Afrin: el amargo balance de ocho años y la frágil esperanza de la recuperación

Han pasado ocho años desde que el Estado turco lanzara sus ataques de ocupación contra Afrin. Desde el momento en que el Estado turco inició sus ataques genocidas contra Afrin, no ha dejado de cometer crímenes contra la humanidad, mostrando así al mundo entero la verdadera naturaleza de la ocupación.

Lekolin – Militan Rêhat – 18 marzo 2026 – Traducido y editado por Rojava Azadi Madrid

Han pasado ocho años desde que, el 20 de enero de 2018, el Estado turco y las milicias del Ejército Nacional Sirio (SNA) a las que apoya invadieran Afrin. Este proceso ha sido un período plagado de graves crímenes de guerra, documentados por organizaciones internacionales de derechos humanos. Toda la región se ha enfrentado a crímenes de guerra, desplazamientos sistemáticos, cambios demográficos (deskurdización), saqueo de propiedades y prácticas de represión. A pesar de ello, en el marco del acuerdo alcanzado en marzo de 2026 entre el Gobierno de Transición de Siria y la Administración Autónoma Democrática del Norte y Este de Siria, se produjo por primera vez un retorno limitado: unas 400 familias (unas 3.000 personas en total) de Hasaka, Qamishlo y Derik regresaron a Afrin. Aunque este retorno generó una frágil esperanza de regreso para la población de Afrin antes del Newroz, la mayoría de las viviendas se encontraban saqueadas, devastadas u ocupadas por familias de milicianos.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y PROCESO DE OCUPACIÓN

Desde 2012, Afrin, bajo el control de las YPG/SDF, era una región con una población mayoritariamente kurda (alrededor del 90 %) y contaba con unos 200.000 habitantes. El 20 de enero de 2018, a las 16:00 horas, el Estado turco ocupante y sus milicias lanzaron un ataque contra una zona de 3.850 kilómetros cuadrados en Afrin con 72 aviones de combate (nuestras fuentes fiables indican que fueron 102), haciendo caso omiso de los criterios humanitarios y éticos internacionales.

Con el inicio de los ataques de ocupación, el Estado turco y sus bandas masacraron a decenas de civiles en las aldeas, pueblos, distritos y ciudades de Afrin. Según los datos de la Dirección de Salud de Afrin, el número de caidos durante los 58 días de resistencia ascendió a 257 personas. De ellas, 45 eran niños y 176 mujeres. Además, 742 personas resultaron heridas. De los heridos, 113 eran niños, 113 mujeres y 516 hombres.

Con los ataques de ocupación iniciados el 20 de enero de 2018, Turquía y los grupos del SNA (Sultan Murad, Brigada Hamza, Süleyman Şhah, etc.) tomaron el control de la zona. A raíz de los intensos bombardeos y enfrentamientos, más de 300.000 civiles kurdos fueron desplazados.

La mayoría se dirigió a Shehba, Tel Rifaat y Hasaka. Tras la ocupación, la zona quedó bajo el control conjunto de las Fuerzas Armadas turcas y el SNA. Turquía prestó los servicios administrativos (educación, sanidad) a través de la Gobernación de Hatay y se establecieron más de 100 bases de ocupación. Este modelo se extendió también a Serekaniye y Gire Spi en 2019, pero Afrin fue el lugar donde se produjeron las violaciones más graves.

DELITOS DE GUERRA Y VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS

Informes internacionales (el informe de Human Rights Watch de 2024 titulado «Everything is by the Power of the Weapon», la Comisión Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre Siria y el Ceasefire Centre) han documentado las violaciones sistemáticas cometidas por los grupos del SNA y las fuerzas turcas (especialmente a través del MİT, su servicio de inteligencia). Destacaron las detenciones arbitrarias, la tortura, la violencia sexual y las ejecuciones extrajudiciales. Se atacó a civiles kurdos (con el pretexto de su vinculación con las SDF); los detenidos permanecieron recluidos sin comunicación durante periodos que iban de semanas a años. Entre los métodos de tortura figuraban los golpes con cables, las descargas eléctricas, la extracción de uñas y dientes y el ahogamiento simulado. Se denunciaron casos de violaciones, acoso y fotografiado, especialmente contra mujeres kurdas. HRW señaló que estas violaciones crearon un sistema controlado «a punta de pistola»; las demandas de rescate oscilaron entre 100 y 30.000 dólares. La ONU confirmó que las violaciones tenían un carácter «sistemático». La impunidad prevaleció; quienes denunciaron sufrieron represalias.

DESPLAZAMIENTO Y CAMBIO DEMOGRÁFICO (DESKURDIZACIÓN)

Una de las consecuencias más duraderas de la ocupación fue la ingeniería demográfica. En 2018, más de la mitad de la población (más de 300.000 kurdos) fue desplazada. Familias árabes suníes y turcomanas traídas de Gouta Oriental, Hama e Idlib (un total de más de 285.000 personas) fueron instaladas en hogares kurdos. La proporción de la población kurda cayó del 90 % al 25-30 %; algunos informes indican que ha aumentado hasta el 45 % en los últimos tiempos, pero ni siquiera esto puede ocultar el cambio permanente. Se cambiaron los nombres de los pueblos, se eliminaron las instituciones kurdas y se destruyeron los olivares. Los informes internacionales calificaron esto como «limpieza étnica» e «ingeniería demográfica»; se consideró un «crimen contra la humanidad» y un «crimen de guerra», aunque la sentencia de genocidio aún no ha sido confirmada en los tribunales internacionales. El objetivo era debilitar de forma permanente la presencia kurda y someterla a un genocidio.

SAQUEOS SISTEMÁTICOS, REPRESIÓN Y VIOLACIONES DE LA PROPIEDAD

La ocupación por parte del Estado turco y sus bandas no se limitó únicamente al asesinato de personas. Tras la ocupación, se saquearon casas, tiendas y olivares; se arrancaron puertas, cables y enseres; la cosecha de aceitunas se trasladó a Turquía y se vendió a países europeos. Los grupos del SNA utilizaron las viviendas como cuarteles o residencias, las alquilaron o las vendieron. Más de 3.750 demandas por propiedad quedaron sin resolver. Se generalizaron el «impuesto de protección», los rescates y los tributos. Se amenazó a quienes regresaban.

Los recursos naturales de la región también fueron saqueados. En tres años se talaron y vendieron más de 314.400 árboles. Además, se quemaron más de 11.000 olivos y otros árboles. Por otra parte, se destruyeron por incendio 11.000 hectáreas de tierras de cultivo. En la actualidad, el saqueo de los recursos naturales de la región continúa sin cesar. Los olivos y el aceite de oliva de Afrin son robados y vendidos en los mercados haciéndolos pasar por productos de Turquía.

Antes de la ocupación turca, en Afrin había 200 instalaciones de procesamiento de aceitunas. En estas instalaciones se producían 200.000 toneladas de aceite de oliva al año. Esta producción tenía un valor anual de 500 millones de dólares. Además, se exportaban 50.000 toneladas de aceitunas al año.

Antes de la ocupación de Afrin, se producían aproximadamente 30.000 toneladas de productos textiles al año, con un valor de 100 millones de dólares. Además, había unas 517 fábricas y talleres dedicados a la producción textil. A día de hoy, el Estado turco obtiene unos ingresos anuales de 537.600.000 dólares gracias a los productos de aceitunas y textiles de Afrin.

La destrucción cultural también fue grave: se derribaron templos y tumbas yazidíes y se destruyeron yacimientos históricos.

Durante los ataques, 68 de las 318 escuelas quedaron completamente destruidas. Las escuelas restantes sufrieron daños graves. El 29 de enero, la zona histórica de Eyn Dara quedó completamente arrasada. Además, se destruyeron tres centros históricos incluidos en la lista de protección internacional.

Tanto durante como después de los ataques de ocupación, el Estado turco y sus bandas continuaron cometiendo crímenes contra la humanidad. Numerosos yacimientos históricos y arqueológicos fueron saqueados y destruidos. Según la Dirección de Arqueología de Afrin, en la región había unos 65 yacimientos antiguos. La gran mayoría de ellos fueron destruidos por las excavaciones y todos los restos fueron saqueados y robados.

Además, más de 28 centros históricos y más de 15 cementerios religiosos y confesionales fueron destruidos sin distinción. Muchos cementerios y lugares sagrados fueron demolidos y convertidos en zonas de construcción.

HRW destacó que la mayoría de las víctimas no pudieron recuperar sus propiedades y que las denuncias dieron lugar a represalias. EE. UU. impuso sanciones a algunos grupos del SNA en 2023; en Alemania se abrieron investigaciones.

EL ENKS FUE CÓMPLICE DEL GENOCIDIO KURDO

El ENKS actuó conjuntamente con las milicias del SNA, controladas por el Estado turco, a partir de 2011. En 2013 se incorporó oficialmente a las milicias de la Coalición Nacional Siria, controladas por Turquía. En los primeros ataques lanzados en 2012 contra los barrios kurdos de Alepo, Ashrafieh y Sheikh Maqsoud, participaron, junto a milicias árabes, grupos como Azadi y Salahaddin, vinculados al ENKS.

Del mismo modo, en 2018, el ENKS, controlado por el KDP-Parastin, desempeñó un papel activo en los ataques de ocupación de Afrin por parte de la Turquía ocupante y sus milicias. Seis milicias afiliadas al ENKS participaron oficialmente en la operación de ocupación de Afrin bajo el nombre de «Batallón de Samarcanda» dentro de las milicias del SNA. Los responsables del ENKS también declararon posteriormente de forma abierta que cuatro de sus grupos armados luchaban en Afrin contra las YPG-YPJ.

El KDP y el ENKS, que participaron en la matanza física del pueblo kurdo y de sus niños, entraron en Afrin —bajo la ocupación de Turquía y sus bandas— tras el terremoto de 2023, bajo el nombre de «Fundación de Ayuda Barzani», y se sumaron a las políticas de genocidio político y social contra el pueblo kurdo.

A pesar de los pasos dados en 2025 en el eje de la Unidad Kurda, algunos sectores e individuos dentro del ENKS continúan llevando a cabo numerosas actividades que socavan la unidad del pueblo kurdo.

SITUACIÓN ACTUAL Y EL RETORNO DE 400 FAMILIAS

Las violaciones continuaron entre 2023 y 2025; siguieron las detenciones, los robos y las ejecuciones. El acuerdo del 29 de enero de 2026 entre el Gobierno de Transición de Siria y la Administración Autónoma, en el periodo posterior a Assad, permitió un retorno limitado. El 9 de marzo de 2026 partió de Hasaka el primer convoy (400 familias, procedentes de las regiones de Mabata, Shiye, Jindires, etc.) y llegó a Afrin el 10 de marzo. Se celebraron fiestas, pero muchas casas estaban en ruinas, saqueadas u ocupadas; los títulos de propiedad habían sido robados y la reconstrucción era imposible. Como se desprende de los últimos acontecimientos, la crisis de seguridad y vivienda persiste; el regreso del segundo grupo (200 familias) se ha pospuesto. Aunque se trata del primer regreso masivo en ocho años, la mayoría de las familias sigue sin mostrarse dispuestas a regresar por miedo.