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La nueva ley draconiana de Erdogan echa por los suelos el sueño de Turquía de entrar en la UE

Articulo de Simon Tasdell publicado originalmente en The Guardian y traducido por Emma Reverter para eldiaro.es

  • Las medidas, que tienen por objetivo enmudecer a todo aquel que se oponga al partido neo-islámico del primer ministro turco, desvanecen cualquier percepción de que Turquía es una democracia al estilo occidental

Erdogan firma la polémica ley que levanta la inmunidad de diputados turcosErdogan firma la polémica ley que levanta la inmunidad de diputados turcos EFE

Si Turquía tenía alguna posibilidad de entrar en la Unión Europea en 2020, como afirman los partidarios del Brexit (la campaña para que el Reino Unido salga de la Unión Europea), se desvaneció el miércoles después de que el presidente del país, Recep Tayyip Erdoğan, promulgara una ley draconiana que echa por los suelos cualquier percepción de que Turquía es una democracia al estilo occidental y plenamente operativa.

La Unión Europea tiene una serie de normas que se remontan a 1993, conocidas como los criterios de Copenhague, que establecen que todos los Estados solicitantes deben adherirse a un sistema de gobernanza democrática y respetar otros principios básicos, como el estado de derecho, la libertad de expresión, los derechos humanos y el respeto y la protección de las minorías. Turquía no está cumpliendo estos criterios.

Las nuevas medidas impulsadas por el país hacen que su deseo de pertenecer a la UE se convierta en una quimera. Tienen por objetivo enmudecer a todo aquel que se oponga al partido neo-islámico de Erdoğan, el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), al permitir que se abran procesos penales contra los parlamentarios de la oposición.

Su blanco de ataque es el Partido Democrático de los Pueblos (HDP), un partido pro-kurdo que, según Erdoğan, es cómplice de terrorismo. Esta ley también afecta a otros partidos de la oposición.

Al promulgar esta nueva ley, Erdoğan, que ha afirmado que la Unión Europea es un «club cristiano», ha cerrado la puerta a la posibilidad de que Turquía pueda convertirse en Estado miembro en un futuro cercano. Sus detractores también afirman que es una sentencia de muerte para un modelo de democracia laica y abre la puerta a que se intensifique el conflicto armado con los grupos kurdos.

Crece la violencia

La última jugada de Erdoğan se produce en un contexto de espiral de violencia entre las fuerzas de seguridad turcas y los miembros del Partido de Trabajadores del Kurdistán (PKK) y sus ramificaciones más radicales.

En el último de una serie de atentados, este martes 11 personas murieron y muchas más resultaron heridas cuando un coche bomba explotó en el centro de Estambul. El miércoles se atribuyó al PKK otro atentado con bomba en la provincia de Mardin.

La versión oficial es que la nueva ley es clave en la lucha contra el terrorismo, pero lo cierto es que muchos consideran que da vía libre a un polémico plan de Erdoğan para reformar la constitución y otorga más competencias al poder ejecutivo, en sus manos. Para aprobar este cambio se requiere una mayoría parlamentaria de dos tercios.

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Policías y bomberos inspeccionan el lugar del atentado perpetrado el martes 7 de junio. EFE

 

El HDP, que niega tener ningún tipo de vinculación con el PKK, es el tercer partido más importante del parlamento, con 59 diputados. Su sorprendente resultado electoral en la primera de las dos elecciones generales celebradas el año pasado hizo que el AKP perdiera el control del parlamento por un breve espacio de tiempo. El inesperado revés enfureció a Erdoğan, que elevó el tono de su confrontación con el PKK.

Algunos miembros destacados del HDP, así como los simpatizantes, han sufrido amenazas y han sido perseguidos por la policía; algunos incluso han sido detenidos por el mero hecho de defender los derechos del pueblo kurdo. En estos momentos, diez diputados de HDP y del principal partido de la oposición, el Partido Republicano del Pueblo (CHP) están siendo investigados.

Los líderes de HDP creen que muchos, e incluso todos, de los diputados que están siendo investigados podrían terminar en la cárcel. Dados los antecedentes del presidente, es bastante probable que otros diputados y otros partidos también tengan que rendir cuentas ante la justicia, lo cual cortaría de raíz la oposición parlamentaria y terminaría con lo que queda del sistema democrático y el equilibrio de poderes en el país.

Los responsables de HDP, Selahattin Demirtaş y Figen Yüksekdağ, que están acusados de apoyar el terrorismo, han prometido que librarán una lucha en el parlamento «hasta el final».

El camino a Europa se cierra

Con la nueva ley, las conversaciones para la adhesión a la UE entran en vía muerta. Esta medida se suma a la polémica campaña militar de Erdoğan en el este y el sudeste del país, el cierre de periódicos y otros medios de comunicación, la persecución que han sufrido destacados periodistas, y las recientes declaraciones de Erdoğan en las que instaba a las mujeres a abandonar sus carreras profesionales y tener más hijos.

De hecho, el Parlamento Europeo ha mostrado su preocupación por el «grave retroceso» de los derechos y la libertad de prensa en Turquía, lo cual se percibe como una tendencia antidemocrática de la presidencia de Erdoğan.

Los gobiernos de la UE, con el apoyo de los Estados Unidos, han presionado a Erdoğan para que reduzca las tensiones con los kurdos. Angela Merkel, la canciller alemana, que el pasado otoño propició un acuerdo con Ankara para bordar la crisis de los refugiados, ha sido muy criticada en su país por haber permitido que Erdoğan presente cargos contra un humorista alemán que habría hecho un comentario supuestamente ofensivo. En respuesta a la acción de Erdoğan, se difundió una canción satírica en alemán.

Las últimas medidas de Erdoğan no hacen más que aumentar la tensión en torno al acuerdo sobre los migrantes. Si fracasa, y Turquía amenaza con romperlo, la UE todavía tendrá menos incentivos para seguir con las negociaciones para una posible adhesión. Algunos miembros importantes de la UE, como Alemania y Francia, se oponen a la entrada de Turquía y ya han avanzado que de ser necesario harán uso de su derecho de veto.

Merkel pide vías legales para que los refugiados lleguen de forma controlada

Merkel y Erdogan en un encuentro para negociar el control de las migraciones. EFE

La promesa realizada el año pasado, relativa a que los turcos pudieran viajar a los países de la UE sin necesidad de visado, y que formaba parte de las negociaciones entre Merkel y Erdoğan, no se ha podido cumplir ya que la UE ha querido mostrar que se opone a las leyes draconianas de Erdoğan.

Los partidos HDP y CHP se oponen al plan de Erdoğan de crear una presidencia ejecutiva. Creen que forma parte de su deseo de tener poderes prácticamente dictatoriales a costa del parlamento y de la democracia representativa. Su trayectoria política en los últimos 15 años a menudo se compara con la de Vladimir Putin, el autoritario presidente ruso.

Señalan el control absoluto de Erdoğan sobre el ejército, que logró tras llevar ante la justicia a presuntos golpistas. También recuerdan que controla los medios de comunicación estatales, manipula el poder judicial y que recientemente ha conseguido destituir a Ahmet Davutoğlu, un primer ministro de talante moderado que se opuso al proyecto de cambiar la constitución.

Meral Danış Beştaş, de HDP, ha explicado que un decreto del gobierno ha limitado todavía más la independencia del poder judicial: «Los jueces y los fiscales que suelen ponerse de parte del gobierno han recibido un ascenso mientras que aquellos que suelen posicionarse en contra, han sido arrinconados».

Los grupos de la oposición también se han mostrado en contra de un proyecto que se ha presentado en el parlamento esta semana y que extendería la inmunidad legal de los miembros de las fuerzas armadas que participen en operaciones de lucha contra el terrorismo. Se ha acusado a las fuerzas de seguridad turcas de haber cometido asesinatos y otros abusos en el sureste del país, donde desde octubre del año pasado se ha producido la muerte o el desplazamiento de miles de militantes del PPK y de civiles. Los detractores del gobierno aseguran que este proyecto garantizaría la impunidad de los miembros de las fuerzas armadas.

Traducción de Emma Reverter

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