El genocidio silencioso: Kirkuk, rica en energía, y los territorios kurdos en disputa se enfrentan a una limpieza étnica continua
The Kurdish Center for Studies – Hawzhin Azeez – 2 enero 2023 – Traducido por Rojava Azadi Madrid
El año 2022 fue testigo del aumento de la atención internacional sobre la difícil situación de los kurdos. Desde el Kurdistán meridional (norte de Irak, Basur), bombardeado en repetidas ocasiones y objeto de ataques con drones tanto desde Turquía como desde Irán, hasta el norte de Siria (Rojava), sometido al uso de armas químicas, ataques aéreos y ataques con drones, pasando por los kurdos de Irán (Rojhilat), que encabezan otra revolución en su búsqueda de libertad, igualdad y justicia. Al mismo tiempo, los kurdos de la diáspora fueron testigos de una serie de ataques contra ellos, incluido el de la reciente masacre de París en el Centro Comunitario Kurdo Ahmed Kaya. Sin embargo, mientras las historias cotidianas de masacres, desplazamientos, atentados y asesinatos kurdos se sucedían en la escena internacional, una zona del Kurdistán que se enfrenta a inmensos actos de violencia y terror no ha logrado captar la atención. Esta zona es la disputada región de Kirkuk, rica en petróleo, en el norte de Irak.
Un reciente informe de 2022 titulado «Crímenes contra los kurdos: La nueva limpieza étnica de los territorios en disputa», pone de relieve una serie de inquietantes crímenes cometidos contra los kurdos en los territorios en disputa de Kirkuk. El informe se centra en un periodo de cinco años desde el referéndum kurdo por la independencia de 2017 y sus efectos posteriores para los kurdos de Kirkuk y las regiones circundantes. Las conclusiones indican la persistencia de políticas de limpieza étnica, violencia, terror y violencia de género que equivalen a genocidio. El informe utiliza métodos de investigación de fuente abierta, así como entrevistas semiestructuradas con activistas, periodistas y residentes desplazados o actuales de la región. Las principales conclusiones hacen hincapié en los casos de asesinato, destrucción de propiedades, violencia sexual y asesinato de periodistas y activistas.
El informe ha sido elaborado por Crimes Against Kurds (Crímenes contra los kurdos), un grupo internacional de investigadores centrado en los abusos que tienen lugar en las zonas kurdas de Irak, Siria, Turquía e Irán. El objetivo del grupo es llevar a cabo una defensa más eficaz, al tiempo que se promueve la rendición de cuentas por parte de los autores y la restauración de las víctimas. El informe cuenta además con el apoyo del Grupo de Trabajo sobre Justicia Transicional, con sede en Seúl, una organización no gubernamental fundada en 2014 por defensores de los derechos humanos e investigadores de varios países. El TJWG apoya métodos avanzados para abordar las violaciones graves de los derechos humanos y promover la justicia para las víctimas en sociedades de todo el mundo antes y después de la transición.
Las violaciones de derechos humanos contra los kurdos se intensificaron en la región el 16 de octubre de 2017, cuando las fuerzas gubernamentales y las milicias respaldadas por Irán inundaron la región y lanzaron una campaña militar a gran escala. Inmediatamente tomaron el control de la ciudad, incluidos sus dos principales yacimientos de petróleo. El gobierno central iraquí, en un intento de limitar e impedir aún más las aspiraciones de secesión kurdas tras el referéndum de 2017, inició una estrecha alianza y coordinación militar tanto con Irán como con Turquía. La campaña militar estuvo dirigida por el conocido general iraní Qassim Sulaimani, cuyo uso de tácticas de terror y violencia era infame. El resultado fue la masacre de civiles kurdos y de fuerzas de seguridad. Al mismo tiempo, los kurdos de otras regiones vulnerables, como las de Tuz Khurmatu, Khanaqin, Jalawla, Makhmur y Zummar, también fueron objeto de ataques. Varios civiles fueron asesinados. Según las conclusiones del informe, varias armas utilizadas contra los kurdos fueron suministradas y fabricadas por Estados Unidos en la guerra contra ISIS, pero fueron utilizadas por las fuerzas iraquíes para masacrar y limpiar étnicamente a los kurdos. Las fuerzas peshmerga kurdas habían tomado el control de la región en el verano de 2014, cuando las fuerzas de seguridad y militares iraquíes evacuaron la región tras el ascenso de ISIS.
Históricamente, territorios en disputa como Kirkuk y Mosul, en el sur del Kurdistán, han sido siempre escenario no sólo de conflictos étnico-religiosos, sino también de una discriminación y una violencia raciales profundamente preocupantes, en las que los kurdos han sido tradicionalmente los perdedores. No sólo los árabes, sino también los turcomanos han disputado durante mucho tiempo el derecho a los territorios de Kirkuk y Mosul. Según la profesora Ofra Bengio, investigadora principal del Centro Moshe Dayan de Estudios sobre Oriente Medio y África de la Universidad de Tel Aviv y directora del Programa de Estudios Kurdos del Centro Moshe Dayan, las tensiones étnicas y los cambios demográficos forman parte de la historia de Kirkuk desde hace mucho tiempo. Señala que: «durante mucho tiempo ha prevalecido una atmósfera de enemistad entre los kurdos y los turcomanos. Se debía, entre otras cosas, a que la Sublime Puerta, es decir, el sultán otomano, instaló a los turcomanos en la zona de Mosul y Kirkuk en el siglo XIX para sofocar las actividades rebeldes de los kurdos»[1] Mahir A Aziz, autor de ‘The Kurds of Iraq: Nationalism and Identity in Iraqi Kurdistan’, sostiene asimismo que la limpieza étnica de Kirkuk cobró impulso durante la infame campaña de Anfal contra los kurdos gracias a la política deliberada de Ali Hassan al-Majid, primo de Sadam [Hussein], conocido como «Ali el Químico» por su uso de armas químicas contra los kurdos. Según Aziz, «fue durante la época de Ali Hassan al-Majid cuando la limpieza étnica de Kirkuk se hizo más sistemática. Estas despiadadas estrategias de arabización y deportaciones continuaron durante los años 80-90.»[2] Como indica este reciente informe, gran parte de estas políticas de limpieza étnica, incitando al terror y al miedo en el corazón de la comunidad kurda continúan hasta la fecha. Sin embargo, ahora en la región reside una combinación de grupos árabes, turcomanos y kurdos, y es necesario encontrar una solución viable, eficaz y democrática antes de que se repita una nueva escalada de violencia, normalmente dirigida contra los kurdos.
Es evidente que las regiones en disputa llevan mucho tiempo sufriendo cambios demográficos por parte de grupos etnorreligiosos interesados y poderosos en detrimento de los derechos humanos, la libertad y la autonomía de los kurdos. El informe indica que el gobierno iraquí sigue utilizando políticas de limpieza étnica en dichos territorios mediante la destrucción y el daño explícitos de tierras de cultivo y ganado, viviendas, pueblos, desplazamientos forzosos, uso de la violencia y amenazas, así como represión cultural y discriminación económica y laboral. Todos estos factores siguen haciendo la vida insoportable e insostenible a muchos kurdos de la región.
De forma más concisa, este informe constata que ha habido 122 casos documentados de asesinato entre 2017-2022. Ha habido 51 casos documentados de destrucción y arrasamiento de granjas y tierras durante este periodo, junto con 25 casos de secuestro.. Se han denunciado al menos 3 casos de violación, pero The Kurdish Center for Studies cree que estas cifras serían mucho mayores. Sin embargo, debido a los tabúes culturales en torno al honor y la virginidad, prevemos que muchas víctimas se verían disuadidas de presentarse y denunciar los abusos. Al mismo tiempo, al menos dos periodistas han sido asesinados, mientras que muchos otros han sufrido acoso o amenazas. Ante el vacío de seguridad en la región, los kurdos siguen siendo profundamente vulnerables a los abusos y la violencia de las milicias, así como de ISIS.
Aunque Irak ha ratificado o es signatario de varias leyes y convenciones internacionales, el informe concluye que, en el caso del trato que reciben los kurdos en Kirkuk, muchas de estas convenciones se violan de forma habitual y rutinaria. Irak, por ejemplo, es signatario de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (CAT) o de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), convención internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (CERD). Sin embargo, el informe indica que todas estas convenciones son ignoradas o violadas en Kirkuk, y que el Estado ha incumplido sus obligaciones internacionales.
Además, desde los sucesos de 2016, las fuerzas de seguridad kurdas, como los Peshmerga, han sido expulsadas, dejando a los kurdos de la región sin seguridad y protección básicas. Un gran número de milicias operan en los territorios en disputa, entre ellas Asayib Ahl Alhaq, Saraya Vanayat al-Jorasani, Brigadas de Sayyid al-Shuhada, Movimiento Al-Nujaba de Hezbolá, Brigadas Saraya Al Salam de Hezbolá, Organización Badr – Ala Militar, y Hashd Al Turkmani. Las acciones de estas milicias, y de hecho la propia fuerza de su presencia, han bastado para crear un profundo temor y aumentar el número de desplazados internos en la región. Las antiguas fuerzas peshmerga siguen temiendo por sí mismas y por sus familias, y muchas se han reubicado debido al gran número y tamaño de las milicias mencionadas. Todo ello sin mencionar la presencia y la amenaza constantes de ISIS y sus células durmientes en la región.
A medida que aumenta la discriminación cultural, económica y racial contra los kurdos, la justicia y la rendición de cuentas por parte de los perpetradores siguen siendo inexistentes e ilusorias. Al mismo tiempo, las organizaciones de derechos humanos y las partes interesadas han manifestado escaso interés en obligar a los perpetradores y al gobierno iraquí a hacer frente a las repercusiones. La posibilidad de que se haga justicia a las personas discriminadas, maltratadas y violadas sigue siendo muy improbable. Estos factores siguen aumentando las divisiones étnico-religiosas y la violencia hacia los kurdos. Teniendo en cuenta que, según el informe, la mayoría de las armas utilizadas contra los kurdos y sus fuerzas de seguridad son suministradas por Estados Unidos, la posibilidad de que se haga justicia sigue siendo cada vez más ilusoria.
Además, una de las principales autoras del informe, Jaya Srivastava, sostiene que las anteriores políticas de exterminio del régimen iraquí hacia los kurdos fueron abiertas y transparentes, como el claro caso de la campaña Anfal. En tiempos más recientes, sin embargo, las políticas de limpieza étnica se están produciendo utilizando una serie de políticas ocultas y blandas para hacer la vida insoportable a los kurdos de la región. Otro investigador afirma que «el valor de las vidas kurdas ha tocado fondo en los últimos 2-3 meses y nadie lo sabe. Es hora de que la Corte Penal Internacional y el Tribunal Internacional de Justicia investiguen y procesen a los autores de esta limpieza étnica sistemática». Otros han afirmado que es inquietantemente «fácil matar a un kurdo en Kirkuk estos días». Las peticiones de intervención y vigilancia de las organizaciones internacionales de derechos humanos han caído hasta ahora en saco roto.
Junto a estos actos de terror y violencia, se han utilizado otras políticas de limpieza étnica, como la de cambiar los nombres kurdos de calles y ciudades del kurdo al árabe, y cientos de funcionarios kurdos han sido destituidos de sus cargos. Al mismo tiempo, los agricultores kurdos fueron expulsados a la fuerza de sus tierras y sus hogares fueron ocupados por árabes. Simultáneamente, un gran número de tierras agrícolas kurdas de miles de acres son objeto de «repetidos intentos de confiscación», y cientos de acres ya han sido redistribuidos a colonos árabes.
De hecho, una de las conclusiones más inquietantes del informe destaca que más de 25.000 familias árabes, reminiscencia de las políticas baasistas de la década de 1970, han sido reubicadas y asentadas en Kirkuk y se les ha concedido el derecho de voto. Tal fraude tiene consecuencias inquietantes para las próximas elecciones, además de «alterar drásticamente la demografía electoral». El resultado ha sido un aumento de la representación y las candidaturas árabes en el Parlamento iraquí, de las elecciones de 2018 a las de 2021, mientras que la representación kurda se ha reducido notablemente. Además, el informe presenta pruebas de directivas gubernamentales que indican casos claros de discriminación contra los kurdos, como confiscación de tierras, desplazamientos forzosos, registros domiciliarios ilegales y aleatorios, etc.
Aparte de estas políticas impuestas deliberadamente a los kurdos en Kirkuk y otros territorios en disputa, países vecinos como Turquía e Irán siguen introduciendo cambios y sus propias políticas en el país, lo que tiene efectos nefastos para los kurdos. En Turquía, mientras Erdogan se enfrenta a otras elecciones y el país celebra su centenario como Estado, las zonas en disputa cobrarán más importancia como moneda de cambio electoral, pero también como fuente de las crecientes políticas neonacionalistas, islamizadoras y expansionistas del régimen. Regiones como Mosul y Kirkuk se convertirán sin duda en los epicentros de estas políticas expansionistas en los próximos años. Turquía, en su invasión de las regiones kurdas de Rojava, en el norte de Siria, ha demostrado una propensión al gatillo fácil, no sólo para anexionarse tierras y desplazar a los ciudadanos kurdos, sino también para utilizar armas químicas contra ellos, tanto en el norte de Irak como en Siria.
Lo que está claro es que Kirkuk seguirá siendo una región profundamente disputada y los kurdos civiles seguirán sufriendo las consecuencias de los intereses geopolíticos de las facciones y potencias dominantes en la región. En vista del continuo fracaso de las organizaciones internacionales de derechos humanos a la hora de denunciar y proteger a los kurdos en el Gran Kurdistán, es poco probable que nadie, salvo los propios kurdos, acuda en ayuda de estos civiles kurdos que llevan tanto tiempo sufriendo. Desgraciadamente, el Gobierno Regional del Kurdistán (KRG) sigue sometido a los intereses nacionales y regionales de Turquía, al tiempo que continúa paralizado por las tensiones internas, la corrupción y la incompetencia.
