Pedir una investigación independiente no es un delito
Abogados internacionales piden a Turquía que ponga fin a la persecución de quienes exigen una investigación sobre el uso de armas químicas.
Abogados de 22 países han emitido una declaración en la que condenan el procesamiento por parte de Turquía de quienes exigieron una investigación sobre el supuesto uso de armas químicas contra combatientes kurdos en sus operaciones militares transfronterizas.
La Asociación Europea de Juristas por la Democracia y los Derechos Humanos (ELDH) ha pedido al gobierno turco que ponga fin a la represión de quienes exigen una investigación sobre las acusaciones de uso de armas químicas en el norte de Irak, y que libere a los activistas y a las personalidades de la sociedad civil detenidos en relación con ello.
El ELDH ha declarado que no existe ningún fundamento legal para procesar a las organizaciones y personas que han manifestado la necesidad de una investigación independiente, y ha añadido que el propio ministro de Defensa turco, Hulusi Akar, ha confirmado el uso de gas lacrimógeno por parte del ejército en el norte de Irak.
El gas lacrimógeno no se encuentra entre las sustancias químicas estrictamente prohibidas por la Convención sobre Armas Químicas (CAQ); sin embargo, existen condiciones en las que su uso podría considerarse un crimen de guerra según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, dijeron los abogados. Según el ELDH, esto justificaría por sí solo una investigación.
Aunque Turquía ha ratificado la CAQ, el país no es parte del Estatuto de Roma.
La Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear (IPPNW) se encuentra entre las instituciones que piden una investigación independiente. Como dijo Jan Van Aken, de IPPNW Suiza, en una entrevista con Medya News, aunque las pruebas disponibles no son concluyentes, hay suficientes indicios que justifican una investigación más profunda.
El ELDH instó a los Estados miembros de la OPAQ a exigir una investigación por parte de la OPAQ y de las Naciones Unidas.
Una investigación formal por parte de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), órgano de aplicación de la Convención sobre Armas Químicas, requiere la solicitud de un Estado miembro de la institución.
Al menos once periodistas están actualmente encarcelados en Turquía por su cobertura de las denuncias presentadas por el ala militar del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK). A mediados de octubre, las Fuerzas de Defensa del Pueblo (HPG) difundieron un vídeo en el que se veía a combatientes kurdos agarrotados y delirando, al parecer bajo la influencia de sustancias químicas prohibidas.
La especialista forense Şebnem Korur Fincancı, presidenta de la Asociación Médica Turca (TTB), fue detenida el 26 de octubre y enviada a prisión poco después por sus comentarios en una emisión en directo de que las acusaciones requerían una investigación independiente.
Aryen Turan, abogada de la Asociación de Abogados por la Libertad (ÖHD), también fue detenida por su discurso en la Asamblea General del Colegio de Abogados de Izmir, en el que exigía que se investigara el uso de sustancias químicas. Posteriormente fue puesta en libertad con la prohibición de viajar al extranjero.
