Tierra quemada: cómo Turquía e Irán destruyen Kurdistán
The Kurdish Center for Studies – Gordyaen Benyamin Jermayi – 18 septiembre 2024 – Traducido y editado por Rojava Azadi Madrid
La política de tierra quemada es una táctica militar que implica la destrucción deliberada de recursos que podrían ser beneficiosos para las fuerzas enemigas durante un avance o una retirada. Esta estrategia abarca la demolición de cultivos agrícolas, infraestructuras, redes de transporte y otros activos que podrían ayudar al bando contrario. Esta estrategia suele provocar un sufrimiento considerable entre la población civil, ya que implica la destrucción de recursos de los que las poblaciones locales dependen para sobrevivir. Puede provocar hambrunas generalizadas, desplazamientos y devastación económica. En la guerra moderna, las políticas de tierra quemada se consideran violaciones del derecho internacional humanitario, en particular del artículo 53 de la Cuarta Convención de Ginebra, que protege a las poblaciones civiles y sus medios de subsistencia.
Las políticas de tierra quemada, que implican la destrucción deliberada de recursos para debilitar a los adversarios, han sido utilizadas por Irán, Turquía, Siria e Irak en sus conflictos y opresión contra el pueblo kurdo durante el siglo pasado, con el resultado de la destrucción masiva del medio ambiente, las comunidades, las infraestructuras, la cultura, etc., que en conjunto pretenden hacer de Kurdistán un lugar inhabitable para sus habitantes.
POLÍTICAS DE TIERRA QUEMADA DE TURQUÍA
Destrucción de pueblos y desplazamientos forzosos
Durante el punto álgido de su conflicto con el Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK) en la década de 1990, Turquía aplicó una política de destrucción de miles de pueblos kurdos en Kurdistán del Norte. Esta estrategia pretendía privar al PKK de apoyo y recursos locales. A finales de la década de 1990, más de 3.000 pueblos kurdos habían sido arrasados o evacuados, lo que provocó el desplazamiento de hasta 3 millones de personas. Las fuerzas armadas turcas rodeaban un pueblo con helicópteros, vehículos blindados, tropas y guardias del pueblo, y quemaban productos almacenados, equipos agrícolas, cosechas, huertos, bosques y ganado. Prendían fuego a las casas, a menudo sin dar a los habitantes la oportunidad de recuperar sus posesiones. En el transcurso de estas operaciones, las fuerzas turcas a menudo maltrataban y humillaban a los aldeanos kurdos, les robaban sus bienes y dinero en efectivo, y los maltrataban o torturaban antes de conducirlos a las carreteras y alejarlos de sus antiguos hogares. Las operaciones se caracterizaron por decenas de «desapariciones» y ejecuciones extrajudiciales.
Más recientemente, las acciones militares turcas en Kurdistán del Sur (junio-julio de 2024) han causado importantes daños en la región. Desde el comienzo de la operación, Turquía ha llevado a cabo 238 ataques, quemando más de 2.000 hectáreas de tierras agrícolas en múltiples pueblos. Solo en Guharze y Sargale se ha quemado el 55% de las tierras.
Los habitantes de 602 aldeas kurdas y asirias corren riesgo de desplazamiento, y 162 de ellas ya han sido evacuadas. Estos ataques también han causado la muerte de al menos ocho civiles y han dañado infraestructuras públicas, entre ellas una escuela en la aldea de Mizhe en febrero, un monasterio en la aldea de Miska durante operaciones recientes, y viviendas y vehículos civiles en la aldea de Guharze.
Operaciones en Rojava y Kurdistán del Sur
Durante las operaciones «Rama de Olivo» (2018) en Afrín y «Primavera de Paz» (2019) en Sere Kaniye y Gire Sipi, Turquía atacó a las fuerzas kurdas en Rojava (Kurdistán Oeste, norte de Siria). Estas operaciones incluyeron intensos bombardeos que destruyeron infraestructuras civiles, lo que provocó desplazamientos masivos. El ejército turco y las milicias yihadistas aliadas quemaron viviendas y tierras de cultivo, lo que provocó una destrucción significativa y el desplazamiento de los residentes en las ciudades atacadas.
Entre marzo de 2018 y agosto de 2020, grupos yihadistas respaldados por Turquía talaron al menos 500.000 olivos en Afrín y quemaron cientos de miles de hectáreas de tierra. El Estado turco ha atacado persistentemente infraestructuras críticas como centrales eléctricas, generadores, hospitales, escuelas y carreteras en la región. Esta destrucción sistemática tiene como objetivo debilitar a la administración y ejercer una presión adicional sobre la población civil, lo que provoca una pobreza extrema y obliga a huir a la mitad de la población.
Degradación medioambiental
Las operaciones militares turcas implican a menudo la provocación deliberada de incendios forestales. Por ejemplo, durante los 40 años de operaciones contra el PKK, se han quemado grandes extensiones de bosques y pastos en Kurdistán del Norte. Estas acciones tienen como objetivo privar a las fuerzas del Partido de los Trabajadores de Kurdistán de cobertura y sustento, pero también devastan las comunidades locales y los ecosistemas de la región. En los últimos años, estos incendios se han hecho cada vez más frecuentes, provocando destrucción y desplazamientos generalizados.
Por ejemplo, en junio de 2024, incendios forestales masivos en Kurdistán del Norte, especialmente entre Amed (Diyarbakır) y Merdin (Mardin), causaron la muerte de 15 personas y heridas a otras 78. Los incendios también mataron a más de 1.000 ovejas y cabras, y otros 200 animales sufrieron quemaduras graves. El calor extremo, con temperaturas que superaron los 40°C en las semanas anteriores, dejó la vegetación seca como la pólvora, creando las condiciones ideales para el infierno, que calcinó casi 2.000 hectáreas de tierras de cultivo, zonas residenciales y bosques. El ejército turco también utiliza estos incendios como arma para talar bosques enteros con el fin de vender los árboles para obtener beneficios.
La presa de Ilisu, en el río Tigris, representa otro proyecto destructivo del Estado turco que ha provocado la inundación de numerosos pueblos y ciudades kurdos. Este proyecto ha desplazado a miles de residentes y ha sumergido espacios culturales y agrícolas. La presa tiene una doble finalidad: promover el desarrollo económico y ejercer control político. Al restringir la movilidad y los recursos de la población kurda, la presa también afecta a los partidos políticos kurdos y a sus actividades.
El proyecto de la presa de Ilisu inundó 199 pueblos y la antigua ciudad de Hasankeyf (Hesekef), afectando a unas 100.000 personas, principalmente kurdos y un número significativo de árabes en Hasankeyf. Las evacuaciones forzosas de la década de 1990 ya habían desplazado a 23.000 personas, y otras 3.000 familias nómadas dependientes del río Tigris se han visto afectadas por los últimos acontecimientos. Más del 40% de los afectados no poseían tierras y no recibieron indemnización, perdiéndolo todo. El resto se enfrentó a indemnizaciones y planes de reasentamiento inadecuados, con la consiguiente pérdida de medios de subsistencia, cultura y un futuro marcado por la pobreza.
El proyecto de la presa de Ilisu, en la Alta Mesopotamia, «cuna de la civilización», ha destruido más de 400 yacimientos arqueológicos, muchos de los cuales permanecían inexplorados. Solo se habían excavado unos 20 yacimientos cuando fueron abandonados para ser inundados. La ciudad de Hasankeyf, de 12.000 años de antigüedad, símbolo de la resistencia contra el Proyecto Ilisu, quedó sumergida, destruyendo su rico patrimonio cultural y biológico. Hasankeyf, situada en la Ruta de la Seda, tenía una gran importancia histórica, con vestigios de 20 culturas, numerosos monumentos y miles de cuevas artificiales. A pesar de cumplir nueve de los diez criterios del patrimonio mundial de la UNESCO, Turquía nunca solicitó el reconocimiento de la UNESCO e impidió cualquier posibilidad de desarrollo sostenible y turismo para el sitio. En la actualidad, la región de Hasankeyf, donde vivían 10.000 personas en la década de 1970, es uno de los distritos más pobres de Turquía, con sólo 3.000 residentes.
Siria e Irak, que dependen en gran medida del río Tigris para la agricultura y el abastecimiento urbano de agua, se enfrentan a importantes desafíos debido a las políticas manipuladoras de Turquía en materia de agua. El río Tigris, un recurso crucial desde hace miles de años, se rige por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Usos de los Cursos de Agua Internacionales para Fines Distintos de la Navegación, de 1997, que exige acuerdos mutuos entre Turquía, Irak y Siria. Sin embargo, Turquía no ha firmado esta convención. En consecuencia, las acciones de Turquía suelen desatender las necesidades de las personas y del medio ambiente, lo que suscita preocupación por el posible uso del agua como arma política contra las poblaciones de Kurdistán del Sur y Oeste, así como de Irak y Siria, en la antigua Mesopotamia.
El uso de Turquía de las presas como herramienta estratégica es especialmente evidente en Kurdistán Occidental (Rojava) y el noreste de Siria. Desde 2016, Turquía ha reducido de forma intermitente el caudal del río Éufrates, lo que ha afectado significativamente a la generación de energía, el riego y el suministro de agua potable, además de causar importantes daños medioambientales en la región. En las últimas décadas, los proyectos de irrigación y energía de Turquía han contaminado significativamente el río Éufrates y han reducido el volumen de agua que fluye a Siria en un 40 por ciento estimado. Según el acuerdo firmado en 1987 entre Turquía, Siria e Irak bajo los auspicios de las Naciones Unidas (ONU), Siria tiene derecho a 500 metros cúbicos por segundo de agua del Éufrates. Sin embargo, tras la construcción de la presa Ataturk, Turquía sólo ha permitido que lleguen a Siria unos 200 metros cúbicos por segundo. Además, el agua almacenada tras la presa del Éufrates ha disminuido de 14.000 millones de metros cúbicos a sólo 10.000 millones, con lo que el lago Éufrates ha perdido el 75% de su reserva efectiva. Esta importante reducción de los niveles de agua ha provocado graves crisis humanitarias.
Orientación de las infraestructuras
Durante las operaciones militares, las fuerzas turcas han destruido infraestructuras como centrales de agua y electricidad, escuelas, hospitales, lugares de culto, carreteras y puentes, con el objetivo de aumentar la presión sobre la población kurda.
Turquía suele justificar su actuación alegando que ataca bases y miembros del Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK). Esta táctica afecta considerablemente a la población civil al causar víctimas, aislar a las comunidades y perturbar la vida cotidiana.
En la región de Shengal (Sinjar), por ejemplo, en agosto de 2021, la aviación turca atacó el hospital de Sikeniye, lo que provocó la muerte de ocho civiles, heridas a más de 20 y la destrucción completa del edificio. Del mismo modo, la campaña de ataques aéreos de Turquía contra Rojava ha sido continua desde la invasión de 2019, lo que ha provocado cientos de muertes de civiles hasta la fecha. Estos ataques aéreos periódicos y destructivos tienen como objetivo las infraestructuras civiles de la región. En octubre de 2023, una campaña militar atacó sistemáticamente las instalaciones de electricidad, gas y petróleo de Rojava, causando grandes daños infraestructurales y económicos y empeorando aún más la ya frágil situación humanitaria.
Posteriormente, en diciembre de 2023, una nueva campaña tuvo como objetivo fábricas de materiales de construcción, productos agrícolas y alimentos, así como silos de grano, un molino, instalaciones industriales y centros médicos. Turquía está volviendo a atacar infraestructuras energéticas previamente atacadas, al tiempo que ataca fábricas y almacenes que antes no lo habían sido. Estos ataques aéreos se iniciaron en respuesta a las operaciones del Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK) contra bases militares turcas en las montañas de Kurdistán del Sur (Gobierno Regional de Kurdistán, KRG), que causaron la muerte de nueve soldados turcos.
A principios de enero de 2024, Turquía atacó más de 50 localidades de Rojava en cuatro días, dirigiendo ataques aéreos contra infraestructuras clave de electricidad y petróleo, instalaciones industriales, puestos de control de la Asayish (Fuerzas de Seguridad Interna), fábricas y viviendas de civiles. Estos ataques dejaron a más de 2 millones de personas sin electricidad ni agua después de que siete centrales eléctricas clave quedaran fuera de servicio. Seis civiles, entre ellos dos niños, resultaron heridos. La destrucción repetida y selectiva de infraestructuras petrolíferas y eléctricas por parte de Turquía agrava la crisis humanitaria en una región ya asolada por apagones, escasez de combustible y cortes de agua.
LA POLÍTICA IRANÍ DE TIERRA QUEMADA
Bombardeos y ataques transfronterizos
Irán realiza con frecuencia ataques de artillería a través de su frontera con el sur de Kurdistán, dirigidos contra bases de grupos de oposición kurdos como el Partido Democrático del Kurdistán de Irán (PDKI), el Partido de Kurdistán Libre (PAK), Komala y el Partido de la Vida Libre de Kurdistán (PJAK).
Estos bombardeos han provocado la destrucción de pueblos y tierras agrícolas, causando importantes desplazamientos y daños económicos. Por ejemplo, el 28 de septiembre de 2022, el ejército iraní lanzó unos 70 misiles contra tres campos de refugiados de Koya, en Kurdistán del Sur. Estos campos se establecieron en 1995 para los kurdos de Kurdistán Oriental (Rojhilat) que huían de la opresión. Antes del ataque, unas 600 familias residían en los campos, que desde entonces han sido evacuados, desplazando a todos los residentes. Las autoridades iraníes afirmaron que los bombardeos iban dirigidos contra grupos de oposición kurdos, acusándolos de incitar las protestas que se están produciendo en Kurdistán Oriental y en Irán tras la muerte de Jina Amini. Los bombardeos impidieron a casi 300 estudiantes regresar a la escuela.
Denegación de recursos
Al igual que Turquía, Irán lleva décadas incendiando bosques y pastos en Kurdistán para destruir la cobertura y los recursos de las fuerzas y partidos kurdos. Cientos de hectáreas de tierra arden en estos incendios cada año. Las organizaciones gubernamentales suelen rechazar la ayuda para contener los incendios y son sólo las organizaciones locales o los aldeanos quienes los extinguen con los equipos más primitivos. Muchos de ellos resultan heridos o incluso pierden la vida mientras contienen los incendios. Esto tiene un impacto devastador en las comunidades locales que dependen de estos recursos para su subsistencia.
En 2024 se produjeron 697 incendios en zonas naturales de Irán, que afectaron a un total de 12.904 hectáreas de bosques y pastos. Cabe destacar que 583 de estos incendios se produjeron en la región de Zagros, afectando a 12.600 hectáreas.
El índice de destrucción de bosques y pastos en Irán, analizado por provincias, indica que las provincias predominantemente kurdas de Kurdistán y Azerbaiyán Occidental (Urmia) son las que más incendios han sufrido en los últimos años. Más del 14% de los incendios de bosques y pastos del primer semestre de 2023, por ejemplo, se produjeron en la provincia del Kurdistán, a pesar de que sólo comprende el 1,3% de los bosques y pastos de Irán. Asociaciones ecologistas independientes informan de un número de incendios significativamente mayor que las estadísticas oficiales. En particular, dos altos funcionarios provinciales iraníes han citado la intervención humana como causa principal de algunos incendios forestales en Marivan, provincia de Kurdistán.
Más del 95% de los incendios de la región están causados por actividades humanas deliberadas, como la deforestación con fines agrícolas, residenciales y comerciales, y la tala ilegal para la producción de carbón vegetal y el contrabando de madera. Las acciones militares iraníes, incluidas las maniobras y las explosiones de minas, también contribuyen significativamente a estos incendios.
El «Plan de Respiración de Alborz», propuesto en 2012 y aprobado posteriormente por la Asamblea Consultiva Islámica, empujó inadvertidamente hacia Kurdistán las operaciones de contrabando de madera y producción de carbón vegetal afiliadas al Estado iraní. Esto ha dado lugar a una amplia explotación ilegal de los bosques de los montes Zagros, con el transporte de los árboles talados a los grandes aserraderos del norte de Irán y Tabriz. Los infractores a pequeña escala, que operan con independencia de los propietarios de las fábricas, venden la madera a intermediarios y talan libremente árboles centenarios, sorteando los controles militares sin interferencias.
Por ejemplo, en agosto de 2023 ardieron más de 1.065 hectáreas de bosques de roble en los alrededores de Marivan, parte de un total de 2.035 hectáreas destruidas ese mes. En el primer semestre de 2022, más de 5.000 hectáreas de los bosques de Marivan se perdieron a causa de los incendios. Mientras que las estimaciones actuales de la superficie forestal de Marivan son de unas 100.000 hectáreas, las estadísticas obsoletas del gobierno oscilan entre 170.000 y 185.000 hectáreas. En los últimos 15 años, los incendios han arrasado más de 70.000 hectáreas de los bosques de Marivan.
Minas terrestres y seguridad fronteriza
Irán y Turquía también han utilizado estratégicamente minas terrestres para reprimir a las poblaciones kurdas, sobre todo en las regiones fronterizas donde se han producido conflictos. Estas minas, restos de guerras pasadas y recién sembradas por ambos gobiernos, se dirigen principalmente a zonas con importantes poblaciones kurdas. Irán, por ejemplo, ha utilizado minas terrestres con el pretexto de la seguridad fronteriza, a menudo para limitar las actividades de los partidos políticos kurdos, mientras que Turquía sigue sembrando minas a pesar de sus obligaciones internacionales en virtud de la Convención de Ottawa. La amplia contaminación, con millones de minas terrestres en estas regiones, provoca continuas víctimas civiles, graves traumas psicológicos y una degradación medioambiental generalizada.
La presencia de minas terrestres obstaculiza el desarrollo socioeconómico y fuerza los desplazamientos, perturbando a las comunidades kurdas y socavando su seguridad y sus medios de subsistencia. A pesar de los importantes retos humanitarios y financieros asociados al desminado, Irán y Turquía muestran poco interés en retirar estas minas, ya que sirven como herramientas para mantener el control sobre las zonas kurdas. Estos campos de minas no sólo impiden las actividades de los militantes, sino que también inutilizan grandes extensiones de terreno para las poblaciones locales, lo que contribuye a las dificultades económicas y a los desplazamientos. La falta de apoyo adecuado y de esfuerzos de desminado por parte de estos gobiernos agrava el sufrimiento de las poblaciones kurdas, reforzando el impacto opresivo de estos restos explosivos de guerra.
Un resumen de la devastación
El uso de políticas de tierra quemada por parte de Turquía e Irán en Kurdistán ha provocado la devastación y el sufrimiento generalizados de la población kurda. Estas tácticas, destinadas a debilitar la resistencia y el control kurdos, han provocado la destrucción de pueblos, el desplazamiento forzoso de comunidades y daños medioambientales considerables. La quema deliberada de bosques, tierras agrícolas e infraestructuras no sólo trastorna la vida de los civiles, sino que también contribuye a la pobreza y el desplazamiento a largo plazo. Estas acciones violan el derecho internacional humanitario y han dejado un impacto duradero en el medio ambiente de la región y en su población.
El carácter amplio y sistemático de estas políticas pone de relieve las severas medidas adoptadas tanto por Turquía como por Irán para reprimir a la población kurda. Los abusos contra los derechos humanos, la destrucción del medio ambiente y las penurias económicas causadas por estas tácticas ponen de relieve la lucha constante por el control de las regiones en disputa. Las consecuencias de estas acciones son profundas y contribuyen a un ciclo de violencia, desplazamiento y pobreza que sigue afectando a millones de personas en Kurdistán. La comunidad internacional debe abordar estas violaciones y trabajar por una resolución que respete los derechos y los medios de vida del pueblo kurdo.
El autor:
Gordyaen Benyamin Jermayi es un activista kurdo de derechos humanos nacido en Urmia, Kurdistán Oriental, y licenciado en Ingeniería Civil. Es miembro de una organización humanitaria que documenta los abusos del Estado iraní en Kurdistán Oriental. Desde 2020, ha presentado y remitido documentos a organismos internacionales, como el CDHNU y los Foros de Minorías de Oriente Medio y África de las Naciones Unidas. También es fundador de la plataforma Kurdistani People en Instagram, que trabaja para concienciar sobre cuestiones kurdas y conectar a los kurdos de toda la diáspora.
