Las extradiciones de kurdos serían una vergüenza para Suecia
Aftonbladet – 1 julio 2022 – Traducido por Rojava Azadi Madrid
El gobierno no debe hacer del asilo un peón en el juego de la OTAN.
Abogados suecos
En momentos como éste, es necesario recordar la diferencia entre los objetivos políticos, como el ingreso en la OTAN, y los principios fundamentales del Estado de Derecho, como el derecho a un juicio justo y el derecho a la protección contra la tortura y la persecución.
Para quienes trabajamos en el ámbito del derecho de migración y asilo, uno de los términos del acuerdo de Turquía con los países nórdicos en particular plantea muchas preguntas y una fuerte sensación de malestar: según el acuerdo, Suecia debe firmar un acuerdo de extradición con Turquía e iniciar una cooperación más profunda con las autoridades turcas en materia de seguridad. Más concretamente, esto se refiere a la lucha contra el terrorismo.
Para decirlo claramente, Ann Linde ha prometido a Turquía que Suecia hará más de lo que ha hecho en el pasado para extraditar a personas vinculadas al movimiento independentista kurdo y a la oposición turca.
Desde el fallido golpe de Estado en Turquía en 2016, la represión de los disidentes ha aumentado.
En un informe sobre el país de 2020, la Junta de Inmigración describe cómo la tortura y el trato degradante son habituales en los contactos con la policía y los funcionarios de prisiones turcos. También señala problemas institucionales, como que los médicos temen informar de las lesiones causadas por la tortura a los reclusos por miedo a sufrir ellos mismos represalias.
El mismo informe sobre el país [Turquía] también describe cómo los tribunales turcos han sido puestos cada vez más bajo control político, lo que se traduce en una disminución de la seguridad jurídica, juicios masivos y sentencias desproporcionadas.
Según el Informe de Derechos Humanos 2021 del Ministerio de Asuntos Exteriores, se han documentado 27.493 casos de malos tratos y tortura en el país entre 2002 y 2020.
Estas cifras nos dan una idea de la prevalencia del uso de la violencia en el ejercicio de la autoridad, pero es muy posible que haya una [mayor] cifra oculta y que el problema esté aún más extendido.
Para que Suecia expulse a una persona por presuntos vínculos con un grupo como el PKK, no es necesario que la persona haya sido condenada por un delito; basta con que el Servicio de Seguridad considere que la persona supone un riesgo para la seguridad.
La base de la evaluación se mantiene en secreto y ni siquiera el representante de la persona deportada tiene acceso a la información.
La base de la evaluación se mantiene en secreto y ni siquiera el representante de la persona expulsada tiene acceso a la información.
Uno de los principios más fundamentales del derecho de asilo es el de no devolución, es decir, que una persona no debe ser devuelta a un país en el que corra el riesgo de perder la vida o la libertad, o de ser sometida a tortura u otros tratos inhumanos.
Este principio está consagrado en la Convención sobre los Refugiados, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.
Turquía ha sido criticada repetidamente a lo largo de los años por este tipo de abusos. Entre otras cosas, el país ha sido condenado en varias ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por violaciones de los derechos humanos, sobre todo contra los kurdos y los activistas de la oposición. A pesar de estas sentencias, no ha habido ninguna mejora.
Por lo tanto, vemos que hay un gran riesgo de que las deportaciones a Turquía conduzcan a la desprotección.
De este modo, el problema de Turquía con la falta de seguridad jurídica se convierte también en un problema de Suecia. Incluso ahora, las deportaciones de kurdos que se perciben como un riesgo para la seguridad de Turquía se están llevando a cabo en segundo plano. En varios casos, aparentemente se ha debido únicamente a la asociación con el movimiento independentista kurdo, sin haber cometido ningún delito ni siquiera haber sido sospechoso de planear uno.
Según todos los indicios, el alcance de este tipo de litigios será aún mayor como resultado del acuerdo alcanzado ahora.
Según Dagens Nyheter, el Servicio de Seguridad sueco ha elaborado una lista de una decena de personas vinculadas al PKK que pueden ser objeto de deportación. La parte turca ha solicitado la extradición de 33 personas, entre ellas 21 de Suecia, de conformidad con el acuerdo.
La deportación más arriesgada a Turquía sería la de una persona que no sólo es kurda o miembro de la oposición, sino que también pertenece a otro grupo vulnerable del país, como las personas LGBTQ.
Es mucho lo que está en juego en el debate sobre la OTAN, pero el derecho de asilo no puede ser una de las cosas con las que juegue el gobierno. Es demasiado importante para eso. Evitemos, pues, añadir las extradiciones kurdas a la lista de capítulos vergonzosos de la historia de Suecia.
- Miran Kakaee, asociada del bufete Fridh
- Joel Malmgren, estudiante de derecho
- Daniel Carnestedt, abogado de la Oficina de Asilo
- Karin Gyllenring, abogada de Asylbyrån
- Avin Mezori, presidente de Asylum Law Students
- Silas Aliki, abogado de la Oficina de Derecho Popular
- Joakim Lundqvist, Despacho de Abogados del Pueblo
- Tomas Fridh, abogado del bufete Fridh
- Jenni Stavare, abogada del bufete Fridh
- Jasmine Qazbegi, abogada del bufete Fridh
- Sandra Gustafsson, abogada del bufete Fridh
- Faria Hassan, abogado del bufete Fridh
- Nina Pirooz, asociada del bufete Fridh
- Björn Åhlin, asociado de Fridh advokatbyrå
- Emma Salomonsson, asistente legal en Fridh advokatbyrå
