Un informe de la ONU documenta matanzas masivas y desplazamientos en Suwayda, Siria
NPA – Atoun Jan – 27 marzo 2026 – Traducido y editado por Rojava Azadi Madrid
QAMISHLO, Siria (North Press Agency) – La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Siria ha publicado un informe detallado que documenta la violencia que se desató en Suwayda en julio, causando más de 1.700 muertos y obligando a unos 200.000 civiles a huir de sus hogares.
El informe, publicado hoy, se basa en 409 testimonios de primera mano de supervivientes y testigos, junto con visitas sobre el terreno a las zonas más afectadas. En él se constata una destrucción generalizada, especialmente en las aldeas drusas, donde se incendiaron decenas de miles de hogares, tiendas y lugares de culto.
La Comisión declara que la magnitud y la brutalidad de las violaciones fueron «profundamente angustiosas», y pide que se amplien las medidas de rendición de cuentas para garantizar justicia a las víctimas y restablecer la confianza entre las comunidades afectadas.
Según el informe, la violencia se desarrolló en tres oleadas principales, cada una de ellas marcada por graves violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.
En la primera oleada (del 14 al 16 de julio), las fuerzas gubernamentales, acompañadas de combatientes tribales, presuntamente llevaron a cabo asesinatos, torturas, detenciones arbitrarias y saqueos contra civiles drusos. Los hombres fueron separados de las mujeres y los niños y ejecutados, mientras que otros fueron asesinados en sus hogares o en las calles.
La segunda oleada se produjo tras la retirada de las fuerzas gubernamentales, tras los ataques aéreos israelíes sobre Suwayda y Damasco el 17 de julio. Durante esta fase, grupos armados drusos presuntamente atacaron a civiles beduinos, cometiendo asesinatos, desplazamientos forzados y actos de destrucción, lo que provocó el desplazamiento masivo de la comunidad beduina.
La tercera oleada (del 17 al 19 de julio) consistió en ataques de represalia llevados a cabo por combatientes tribales contra civiles drusos, que incendiaron y saquearon viviendas y lugares de culto en decenas de aldeas, y mataron o secuestraron a civiles. Según los informes, algunos miembros del personal gubernamental se unieron a estos ataques tras quitarse el uniforme.
El informe también señala que las acciones militares israelíes durante ese periodo contribuyeron a la inestabilidad y al aumento de las tensiones, mientras que la retórica sectaria intensificó las divisiones y la incitación a la violencia entre comunidades.
La Comisión ha documentado patrones de ataques selectivos basados en la identidad religiosa, el origen étnico, la edad y el género. También ha informado de que los hospitales se vieron desbordados y se acumularon cadáveres durante la escalada.
El informe indica que al menos 1.707 personas perdieron la vida, entre ellas drusos, beduinos y miembros de las fuerzas gubernamentales. Asimismo, documenta casos de secuestros y personas desaparecidas, con alrededor de 150 personas aún sin localizar.
Además, la Comisión informa de desplazamientos generalizados, señalando que alrededor de 155.000 civiles —en su mayoría procedentes de aldeas drusas incendiadas— siguen sin poder regresar, mientras que casi toda la población beduina continúa viviendo en refugios temporales e inadecuados.
También destaca casos de violencia sexual contra mujeres y niñas, incluidas violaciones, al tiempo que señala que se están llevando a cabo investigaciones para determinar el alcance total de tales violaciones.
La Comisión ha hecho hincapié en la responsabilidad de todas las partes de proteger a la población civil y garantizar la rendición de cuentas, incluso mediante investigaciones a nivel nacional y apoyo internacional cuando sea necesario.
Además, ha pedido que se redoblen los esfuerzos para combatir el discurso de odio y la desinformación, que, según señala, alimentan las divisiones y obstaculizan los esfuerzos de reconciliación.
El informe concluye instando a una rendición de cuentas exhaustiva, a la adopción de medidas para evitar que se repitan los hechos y a la renovación de los esfuerzos para restablecer la confianza y la estabilidad, al tiempo que se pide a los actores externos que eviten acciones que puedan desestabilizar aún más la situación.
