Acuerdo Damasco-SDF: ¿Triunfará el Estado de la ciudadanía sobre el Estado de las facciones y el caos?
The Kurdish Center for Studies – Tariq Hemo – 8 marzo 2026 – Traducido y editado por Rojava Azadi Madrid
El Gobierno provisional de Damasco y las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF) están avanzando en la aplicación de los términos del acuerdo del 29 de enero, que establece un alto el fuego entre ambas partes, la normalización de la situación y la integración militar y administrativa tanto de las SDF como de la Administración Autónoma en el seno de las estructuras e instituciones del Estado sirio. A pesar de las numerosas observaciones aquí y allá, la aparición de obstáculos y una situación de ralentización —quizás incluso un bloqueo intencionado destinado a ejercer presión y restricciones—, el acuerdo, en su sentido general y global, avanza satisfactoriamente. Muchos puntos y cláusulas ya se han materializado y aplicado en la práctica sobre el terreno, a pesar de la imposición continuada de una especie de asedio sobre Kobane, lo que parece ser una medida premeditada por parte de las autoridades para lograr ciertos beneficios o quizás para eludir algunas responsabilidades y obligaciones estipuladas en el acuerdo concluido entre las dos partes.
El acuerdo se produjo tras enfrentamientos generalizados y un estado de «ruptura de voluntades» entre el gobierno interino y las SDF. A través de ello, las autoridades intentaron movilizar a la población contra las SDF y su base social —el componente kurdo— utilizando a grupos, sectores y milicias locales como «falsos amigos» para cometer actos provocadores de los que el Estado se desmarcaría posteriormente. De hecho, tras revelarse el horror y la magnitud de lo ocurrido, el Estado se presentaría como la «entidad» capaz de controlar a estos grupos y de impedir que cometieran nuevos crímenes, actos de violencia y matanzas masivas, promocionándose así como garante de la protección del componente kurdo fuera de las tres zonas kurdas densamente pobladas donde las SDF y las fuerzas «Asayish» mantienen una fuerte presencia.
A pesar de que las SDF aceptaron la retirada de Deir Hafer y Maskana (zonas al oeste del Éufrates) tras una serie de acontecimientos regionales e internos que reforzaron la posición de las autoridades de Damasco, el Gobierno decidió continuar la ofensiva. Esto ocurrió ante el éxito de las fuerzas gubernamentales al asaltar los barrios civiles de Sheikh Maqsoud y Ashrafieh en Alepo, regocijándose por la «victoria» lograda sobre unas pocas docenas de miembros de Asayish ligeramente armados que se negaron a abandonar los dos barrios, prefiriendo luchar en defensa de los residentes que fueron sometidos a bombardeos indiscriminados y al uso de armas pesadas, lo que provocó una destrucción generalizada y el desplazamiento de decenas de miles de ciudadanos kurdos. Quedó claro que las autoridades de Damasco apostaban por la fuerza, retirándose del acuerdo del 10 de marzo y, antes de eso, del acuerdo del 1 de abril en Alepo, prefiriendo el fuego al diálogo tras la reunión celebrada con la parte israelí en la capital francesa, París, el 5 de enero.
La puñalada por la espalda a las SDF que se retiraban de las zonas al oeste del Éufrates, la activación de células durmientes en Raqqa y en el campo de Deir ez-Zor, la instigación de deserciones entre el componente árabe de las SDF allí, y el llamamiento a las tribus árabes a la revuelta, dieron lugar a masacres y matanzas masivas contra los combatientes de las SDF en retirada, así como contra civiles kurdos que huían de Tabqa y Raqqa hacia Kobane, Hasaka y Qamishlo. Decenas de familias kurdas fueron exterminadas en las carreteras y a las entradas de pueblos y ciudades. Todo esto tuvo lugar bajo la cobertura y la complicidad de las autoridades y tras el trabajo preparatorio realizado por los medios oficiales y los medios árabes aliados, que difundieron un volumen masivo de mentiras y falsedades dirigidas contra las SDF y los kurdos. Como de costumbre, se emplearon trucos y artimañas para ocultar y encubrir los crímenes de las autoridades, con una exclusión y un bloqueo deliberados de la narrativa kurda —llegando incluso a cuestionar la credibilidad de las fotos y los vídeos que mostraban la masacre de kurdos por motivos de identidad étnica—, mientras se centraba la información mediática falsificada en otros detalles como los «túneles» y los «prisioneros civiles inocentes» en las cárceles de las SDF.
Las fuerzas gubernamentales de Damasco avanzaron hasta las afueras de Hasaka y Qamishlo después de que combatientes árabes de Raqqa y Deir ez-Zor abandonaran las filas de las SDF para regresar a sus hogares al presenciar la retirada hacia las fronteras administrativas de la provincia de Hasaka, junto con otras deserciones coordinadas a través de los servicios de inteligencia en una fase posterior. Las fuerzas gubernamentales se estacionaron en Shaddadi, Tel Brak, Tel Hamis y Tel Kocher, localidades de mayoría árabe en la provincia de Hasaka. Además, las fuerzas gubernamentales lanzaron ataques contra la zona rural de la región de Kobane, ocupando un total de 70 aldeas. La ofensiva vino acompañada de saqueos, pillajes, asesinatos, desplazamientos y otras vergonzosas violaciones y actos de indignidad que se han convertido en sinónimo de las facciones del Gobierno de Damasco y en parte de su historia durante sus pocos meses de gobierno y gestión de Siria. La incitación oficial y dirigida desde Damasco y sus medios de comunicación, así como desde canales y plataformas árabes (exclusivamente del Golfo) contra los kurdos, alcanzó su punto álgido. El siguiente objetivo fue la provincia de Hasaka, donde el mayor peligro residía en la posibilidad de que se produjeran enfrentamientos sangrientos y masacres entre las etnias árabe y kurda.
Las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF) prefirieron retirarse de Raqqa y Deir ez-Zor antes que quedarse y atrincherarse en una lucha allí, para evitar agravar los enfrentamientos entre árabes y kurdos que deseaban las autoridades —enfrentamientos que podrían haberse extendido a otras zonas, abarcando potencialmente todas las regiones mixtas árabe-kurdas tanto en Siria como en Irak, desde Afrin, pasando por Shengal, hasta Khanaqin. En consecuencia, las SDF se retiraron a la provincia de Hasaka, donde reside la presencia y la base social kurdas, y donde las tribus árabes comparten una larga historia de buena vecindad, matrimonios mixtos y relaciones sociales distinguidas con los kurdos, lo que proporciona una base de calma, razón y consenso que complica los esfuerzos de las autoridades por utilizar a estas tribus contra los kurdos. En cuanto a Raqqa y Deir ez-Zor, fueron, en realidad, una pesada «camisa de hierro» de la que se despojaron las SDF y la Administración Autónoma. Nunca tuvieron la intención de quedárselas y siempre buscaron fórmulas para entregarlas a su pueblo a través de consejos militares y estructuras administrativas y retirarse a Hasaka. Se pretendía que esto se hiciera en el marco de un acuerdo con las autoridades de Damasco que garantizara a la población de Raqqa y Deir ez-Zor una forma de descentralización que respetara sus sacrificios por liberar sus zonas de ISIS y reconociera sus esfuerzos por establecer estructuras administrativas y mantener la paz civil y las instituciones estatales (presas, fábricas, yacimientos de petróleo y gas). Sin embargo, la apuesta de las autoridades de Damasco por la acción militar tras el asalto a Sheikh Maqsoud y Ashrafieh, y su adhesión a un enfoque faccioso de segregación étnica y sectaria —creyendo que esto destruiría el sentimiento nacional colectivo basado en la ciudadanía y empujaría a los componentes étnicos y sectarios sirios hacia el atrincheramiento y el aislamiento, debilitándolos así y confinándolos a áreas geográficas específicas, al tiempo que se consolidaba el control del Estado sobre todo el componente árabe suní— es lo que contribuyó al fracaso del diálogo y al surgimiento de un claro estado de guerra civil basado en que el «Estado» incitara a una parte de su pueblo contra otras.
Las autoridades de Damasco tenían la clara certeza de que la comunidad internacional no interferiría en su guerra contra las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF) y los kurdos, y de que prevalecería el silencio tras las concesiones realizadas en la reunión de París a la parte israelí, bajo el patrocinio estadounidense y turco. Las autoridades de Damasco se sentían seguras de la aprobación de Washington y recibieron una promesa de Israel de no intervenir militarmente en ninguna operación dirigida contra las SDF y los kurdos, de forma similar a lo ocurrido en Suwayda. En el punto álgido de la ofensiva y el avance de las fuerzas gubernamentales sirias en Raqqa y Deir ez-Zor, Tom Barrack, embajador de Estados Unidos en Turquía y enviado especial a Siria, pareció exigir que las SDF se retiraran de las zonas árabes. A continuación, anunció en una extensa declaración en su página de la plataforma «X» que su país se retiraría de Siria, evacuaría sus bases y pondría fin a su cooperación «funcional» con las SDF. Antes de eso, el presidente interino Ahmed al-Shara promulgó el Decreto nº 13 relativo a los kurdos sirios, considerando resuelta la cuestión kurda en Siria y afirmando que ya no había necesidad de las SDF ni de la Administración Autónoma. Aquí, las cosas comenzaron a «encajar» y surgió un patrón claro de comportamiento intencionado y planificado: las autoridades «sabotearon» la reunión entre la dirección de las SDF (el comandante Mazloum Abdi) y el Ejército sirio (el ministro de Defensa Murhaf Abu Qasra) celebrada en Damasco el 4 de enero, en la que se debatió un mecanismo de integración en divisiones y brigadas. A continuación, enviaron al ministro de Asuntos Exteriores, Asaad al-Shaibani, a París el 5 de enero e hicieron concesiones a Israel. A partir de ahí, incumplieron los acuerdos con las SDF y cancelaron de facto los acuerdos del 10 de marzo y del 1 de abril. En consecuencia, las autoridades activaron la opción militar, atacando los barrios de Sheikh Maqsoud y Ashrafieh y se dedicaron a prepararse para la batalla del «Este del Éufrates». Todo esto se desarrolló en dos frentes paralelos: primero, el político —obtener el visto bueno estadounidense e israelí, junto con promesas de supervisión y apoyo militar turco, y cobertura mediática del Golfo—; y, en segundo lugar, la militar: retirar las regiones árabes (Raqqa y Deir ez-Zor) del control de las SDF, desmantelar la Administración Autónoma allí y entregar los asuntos de los ciudadanos (¡árabes suníes!) a Damasco y a los funcionarios designados desde allí, quienes son, naturalmente, el «círculo íntimo» de Hayat Tahrir al-Sham. Es decir, según la visión de las autoridades, Raqqa y Deir ez-Zor no tendrían ninguna personalidad jurídica que disfrutara de un tipo de descentralización o de una administración local ampliada similar a la de la provincia de Hasaka tras el acuerdo del 29 de enero; en su lugar, las dos provincias serían gestionadas con una centralización extrema directamente desde Damasco, bajo la tutela y supervisión de líderes y funcionarios designados desde la capital y por el presidente interino directamente.
Ante el ataque de las autoridades de Damasco tanto contra Hasaka como contra Kobane, las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF), la Administración Autónoma y los kurdos no tuvieron más remedio que declarar la «movilización general» y prepararse para luchar hasta el final. Esta declaración galvanizó el sentimiento kurdo en otras partes de Kurdistán y en todo el mundo. El líder kurdo Abdullah Öcalan intervino y se comunicó con el Estado turco, dejando claro que el proceso de paz y acuerdo entre el PKK y Turquía terminaría si Ankara persistía en alentar al gobierno de Sharaa y presionarlo para que continuara el ataque contra los kurdos en Siria y abusara de ellos. Afirmó que era inaceptable que el Gobierno turco afirmara que quiere la paz y la consolidación de la «hermandad histórica entre turcos y kurdos» en Turquía, mientras incitaba abiertamente y participaba en el asesinato de kurdos en Siria. Además, el bloque del Partido de la Igualdad y la Democracia Popular (el tercer bloque más grande del Parlamento turco) tomó medidas para presionar al Gobierno del Partido de la Justicia y el Desarrollo a fin de lograr una desescalada en Siria y abrir canales para el diálogo y una solución política. Por otra parte, el Gobierno Regional de Kurdistán llevó a cabo una importante actividad diplomática y política; se celebró una reunión en Erbil entre el líder kurdo Masoud Barzani, el comandante de las SDF, el comandante Mazloum Abdi, y el embajador Tom Barrack para debatir cómo detener la ofensiva del Gobierno de Damasco y encontrar una salida política. Miles de jóvenes kurdos se dirigieron también a Hasaka para unirse a la resistencia de las SDF y repeler el ataque que las fuerzas del Gobierno sirio se disponían a lanzar contra las zonas kurdas densamente pobladas de Hasaka y Qamishlo. Cientos de manifestaciones kurdas estallaron en todo el mundo para denunciar las masacres y los crímenes cometidos por las fuerzas del régimen sirio contra civiles y combatientes kurdos, tras la publicación de fotos y vídeos que mostraban a miembros de facciones del Ejército sirio mutilando los cuerpos de combatientes kurdos, tanto hombres como mujeres, atropellándolos con vehículos blindados, profanando santuarios y tumbas, y matando a civiles que huían por las carreteras. Estas manifestaciones masivas fueron acompañadas de una campaña diplomática y mediática kurda que influyó significativamente en la opinión pública internacional. Se ejerció una gran presión sobre el Gobierno sirio para que detuviera sus ataques contra Hasaka y Kobane e iniciara un nuevo diálogo con las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF) y la Administración Autónoma. El destacado senador estadounidense Lindsey Graham anunció que, en colaboración con otros miembros del Congreso, estaba trabajando en la redacción de una ley para «proteger a los kurdos en Siria», señalando el papel de los kurdos y las SDF en la lucha contra el terrorismo y la necesidad de que Estados Unidos proteja a sus aliados y no permita que las fuerzas extremistas los aíslen y los maltraten.
La cohesión kurda en la región con los kurdos de Siria, la afluencia de miles de jóvenes kurdos para unirse a las fuerzas de resistencia, las manifestaciones masivas de la diáspora kurda en todo el mundo, la iniciativa del Congreso de los Estados Unidos y del Parlamento Europeo para sancionar a las autoridades de Damasco por los crímenes cometidos contra los kurdos en Alepo, Raqqa y Kobane, y el papel político y diplomático de la Región de Kurdistán y del bloque del Partido de la Igualdad y la Democracia Popular en el Parlamento turco, junto con la presión de los medios de comunicación kurdos e internacionales, obligaron a las autoridades de Damasco a retirarse y a detener su avance militar hacia Hasaka y Qamishlo. Ofrecieron un alto el fuego de cuatro días, que luego ampliaron a dos semanas. Posteriormente, el presidente interino promulgó el Decreto nº 13 y, finalmente, surgió el acuerdo del 29 de enero. Sus cláusulas incluían la integración de las SDF, el nombramiento de un gobernador kurdo para Hasaka, el establecimiento de condiciones en Kobane, Sheikh Maqsoud y Ashrafieh, y el retorno de los kurdos desplazados a Afrin, Ras al-Ayn y Raqqa.
En cuanto a Deir ez-Zor y Raqqa —las zonas que las autoridades de Damasco «liberaron» recientemente de las SDF—, actualmente se vive un estado de agitación y caos debido al descontento y el resentimiento populares. Quienes llegaron para gestionar las dos provincias no saben nada de la naturaleza de su gente; su única preocupación es controlar los pozos de petróleo y las fuentes de producción que generan dinero. Han comenzado a emitir decisiones y a actuar de manera arbitraria, lo que ha afectado profundamente a la vida de los ciudadanos. Las condiciones de vida se han deteriorado y los servicios han empeorado. La gente ha empezado a insinuar una rebelión armada contra el Estado. A la luz de esta triste realidad, la laxitud en materia de seguridad y la pérdida de control, la organización ISIS ha comenzado a resurgir y a reorganizar sus filas, beneficiándose de la liberación de cientos de sus miembros con experiencia en combate de las prisiones de «Al-Aqtan» y «Al-Shaddadi». El ISIS había publicado una extensa declaración de su portavoz, «Abu Hudhayfa al-Ansari», en la que instaba a los sirios a rebelarse contra el Gobierno de Ahmed al-Sharaa, a quien describió como el «guardián de la coalición global», afirmando que Siria había «pasado de la ocupación iraní a la ocupación turco-estadounidense». Esta declaración vino acompañada de ataques de gran envergadura, algunos de ellos operaciones «inghimasi» (comandos suicidas), llevados a cabo por combatientes de la organización contra cuarteles generales y puestos militares pertenecientes a las autoridades de Damasco tanto en Raqqa como en Deir ez-Zor, que causaron la muerte y heridas a decenas de soldados sirios.
La aplicación del acuerdo del 29 de enero entre el Gobierno de Damasco y las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF) avanza de forma lenta pero constante. Entre los aspectos positivos destaca que ha servido para romper el hielo entre Damasco y las SDF tras los recientes enfrentamientos y el clima de polarización y tensión. El comandante Mazloum Abdi, con su actuación política y diplomática, contribuyó al éxito del acuerdo. Su participación en la Conferencia de Seguridad de Múnich junto a la política Ilham Ahmed, y su incorporación a la delegación oficial siria, tuvieron un profundo impacto en la «desescalada» y en el restablecimiento de la confianza entre ambas partes. Del mismo modo, las reuniones con funcionarios estadounidenses e internacionales, encabezadas por Lindsey Graham, contribuyeron a la calma y presionaron al Gobierno de Damasco para que se adhiriera a los términos del acuerdo con el fin de evitar las sanciones estadounidenses, la reactivación de la «Ley César» y la imposición de un asedio político y económico sobre Damasco, evitando así el fracaso de la fase anterior, en la que Estados Unidos y la comunidad internacional patrocinaron al régimen sirio para concederle tiempo y oportunidades, con la esperanza de lograr la reconciliación interna, la reconstrucción y el fortalecimiento de la paz civil.
El mayor obstáculo para la aplicación del acuerdo del 29 de enero sigue siendo la existencia de grupos que rechazan la reconciliación nacional en curso y amenazan con recurrir a las armas. Se trata de los grupos a los que las autoridades incitaron y utilizaron durante mucho tiempo en sus campañas militares (los «Nafir» y «Faz’a») en la Costa, Suwayda, Raqqa y Kobane. Estos grupos fuera de la ley se encuentran dispersos en algunas zonas rurales de la provincia de Hasaka y se niegan a someterse a las autoridades locales, ahora dirigidas por el gobernador Nour al-Din Ahmed. Del mismo modo, algunas familias asentadas en Afrin siguen negándose a desalojar las viviendas de ciudadanos kurdos de las que se apropiaron tras la ocupación turca de 2018, y se niegan a devolver las granjas y los campos a sus propietarios, exigiendo en algunos casos grandes sumas de dinero a cambio de su devolución. La campaña de incitación, provocación y agitación llevada a cabo por las autoridades y sus medios de comunicación árabes oficiales y aliados contra los kurdos ha contribuido a afianzar los sentimientos de hostilidad hacia el componente kurdo sirio entre los segmentos más desfavorecidos de la sociedad siria. Estos segmentos rechazan ahora el acuerdo e incluso amenazan con tomar las armas abiertamente contra el Estado, insinuando que se unirán al ISIS si las autoridades no les permiten dominar a los kurdos y apoderarse de sus zonas. Las autoridades deben ahora encontrar una solución para estos sectores: desarmarlos y someterlos a la ley. También es importante poner en marcha un programa de rehabilitación dirigido a estos sectores y grupos para lograr su integración satisfactoria en una sociedad siria que se espera que se transforme en una en la que se respeten los valores de la ciudadanía y la plena igualdad, y en la que se tipifiquen como delito todas las formas de incitación sectaria y étnica.
EL AUTOR: El Dr. Tariq Hemo es investigador asociado del Centro Kurdo de Estudios. Es doctor en Ciencias Políticas y está especializado en la investigación sobre los Hermanos Musulmanes egipcios y el islam político. Es coautor, junto con el Dr. Salah Nayouf, del libro titulado «Libertad y democracia en el discurso del islam político tras las recientes transformaciones en el mundo árabe». Actualmente es profesor en el Departamento de Ciencias Políticas de la Academia Árabe de Dinamarca.
