Tribunales como armas: la creciente represión legal de Erdoğan contra las mujeres periodistas

Women in Journalism– 11 septiembre 2024 – Traducido y editado por Rojava Azadi Madrid

El gobierno turco continúa la conversión en un arma del sistema judicial para acosar y atacar a las mujeres periodistas críticas con su gobierno. El acoso legal se ha convertido en una herramienta aprovechada bajo la administración de Erdoğan, y la documentación obtenida por Women Press Freedom muestra que representa el 29% de todas las violaciones de derechos contra mujeres periodistas desde 2019.

Las periodistas se ven a menudo enredadas en batallas legales que duran años, sometidas a prolongadas detenciones preventivas y restringidas por prohibiciones de viajar una vez que se convierten en objeto de acoso judicial. Nuestros datos sobre juicios e investigaciones contra mujeres periodistas ponen de relieve las estrategias deliberadas utilizadas para reprimir a la prensa en el país.

Las leyes antiterroristas son los instrumentos más utilizados contra las mujeres periodistas, y más de la mitad de los casos de acoso judicial se refieren a cargos relacionados con el terrorismo. Los cargos penales por «insultar a la nación» o al presidente también son utilizados habitualmente por los fiscales para intimidar a las mujeres de los medios de comunicación. Además de las acusaciones penales, los personajes públicos y las personas investigadas por los periodistas presentan regularmente demandas por difamación, en particular SLAPPs (Demandas Estratégicas contra la Participación Pública).

De nuestro análisis se desprende que el gobierno turco está ansioso por etiquetar de extremista y criminal a cualquier periodismo al que se oponga. Los periodistas que se enfrentan a acusaciones se ven a menudo obligados a soportar múltiples vistas que se prolongan durante años, con casos reabiertos incluso después de la absolución. Este agotador proceso no sólo frustra a los periodistas, sino que también socava la credibilidad del poder judicial turco.

Los fiscales de Turquía parecen muy politizados, abriendo rápidamente causas penales contra periodistas que investigan casos de corrupción y abusos, pero mostrando poco interés en investigar los resultados de esas investigaciones. Los cambios constitucionales de 2017 afianzaron aún más el control del poder ejecutivo sobre el judicial, tras la destitución de una cuarta parte de jueces y fiscales después del fallido intento de golpe de Estado. Desde entonces, las autoridades turcas han adoptado prácticas cada vez más autoritarias, silenciando activamente a quienes critican las políticas estatales. Este patrón revela que la prioridad del gobierno no es la justicia, sino la intimidación y la represión de quienes denuncian irregularidades.

De todas las periodistas acosadas y detenidas por la justicia turca, las de la prensa kurda son las que reciben un trato más duro. Las periodistas que informan sobre cuestiones kurdas son detenidas con regularidad y acusadas de delitos de terrorismo de alto nivel. El periodismo no es terrorismo, y este intento deliberado de las autoridades turcas de reprimir a la prensa kurda es una clara violación de la libertad de prensa. Debe terminar.

Tácticas legales contra las mujeres periodistas

Equiparación de periodismo con terrorismo

Desde 2016, Turkiye ha estado gobernada por un Estado de Emergencia de facto, incluso después de su abolición oficial en 2018. El gobierno ha hecho permanente este régimen a través de una serie de normas, utilizándolo para intensificar su represión contra los periodistas. Un elemento central de esta estrategia es la Ley Antiterrorista nº 3713, cuya definición es amplia y vaga, lo que permite al gobierno etiquetar a los periodistas como «delincuentes terroristas» por sus informaciones críticas.

Esto ha dado lugar a un creciente número de investigaciones y procesamientos contra periodistas. Los datos de Women Press Freedom sobre violaciones contra mujeres periodistas en el país muestran que el 54% de todos los casos judiciales implican acusaciones de terrorismo.

Los cargos más frecuentes son «pertenencia a organizaciones terroristas» y «difusión de propaganda terrorista«. Ambos se castigan con años entre rejas. Se ha juzgado y condenado a periodistas por compartir noticias en las redes sociales -especialmente relacionadas con cuestiones kurdas o críticas al ejército turco- y por publicar investigaciones sobre irregularidades cometidas por funcionarios del Estado. La prensa kurda es, con diferencia, el grupo más perseguido, pero los medios de comunicación y los periodistas de izquierda también sufren una persecución desproporcionada.

Turquía – Casos de mujeres periodistas acusadas de terrorismo

Ayşe Kara: Juicios repetidos - La absolución de Ayşe Kara en 2021 por cargos de terrorismo fue anulada por el Tribunal Regional de Justicia de Diyarbakır en 2024, lo que dio lugar a un nuevo juicio. Detenida inicialmente en 2020 por presuntos vínculos con el prokurdo Congreso de la Sociedad Democrática (DTK) y la Asociación de Periodistas Libres (ÖGC), Kara fue absuelta de los cargos por falta de pruebas. Sin embargo, el tribunal de apelación citó una «investigación incompleta» como motivo para anular la sentencia. Women Press Freedom considera que este nuevo juicio es un abuso del sistema judicial, que perpetúa el acoso contra Kara y socava la libertad de prensa en Turquía.

Kibriye Evren: Repetidos cargos - La periodista Kibriye Evren fue detenida el 9 de febrero de 2024, tras una redada de la policía antiterrorista en su domicilio de Kocaeli. Fue acusada de «pertenencia a una organización terrorista» y de «facilitar financiación a una organización terrorista» por enviar dinero a un amigo preso. Evren, que ya había sufrido acoso judicial por su trabajo en JinNews, fue puesta en libertad bajo control judicial. A pesar de defender que sus acciones formaban parte de sus obligaciones periodísticas, sigue bajo escrutinio. Women Press Freedom condena su detención y pide que se retiren los cargos.

Nazlı Ilıcak: Condena anulada dos veces, condenada de nuevo - La periodista turca Nazlı Ilıcak, de 79 años, fue condenada a cinco años y tres meses de prisión acusada de ayudar a una organización armada sin formar parte de su estructura jerárquica en febrero de 2024. Esta sentencia se debe a sus presuntos vínculos con el movimiento Gülen, al que el gobierno turco considera responsable del intento de golpe de estado de 2016. Los problemas judiciales de Ilıcak comenzaron poco después del golpe, cuando fue detenida en julio de 2016 junto con otros periodistas. Condenada inicialmente a cadena perpetua agravada, el Tribunal Supremo de Turquía anuló su condena en dos ocasiones, pero volvió a ser juzgada y condenada de nuevo. A pesar de pasar más de tres años en prisión preventiva y ser puesta en libertad brevemente en 2019, Ilıcak se enfrentó a un acoso legal continuo. Women Press Freedom denuncia la continua persecución de Ilıcak y exige su liberación.

Derya Ren: Encarcelada, se le deniega la libertad tras cumplir condena - Derya Ren, periodista de la agencia de noticias kurda JinNews, salió de la prisión cerrada de mujeres de Diyarbakır el 6 de agosto de 2024, tras cumplir condena por presunta ayuda a una organización terrorista. Detenida en 2022 durante redadas domiciliarias en Diyarbakır, fue condenada a 3 años, 13 meses y 15 días por el 6º Tribunal Penal Superior de Şanlıurfa. Aunque su condena terminaba en mayo de 2024, su puesta en libertad se retrasó tres meses, ya que las autoridades penitenciarias alegaron que «no estaba preparada para reintegrarse en la sociedad.» Ren describió graves restricciones en prisión, como la comunicación limitada con el mundo exterior y la confiscación de sus escritos. A pesar de estas dificultades, salió de la cárcel más comprometida con el periodismo kurdo y el movimiento de liberación de la mujer, y prometió seguir informando sobre las violaciones de derechos humanos.

Öznur Değer: Acusada en repetidas ocasiones, se enfrenta a múltiples juicios - Öznur Değer, reportera de JinNews, se ha enfrentado a múltiples desafíos legales debido a su trabajo. Fue detenida en octubre de 2022 por presunta «pertenencia a una organización terrorista» durante redadas domiciliarias en nueve provincias. Puesta en libertad en mayo de 2023, tras siete meses de detención, sigue siendo investigada por «incitación al odio» por sus publicaciones en las redes sociales sobre un ataque racista en Konya y por «propaganda terrorista» por fotos compartidas de actos políticos. Değer también fue detenida mientras cubría una protesta en 2021, enfrentándose a cargos de «violación de la Ley de Reuniones y Manifestaciones». Su juicio está en curso, y sigue enfrentándose a amenazas legales a pesar de estar en libertad bajo control judicial.

Acusaciones de «insulto»

Los datos de Women Press Freedom revelan que las acusaciones de «insulto» se utilizan con frecuencia para perseguir a las periodistas críticas, y representan el 16% de todos los casos de acoso legal documentados en Turquía. Estas acusaciones suelen dar lugar a multas o a la suspensión de condenas, aprovechando leyes amplias y vagas para suprimir las voces disidentes y promover la autocensura.

Las periodistas pueden verse enredadas en estos casos durante años, soportando numerosas vistas. El caso de Nurcan Baysal ilustra esta lucha. Tras casi ocho años de batallas legales, Baysal fue absuelta el 25 de enero de 2024. Inicialmente acusada de «insultar públicamente a la nación turca» por su reportaje de 2016 sobre pintadas sexistas en Cizre, su condena fue anulada tras su exitoso recurso ante el Tribunal Constitucional. Su calvario muestra el prolongado y difícil camino de las acusadas de «insulto».

El artículo 301 del Código Penal turco se refiere a los insultos contra la «turquidad», la República Turca y sus instituciones. Establece penas de prisión de seis meses a dos años para quien degrade públicamente a la nación turca, el Estado, la Gran Asamblea Nacional, el Gobierno o el poder judicial.

Desde su promulgación en 2005, el artículo 301 ha estado dirigido contra periodistas, intelectuales y académic@s crític@s con cuestiones delicadas, como los derechos de las personas kurdas. A pesar de que en 2008 se introdujo una enmienda que exige la aprobación del Ministro de Justicia para iniciar acciones judiciales -lo que ha dado lugar a una disminución de los casos-, las acusaciones de injurias siguen dirigiéndose contra mujeres periodistas, y existe la posibilidad de que aumenten los procesamientos si los futuros ministros modifican su postura.

Pinar Gayip - El 28 de marzo de 2024, el 2º Tribunal Penal de Estambul condenó a la periodista Pınar Gayıp y al periodista Mehmet Acettin por "degradar públicamente a la nación turca" por su reportaje sobre Sezgin Keleş, abogado condenado anteriormente por acoso sexual. Gayıp recibió una condena condicional de seis meses, mientras que Acettin fue condenado a siete meses de prisión. La condena se derivó de las alegaciones de Keleş de que Gayıp y su medio de comunicación, ETHA, estaban haciendo propaganda e insultando al Estado a través de su cobertura de su caso. Keleş, que había amenazado a Gayıp por sus reportajes, la acusó de "terrorista" y la demandó a ella y a ETHA después de que informaran sobre el caso de acoso a una estudiante en prácticas en su bufete de abogados.

«Pronunciar la palabra ‘presidente’ se considera un delito. No me sorprende esta condena. Acabo en los tribunales al menos una vez al mes y es continuo.» — Perihan Kaya, periodista condenada por «insultar al Presidente» en 2021

Además, los artículos 125 a 131 del Código Penal turco contemplan los insultos en general. Estas disposiciones imponen penas de prisión de tres meses a dos años o multas judiciales por actos que atenten contra el honor o la dignidad de alguien. Los insultos dirigidos a funcionarios públicos, relacionados con sus funciones o creencias, se enfrentan a una pena mínima de un año.

Dilan Esen - El 30 de enero de 2024, Dilan Esen, reportera del periódico BirGün, fue multada con 7.080 liras turcas (220 dólares) por «insultar a un funcionario público» en un caso presentado por el ministro de Cultura y Turismo, Mehmet Nuri Ersoy. Los cargos se derivan del reportaje de Esen del 12 de agosto de 2022, que incluía críticas del diputado del partido İYİ Ümit Özlale a la gestión de Ersoy de los terrenos turísticos de Antalya Belek. La cobertura de Esen, basada en los comentarios de Özlale en las redes sociales, fue considerada insultante por el ministro y el tribunal.

«Hoy me han demandado por criticar un post, violando la libertad de prensa y la libertad de expresión. Es un método de control sobre toda la sociedad. Es una barrera para pensar, expresarse, escribir y dibujar. ¿Ha tenido éxito hasta ahora? No. Siempre ha habido una objeción que les moleste, y siempre la habrá». — Ayten Akgün, condenada por «insultar al Presidente» en 2021

Criminalización de periodistas que cubren protestas

La acusación de «violar la Ley nº 2911 sobre Reuniones y Manifestaciones» se utiliza cada vez más para silenciar la disidencia y restringir la libertad de prensa en Turquía. Representa el 9% de los casos de acoso legal dirigidos contra mujeres periodistas en el país desde 2019. Mientras que el artículo 34 de la Constitución turca garantiza el derecho de reunión pacífica, la legislación secundaria como la Ley nº 2911 impone restricciones significativas. Los manifestantes están obligados a notificarlo a las autoridades -a menudo se considera que necesitan permiso- y la policía y los gobernadores tienen amplios poderes para considerar arbitrariamente que las protestas son ilegales.

Las periodistas que cubren las protestas, especialmente las relacionadas con cuestiones políticamente delicadas como la violencia de género, los derechos de las personas LGBTQI o las medidas del gobierno, han sido procesadas no por participar en ellas, sino simplemente por informar sobre ellas.

Casos notables, como la acusación de Halime Parlak y Nurcan Yalçın en 2020 y el juicio de Asena Tunca en 2024 muestran un patrón consistente en el que los periodistas fueron acusados por cubrir protestas.

Esta táctica legal refleja la reducción del espacio para la libertad de expresión en Turquía, donde el periodismo independiente está siendo suprimido. Women Press Freedom también ha documentado numerosos casos de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía contra periodistas que cubrían protestas, lo que pone de relieve los esfuerzos deliberados para intimidar a la prensa y sofocar el acceso público a información vital.

La difamación como arma para intimidar a las periodistas

En Turquía, la difamación está regulada tanto en el derecho penal como en el civil, lo que presenta desafíos significativos para la libertad de prensa, especialmente para las mujeres periodistas. Los datos de Women Press Freedom desde 2019 muestran que el 6% de los casos de acoso legal contra mujeres periodistas implican acusaciones de difamación. Estos casos a menudo se dirigen a reporteras que cubren delitos sexuales, lo que revela una dinámica de género preocupante. Los hombres condenados o acusados de abuso sexual utilizan las demandas por difamación como una táctica para intimidar y detener la información crítica basada en el género.

«Mientras sus delitos quedan impunes o se saldan con condenas triviales a pesar de las pruebas sustanciales, las periodistas que sacan estos asuntos a la luz pública se encuentran en la posición de la acusada. A los absueltos les resulta muy fácil demandarnos, porque saben que no serán castigados». – Pelin Özkaptan demandado por difamación en 2023

Evrim Kepenek - El 11 de agosto de 2021, Evrim Kepenek, redactora de Bianet, se enfrentó a una denuncia policial de Refik Y., un hombre acusado de abuso de menores, a raíz de su cobertura en la que revelaba el abuso de un niño de seis años. Aunque Refik Y. fue inicialmente detenido y posteriormente puesto en libertad bajo control judicial, acusó a Evrim de difamación y violación de la intimidad, lo que dio lugar a una investigación contra ella.

El amplio alcance de las leyes de difamación en Turquía, combinado con la influencia política, limita significativamente la capacidad de las periodistas para informar sobre asuntos de interés público.

Según el artículo 125 del Código Penal turco, la difamación que atente contra el honor, la reputación o la dignidad de una persona puede acarrear penas de prisión de entre tres meses y dos años o multas. Se aplican penas más severas si el delito se comete contra funcionarios públicos o se basa en creencias religiosas o filosóficas. La difamación también puede abordarse desde el punto de vista del derecho civil, en el que los individuos pueden demandar por violación de los derechos personales, incluidos la reputación y la intimidad, y reclamar indemnizaciones o la retirada de contenidos, especialmente en el caso de las publicaciones en línea.

Para las periodistas, estas leyes crean riesgos. Los reportajes de investigación o las críticas a figuras poderosas pueden dar lugar a acciones legales, tanto penales como civiles, con penas de prisión, multas o prohibición de contenidos.

Aunque las periodistas pueden defenderse invocando la libertad de expresión, el marco jurídico turco se inclina a menudo por censurar las voces críticas. Estas leyes se utilizan con frecuencia para silenciar a las periodistas, obligando a muchas a autocensurarse para evitar consecuencias legales.

Persecución de la prensa kurda

Las periodistas kurdas y las que cubren asuntos kurdos son blanco desproporcionado de acoso legal por parte de las autoridades turcas. Desde 2019, el 54% de todos los casos de acoso legal contra mujeres periodistas documentados por Women Press Freedom han involucrado a reporteras kurdas o que cubren asuntos kurdos. De las 87 mujeres periodistas acusadas de delitos relacionados con el terrorismo, el 78% trabajaban para medios kurdos o informaban sobre temas y política kurdas. Esto revela una realidad inquietante: las autoridades han equiparado el periodismo sobre cuestiones kurdas con el terrorismo, y han utilizado estas acusaciones como arma para silenciar a los periodistas.

Tras el fracaso de las conversaciones de paz entre el gobierno turco y la minoría kurda del país en 2015 y el actual conflicto en el sureste de Turquía, muchas periodistas kurdas son procesadas bajo acusaciones de «propaganda terrorista». Estas acusaciones suelen incumplir las normas internacionales sobre libertad de expresión.

Las periodistas que cubren temas kurdos, partidos de la oposición u operaciones militares se enfrentan con frecuencia a estos cargos falsos relacionados con el terrorismo, y la ley se aplica de forma amplia y a menudo arbitraria. Incluso las periodistas que protestan por la persecución de sus colegas kurdas han sido procesadas, como ocurrió en 2023, cuando seis mujeres periodistas fueron acusadas por protestar por la detención de reporteras kurdas.

Las periodistas kurdas, quienes trabajan en los medios de comunicación kurdos e incluso quienes los apoyan son criminalizadas reiteradamente por el mero hecho de hacer su trabajo.

4 periodistas kurdas condenadas a 6 años de cárcel

El 3 de julio de 2024, un tribunal de Ankara condenó a ocho periodistas kurd@s, entre ell@s cuatro mujeres de la Agencia Mezopotamya (MA), a 6 años y 3 meses de cárcel acusados de «pertenencia a organización terrorista.» Las periodistas condenadas son Berivan Altan, Öznur Değer, Diren Yurtsever y Zemo Ağgöz. La sentencia es infundada y tiene motivaciones políticas. Su trabajo periodístico, que cubre temas kurdos, ha sido injustamente criminalizado.

La decisión del tribunal ha sido muy criticada por basarse en testimonios secretos de testigos y carecer de pruebas concretas. La defensa señaló que las acusaciones de la fiscalía se basaban en las actividades informativas legítimas de las periodistas, como la cobertura de noticias y tuits. A pesar de haber producido más de 110.000 noticias, las periodistas fueron falsamente etiquetadas como promotoras de una agenda terrorista sin ninguna prueba sustancial.

Otr@s tres periodistas -Habibe Eren, Ceylan Şahinli y Mehmet Günhan- fueron absuelt@s.

Este caso tiene su origen en las redadas policiales de octubre de 2022, en las que se detuvo a nueve periodistas, que pasaron casi siete meses en prisión a la espera de juicio.

«Como periodista cuyas actividades profesionales han sido injustamente criminalizadas, y habiendo experimentado personalmente las consecuencias de la anarquía, alzo mi voz contra el silencio imperante» – Dicle Müftüoğlu

Dicle Müftüoğlu - Periodista y miembro de la Asociación de Periodistas Dicle Fırat, fue detenida el 29 de abril de 2023 durante una redada policial en su domicilio de Diyarbakır. La trasladaron a Ankara esposada, la privaron de alimentos y la mantuvieron aislada durante cuatro días. Su trabajo periodístico para la prensa pro-kurda y su defensa de sus colegas injustamente encarceladas fueron criminalizados, ya que se la acusó de estar afiliada a una organización ilegal, basándose en declaraciones poco fiables de testigos anónimos, una táctica utilizada con frecuencia en Turquía para obtener condenas injustas contra periodistas.
A pesar de su puesta en libertad tras 10 meses de detención, no se han retirado los cargos contra ella, que se enfrenta a una posible condena de hasta 34 años de prisión. Müftüoğlu sigue colaborando con la Agencia Mezopotamya y la Asociación de Periodistas Dicle Fırat, a pesar del acoso judicial y la amenaza constante de detención.

Juicio a la Prensa de la KCK

El Juicio a la Prensa de la KCK, que comenzó en 2011, se ha dirigido contra 46 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación, entre ellos 17 mujeres, de medios kurdos. Est@s periodistas, acusad@s injustamente de difundir propaganda terrorista, se han enfrentado a un acoso judicial implacable durante más de una década.

Mujeres periodistas en el punto de mira: Yüksel Genç, Nevin Erdemir, Semiha Alankuş, Sibel Güler, Zuhal Tekiner, Dilek Demiral, Nahide Ermiş, Nilgün Yıldız, Çiğdem Aslan, Ayşe Oyman, Fatma Koçak, Pervin Yerlikaya Babir, Zeynep Kuray, Eylem Sürmeli, Sultan Güneş Ünsal, Evrim Kepenek, Arzu Demir.

El Juicio a la Prensa de la KCK comenzó en marzo de 2011, cuando la policía atacó a medios de comunicación kurdos, entre ellos Dicle Haber Ajansı (DİHA) y Özgür Gündem, acusando a l@s periodistas de formar parte de la Unión de Comunidades de Kurdistán (KCK), vinculada a la organización terrorista Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK). Las primeras detenciones llevaron a 32 periodistas a prisión preventiva.

Las pruebas de la acusación consisten principalmente en informes, entrevistas y llamadas telefónicas de l@s periodistas, que se están utilizando para afirmar que difundieron propaganda terrorista.

El juicio se ha caracterizado por repetidos retrasos, aplazamientos y cambios en la supervisión judicial, incluida la destitución de jueces. Las vistas se aplazan con frecuencia, ya que se solicitan nuevos expedientes o se fusionan casos adicionales. Aunque técnicamente se han levantado las prohibiciones de viajar impuestas a l@s periodistas, sus pasaportes siguen confiscados, lo que restringe aún más su libertad de circulación.