Informe sobre la violencia estatal y la impunidad en Bakur 2000-2015
Bianet – 24 febrero 2026 – Traducido y editado por Rojava Azadi Madrid
Un nuevo estudio del Centro para la Verdad, la Justicia y la Memoria (Hafıza Merkezi) titulado «No hay paz sin justicia» revela cómo las violaciones del derecho a la vida contra niños y jóvenes en la región kurda de Turquía se convirtieron en nuevas formas de violencia estatal entre 2000 y 2015.
La investigación, que ha supuesto tres años de trabajo de campo y análisis documental, examina un periodo descrito como «ni guerra ni paz».
Cambio de métodos
Mientras que la década de 1990 se caracterizó por una guerra de baja intensidad y un estado de emergencia, los primeros quince años de la década de 2000 vieron un cambio de las ejecuciones extrajudiciales hacia las muertes causadas por la militarización de los espacios urbanos y rurales.
Según el informe, las violaciones del derecho a la vida de los niños y los jóvenes durante este período no fueron incidentes aislados, sino una prolongación de la dinámica del conflicto de la década de 1990. Entre los patrones clave identificados se incluyen los siguientes
Militarización urbana: el uso generalizado de vehículos blindados en los centros urbanos provocó numerosas muertes, especialmente entre los niños atropellados por estos vehículos en sus barrios.
Represión de las protestas: Las fuerzas del orden utilizaron cada vez más la lógica militar para reprimir la movilización social, lo que provocó muertes por disparos y botes de gas durante las manifestaciones públicas.
Peligros rurales: Las muertes en las zonas rurales se debieron con frecuencia a las minas terrestres y a municiones militares sin detonar, un legado directo de la intensa militarización de la década de 1990.
Violencia fronteriza: El informe expone la masacre de Roboski en 2011, cuando un bombardeo aéreo asesinó a 34 civiles, como un ejemplo prominente de la violecia en las regiones fronterizas.
Persistencia de la impunidad: A pesar de un periodo de relativa apertura política y del proceso de paz 2013-2015, el estudio encuentra que los mecanismos estructurales de impunidad permanecieron intactos. La lucha legal de las familias a menudo se enfrentaron a obstáculos sistemáticos, incluida la falta de investigaciones efectivas y el uso de limitaciones temporales con la finalidad de archivar los casos.
«Imposible acceso a la justicia»
El informe señala que en muchas instancias, el campo legal se convirtió en un «símbolo de acceso imposible a la justicia».
Las familias entrevistadas para el estudio insistieron en que el castigo a los perpetradores no es una cuestión de venganza sino una condición necesaria para asegurar que tales violaciones de derechos nunca vuelvan a producirse.
Memoria de resistencia: La investigación también explora cómo el Estado ha atacado a la memoria colectiva. Monumentos dedicados a las víctimas, como la estatua de Ugur Kaymaz en Mardin, expuesta durante 12 años, fue retirada por fideicomisarios nombrados por el gobierno después de 2016.
Puedes leer el informe completo en inglés AQUÍ.
