El proceso de paz en Turquía no cumple con las expectativas, según un grupo turco de derechos humanos

The Amargî – Serap Gounes – Traducido y editado por Rojava Azadi Madrid

El 27 de febrero, la organización independiente de derechos humanos Hafiza Merkezi, con sede en Turquía, evaluó el informe final de la comisión parlamentaria turca sobre el proceso de paz con los kurdos y advirtió que el informe no logra una reconciliación significativa y utiliza un lenguaje ambiguo que equipara la cuestión kurda con un problema de «terrorismo».

El grupo de derechos humanos acogió con satisfacción el informe, que llegó tras meses de deliberaciones por parte de la Comisión Nacional de Solidaridad, Hermandad y Democracia, pero argumentó que el texto está marcado por un «paradigma de seguridad orientado al terrorismo» y refleja «una perspectiva unilateral» al reforzar el enfoque rígido e inmutable del Estado hacia la cuestión kurda.

Hafiza Merkezi, que trabaja en pro de la verdad y la rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad turcas durante el conflicto kurdo de la década de 1990, afirmó que, en última instancia, el informe no cumple las expectativas que había suscitado: «El lenguaje que predomina en el informe dista mucho de contribuir a una paz duradera».

Sin garantías constitucionales

La organización criticó el énfasis repetido en la «hermandad» en el título y el texto de la comisión, argumentando que «el énfasis en la hermandad» no es lo mismo que promulgar la ciudadanía igualitaria y adoptar un «enfoque basado en los derechos», y subrayó que, en una democracia que funciona, los derechos deben basarse en garantías constitucionales, en lugar de en mensajes emocionales del concepto de «hermandad», que «evoca la unidad emocional y el sentido de pertenencia».

El grupo advirtió que cuando la paz se define a través de lo que la comisión denomina «ley de hermandad», «surge el riesgo de que los derechos dependan de la buena voluntad y de que las desigualdades históricas se vuelvan invisibles». Por el contrario, argumentó, la paz y la justicia duraderas requieren la igualdad de derechos dentro de un marco democrático, independientemente de las distinciones culturales, políticas y basadas en la identidad.

No afrontar el pasado

El hecho de que el informe no proponga medidas concretas para afrontar —o reconocer formalmente— el turbulento pasado de Turquía con su población kurda fue una de las principales preocupaciones en la evaluación de Hafiza Merkezi. Durante años, este grupo de defensa de los derechos humanos ha documentado graves violaciones de los derechos humanos cometidas o sancionadas por agentes estatales contra civiles kurdos y fuerzas guerrilleras durante la denominada «guerra sucia» del país en la década de 1990.

«El hecho de que ignore graves violaciones de los derechos humanos, como las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales, equivale a negar las raíces y la realidad de la guerra».

El grupo calificó el enfoque de la comisión como «muy insuficiente» y argumentó que no llega a calificar explícitamente la cuestión kurda como un conflicto político. El grupo añadió también que el informe no aborda las graves violaciones de los derechos humanos planteadas durante las propias audiencias de la comisión, incluidas las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales, eludiendo así lo que Hafiza Merkezi denomina un pilar indispensable de cualquier proceso de paz significativo: un ajuste de cuentas honesto con el pasado.

La comisión escuchó a un grupo diverso de 137 personas a lo largo de 21 sesiones, entre las que se encontraban familias de víctimas con diferentes perspectivas, como las Madres del Sábado y las Madres por la Paz, que siguen buscando justicia para sus seres queridos desaparecidos por desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, secuestros y otras violaciones cometidas por las fuerzas de seguridad durante el conflicto kurdo.

«El hecho de que ignore las graves violaciones de los derechos humanos, como las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales, denunciadas por numerosos actores y víctimas durante las sesiones de la comisión, equivale a negar las raíces y la realidad de la guerra», afirmó el grupo. También criticó el informe por pasar por alto el daño duradero de las políticas de asimilación dirigidas contra los derechos lingüísticos y culturales de los kurdos y otros grupos no turcos.

Según Hafiza Merkezi, «la lucha por la verdad y la justicia que surge de las injusticias creadas por estas violaciones y políticas de asimilación» es fundamental para la paz social, ya que, tras más de cuarenta años de conflicto, lo que se necesita es «revelar la verdad, garantizar la rendición de cuentas y permitir la reparación».

Por ese motivo, pidió «el establecimiento de un marco de justicia transicional» y mecanismos diseñados «sobre la base de las necesidades y demandas de las víctimas».

Violaciones sistemáticas e impunidad estructural

Reducir la cuestión kurda a un problema de «terrorismo» o a una cuestión de desarrollo económico es insuficiente, según la declaración de Hafiza Merkezi. Del mismo modo, «limitar la construcción de la paz social a un proceso de desarme es igualmente inadecuado». Se hizo hincapié en que es necesaria una transformación integral, en la que se reconozcan las dinámicas multidimensionales históricas, políticas y sociales.  

La organización describió la impunidad como un problema estructural que conecta el pasado y el presente: «El problema común que une estos dos períodos son las políticas de negación que operan junto con la impunidad y la falta de reformas estructurales que las afianzan», se lee en la declaración. El grupo argumentó que, sin abordar y modificar de manera adecuada y pública estas cuestiones estructurales, la verdad sobre las «graves violaciones» seguirá siendo inaccesible, lo que endurece las posturas negacionistas y debilita la justicia social.

Las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y los asesinatos sin resolver de la década de 1990 «no fueron incidentes aislados», sino «una política sistemática y generalizada».

Esta dinámica, advirtió, genera un círculo vicioso. La solución general propuesta por Hafiza Merkezi incluía el reconocimiento, la disculpa y la reparación, que son «constitutivos» para restaurar el sentido de justicia de las víctimas y establecer un compromiso social de «nunca más».

Basándose en su propio trabajo de campo, el grupo reiteró su posición de larga data de que las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y los asesinatos sin resolver de la década de 1990 «no fueron incidentes aislados», sino «una política sistemática y generalizada», y afirmó que las barreras legales e institucionales, incluida la ausencia de la desaparición forzada como delito independiente en la legislación nacional, los requisitos de permiso administrativo para enjuiciar a los funcionarios públicos y las prácticas de prescripción, han «institucionalizado la impunidad».

«No se debe pasar por alto la importancia de la igualdad de género y el papel activo de las mujeres en los procesos de consolidación de la paz y democratización».

La lista de violaciones de los derechos humanos, según su declaración, se ha «transmitido al presente y al futuro a través de lagunas legales, prácticas judiciales y preferencias institucionales».

Reforma democrática e igualdad de género

El grupo también señaló que el informe no aborda la igualdad de género y la participación de las mujeres. «No debe pasarse por alto la importancia de la igualdad de género y el papel activo de las mujeres en los procesos de consolidación de la paz y democratización», afirmó, y añadió que la participación de los jóvenes y las mujeres es fundamental para una paz duradera e inclusiva.

Al mismo tiempo, el grupo calificó de «extremadamente apropiado» el reconocimiento por parte de la comisión de la necesidad de democratización, pero subrayó que para alcanzar este objetivo es necesario garantizar la independencia y la imparcialidad judicial, poner fin a las prácticas restrictivas que afectan al espacio civil y garantizar que los políticos, periodistas, activistas y académicos puedan contribuir «a la construcción de una esfera pública pluralista y crítica sin ser criminalizados».

El grupo pidió a la Gran Asamblea Nacional Turca y a la comisión que asumieran una «responsabilidad histórica» y tradujeran la voluntad política en reformas concretas, argumentando que «el establecimiento permanente y justo de la paz en Turquía depende no solo del silencio de las armas, sino también de la aplicación simultánea de mecanismos de verdad, justicia y garantías de no repetición».