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«Turquía viola el Derecho Internacional Humanitario en el Kurdistán iraquí»

El 4 de septiembre de 2024, un ataque turco con drones tuvo como objetivo este vehículo cerca de Jalkán, en Sulaimanyah, y causó la muerte de un padre y sus dos hijos.

Peregraf – Renwar Najm – 13 septiembre 2024 – Traducido y editado por Rojava Azadi Madrid

Las acciones militares de Turquía en la región iraquí de Kurdistán, que han causado la muerte de nueve civiles kurdos en dos semanas, constituyen violaciones del Derecho Internacional Humanitario, según un reputado experto en derecho internacional.

Al atacar a civiles y no combatientes en zonas alejadas de la primera línea de su conflicto con el PKK, incluidos los recientes ataques con drones cerca de Sulaymaniyah, Turquía está infringiendo las normas del Derecho Internacional Humanitario que protegen la vida de los civiles durante los conflictos armados, declaró el experto a Peregraf, destacando las graves implicaciones jurídicas y humanitarias de estas acciones.

Entre el 23 de agosto y el 5 de septiembre, nueve civiles kurdos han muerto a causa de acciones militares turcas en la región iraquí de Kurdistán, ocho de ellos en ataques con drones en tres incidentes y uno por bombardeo.

Mientras que los enfrentamientos en primera línea entre el ejército turco y los combatientes del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) se concentran principalmente en las zonas fronterizas de la provincia de Duhok, los recientes ataques con drones han desplazado la atención a los alrededores de Sulaymaniyah, región civil situada a cientos de kilómetros de la frontera turca.

«Atacar a civiles e infraestructuras civiles es una violación del Derecho Internacional Humanitario», ha dicho a Peregraf el profesor Gabor Rona de Práctica del Derecho en la Facultad de Derecho Cardozo, «como lo es el daño involuntario a civiles e infraestructuras civiles resultante incluso de ataques contra objetivos militares legítimos, si ese daño es desproporcionado en relación con la ventaja militar obtenida por tales ataques.»

Este conflicto es una larga y compleja lucha entre Turquía y el PKK, un grupo militante kurdo que busca mayor autonomía y derechos para los kurdos de Turquía. El conflicto comenzó en 1984 y desde entonces se ha cobrado decenas de miles de vidas, entre guerrillas, operaciones militares y un ciclo de ataques de represalia. Turquía considera al PKK una organización terrorista y ha llevado a cabo amplias campañas militares contra él, incluidos ataques aéreos y operaciones terrestres en el sureste de Turquía e incursiones transfronterizas en la región iraquí de Kurdistán, donde se asienta la mayoría de los combatientes del PKK.

A pesar de la expansión de las operaciones militares de Turquía más allá de sus fronteras, el conflicto entre Turquía y el PKK está clasificado en el derecho internacional como un conflicto armado no internacional (CAIN), no como un conflicto armado internacional (CAI). Esta distinción se basa en la naturaleza de las partes implicadas, más que en el alcance geográfico del conflicto. Un conflicto entre un Estado y un grupo armado no estatal, aunque traspase las fronteras internacionales, sigue siendo un CAI porque una de las partes es un actor no estatal.

El profesor Rona, que anteriormente ocupó el cargo de Director Jurídico Internacional de Human Rights First, organización internacional de derechos humanos con sede en Nueva York, afirma que el conflicto entre Turquía y el PKK se rige por el Artículo Común 3 de los Convenios de Ginebra y el Derecho Internacional Humanitario (DIH) consuetudinario, también conocido como Derecho de los Conflictos Armados (LOAC).

Turquía es parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), «las violaciones del Derecho Internacional Humanitario por parte de Turquía en sus actividades militares contra el PKK también pueden constituir violaciones de las obligaciones de Turquía en materia de derechos humanos en virtud de estos tratados», afirma el experto en Derecho, que añade «las denuncias relacionadas con las obligaciones del tratado del PIDCP pueden presentarse ante el Comité de Derechos Humanos. Las quejas relacionadas con las obligaciones del CEDH pueden presentarse ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)».

Además, según el profesor Rona, estas denuncias pueden presentarse ante el Relator Especial de la ONU sobre los Derechos Humanos y la Lucha contra el Terrorismo, Ben Saul, así como ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Peregraf se puso en contacto con Ben Saul para que comentara este asunto. Aunque en un principio se mostró dispuesto a debatir la cuestión, en el momento de la publicación de este artículo no había respondido.

La otra parte en el conflicto también se ha comprometido a respetar las convenciones internacionales. El 24 de enero de 1995, el PKK emitió una declaración ante las Naciones Unidas en la que se comprometía a respetar los Convenios de Ginebra y a tratar a los militares turcos capturados como prisioneros de guerra. En 2011, el PKK reforzó estos compromisos publicando sus Normas para la conducción de las hostilidades, que incluían principios como distinguir entre civiles y combatientes, evitar objetivos civiles y garantizar un trato humano a los no combatientes. El PKK también hizo hincapié en la protección de los niños y el trato humano de los heridos, independientemente de su afiliación. No obstante, los organismos internacionales de vigilancia de los derechos humanos han denunciado que el PKK ha violado las Convenciones de Ginebra de las que es signatario.

Community Peacemaker Teams (CPT), una organización de derechos humanos y observadora de conflictos con sede en Estados Unidos, ha documentado 702 víctimas civiles (344 muertos y 358 heridos) como resultado de operaciones militares turcas en el Kurdistán iraquí entre el 1 de enero de 1991 y el 30 de junio de 2024. Las víctimas civiles disminuyeron a mediados de la década de 2000 tras las elevadas cifras de la década de 1990, pero han aumentado significativamente desde 2018. Entre 2018 y 2024, las acciones militares de Turquía, especialmente las operaciones «Garra», representaron el 39% de todas las víctimas civiles registradas desde 1991. El ejército turco afirma que sus operaciones tienen como objetivo varios grupos armados kurdos, entre ellos el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) y sus afiliados, como el Partido de la Vida Libre en Kurdistán (PJAK), las Unidades de Resistencia de Sinjar (YBS) y la Fuerza de Protección Yezidi (HPE).

En la mayoría de los casos, Turquía ha reivindicado la autoría de los ataques o no ha negado las acusaciones que la implican, afirmando que sus objetivos eran combatientes del PKK o antiguos miembros no combatientes del PKK. Si bien Turquía ha logrado abatir a varios combatientes y dirigentes del PKK mediante ataques con aviones no tripulados, sigue siendo indiscutible que ha atacado a civiles más allá de sus fronteras. En particular, Turquía no ha pedido disculpas por estos incidentes, ni siquiera cuando entre las víctimas ha habido niños.

El profesor Rona subraya que atacar a no combatientes constituye siempre una violación del Derecho Internacional Humanitario, independientemente del lugar en que se produzcan los hechos. Sin embargo, cuando Turquía lleva a cabo hostilidades en Irak sin el consentimiento de este país, no viola necesariamente el Derecho Internacional Humanitario, ya que esta cuestión queda fuera de su ámbito de aplicación. No obstante, tales acciones podrían violar la soberanía de Irak y, por tanto, el derecho internacional. «Podría ser» porque, desde la era posterior al 11-S, algunos Estados, como Estados Unidos, han argumentado que pueden llevar a cabo hostilidades en otros Estados sin consentimiento si el Estado «no quiere o no puede» controlar en su territorio a los actores no estatales que les han atacado. Sin embargo, muchos Estados no están de acuerdo con esta teoría».

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