Cómo los paramilitares reorganizaron la tierra y la vida rural en Kurdistán

Fuente: The Amargi

Autor: Joost Jongerden

Este artículo ha sido escrito conjuntamente por Joost Jongerden y Francis O’Connor.

A mediados de la década de 1980, cuando el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) lanzó una insurgencia, el Estado turco revivió una vieja estrategia: reclutar milicias locales para que lucharan en su nombre. El sistema de guardias rurales resultante era, en teoría, una fuerza paramilitar temporal encargada de «proteger» sus aldeas de las unidades guerrilleras del PKK. En la práctica, las «temporales» Guardias de Aldea se convirtieron en algo completamente diferente: una vasta y duradera institución paramilitar, con decenas de miles de efectivos, que se ha integrado en la economía, el orden social y la vida política de la región. Lejos de ser una medida de contrainsurgencia a corto plazo, las Guardias de Aldea se han convertido en actores clave en la apropiación y reconfiguración de la propiedad y el acceso a la tierra.

Regla excepcional, hecha local

El sistema de guardias rurales nació dentro de esta arquitectura de excepción.

El Kurdistán turco se ha gobernado durante mucho tiempo mediante disposiciones legales y administrativas «excepcionales». Desde los sistemas de inspectores generales de los primeros años de la república, en las décadas de 1920 y 1930, hasta las décadas de ley marcial y la era del estado de emergencia (OHAL) entre 1987 y 2002. La gobernanza extraordinaria se ha convertido en la norma en el Kurdistán. El sistema de guardias rurales nació dentro de esta arquitectura de excepción: habilitado legalmente por medidas de emergencia e impulsado operativamente por la búsqueda de una solución militar al problema kurdo. Como parte de esta solución militar, el sistema se expandió rápidamente, convirtiéndose en una institución masiva integrada en las operaciones de contrainsurgencia: vigilancia, recopilación de información, patrullas y participación directa en combates, a veces incluso en operaciones transfronterizas en la región del Kurdistán, en el norte de Irak.

La guerra es política, pero también es local

Las investigaciones sobre el paramilitarismo, desde la antigua Yugoslavia hasta Colombia, muestran que las milicias no son meros títeres dóciles del Estado ni están motivadas exclusivamente por incentivos económicos. Son formaciones políticas moldeadas por los órdenes sociales locales, las memorias históricas, las instituciones y las oportunidades emergentes en contextos sociopolíticos y económicos. Las milicias suelen surgir cuando las prácticas de autoridad preexistentes, como la afiliación tribal, el clientelismo y la intermediación local, pueden movilizarse en estructuras armadas. Si bien gran parte de la investigación sobre el tema se ha centrado, con razón, en las funciones militares de las fuerzas paramilitares y su inevitable participación en violaciones masivas de los derechos humanos, los paramilitares también pueden generar profundas transformaciones relacionadas con el acceso y la propiedad de la tierra, reconfigurar la asignación de recursos y ampliar el control sobre la economía local.

Cómo la contrainsurgencia «drenó el mar»

Después de que el PKK iniciara su insurgencia en 1984, pequeñas unidades guerrilleras se desplazaron por el campo reclutando, haciendo propaganda y atacando objetivos asociados con el Estado turco. A principios de la década de 1990, el PKK controlaba grandes extensiones de terreno rural —«zonas semiliberadas»— en provincias como Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Bingöl y otras. Las aldeas y caseríos servían de sustento a la insurgencia, proporcionándole refugio, alimentos, reclutas, información e inteligencia, y legitimidad popular.
… más de 3000 asentamientos rurales fueron evacuados por la fuerza, lo que afectó a millones de kurdos en uno de los mayores desplazamientos masivos de población de la región en las últimas décadas.
Inicialmente, el ejército turco solo defendía las ciudades importantes y las aldeas más grandes, lo que inadvertidamente permitió al PKK consolidar su dominio sobre el campo.

El Estado revirtió esta política a principios de la década de 1990 con un cambio hacia el «dominio del terreno» y la creación de fuerzas especiales móviles, incluidas brigadas de comando, policía de respuesta rápida y equipos de gendarmería, para llevar a cabo una estrategia destinada a comprimir el espacio insurgente, interrumpir la movilidad de la guerrilla e intimidar a la base de apoyo rural del PKK.

Esta escalada se acompañó de desplazamientos masivos: más de 3000 asentamientos rurales fueron evacuados por la fuerza, lo que afectó a millones de kurdos en uno de los mayores desplazamientos masivos de población de la región en las últimas décadas. Estos actos de expulsión violenta y destrucción de aldeas fueron llevados a cabo normalmente por el ejército y las fuerzas especiales siguiendo la lógica clásica de la contrainsurgencia: separar a los insurgentes de su base de apoyo. No obstante, las Guardias de Aldea sobre el terreno, con su profundo conocimiento local y sus propios incentivos para desplazar a sus antiguos vecinos, desempeñaron un papel clave en la microimplementación de la estrategia.

Un microcaso con grandes implicaciones: İslamköy (Kuyê), Kulp

Para comprender cómo funcionaba sobre el terreno un sistema tan vasto, centrarse en un solo caso puede servir como una especie de ojo de cerradura ejemplar para analizar el fenómeno en su conjunto. Un artículo reciente sobre cómo las Guardias de Aldea han transformado la economía del Kurdistán se centró en la aldea de Kuyê, en el distrito de Kulp, un terreno montañoso y lleno de cuevas, que en su día fue famoso por su producción de seda. A principios de la década de 1990 se convirtió en una zona de intenso conflicto. Al igual que gran parte del Kurdistán rural, Kuyê había sido descuidada por el Estado en términos de prestación de servicios y desarrollo. En este espacio de abandono estatal, la presencia habitual de las fuerzas del PKK y sus formas de «gobierno rebelde» se normalizaron. Este periodo llegó a un final abrupto y violento: las familias acusadas de simpatizar con el PKK, especialmente aquellas que se negaron a unirse a las Guardias de las Aldeas, fueron amenazadas, sus casas quemadas y finalmente evacuadas a punta de pistola. En un caso llevado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se documentó que, durante la evacuación de Kuyê, los daños no se limitaron a las casas, sino que el molino harinero del pueblo, las reservas de alimentos, los cobertizos para animales e incluso las moreras necesarias para la producción de seda fueron sistemáticamente destruidos, lo que hizo que el pueblo quedara inhabitable.

Cómo las milicias reordenan las jerarquías sociales

La movilización de las Guardias de Aldea fue impulsada por la cuestión de la tierra: al convertirse en Guardias de Aldea, sus miembros más pobres utilizaron la paramilitarización como palanca para revertir su posición marginal y asegurarse el acceso a recursos, como los pastos de montaña y el agua, que antes les habían sido negados. Las personas que antes se encontraban en la parte inferior de la escala social ahora tenían armas y el respaldo del Estado, y podían simplemente apropiarse de la tierra y el agua. En otras palabras, la guerra se convirtió en un vehículo para la movilidad de clase y el cambio social. No necesariamente porque los aldeanos pobres tuvieran desde el principio una hostilidad ideológica hacia el PKK, sino porque la militarización alteró el poder de negociación y la jerarquía dentro de la aldea. Sin embargo, al mismo tiempo, los costes sociales y el riesgo personal para los guardias rurales eran graves; por ejemplo, en solo dos meses del verano de 1994, el PKK mató a seis guardias rurales e hirió a otros diez. Aparte del riesgo físico, los guardias rurales y sus familias también eran fuertemente estigmatizados, y sus vecinos los tildaban despectivamente de caş, o pollinos, un término kurdo utilizado para referirse a los traidores.

Dos aldeas, una herida

En varias partes del Kurdistán, a principios de la década de 2000, casi una década después de las expulsiones, la gente comenzó a regresar lentamente a sus aldeas evacuadas. En el caso de Kuyê, siguiendo el consejo de los militares, el Estado planificó un asentamiento concentrado (antes la aldea estaba dispersa en varias aldeas) y controlable, reconstruyendo la aldea en un lugar diferente cercano.

Sin embargo, solo los guardias del pueblo y sus familias se trasladaron allí. Los que se habían negado a participar en el sistema de guardias del pueblo rechazaron la nueva ubicación y, en su lugar, reconstruyeron sus casas entre las ruinas del pueblo, viviendo estacionalmente en tiendas de campaña durante los meses más cálidos mientras reconstruían sus hogares originales. El resultado fue, en la práctica, la construcción de dos asentamientos, cada uno de los cuales afirmaba ser la verdadera aldea: uno justificado por el sacrificio aparentemente en nombre del Estado («lo defendimos»), el otro anclado en la continuidad histórica («reconstruimos lo que siempre ha sido nuestro»). Desde entonces, los residentes han vivido vidas paralelas pero decididamente separadas, incluso conectadas con la cercana Kulp por diferentes rutas de transporte, coexistiendo con desconfianza mutua. El conflicto armado de principios de la década de 1990 no terminó, sino que simplemente se rearticuló de manera espacial, evitando cualquier posible foco de tensión para no reavivar la violencia del pasado.

Lo que Kuyê/İslamköy nos enseña sobre las guardias rurales

Cualquier acuerdo serio tendría que abordar no solo el conflicto entre el Estado y el PKK, sino también las rupturas intracomunitarias que el sistema de guardias rurales ha afianzado

Kuyê/Islamköy es un caso único, y el sistema de guardias rurales es profundamente heterogéneo en todo el Kurdistán. Pero el caso aclara varios puntos más amplios: en primer lugar, los guardias rurales no son solo instrumentos del poder estatal. También son producto de dinámicas locales como la rivalidad tribal y la lucha de clases, así como de estrategias de supervivencia basadas en el acceso y el control del agua, los árboles y la tierra. En segundo lugar, el sistema ya no se define por su función de seguridad, sino que se ha convertido en un pilar de la gobernanza. Su persistencia, expansión y escala reflejan su papel en la estructuración del orden sociopolítico, cultural y económico local, y cómo fomenta la dependencia, la lealtad y el orden local. En tercer lugar, como en casos de todo el mundo, el conflicto y la dominación fracturan inevitablemente a los colonizados desde dentro. El sistema profundizó las divisiones intra-kurdas, convirtiendo las disputas por la tierra y el agua en antagonismos políticos duraderos. Por último, la paz requiere algo más que un alto el fuego o la mera ausencia de violencia activa. Cualquier acuerdo serio tendría que abordar no solo el conflicto entre el Estado y el PKK, sino también las rupturas intracomunitarias que el sistema de guardias rurales ha afianzado.

Reflexión final

El sistema de guardias rurales de Turquía comenzó como una herramienta de contrainsurgencia en la década de 1980. Con el tiempo, se convirtió en un escenario en el que los actores locales reestructuraron las jerarquías sociales, aseguraron (o perdieron) el acceso a la tierra y al agua, y utilizaron la excusa de la «lucha contra el terrorismo» para reclamar autoridad y legitimidad. Una perspectiva desde la base muestra que las instituciones paramilitares son relacionales y políticas, moldeadas por las interacciones entre la estrategia estatal, la violencia insurgente y las luchas locales por la tierra y otros recursos. Si queremos comprender cómo las guerras transforman las sociedades, debemos seguir las armas, pero también los canales de riego, los rebaños de ganado y los pastos, las moreras y las ruinas de las aldeas.
Foto de Joost Jongerden