Turquía: un plan para dividir y minar la profesión jurídica
El proyecto de ley merma la autoridad de los colegios de abogados y conduce a la creación de grupos rivales
Fuente: Human Rights Watch
Autor: Human Rights Watch
Fecha: 08/07/2020
Traductor: Rojava Azadi
(Estambul) – El plan del gobierno turco de permitir la existencia de múltiples colegios de abogados parece pensado para dividir a la profesión jurídica siguiendo criterios políticos y disminuir el papel de vigilancia de los derechos humanos que cumplen los más importantes colegios de abogados, dijeron hoy Human Rights Watch y la Comisión Internacional de Juristas. Los actuales colegios de abogados no han sido consultados y 78 de los 80 colegios existentes han firmado una declaración oponiéndose al plan.
Human Rights Watch y la Comisión Internacional de Juristas han publicado un documento de preguntas y respuestas en el que se explica el proyecto de ley, cuya votación está programada para los próximos días en el Parlamento. El documento perfila el esfuerzo encabezado por el gobierno para reducir la influencia de los principales colegios de abogados y refleja el creciente descontento del ejecutivo ante las denuncias públicas que hacen los colegios por la crisis de derechos humanos y el deterioro del estado de derecho en Turquía.
«Los destacados colegios de abogados turcos desempeñan un papel clave con respecto a la defensa del derecho a un juicio justo y al respeto de los derechos humanos en un momento en el que la violación flagrante de los derechos es la norma en Turquía», dijo Hugh Williamson, director para Europa y Asia Central de Human Rights Watch. «La medida del gobierno de crear múltiples colegios de abogados y recortar drásticamente la representación de los principales colegios a nivel nacional supone una clara estrategia de dividir y vencer para disminuir la autoridad y el papel de vigilancia de los colegios de abogados».
Las enmiendas propuestas prevén que en las provincias con más de cinco mil abogados, grupos de al menos dos mil abogados puedan crear colegios de abogados alternativos. En grandes ciudades como Estambul, Ankara e Izmir, podrían establecerse varios colegios de abogados. Las enmiendas también reducirían en gran medida la representación de los colegios de abogados más importantes a nivel nacional en la Unión de Colegios de Abogados de Turquía, órgano rector con sede en Ankara, que controla y distribuye importantes recursos económicos entre los colegios de abogados provinciales.
El hecho de que la gran mayoría de los representantes profesionales jurídicos electos se opongan a la medida y de que el probable impacto consista en disminuir en gran medida la autoridad de los principales colegios de abogados provinciales, críticos con ciertas iniciativas del gobierno, demuestra que el objetivo del cambio propuesto es proteger al gobierno de críticas justificadas, afirmaron Human Rights Watch y la Comisión Internacional de Juristas.
Si se redujera drásticamente el número de delegados de los más importantes colegios de abogados, que representan a miles de abogados, en la Unión Nacional de Colegios de Abogados de Turquía, se vería mermada su influencia en la elección del presidente del colegio nacional además de su participación en otras funciones de toma de decisiones.
Un colegio de abogados provincial con menos de 100 abogados, como el de Ardahan al noreste de Turquía, por ejemplo, estaría representado por cuatro delegados comparado con los tres con los que cuenta en la actualidad. Sin embargo, un colegio de abogados como el de Izmir, al oeste de Turquía, con más de nueve mil quinientos miembros y treinta y cinco delegados, tendría derecho a solo cinco delegados. Los colegios de abogados de Estambul, Ankara e Izmir, que representan al 55 por ciento de los abogados de Turquía, tendrían derecho a solo el 7 % de los delegados del colegio nacional.
El ambiente de conflicto en el que se ha introducido el proyecto de ley, su oportunidad y no haber consultado a los propios colegios de abogados proporciona razones convincentes para la preocupación y el escepticismo en torno a los objetivos del gobierno, aseguran diversos grupos. A lo largo del año pasado, el presidente y el gobierno de Turquía han hecho declaraciones públicas criticando enérgicamente a los principales colegios de abogados como reacción a la manifestación legítima de las preocupaciones de los colegios de abogados frente a la crisis del estado de derecho en Turquía y las injerencias del ejecutivo en el sistema judicial. El gobierno ha reaccionado enérgicamente contra las denuncias de los colegios de abogados ante el incumplimiento de las obligaciones del ejecutivo en materia de derechos humanos mediante la publicación de informes sobre torturas, desapariciones forzadas y otros atentados contra los derechos desestimados por las autoridades.
Por este motivo, las enmiendas propuestas por el gobierno están claramente planificadas para lograr un objetivo que nada tiene que ver con el afán de avanzar o fortalecer las normas en la profesión jurídica, dijeron Human Rights Watch y la Comisión Internacional de Juristas. La medida del gobierno pretende dividir políticamente y contribuirá a socavar la apariencia de independencia e imparcialidad del sistema judicial.
«El gobierno debería retirar de inmediato la actual propuesta de enmienda y abrir un proceso de consulta a los colegios de abogados», dijo Roisin Pillay, director del Programa para Europa y Asia Central de la Comisión Internacional de Juristas. «El plan del gobierno en su forma actual no hará más que aumentar la desconfianza en el sistema judicial turco por su falta de independencia y dividirá a la profesión jurídica según criterios políticos. Esto podría tener consecuencias desastrosas a largo plazo para la defensa del rol y la función de los abogados y el derecho a un juicio justo».
