No hay adónde reclamar: la responsabilidad legal en el Afrin ocupado
Fuente: The Region
Autora: Meghan Bodette
Fecha: 17/11/2018
Traducido por Rojava Azadi Madrid
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha desestimado varios casos presentados por víctimas de la invasión y ocupación turca de Afrin (Siria), debido a que los solicitantes aún no habían agotado todas las formas de recurso legal nacional, ha informado DW News el viernes [16/11/2018].
Entre el 23 de julio y el 18 de septiembre 2018, los demandantes presentaron sus peticiones citando las disposiciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos relativas al derecho a la vida, la prohibición de la tortura y el derecho al respeto de la vida privada y familiar. El tribunal rechazó todas las solicitudes entre septiembre y octubre.
Durante la invasión, la Comisión Cívica UE-Turquía, establecida para supervisar el cumplimiento por parte de Turquía de los criterios de adhesión a la UE, instó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos a tomar medidas en relación con Afrin. «Turquía es miembro del Consejo de Europa y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Por lo tanto, se anima al tribunal a tomar medidas inmediatas en forma de medidas provisionales -cualquier cosa que considere apropiada en las circunstancias- para poner fin a los crímenes cometidos por Turquía en nombre del propio Presidente Erdogan», dice la declaración.
Para que un caso sea considerado admisible por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el tribunal debe determinar que los solicitantes han agotado todos los «recursos internos». Según el informe de DW, los casos relacionados con Afrin fueron rechazados porque no se había intentado resolverlos en el sistema jurídico turco. Esta sentencia significa, en particular, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoce que el sistema jurídico de Turquía es el sistema jurídico «nacional» de una persona que vive en el Afrin ocupado. Cualquier otro caso procedente de la Siria ocupada por Turquía tendría que pasar por el sistema legal turco para ser considerado admisible, una perspectiva extremadamente difícil.
Tomando esta decisión como punto de partida, un examen de las realidades jurídicas nacionales e internacionales a las que se enfrenta el pueblo de Afrin muestra las pocas vías de rendición de cuentas que tienen, a pesar de la gravedad de las violaciones de los derechos humanos a las que se han enfrentado. El estado de guerra en Siria y el hecho de que la Federación Democrática del Norte de Siria sea una entidad no estatal complican aún más la situación.
Los tribunales turcos -el sistema que ACNUR sugiere que los residentes de Afrin deben «agotar»- han procesado a cientos de ciudadanos turcos por su oposición a la guerra provocada por la invasión de Afrin, a menudo por cargos relacionados con el terrorismo. Sólo en el primer mes de la operación, al menos 449 personas fueron detenidas por cargos de «propaganda terrorista» por declaraciones antibélicas en los medios sociales. Erdogan calificó de «traición» una declaración contra la guerra de la Asociación Médica Turca y le obligó a eliminar la palabra «turco» de su denominación, alegando que ya no podían representar al país. Nueve estudiantes universitarios fueron detenidos por realizar una manifestación contra la guerra en su campus.
Si las personas que viven dentro de las fronteras turcas se enfrentan a un sistema legal hostil y politizado por mostrar su oposición a la invasión, los residentes de la zona ocupada de Afrin que pretendan presentar una petición ante un tribunal turco, seguramente se enfrentarán a un entorno más hostil, si es que tal caso fuera posible. Al evaluar los posibles crímenes de guerra en África, un informe de las Naciones Unidas describía los crímenes cometidos por el Ejército Libre Sirio (Free Syrian Army, FSA), pero sólo señalaba el papel de Turquía al decir que «el ACNUDH insta a la República de Turquía a que garantice que todos los grupos armados sobre los que ejerce control en Afrin y en otras zonas de Siria se adhieran estrictamente a las obligaciones que les incumben en virtud del derecho internacional humanitario».
Los funcionarios turcos, por su parte, han afirmado que no pueden ser considerados responsables de los crímenes cometidos por las fuerzas que supervisan en las zonas que ocupan. En respuesta al asesinato de Rasha Bseis por su hermano, un miliciano del FSA, la presidenta de derechos humanos del AKP, Leyla Shahin Usta, dijo a The Guardian que «el FSA tiene su propia fuerza policial y sus propios tribunales. Como país observador, les asesoramos sobre las normas de derechos humanos, pero al final, el FSA está al cargo».
El Cuarto Convenio de Ginebra establece que en cualquier territorio ocupado «las leyes penales del territorio ocupado permanecerán en vigor, con la excepción de que podrán ser derogadas o suspendidas por la potencia ocupante en los casos en que constituyan una amenaza para su seguridad o un obstáculo para la aplicación del presente Convenio», y que tales cambios en la ley «no deberán entrar en vigor antes de que hayan sido publicados y puestos en conocimiento de los habitantes en su propio idioma».
Turquía no puso en marcha ese proceso cuando invadió Afrin, ni ha hecho ningún esfuerzo por establecer un sistema jurídico justo, como se describe en otros artículos de la Convención. Hay un tribunal supervisado por el FSA en Al-Rai, que abrió sus puertas en septiembre. Al-Monitor informó de que el tribunal tendrá jurisdicción sobre las zonas ocupadas por rebeldes respaldados por Turquía, incluido Afrin. Los casos presentados ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que impugnaban violaciones anteriores, no podían haber sido juzgados por este tribunal en el momento de su presentación.
También es probable que sea tan politizado e injusto como otros sistemas de justicia administrados por el FSA han demostrado serlo. En las zonas de Siria donde hay rebeldes apoyados por Turquía, se ha detenido a personas por insultar a Erdogan, y a menudo se detiene a civiles por sus supuestos vínculos con el PYD o las YPG sobre la base de su identidad kurda. Los supervivientes de las prisiones administradas por el FSA cerca de Afrin han descrito la tortura sistemática y las violaciones de los derechos humanos.
Los civiles en Afrin, por lo tanto, no tienen ninguna autoridad nacional a la que puedan recurrir para obtener un recurso legal de una manera que pueda garantizar siquiera la posibilidad de un juicio justo sobre el papel, lo que les obligaría a buscar un arbitraje internacional. Las autoridades locales de Afrin han documentado cientos de casos de violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas de ocupación. Los organismos internacionales, incluyendo Human Rights Watch y las Naciones Unidas, han corroborado muchos de estos relatos, aunque los activistas kurdos señalan que estas instituciones no han hecho todo lo que podían para investigar los crímenes en Afrin.
Algunas violaciones notables -como el ataque al Hospital Arvin, la existencia de redes de trata de personas y prostitución forzada, el ataque a civiles y la limpieza étnica- son asuntos que no tienen «recursos internos» ni siquiera bajo un sistema justo, y son lo suficientemente graves como para ser investigados como crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad por la Corte Penal Internacional. Turquía no es un Estado Parte de la CPI, y la Federación Democrática de Siria del Norte -que no es un Estado- no puede serlo. Sin embargo, cualquier Estado Parte que así lo decida, puede «remitir al Fiscal una situación en la que uno o más crímenes de la competencia de la Corte parezcan haber sido cometidos, solicitando al Fiscal que investigue la situación con el fin de determinar si una o más personas específicas deben ser acusadas de la comisión de tales crímenes», según el artículo 14 del Estatuto de Roma. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas también puede remitir una situación a la Corte Penal Internacional para que la juzgue y le otorgue jurisdicción, y lo ha hecho en más de un caso histórico.
Esto significa que, si el pueblo de Afrin tomara esta ruta, dependería de un apoyo internacional confiable, algo que la invasión misma demostró que no tenía. Sólo hubo una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Afrin, en comparación con varias celebradas cada vez que las fuerzas sirias avanzaban en los bastiones rebeldes de Alepo y Gouta. El sistema jurídico internacional, desarrollado por las decisiones y la práctica de los Estados, tiene poco espacio efectivo para los oprimidos por los Estados que los rodean. La rendición de cuentas sobre Afrin, invadida por razones derivadas tanto de la guerra en Siria como de la guerra turca contra el pueblo kurdo, será más posible cuando esté libre de la ocupación y cuando se esté llevando a cabo algún tipo de arreglo político para ambos conflictos, una perspectiva lejana. Lo máximo que se puede hacer ahora, mientras Erdogan continúa sus amenazas contra el noreste de Siria, es seguir recogiendo y verificando pruebas de las violaciones de los derechos humanos de Turquía en Siria, y asegurarse de que esa invasión no se repita.
