finalmente fue acusada de participar en las actividades armadas de PJAK (Partido por la Vida Libre en Kurdistán), un cargo que ha negado constantemente. Fue condenada por moharebeh , «enemistad contra Dios», y sentenciada a muerte en un juicio sumario en el que su abogado, nombrado solo tres semanas antes, ni siquiera estaba presente para defenderla.
Incluso después de su condena, el gobierno iraní torturó a Zeinab en un intento de conseguir que ella le brindara una confesión que podría ser televisada. Sin embargo, se ha negado rotundamente a confesar algo que ella insiste en que no hizo.
En diciembre de 2011, Zeinab contactó a su abogado para informarle que le habían dicho que su sentencia de muerte había sido conmutada por cadena perpetua. Le tomó varias semanas a su abogado confirmar que ya no se enfrentaba a la ejecución.
Sin embargo, este desarrollo en su caso no ha sido acompañado por una mejora en las condiciones que ha tenido que enfrentar. Zeinab ha sido trasladado entre las cárceles al menos cinco veces sin explicación, y ha estado en la prisión de Khoy desde 2015.
Su acceso a abogados y su familia ha sido severamente circunscrito. En 2017, Amnistía Internacional informó que las autoridades penitenciarias se negaron a darle acceso a la atención médica especializada que necesita para salvar su deteriorada visión, a pesar de que los médicos le recomendaron que se sometiera a una cirugía para salvar su vista ya en 2014. En cambio, las autoridades de la prisión le han administrado gotas para los ojos, que no tratan su condición.
Amnistía también ha informado que Zeinab padece problemas cardíacos, así como complicaciones intestinales y renales. Si bien algunas de sus solicitudes de tratamiento médico han sido rechazadas de plano, otras han sido aceptadas con la condición de que ella haga una «confesión» grabada en vídeo.
Tras una presentación presentada por REDRESS y Justice for Iran, en 2016 el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU dictaminó que Zeinab no había recibido un juicio justo según los estándares internacionales y que era una de las siete personas en Irán cuya detención fue arbitraria.
El comité también informó que había recibido información creíble de que los requisitos básicos de procedimiento bajo la ley iraní no se habían cumplido en el caso de Zeinab. Estas deficiencias incluyen la ausencia de una orden de arresto y una orden para su detención temporal, el hecho de que una revisión judicial de su custodia no se llevó a cabo cuatro meses después de su arresto, como debería haber sido por ley, y que los cuatro oficiales de los servicios de inteligencia que la arrestaron no tenían autoridad legal para arrestarla o detenerla.
En el juicio en su contra, el tribunal declaró a Zeinab culpable de «abstenerse de decir la verdad sobre el transporte de armas y granadas de mano» para el ala armada de PJAK, a pesar de que no se encontraron armas en su posesión en el momento de su arresto. El tribunal consideró los cargos en su contra como evidentemente verdaderos; el hecho de que no existieran pruebas para corroborarlos era irrelevante.
El caso de Zeinab es una acusación contra el sistema de justicia de la República Islámica, que afecta más duramente a las mujeres y las minorías, los elementos más marginados y vulnerables de la sociedad iraní.
Con motivo del Día Internacional de la Mujer, reafirmemos nuestra solidaridad con todas las mujeres de las minorías étnicas y religiosas en Irán que, como Zeinab, se mantienen firmes frente a la opresión.
