Irán: Nueva oleada de condenas a muerte

Minorías y presos políticos amenazados de ejecución tras violaciones flagrantes de las garantías procesales

(Beirut) – Las autoridades iraníes han emitido una oleada de nuevas sentencias de muerte en las últimas semanas, condenando a la pena capital a presos políticos, minorías étnicas y ciudadanos extranjeros, señaló hoy Human Rights Watch. Entre los últimos casos se encuentra el de una presa política kurda, Warisha Moradi, miembro de la Sociedad de Mujeres Libres del Kurdistán Oriental. El Tribunal Revolucionario de Teherán condenó a Moradi a muerte por el cargo de «rebelión armada contra el Estado» el 10 de noviembre de 2024.

La Red de Derechos Humanos del Kurdistán (KHRN) informó de que las autoridades no permitieron que Moradi se defendiera, y el juez que presidía el tribunal no permitió que sus abogados presentaran una defensa. Las fuerzas de seguridad detuvieron a Moradi en la ciudad de Sanandaj, provincia del Kurdistán, en agosto de 2023. Posteriormente fue trasladada a la prisión de Evin, donde permaneció recluida en régimen de confinamiento solidario durante cinco meses y fue sometida a presiones y torturas. Desde mayo de 2024, según informó KHRN, las autoridades no han permitido que su familia la visite.

«Las autoridades iraníes utilizan la pena de muerte como herramienta para infundir miedo, especialmente contra las minorías étnicas y los disidentes políticos tras juicios injustos», señaló Nahid Naghshbandi, investigadora en funciones sobre Irán de Human Rights Watch. «Esta táctica brutal pretende suprimir cualquier oposición a un gobierno autocrático mediante la intimidación».

Las autoridades han condenado a muerte en las últimas semanas a otros cinco hombres kurdos acusados de «espionaje para Israel». El 2 de noviembre, el tribunal revolucionario de Urmia condenó a muerte por estos cargos a Naser Bekrzadeh, de Urmia, provincia de Azerbaiyán Occidental, y el 6 de noviembre, la oficina de relaciones públicas de la judicatura de Azerbaiyán Occidental anunció las condenas a muerte de cuatro presos en dos casos distintos, acusados de «espionaje para Israel y colaboración con el Mossad», la agencia de inteligencia israelí.

KHRN informó de que las fuerzas de seguridad del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica detuvieron en junio de 2023 en Sardasht a Edris Ali y Azad Shojaei, de Sardasht, provincia de Azerbaiyán Occidental, y a Rasoul Ahmad Rasoul, de Qaladze, en la región iraquí del Kurdistán. Shahin Vasaf, de Salmas, provincia de Azerbaiyán Occidental, fue detenido el 21 de septiembre de 2022.

El Tribunal Penal de Teherán condenó a muerte a seis acusados del denominado «caso Ekbatan» por su presunta participación en el homicidio de un miembro de la fuerza paramilitar Basij durante las protestas «Mujer, vida, libertad», en 2022. El 13 de noviembre, Babak Paknia, abogado de algunos de estos acusados, anunció esta sentencia y escribió en X que el jefe de la sección del tribunal había emitido una opinión discrepante. La sentencia es recurrible. Los seis acusados formaban parte de un grupo de 14 personas acusadas del asesinato del miembro de los Basij, Arman Aliverdi, en el barrio de Ekbatan, en Teherán, durante las protestas.

Además, cuatro presos árabes de Ahvaz, provincia de Juzestán, corren peligro de ejecución inminente, según la Organización de Derechos Humanos Karun. La organización ha declarado que los cuatro fueron trasladados el 15 de octubre al régimen de aislamiento de la prisión de Sepidar, en Ahvaz, para la ejecución de sus condenas. Se trata de: Ali Majdam, Moein Khonafri, Mohammadreza Moghadam y Adnan Gheibshavi (Musaví).

El Tribunal Revolucionario de Ahvaz los había condenado a muerte junto con otros dos, Habib Deris y Salem Mousavi, por su presunta implicación en los homicidios de dos miembros de los Basij, un agente de las fuerzas del orden y un soldado. El Departamento de Inteligencia los detuvo en Ahvaz y ciudades de los alrededores en 2017 y 2018, según ha informado la Organización de Derechos Humanos Karun.

El aumento de las ejecuciones se extiende también a los ciudadanos afganos en Irán. Grupos de derechos humanos informaron de que al menos 49 ciudadanos afganos han sido ejecutados en Irán este año, 13 solo en octubre. Según Derechos Humanos de Irán, en los 10 primeros meses de 2024 fueron ejecutadas en Irán al menos 651 personas en total, 166 de ellas en octubre.

«Los tribunales revolucionarios iraníes son una herramienta de represión sistemática que viola los derechos fundamentales de los ciudadanos y dicta condenas a muerte de forma indiscriminada, dejando sin sentido las protecciones legales», ha manifestado Naghshbandi. «La comunidad internacional debe condenar categóricamente esta alarmante tendencia y presionar a las autoridades iraníes para que pongan fin a estas ejecuciones.»