Abogados británicos reúnen pruebas para actuar contra los Estados por el genocidio yazidí
The Guardian – Patrick Wintour Diplomatic editor – 21 de junio 2022 – Traducido por Rojava Azadi Madrid
El Comité de Justicia Yazidí lleva más de dos años trabajando en privado para demostrar que los Estados no han protegido al grupo minoritario.
Un grupo de abogados británicos de alto nivel ha estado trabajando en privado en la recopilación de pruebas para demostrar que uno o varios países no cumplieron con sus obligaciones internacionales de impedir el genocidio de los yazidíes en el norte de Irak.
Los abogados, que el martes anunciaron formalmente su colaboración como Comité de Justicia Yazidí (YJC), han estado trabajando durante los últimos dos años y medio para investigar el genocidio cometido desde principios de 2013 por Estado Islámico.
El grupo incluye cinco organizaciones internacionales de derechos humanos y está presidido por Sir Geoffrey Nice QC, antiguo fiscal principal del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Sus principales patrocinadores son los colegas Helena Kennedy QC y David Alton.
Se espera que el YJC nombre a tres países en un informe el mes que viene, cuando el trabajo esté terminado.
Sería una de las primeras veces que unos Estados se enfrentan al riesgo de que se inicien procedimientos contra ellos por no haber impedido el genocidio, y podría abrir una nueva forma de responsabilidad en materia de derechos humanos.
Los abogados del YJC, que trabajan pro bono, han examinado las pruebas de que hasta 10 países podrían ser considerados responsables de no prevenir el genocidio en virtud de la Convención sobre el Genocidio de la ONU, y podrían ser llevados ante un tribunal. El objetivo es llevar a esos Estados ante el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ), un paso que obligaría a otro país a tomar medidas. Si el caso tuviera éxito, se podría exigir a los Estados demandados el pago de reparaciones a las víctimas del genocidio.
Según el artículo 1 de la Convención, que tiene 73 años de antigüedad, los Estados tienen la responsabilidad de prevenir, perseguir y castigar el delito de genocidio.
Prácticamente no ha habido rendición de cuentas por el genocidio yazidí, excepto por el procesamiento en Alemania el pasado noviembre de un único combatiente de Estado Islámico que fue declarado culpable de genocidio por la muerte de una niña yazidí de cinco años que compró como esclava en 2015.
El juicio de Francfort se basó en el principio de la jurisdicción universal para abordar los delitos de derecho internacional cometidos en el extranjero por un autor que no es ciudadano alemán y que sólo fue extraditado a Alemania en virtud de una orden de detención internacional.
El YJC afirma que hay pruebas de que el genocidio sigue teniendo lugar, y que los yazidíes siguen en una situación extremadamente precaria en Irak y Siria, en gran medida como resultado del reciente resurgimiento de Estado Islámico, los ataques de drones turcos y una sensación general de abandono por parte de los iraquíes.
Se reconoce ampliamente que más de 5.000 yazidíes han sido asesinados y más de 400.000 desplazados de sus hogares. Hasta la fecha, al menos 2.800 mujeres y niños yazidíes siguen cautivos de Estado Islámico o desaparecidos.
Aarif Abraham, abogado internacional especializado en derechos humanos y cofundador del YJC, ha declarado que el informe sería el primero en considerar la cuestión de la responsabilidad del Estado en relación con el genocidio yazidí: «Servirá para poner a los Estados sobre aviso de sus obligaciones vinculantes de prevenir el genocidio utilizando todos los medios razonablemente disponibles».
