USCIRF – Recomendaciones respecto a Siria, País de Especial Preocupación (CPC)
USCIRF – INFORME ANUAL 2022 – Traducido por Rojava Azadi Madrid
A lo largo de 2021, la libertad religiosa en Siria seguía estando amenazada por numerosos ataques, a consecuencia de los diez años de conflictos violentos y de crisis humanitaria que han devastado el país.
Con su reelección en el mes de mayo, el presidente Bashar al-Assad consolidó aún más su régimen autoritario, que se autoproclama protector de las minorías religiosas frente a los militantes islamistas, a pesar de que las consecuencias de sus enfrentamientos con los grupos de la oposición ponen en peligro a las comunidades de las minorías religiosas en las zonas disputadas, incluidas sus propiedades y sus lugares de culto.
Si bien el régimen conservó las sinagogas y promovió el acercamiento a las comunidades judías sirias exiliadas en el extranjero, esto no pasó de ser un intento de mantener una postura paternalista hacia las minorías religiosas. Aunque aparentemente es laico, el régimen está dominado por la rama del islam de la minoría alauita, a la que pertenece el presidente; en 2021, este aceleró la nacionalización de la religión, disminuyendo cada vez más el poder de la mayoría musulmana suní en sus propias instituciones religiosas. En noviembre, Assad despidió al líder suní más anciano, el jeque Ahmed Hassoun, aboliendo su cargo de Gran Mufti -cuyos poderes ya había limitado desde 2018- y redistribuyendo la autoridad al Majlis al-Ilm al-Fiqhi, un consejo jurisprudencial controlado directamente por el régimen. El gobierno no cesó en el empeñó de despojar a las minorías religiosas de su autonomía; en febrero, formalizó la clasificación de los yazidíes como una secta dentro del islam, obligándolos de hecho a someterse a las normas legales y religiosas de una religión que no es la suya.
Al mismo tiempo, las fuerzas armadas de la oposición y los grupos islamistas militantes tomaron como objetivo a las minorías religiosas y étnicas vulnerables, en sus intentos de arrebatar el poder al régimen de Assad y a sus seguidores. La rama religiosa de Al Qaeda denominada Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) era la fuerza gobernante en la región noroccidental de Idlib. Esta fuerza ha tratado con brutalidad a las comunidades minoritarias, restringiendo el culto de los cristianos autóctonos de Idlib y obligándolos a huir, mediante la confiscación de sus propiedades e iglesias, ya vulnerables por los ataques del régimen de Assad. Además, los grupos de la oposición armada siria apoyados por Turquía -cuyos colectivos son conocidos por las siglas «OTS»-, como el Ejército Nacional Sirio (ENS) y las facciones del Ejército Sirio Libre (ELS) respaldadas por Turquía, aprovecharon la financiación y el apoyo militar de los turcos para fusionarse en el Frente de Liberación Sirio, lo que facilitó aún más sus campañas de acoso y destrucción contra las comunidades minoritarias.
Cerca de la localidad de Afrin, los OTS aterrorizaron a kurdos y yazidíes con bombardeos y ataques de limpieza étnica y religiosa -dirigidos principalmente contra mujeres y niñas- para secuestrarlas, traficar con ellas y someterlas a torturas. Aunque el Estado Islámico de Irak y Siria (ISIS) no recuperó el territorio perdido, sí que aumentó su presencia en las zonas defendidas por las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF), aliadas de Estados Unidos, como en Deir ez-Zor, en el este de Siria, donde el grupo militante islamista perpetró ataques casi a diario contra las bases y los puestos de control de las SDF.
Las zonas respetuosas de la libertad religiosa, donde podía realizarse una verdadera cooperación entre comunidades, se limitaban a algunas áreas del norte y el este de Siria controladas por la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria (AANES), y defendidas por su rama militar, las Fuerzas Democráticas Sirias y el Consejo Democrático Sirio (CDS). Como en años anteriores, la AANES siguió apoyando abiertamente el pluralismo y la colaboración entre grupos étnicos y religiosos. Este ambiente positivo hace de la AANES uno de los actores principales dentro de un Estado sirio que fomenta activa e intencionadamente la libertad y la diversidad religiosas.
RECOMENDACIONES AL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS
• Designar a Siria como Country of particular concern 1País de Particular Preocupación (CPC), por tolerar violaciones sistemáticas, continuas y atroces de la libertad religiosa, según la definición de la Ley de Libertad Religiosa Internacional (IRFA), y volver a designar al HTS como Entity of particular concern 2Entidad de Particular Preocupación (EPC), por participar en violaciones sistemáticas, continuas y atroces de la libertad religiosa, según la definición de la IRFA;
• Imponer sanciones selectivas a otros organismos y funcionarios del gobierno sirio, a los dirigentes del HTS y de los OTS responsables de graves violaciones de la libertad religiosa, congelando los activos de las personas y/o prohibiéndoles entrar a Estados Unidos, como previsto por las restricciones de visado relacionadas con los derechos humanos, por violaciones específicas de la libertad religiosa;
• Presionar a Turquía para que se retire de todos los territorios ocupados en las fronteras nororientales de Siria; mientras tanto, que garantice el cumplimiento de las obligaciones de Turquía, en virtud del acuerdo de alto el fuego de 2019; y que exija a Turquía que las facciones armadas que están bajo su control o influencia cesen todas las actividades en contra de las minorías religiosas y étnicas en Siria;
• Reconocer a la AANES como un gobierno local legítimo; conceder a las zonas bajo su control una exención de las sanciones internacionales; exigir su inclusión en cualquier solución final relativa a Siria y respaldada por Estados Unidos, de conformidad con la Resolución 2254 de las Naciones Unidas (ONU), incluidas las conversaciones desarrolladas en Ginebra para resolver el conflicto sirio «como base para una transición política liderada y controlada por los sirios»;
• Contribuir a los esfuerzos de la AANES para financiar y desarrollar programas locales en los territorios que controla, con el objetivo de promover el pluralismo religioso y de progresar hacia una libertad religiosa completa, con todos los derechos relacionados.
Antecedentes
El artículo 3 de la Constitución siria establece que el islam es la religión del Presidente y que la jurisprudencia islámica es la fuente principal de legislación. El mismo artículo exige que el Estado garantice la libertad de los ritos religiosos, siempre que no perturben el «orden público». Algunas leyes restringen claramente la libertad religiosa, como la que prohíbe a los Testigos de Jehová, la prohibición a los musulmanes de convertirse a otras religiones, y otras que pretender ser disuasorias en cuanto al extremismo religioso y al proselitismo.
A pesar de ser un país con una historia de diversidad religiosa y étnica muy rica, la inestabilidad debida a una década de conflicto ha afectado considerablemente a la demografía de Siria, provocando grandes desplazamientos de sirios dentro y fuera del país, pertenecientes tanto a la mayoría musulmana suní, como a las otras minorías religiosas. Aproximadamente el 87% de la población actual estimada de Siria (20 millones de personas) pertenece a alguna rama del Islam; los musulmanes suníes representan el 74%, mientras que los musulmanes alauíes, chiíes e ismaelitas suman al menos el 13%. Los cristianos, entre los cuales se incluyen los siríacos-asirios, los maronitas, los armenios y otros, representan oficialmente el 10%, aunque según otras estimaciones, la emigración ha reducido drásticamente esta cifra. Los drusos representan el 3% y los judíos son casi inexistentes. Las estimaciones sobre el número de yazidíes siguen siendo confusas, debido a que el gobierno sirio los clasifica como musulmanes.
Los musulmanes alauitas llegaron al poder en la década de 1970, con el difunto Hafez al-Assad, cuyo hijo, el presidente Bashar al-Assad, ha reforzado el dominio de su grupo religioso desde que asumió la presidencia en el año 2000. La guerra civil -que comenzó en 2011 después de que un levantamiento popular pacífico desencadenara una brutal represión- ha amplificado las fracturas preexistentes entre los grupos religiosos, dando un sesgo sectario al conflicto.
En 2021, el régimen de Assad, respaldado por sus relaciones con actores externos como Rusia e Irán, había recuperado el control de aproximadamente el 70% de Siria, mientras que los territorios restantes seguían siendo disputados por varias fuerzas de la oposición. El régimen ha contribuido activamente a las tensiones interreligiosas, contratando a varios suníes extremistas, responsables de amenazar a las minorías religiosas y de contrarrestar la modernización del Estado.
La libertad de religión en las zonas controladas por la AANES y en aquellas bajo control turco
Entre el personal del Consejo Ejecutivo y de la Oficina de Religiones y Creencias de la AANES trabajaban conjuntamente kurdos, árabes, circasianos y turcomanos; yazidíes, siríaco-asirios y otros cristianos y musulmanes suníes. Tras varios años de esfuerzos para reflejar cada vez más esa diversidad, las SDF son ahora mayoritariamente árabes y la AANES ofrece un entorno ampliamente pluralista, respetuoso de las minorías religiosas, en marcado contraste con la violenta intolerancia de las OTS cercanas, en las zonas ocupadas por los turcos.
Turquía siguió amenazando a la AANES y a la libertad religiosa en el noreste de Siria. La ocupación directa de Turquía y los ataques militares en el norte de Siria, así como las operaciones de las OTS, a cargo de facciones como Faylaq Faylaq al-Sham, asolaron zonas vulnerables ocupadas por yazidíes, cristianos y turcomanos. Las ofensivas aéreas y los continuos bombardeos de los turcos sobre las zonas controladas por la AANES/SDF en el noreste de Siria y contra la infraestructura civil de la ciudad de Tel Tamer obligaron a muchos residentes a huir de sus casas.
Por parte del gobierno turco se insistió en indicar falsamente que la AANES era lo mismo que el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), organización que Estados Unidos considera terrorista; de manera similar, Turquía acusó de terrorismo a otros actores kurdos y árabes sirios, como las Unidades de Protección Popular (YPG), una división de las Fuerzas Democráticas Sirias. En junio, un tribunal turco condenó a tres cristianos ortodoxos sirios a cadena perpetua por «pertenencia a una organización terrorista», en base a su presunta vinculación con las YPG durante la lucha contra la ocupación turca de su pueblo, en el norte de Siria. Estos hombres estaban entre los casi doscientos ciudadanos sirios que las fuerzas del OTS habían capturado en 2019 tras la invasión de Ras al-Ain 3Serekaniye, en lengua kurda., y que habían sido trasladados a Turquía.
Política clave de Estados Unidos
En mayo de 2021, el secretario de Estado norteamericano Antony J. Blinken y los ministros de Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido emitieron una declaración conjunta, advirtiendo que las próximas elecciones presidenciales en Siria no serían «ni libres ni justas» y denunciando al régimen de Assad por celebrar unas elecciones al margen de la hoja de ruta del Consejo de Seguridad de la ONU nº 2254, para el proceso de paz en Siria. En junio, el secretario Blinken anunció la asignación de 436 millones de dólares en ayuda humanitaria, que se sumarían a los más de 13.500 millones de dólares que Estados Unidos ya ha proporcionado a los sirios durante el conflicto.
Aunque Estados Unidos había retirado en 2019 la mayoría de sus fuerzas del noreste de Siria, ha mantenido en el país una pequeña presencia militar, que muchas comunidades de minorías étnicas y religiosas consideran crucial para la salvaguarda de la estabilidad. El 25 de febrero, Estados Unidos llevó a cabo diferentes ataques aéreos en la frontera entre Siria e Irak, en respuesta a un lanzamiento de cohetes por parte de las milicias apoyadas por Irán, contra el personal de la coalición estadounidense en el aeropuerto de Erbil, Irak.
En virtud de la Ley Caesar de Protección de Civiles de 2019, la administración emitió diversas sanciones selectivas contra funcionarios sirios y líderes de las OTS, por las atrocidades cometidas contra los civiles. En julio, los Departamentos de Estado y del Tesoro sancionaron a la OTS Ahrar al-Sharqiya. A continuación, el Departamento del Tesoro también sancionó al dirigente de Ahrar al-Sharqiya, Ahmad Ihsan Fayyad al-Hayes (conocido como Abu Hatem Shaqra), por traficar con mujeres y niños yazidíes y por dar cobijo a antiguos miembros del ISIS entre las filas de la OTS. Finalmente, el Departamento del Tesoro dictó unas sanciones adicionales contra el terrorista afincado en Siria Farrukh Fayzimatov por su «apoyo material» a HTS, que el Departamento de Estado había señalado como EPC en noviembre.
- 1País de Particular Preocupación
- 2Entidad de Particular Preocupación
- 3Serekaniye, en lengua kurda.
