El político kurdo Selahattin Demirtaş recibe una nueva condena de 2,5 años de cárcel por criticar al Estado turco

Medya News – 21 julio 2024 – Traducido y editado por Rojava Azadi Madrid

Selahattin Demirtaş, ex copresidente del Partido Democrático de los Pueblos (HDP) prokurdo de Turquía, fue condenado a dos años y medio más de prisión por criticar a las instituciones del Estado turco.

Selahattin Demirtaş, ex copresidente del Partido Democrático de los Pueblos (HDP) prokurdo de Turquía, fue condenado el viernes a otros 2 años y 6 meses de prisión. Esta sentencia se deriva de cargos relacionados con discursos que pronunció entre 2015 y 2016, durante los cuales se le acusó de insultar públicamente a las instituciones gubernamentales turcas, incluidos el poder judicial, el ejército y las fuerzas de seguridad.

La decimotercera vista del caso se celebró en el Tribunal Penal n.º 14 de Mersin, y Demirtaş participó por videoconferencia desde la prisión de alta seguridad de tipo F de Edirne. Los abogados de Demirtaş, junto con el diputado del Partido del Pueblo, Igualdad y Democracia (DEM) Ali Bozan, asistieron en persona a la vista. La familia de Demirtaş también siguió el proceso a distancia, desde Diyarbakır (Amed).

Durante su defensa, Demirtaş criticó el escrito de la fiscalía por ser un mero «copia-pega» carente de toda sustancia jurídica. Afirmó que la causa contra él tenía motivaciones políticas y que formaba parte de una estrategia más amplia para debilitar a figuras políticas kurdas y reprimir la disidencia. Sostuvo que el caso reflejaba un sesgo sistémico en la jurisprudencia turca, destacando las discrepancias con la forma en que se trataron acusaciones similares en casos que implicaban a otras figuras, como líderes de la mafia o figuras públicas controvertidas.

Demirtaş insistió en su creencia de que el poder judicial turco es parcial contra él debido a su identidad kurda. Estableció comparaciones con otras figuras políticas y alegó que el sistema judicial favorece a las personas que apoyan al régimen gobernante o tienen conexiones con redes delictivas. Señaló que, mientras algunas personas con presuntas conexiones delictivas recibían clemencia, él mismo se enfrentaba a duras penas por sus actividades y declaraciones políticas.

Acusó al Estado de practicar una discriminación sistemática contra los políticos kurdos y criticó la gestión gubernamental de varios casos de gran repercusión, entre ellos los de abusos contra los derechos humanos y violencia política. Afirmó que el sistema judicial estaba manipulado para servir a fines políticos y no a la justicia, y destacó lo que considera una injusticia fundamental en la forma en que el sistema judicial trata a los distintos grupos dentro de Turquía.

Tras las presentaciones de la defensa, el tribunal condenó a Demirtaş a un total de 3 años de prisión en virtud de los artículos 301 (insultar públicamente a las instituciones del Estado) y 216 (incitar al odio y la hostilidad) del Código Penal turco. Sin embargo, el tribunal aplicó posteriormente una reducción por discrecionalidad judicial, reduciendo su condena a 2 años y 6 meses.

Mahsuni Karaman, abogado del Colegio de Abogados de Diyarbakır, comentó el caso, afirmando que la tradición de justicia política permanece inalterada, castigándose a quienes denuncian masacres mientras los autores quedan libres:

«Según el Tribunal Penal nº 14 de Mersin, Selahattin Demirtaş ha sido condenado a 2 años y 6 meses de prisión por insultar públicamente a las instituciones del Estado e incitar al odio y la hostilidad. Esta sentencia está relacionada con sus declaraciones sobre varias masacres, incluida la masacre de Zilan de 1930, el incidente de Cizre, el atentado contra la estación de tren de Ankara el 10 de octubre, el atentado de Suruç el 20 de julio y la masacre de Diyarbakır el 5 de junio [todos en] 2015, e incluyendo también observaciones relativas a los asesinatos de la madre Taybet İnan, cuyo cuerpo fue abandonado en la calle durante siete días, Cemile Çağırga, cuyo cuerpo tuvo que ser conservado en un frigorífico, Hacı Lokman Birlik, cuyo cuerpo fue arrastrado por un vehículo blindado y Kevser Eltürk, cuyo cuerpo fue expuesto desnudo en Varto. La tradición de la judicatura política no ha cambiado: no se castiga a quienes cometen masacres, pero sí a quienes las critican. Este es el precio de alzar la voz contra las masacres».

El Partido DEM expresó su enérgica desaprobación del veredicto, declarando:  «La condena de Demirtaş a dos años y medio de prisión es nula a nuestros ojos. Apoyamos a Selahattin Demirtaş y seguiremos luchando por la justicia independientemente de esta decisión.»

El copresidente del Partido DEM, Tuncer Bakırhan, también condenó la sentencia en su X (antes Twitter), afirmando: «Nuestro camarada Selahattin Demirtaş fue condenado a dos años y medio de prisión por defender la vida contra las políticas de muerte del régimen. Esta decisión ilegal es nula, y ninguna fuerza puede borrar la verdad con penas de prisión.»

Esta reciente condena se suma al ya largo encarcelamiento de Demirtaş por el conocido caso Kobani. El 16 de mayo, un tribunal de Ankara adoptó una decisión definitiva en el juicio por el caso Kobani, que ha durado ocho años. Junto con varios ejecutivos del partido, los ex copresidentes del HDP Selahattin Demirtaş y Figen Yüksekdağ recibieron condenas de 42 años y 32 años y 9 meses, respectivamente. El caso surgió a raíz de los sucesos del 6 al 8 de octubre de 2014, cuando estallaron manifestaciones masivas en el sureste de Turquía, de mayoría kurda, por la postura de apoyo del gobierno al asedio de ISIS a la ciudad de Kobani (Kobanê), en el norte de Siria. Las protestas desembocaron en enfrentamientos con la policía y grupos fascistas, con el resultado de numerosas muertes, la mayoría de ellas de simpatizantes del HDP. Sin embargo, el gobierno turco inició un «juicio por conspiración» general contra miembros del HDP, con el objetivo de desmantelar su oposición política.

Los medios de comunicación de todo el mundo han criticado ampliamente las sentencias dictadas contra los colíderes del HDP y sus coacusados en el juicio. Human Rights Watch calificó los cargos contra los políticos de «falsos» y «parte de una campaña de persecución política».