Turquía: 3 alcaldes kurdos destituidos de su cargo
Viola los derechos de los votantes; suspende la democracia local en las principales ciudades del sudeste del país
HUMAN RIGHTS WATCH – 20 agosto 2019 – Traducido por Rojava Azadi Madrid
(Londres) – La destitución por parte del Ministerio del Interior turco de tres alcaldes elegidos democráticamente en los principales municipios de las regiones sureste y este de Kurdistán viola flagrantemente los derechos de los votantes y suspende la democracia local, ha declarado hoy Human Rights Watch.
El 19 de agosto de 2019, el Ministerio del Interior destituyó al alcalde de Diyarbakır, Adnan Selçuk Mızraklı; al alcalde de Mardin, Ahmet Türk; y a la alcaldesa de Van, Bedia Özgökçe Ertan, acusándolos de apoyar el terrorismo. Los tres alcaldes son miembros del Partido Democrático Popular (HDP). Los tres alcaldes deberían poder reanudar sus funciones inmediatamente.
«El gobierno del presidente Erdogan ha anulado de hecho los resultados de las elecciones locales de marzo en las tres principales ciudades del sureste y este de Kurdistán al destituir a los alcaldes elegidos por los votantes, a todos los candidatos válidos, y al tomar posesión de estos municipios», declaró Hugh Williamson, director para Europa y Asia Central de Human Rights Watch. «Difamar a los alcaldes alegando vagos vínculos con el terrorismo para privar a la población kurda de sus representantes elegidos pone en peligro a todos los que están comprometidos con las elecciones democráticas, los derechos humanos y el estado de derecho».
El Ministerio del Interior justificó la sustitución por gobernadores provinciales nombrados por el gobierno en cada municipio porque los alcaldes se enfrentan a investigaciones y procesos judiciales en virtud de las leyes contra el terrorismo por sus discursos y actividades políticas no violentas. Ninguno ha recibido una condena en firme.
Los procesos e investigaciones abusivas por delitos de terrorismo excesivamente amplios y vagos se utilizan a menudo en Turquía para silenciar y detener arbitrariamente a críticos del gobierno, periodistas, defensores de los derechos humanos y políticos de la oposición, ha informado Human Rights Watch.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha criticado duramente a Turquía por sus acciones en la persecución de cargos de terrorismo sin fundamento contra miembros electos del Parlamento. Como ejemplo, la detención ilegal de Selahattin Demirtaş, ex copresidente y miembro del Parlamento por el HDP, el TEDH determinó en 2018 que su detención «perseguía el propósito ulterior principal de sofocar el pluralismo y limitar la libertad de debate político, que está en el centro mismo del concepto de una sociedad democrática».
Los tres alcaldes ganaron sus escaños en las elecciones locales del 31 de marzo: Mızraklı ganó con el 63 por ciento de los votos, Türk con el 56 por ciento y Özgökçe Ertan el 53 por ciento. Es la segunda vez que los alcaldes elegidos en la parte sudoriental del país han sido destituidos y reemplazados por personas nombradas en Ankara.
En septiembre de 2016, la Ley de Municipalidades fue modificada en virtud de un decreto basado en el estado de emergencia para facilitar la destitución de los alcaldes acusados de terrorismo y su sustitución por gobernadores provinciales. Posteriormente, 94 alcaldes del Partido de las Regiones Democráticas Pro-Kurdas (DBP) fueron destituidos, y muchos de ellos fueron mantenidos en detención preventiva prolongada. Turk, un veterano político kurdo, fue destituido de su cargo como alcalde electo de la municipalidad de Mardin bajo ese decreto y arrestado en noviembre de 2016. El Presidente Recep Tayyip Erdoğan pronunció un discurso en febrero, antes de las elecciones de marzo, en el que afirmó que los alcaldes que se descubrieran vinculados al terrorismo podrían ser destituidos una vez más.
Estas medidas del gobierno de Erdoğan contra funcionarios elegidos democráticamente violan las obligaciones de Turquía en virtud del derecho internacional y regional de los derechos humanos, declaró Human Rights Watch. Estas medidas violan el derecho a la participación política, el derecho a elecciones libres y el derecho a la libertad de expresión, en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
