Informe anual de la Red de Derechos Humanos de Kurdistán – 2024
KHRN – 16 enero 2025 – Traducido y editado por Rojava Azadi Madrid
Este informe examina los casos de violaciones de derechos humanos contra civiles kurdos en Irán durante 2024. Como en años anteriores, estas violaciones tienen su origen en factores como la lengua, la religión, la cultura, el género, la orientación sexual, la clase social y las ideas políticas. Estas cuestiones persisten bajo las leyes discriminatorias de la República Islámica de Irán, junto con las acciones represivas y violentas de sus instituciones de seguridad, militares, judiciales y ejecutivas.
El levantamiento Mujer, Vida, Libertad de 2022, el periodo de protestas más largo de la historia de la República Islámica, creó una enorme crisis de legitimidad para el gobierno, tanto a nivel nacional como internacional. El gobierno intentó gestionar esta crisis hasta cierto punto aprobando la candidatura de Masoud Pezeshkian, con el objetivo de aumentar la participación pública en las elecciones, pero no tuvo éxito. Si se observan las estadísticas oficiales de participación electoral -cifras que siempre son recibidas con escepticismo por el público- se puede concluir que, a pesar de los grandes esfuerzos por atraer a la gente a las urnas, la mayoría de la sociedad boicoteó las elecciones. La provincia de Kurdistán registró la participación más baja de Irán, con sólo el 23%.
En su continua represión de civiles y activistas kurdos dentro del país, el Estado intensificó su presión sobre las fuerzas de oposición kurdas en la Región de Kurdistán de Irak (KRG). A ello se sumaron nuevos ataques con misiles contra el KRG a lo largo del año. Durante este periodo se aplicó la primera fase de un acuerdo de seguridad entre Irán, Irak y el KRG. Como parte de este acuerdo, varias familias de miembros de diversas facciones del Partido Komala fueron reubicadas de Zirgwez, en el KRG, a un nuevo campamento en la zona de Sordash. En consonancia con estas políticas y en medio de las crecientes tensiones entre la República Islámica e Israel, el gobierno iraní ejecutó a cuatro miembros de Komala en la prisión de Ghezel Hesar, en Karaj, tras 19 meses de desaparición forzada. Se les acusó de «espionaje para Israel». Además, otros cuatro civiles kurdos fueron ejecutados en la Prisión Central de Orumiyeh por los mismos cargos.
El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), que inició una nueva fase de militarización en Kurdistán en 2007, siguió construyendo bases militares y carreteras en las montañas de Shaho y Kusalan durante todo el año.
En el segundo aniversario del levantamiento Mujer, Vida, Libertad y del asesinato de Jina Mahsa Amini, patrocinado por el Estado, partidos kurdos y diversas organizaciones hicieron llamamientos a la acción. En respuesta, los comerciantes y las empresas locales de varias ciudades kurdas se declararon en huelga. A pesar de los esfuerzos del aparato de seguridad iraní por reprimir estas huelgas mediante amenazas, intimidación y citaciones a comerciantes, empresarios y activistas de derechos civiles, el 15 de septiembre de 2024 se observaron huelgas generalizadas en gran parte de Kurdistán, documentadas en vídeos e imágenes compartidos en Internet.
A lo largo del año continuaron dictándose y confirmándose condenas a muerte de presos políticos kurdos. En un hecho especialmente escandaloso, dos presas políticas kurdas, Pakhshan Azizi y Warishe Moradi, fueron condenadas a muerte. Además, ocho civiles kurdos detenidos durante el levantamiento Mujer, Vida, Libertad en Bukan siguen en peligro de ejecución por cargos como «insurrección armada» (baghi) y «enemistad con Dios» (moharebeh). También aumentó en 2024 la ejecución de presos condenados por delitos generales, entre ellos delitos relacionados con drogas y homicidio premeditado. A pesar de las protestas nacionales e internacionales generalizadas, el poder judicial ha persistido en llevar a cabo estas ejecuciones.
A finales de 2024, la Organización de Inteligencia del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica y el Ministerio de Inteligencia detuvieron a decenas de civiles y activistas kurdos en varias ciudades del Kurdistán por cargos políticos. A finales de año, se desconocía el paradero de la mayoría de estas personas.
Según las estadísticas oficiales del gobierno sobre las tasas de desempleo e inflación, las provincias del Kurdistán, Ilam y Kermanshah siguen encabezando los índices de pobreza de Irán. Una parte significativa de la población de estas provincias fronterizas sigue dependiendo del kolbari, a pesar de los riesgos que supone para su vida. En lugar de abordar este fenómeno económico invirtiendo en infraestructuras industriales y comerciales para crear oportunidades de empleo alternativas, el gobierno ha respondido con medidas violentas, perpetuando el asesinato sistemático de kolbars.
Aunque el controvertido proyecto de ley sobre castidad e hiyab fue aprobado por el Parlamento iraní en 2024, aún no se ha aplicado debido a la resistencia pública y al temor a protestas generalizadas, especialmente de las mujeres. La mayor concienciación social sobre los derechos de las mujeres y de las personas LGBTIQ+ en Irán, tras el levantamiento Mujeres, Vida, Libertad, ha aumentado el coste de violar estos derechos para el gobierno y los elementos conservadores de la sociedad. La creciente prevalencia del velo opcional en los últimos dos años es un resultado directo de esta lucha, no del deseo de cambio del gobierno.
Otra cuestión importante es el feminicidio. Los informes y las estadísticas indican que en 2024 continuaron los homicidios de mujeres a manos de familiares varones con el pretexto del «honor y la dignidad», facilitados por el marco legal misógino de la República Islámica.
Las distintas secciones de este informe ofrecen estadísticas y detalles sobre los asesinatos y lesiones de kolbars, la ejecución de penas de muerte, los presos políticos y religiosos kurdos que se enfrentan o se encuentran bajo amenaza de ejecución, los feminicidios, las ejecuciones extrajudiciales, las muertes de civiles por explosiones de minas terrestres, los incidentes durante la migración, las citaciones y detenciones de civiles y activistas kurdos por motivos políticos, y las sentencias dictadas contra ellos.
A pesar de los continuos esfuerzos de la Red de Derechos Humanos del Kurdistán (KHRN) por documentar y denunciar casos de violaciones de derechos humanos en el Kurdistán, es importante subrayar que las estadísticas y la información presentadas en este informe sólo cubren casos que, o bien han sido previamente verificados y publicados por esta organización, o bien, en los casos en que se han utilizado otras fuentes, han sido investigados y verificados de forma independiente por nuestros colegas.
No obstante, es importante subrayar que este informe no abarca todos los casos de violaciones de derechos humanos contra civiles kurdos en Irán. No cabe duda de que numerosos casos siguen sin denunciarse debido a las presiones de las fuerzas de seguridad sobre las personas y las familias, al temor a las consecuencias de su revelación y a las restricciones impuestas por los medios de comunicación.
Detenciones y arrestos
En 2024, al menos 474 civiles y activistas kurdos de las provincias de Azerbaiyán Occidental, Kurdistán, Kermanshah, Ilam, Hamadán, Teherán y Razavi Jorasán fueron detenidos por las fuerzas de seguridad o las autoridades judiciales de la República Islámica de Irán por motivos políticos. El mayor número de detenciones se produjo en las ciudades de Oshnavieh, Piranshahr y Bukan, en la provincia de Azerbaiyán Occidental.
Entre los detenidos había 10 niños, siete clérigos y activistas suníes, seis civiles y activistas yarsaníes y 12 miembros de familias dadkhah que habían perdido a seres queridos a causa de la violencia estatal en Irán.
Aunque algunos de los detenidos quedaron posteriormente en libertad bajo fianza, otros permanecen bajo custodia y algunos han sido trasladados a prisión para cumplir sus condenas.
Sentencias
En 2024, al menos 97 civiles y activistas kurdos se enfrentaron a cargos de naturaleza política y fueron condenados por tribunales de la Revolución Islámica y tribunales penales de varias provincias. Estas condenas incluían ejecuciones, penas de prisión fijas y en suspenso, flagelación, exilio, multas económicas y otras penas. Algunas de estas condenas fueron confirmadas por tribunales de apelación y por el Tribunal Supremo de Irán.
Este año, el mayor número de condenas fue dictado por el Tribunal Penal de Bukan, provincia de Azerbaiyán Occidental, y los Tribunales Revolucionarios Islámicos de Saqqez y Sanandaj, provincia de Kurdistán.
Presos kurdos por razones políticas y religiosas en riesgo de ejecución
En la actualidad, 12 civiles y activistas políticos kurdos están encarcelados con penas de muerte, mientras que al menos otros ocho corren peligro de ser condenados a muerte. Estas personas, algunas de las cuales fueron detenidas durante el levantamiento Mujeres, Vida, Libertad, han sido sometidas a condiciones injustas, como la denegación de acceso a un abogado elegido, graves torturas físicas y psicológicas y juicios injustos, que han dado lugar a inhumanas condenas a muerte. Las familias de estos presos y organizaciones de derechos humanos han hecho saltar las alarmas sobre las críticas condiciones, el riesgo inminente de confirmación de las condenas a muerte y la posible ejecución de estas personas. Piden la revocación de estas condenas y que se preste atención inmediata a sus terribles circunstancias.
Siete presos políticos y religiosos kurdos -Pajshan Azizi, Verisheh (Wirishe) Moradi, Hatem Özdemir, Yousef Ahmadi, Mehrab Abdollahzadeh, Hamid Hosseinnezhad Heidaranlou y Saman Mohammadi Khiyareh- han sido condenados a muerte por los Tribunales Revolucionarios Islámicos de Teherán, Orumiyeh y Sanandaj, acusados de «insurrección armada» (baghi) y «enemistad con Dios» (moharebeh), y actualmente se encuentran recluidos en las prisiones centrales de Orumiyeh, Sanandaj, Evin y Ghezel Hesar.
Los casos de Pakhshan Azizi, Verisheh (Wirishe) Moradi, Mehrab Abdollahzadeh y Hamid Hosseinnezhad Heidaranlou han sido remitidos al Tribunal Supremo para su reconsideración tras los recursos presentados. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha confirmado las condenas a muerte de Hatem Özdemir, Yousef Ahmadi y Saman Mohammadi Khiyareh, lo que supone un riesgo inminente de ejecución.
Además, otros cinco civiles kurdos -Shahin Vasaf, Azad Shojaei, Rasoul Ahmad Rasoul, Edris Ali y Nasser Bekrzadeh- han sido condenados a muerte por el Tribunal Revolucionario Islámico de Orumiyeh acusados de «espionaje para Israel». Sus casos se encuentran actualmente bajo revisión especial del Tribunal Supremo mientras permanecen encarcelados en la Prisión Central de Orumiyeh.
Mientras tanto, al menos otros ocho civiles y activistas kurdos -Ali Ghassemi, Pezhman Soltani, Kaveh Salehi, Rizgar Beigzadeh Baba-Miri, Javanmard Mam-Khosravi, Mohammad Faraji, Rauf Sheikh-Maroufi y Soleiman Adhami- se encuentran recluidos en las prisiones centrales de Orumiyeh y Bukan. La mayoría fueron detenidos por las fuerzas de seguridad en Sanandaj y Bukan durante el levantamiento Mujeres, Vida, Libertad.
Estos detenidos se enfrentan a graves cargos, como «insurrección armada» (baghi), «extender la corrupción en la tierra» (efsad-e fel-arz) y «enemistad con Dios» (moharebeh), citados en los autos de acusación contra ellos. Aumenta la preocupación por la posibilidad de que se dicten condenas a muerte contra estas personas.
Ejecuciones
La KHRN ha documentado y confirmado la ejecución de 136 presos en diversas cárceles del país en 2024. La mayoría de estas ejecuciones tuvieron lugar en la prisión de Ghezel Hesar, en Karaj, y en la prisión central de Orumiyeh.
De ellas, 79 personas fueron ejecutadas por delitos relacionados con drogas, 41 por «asesinato premeditado», cinco por «robo a mano armada» y una por «violación».
Además, en 2024 fueron ejecutados 10 presos políticos y religiosos kurdos. Entre ellos se encuentran Davoud Abdollahi, Farhad Salimi, Anvar Khezri, Khosrow Besharat y Kamran Sheikheh, acusados de «extender la corrupción en la tierra» (efsad-e fel-arz); Pezhman Fatehi, Mohsen Mazloum, Mohammad Faramarzi y Vafa Azarbar, acusados de «espionaje para Israel»; y Reza Rasaei, civil kurdo yarsaní detenido durante el levantamiento Mujeres, Vida, Libertad, acusado de «complicidad en el asesinato» de un funcionario de seguridad.
Kolbars
En 2024, al menos 51 kolbares kurdos perdieron la vida en las regiones fronterizas de las provincias de Kurdistán, Kermanshah y Azerbaiyán Occidental. De ellos, 37 murieron por disparos directos de las fuerzas militares iraníes, tres murieron tras caer desde alturas o en vuelcos de vehículos durante persecuciones de estas fuerzas, y uno murió por disparos de guardias fronterizos iraquíes. Además, cuatro kolbars, entre ellos un niño, sucumbieron a la congelación, tres murieron tras caer desde lo alto, dos sufrieron infartos mortales y uno murió en un accidente de tráfico mientras practicaba el kolbari.
Las zonas fronterizas de Baneh, en la provincia del Kurdistán, y Paveh, en la provincia de Kermanshah, con 12 víctimas mortales cada una, junto con Sardasht, en la provincia de Azerbaiyán Occidental, con ocho víctimas mortales, fueron las regiones más mortíferas para los kolbares este año.
Además, al menos 246 kolbares, entre ellos siete niños, sufrieron heridas en las regiones fronterizas de las provincias de Azerbaiyán Occidental, Kurdistán y Kermanshah. De ellos, 212 resultaron heridos por disparos directos o agresiones físicas de fuerzas militares iraníes, mientras que cuatro fueron heridos por disparos o palizas de guardias fronterizos iraquíes. Además, 13 resultaron heridos por caídas, 11 en accidentes de tráfico y cinco por explosiones de minas terrestres.
Las zonas fronterizas de Paveh, en la provincia de Kermanshah, Baneh, en la provincia del Kurdistán, y Sardasht, en la provincia de Azerbaiyán Occidental, estuvieron entre las más peligrosas para los kolbars durante el año pasado.
Feminicidio
En 2024, al menos 19 mujeres kurdas fueron víctimas de feminicidio, dos de las cuales eran niñas casadas.
En la mayoría de los casos, los autores fueron hombres familiares de las víctimas. Nueve mujeres fueron asesinadas por sus maridos, tres por sus padres, dos por sus ex maridos, dos por pretendientes, una por el ex marido de su hija y otra por su hijo. En un caso, el autor se suicidó después del asesinato.
Los métodos de asesinato incluyeron cinco casos de disparos, cinco casos de apuñalamientos, tres casos de quemaduras deliberadas, dos casos de traumatismo craneoencefálico, un caso en el que se utilizó un arma afilada y un caso de ahogamiento intencionado. En dos casos se desconoce el método de asesinato.
Por provincias, siete mujeres fueron asesinadas en la provincia de Ilam, cuatro en la provincia de Kurdistán, tres en la provincia de Kermanshah, tres en la provincia de Azerbaiyán Occidental, una en la provincia de Jorasán del Norte, y una mujer de Ilam fue asesinada en la provincia de Hormozgán.
Asesinatos de civiles
En 2024, al menos 11 civiles kurdos murieron a manos de fuerzas militares iraníes y turcas en las provincias de Azerbaiyán Occidental, Kurdistán, Kermanshah y Teherán. De ellos, nueve fueron abatidos por la policía y las fuerzas fronterizas iraníes, mientras que dos perdieron la vida en un ataque con drones llevado a cabo por el ejército turco.
Muertes en centros de detención y prisiones
En 2024, al menos cuatro presos kurdos murieron en las prisiones centrales de Orumiyeh y Ghezel Hesar, en Karaj, así como en el centro de detención de las Fuerzas de Seguridad de Irán en Kermanshah.
Payam Abdi, natural de Nowsud, en Paveh, provincia de Kermanshah, murió a consecuencia de las torturas sufridas en el centro de detención de las Fuerzas del Orden de Kermanshah. Había sido detenido en Kermanshah por cargos relacionados con «delitos sociales» y, pocos días después, su familia fue informada de su muerte. Según su familia, su cuerpo presentaba signos de tortura, como fractura de costillas y lesiones en la cabeza.
Kianoush Valad-Beigi, acusado de delitos relacionados con el tráfico de drogas, murió en la prisión de Ghezel Hesar, en Karaj, debido a negligencia médica y a retrasos en su traslado a un hospital.
Además, Amir Shahbazi, recluso condenado por «robo», se quitó la vida tras enfrentarse al estrés de una condena que implicaba la «amputación de dedos». Asimismo, Shahin Gallehdari, preso político, se suicidó en la Prisión Central de Orumiyeh en protesta por las presiones de los organismos de seguridad.
Ante el aumento de los intentos de suicidio entre los reclusos de la prisión central de Orumiyeh, un grupo de presos recluidos en los pabellones «seguros» y «especiales» del centro publicó una carta abierta en junio de 2024. Dirigida al director de la Organización de Prisiones de Irán y a organismos de derechos humanos, la carta expresaba su protesta por las duras condiciones de estos pabellones y destacaba casos de suicidios de reclusos. Los presos solicitaron una inspección urgente y pidieron que se tomaran medidas para hacer frente a sus condiciones inhumanas, pidiendo ayuda a las organizaciones de derechos humanos.
Pena de amputación
Las condenas de amputación de los cuatro dedos de la mano derecha de Shahab Teimouri y Mehrdad Teimouri, dos hermanos encarcelados de Sarpol-e Zahab, en la provincia de Kermanshah, se ejecutaron en la prisión central de Orumiyeh. Tras una breve hospitalización, ambos fueron devueltos a la unidad de admisión de la prisión.
Actualmente, al menos otros cinco presos de la Prisión Central de Orumiyeh -Hadi Rostami, Mehdi Sharifian, Mehdi Shahivand, Kasra Karami y Morteza Esmaeilian- se enfrentan al riesgo inminente de que se ejecuten condenas de amputación.
Explosiones de minas terrestres
En 2024, al menos siete personas perdieron la vida y al menos otras 17 sufrieron heridas graves o amputaciones a causa de explosiones de minas terrestres en las provincias de Ilam, Kermanshah, Azerbaiyán Occidental y Kurdistán. Uno de los fallecidos y cuatro de los heridos eran de nacionalidad afgana.
Algunas de estas minas terrestres y restos explosivos de guerra se remontan a la guerra entre Irán e Irak y a las campañas militares de la República Islámica en el Kurdistán durante la década de 1980. Otras se han colocado en los últimos años durante maniobras militares de la República Islámica o como parte de medidas destinadas a contrarrestar la presencia de partidos de la oposición kurda en estas regiones.
Solicitantes de asilo
En 2024, al menos 13 solicitantes de asilo kurdos perdieron la vida al intentar llegar a países de Europa Occidental. Once de ellos perecieron en el naufragio de una embarcación en aguas italianas, mientras que otros dos murieron en un tiroteo perpetrado por un atacante en un campo de refugiados de Dunkerque, en el norte de Francia.
Asesinatos extrajudiciales
Shoaib Zarei, combatiente peshmerga y miembro del Partido Komala del Kurdistán iraní, fue asesinado el 16 de marzo de 2024 por un agente de la República Islámica de Irán cerca del campamento del partido en la localidad de Zirgwez, en Sulaymaniyah, región del Kurdistán iraquí. El autor fue detenido por las fuerzas de seguridad locales cuando intentaba huir de la región del Kurdistán a través de la frontera de Penjwen.
Ataque con misiles del CGRI contra la
región del Kurdistán En un ataque con misiles perpetrado por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) el 17 de enero de 2024, el objetivo fue una vivienda cerca de Erbil, en la región del Kurdistán. En el ataque murieron Peshraw Dizayee, hombre de negocios kurdo; su hija de 11 meses, Jina Dizayee; una mujer filipina que trabajaba en la casa; y Karam Mikhail, hombre de negocios cristiano iraquí-británico que era huésped de la familia. Además, 16 personas resultaron heridas.
El CGRI emitió un comunicado en el que afirmaba que los ataques con misiles tenían como objetivo «una de las principales bases de inteligencia» de Israel en el Kurdistán iraquí, en represalia por el asesinato de «comandantes del CGRI y del Frente de Resistencia».
Enfrentamientos armados entre las Fuerzas iraníes y partidos opositores kurdos
en 2024, se produjeron varios enfrentamientos entre el irgc y partidos de la oposición kurda en diferentes partes del kurdistán iraní
: 9 de julio de 2024: fuerzas del irgc
se enfrentaron a miembros de un partido kurdo en la aldea de tajandareh, en oshnavieh, provincia de azerbaiyán occidental. Al menos una persona resultó muerta y otra herida y detenida.
19 de septiembre de 2024: Rebwar Karimian, comandante militar de la Komala de los Trabajadores del Kurdistán, murió en una emboscada del IRGC cerca de la aldea de Piran-e Kohneh en Marivan, provincia del Kurdistán.
22 de octubre de 2024: Durante un enfrentamiento entre el IRGC y miembros del Partido de la Vida Libre del Kurdistán (PJAK) en el pueblo de Deyvaznav en Sarvabad, provincia del Kurdistán, un soldado del IRGC, Mohammad Ahmadpour, resultó muerto, y otros tres resultaron heridos.
30 de octubre de 2024: El CGRI anunció el asesinato de un miembro del partido kurdo y la detención de otros dos en una «operación compleja.» El PJAK confirmó que uno de sus miembros, Molan Rostami, había muerto en el incidente.
Cuestiones medioambientales
Esmaeil Karimi, activista medioambiental y empleado del Departamento de Recursos Naturales de Kamyaran, sufrió quemaduras graves mientras luchaba contra un incendio forestal en los pastos de Kanishah, en Kamyaran. Trágicamente, sucumbió a sus heridas, habiendo sufrido quemaduras en el 80% de su cuerpo, el 24 de julio de 2024 en el hospital.
La situación en las cárceles
Las condiciones en las cárceles iraníes son terribles debido a diversos factores, como el grave hacinamiento, con un número de reclusos que supera con creces la capacidad de las instalaciones, las deficientes normas de higiene y la falta de recursos médicos. En prisiones como Orumiyeh, Sanandaj, Kermanshah e Ilam, los presos recién llegados se ven obligados a dormir en el suelo de las habitaciones y los pasillos debido a la falta de espacio. Los presos enfermos se enfrentan a graves problemas debido a las limitaciones de los servicios médicos penitenciarios. No hay médicos especialistas disponibles, y los reclusos que necesitan atención especializada urgente deben esperar meses para obtener la aprobación de las autoridades penitenciarias y judiciales. A menudo, este proceso sólo es posible pagando tasas desorbitadas, necesarias para que los presos puedan recibir tratamiento médico.
En los pabellones femeninos de las prisiones de estas provincias, algunas reclusas están recluidas en condiciones extremadamente precarias junto a sus hijos pequeños. La calefacción, la ventilación, los sistemas de refrigeración y el acceso al agua caliente en estos pabellones son persistentemente problemáticos. En algunos casos, los reclusos llevan meses sin agua caliente en baños y aseos.
En el último año, los presos de la Prisión Central de Orumiyeh han sido sometidos en repetidas ocasiones a palizas por parte de funcionarios de prisiones, entre ellos Peyman Khanzadeh y Fatemi (director interno de la prisión). Estos presos han sido castigados con el traslado al pabellón «seguro», donde han permanecido recluidos durante meses en condiciones duras y de aislamiento. Las severas condiciones de la prisión y el uso de la tortura han provocado un preocupante aumento de los casos de suicidio en la Prisión Central de Orumiyeh.
