Milenios después la mujer sigue siendo botín de guerra (y II).
Fuente: El Salto Diario
Autoría: Roberto Montoya
Fecha: 03/03/18
La ONU tardó 63 años en reconocer la violencia sexual como táctica de guerra, y en muchas de las misiones de pacificación sus propios ‘cascos azules’ se vieron involucrados en abusos y explotación sexual de niñas y mujeres a las que tenían que proteger.
La gran mayoría de los 111 artículos de su Carta fundacional están dedicados al complejo mecanismo de funcionamiento de Naciones Unidas, a los derechos y obligaciones de los estados miembros, mientras que los principios y objetivos están fundamentalmente en su brevísimo Preámbulo.
En él se habla de “practicar la tolerancia y convivir en paz como buenos vecinos”, a unir fuerzas “para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales”, a no usar la fuerza armada “sino en servicio del interés común” y se reafirma la fe “en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas”.
Desde aquel pistoletazo de salida hasta la fecha se han ido incorporando más y más países a la ONU, que cuenta hoy con 193 países miembros, todos los países independientes del mundo, mientras el Vaticano mantiene desde 1964 tiene el estatus de ‘observador permanente’ o ‘estado no miembro’, y Palestina es ‘estado observador’ desde 2012.
¿Cumplen los 193 estados miembros los principios y valores que establecen la Carta de la ONU? No. A las dificultades evidentes existentes entre potencias rivales mundiales, continentales y regionales para respetar aquel preámbulo de 1945, se suma la convivencia en el seno de Naciones Unidas de países democráticos o cuasi democráticos; países con fachada parlamentaria pero claros rasgos autoritarios; monarquías absolutas y dictaduras.
El hecho de que los cinco países miembros de los 15 que componen su órgano ejecutivo, el Consejo de Seguridad (EE UU, China, Rusia, Francia y Reino Unido), tengan derecho de vetar cualquier resolución de ese órgano (la Asamblea General es deliberativa), bloquea decisiones de vital importancia y la convierte en un órgano no realmente democrático.
La enorme estructura y el burocrático funcionamiento de Naciones Unidas contribuyen también a hacer de la principal organización internacional dedicada a la paz y seguridad mundial en un gigante poco operativo y eficaz para resolver grandes catástrofes humanitarias, conflictos bélicos y violaciones sistemáticas de los derechos humanos en muchos de sus países miembros.
Resolución 1.325, ‘Mujeres, Paz y Seguridad’.
Aún con todas esas graves limitaciones el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha logrado sacar adelante en estos 73 años de existencia numerosas resoluciones —con mayor o menor cumplimiento por parte de los estados miembros— sobre un sinfín de temas relacionados con los derechos humanos y la igualdad de todas las personas independientemente de su género, opción sexual, raza, religión o creencias.
Ha tomado decisiones y auspiciado tratados internacionales sobre los Derechos del Niño, sobre la tortura, sobre el tratamiento de los prisioneros de guerra, sobre las minas antipersonas, temas balísticos y nucleares, medioambientales y un larguísimo etcétera.
Sin embargo, y a pesar de ser precisamente un órgano creado para garantizar la paz y la seguridad internacional, que ha mediado y aprobado resoluciones sobre cientos de conflictos bélicos, la ONU ha tardado 55 años en votar la primera resolución sobre la situación de la mujer en las guerras y posguerras.
Fue en el año 2000 cuando los 15 miembros del Consejo de Seguridad aprobaron por unanimidad la Resolución 1.325, titulada Mujeres, Paz y Seguridad, en la que se reconoce que los civiles, “particularmente las mujeres y los niños, constituyen la inmensa mayoría de los que se ven perjudicados por los conflictos armados, incluso en calidad de refugiados y personas desplazadas internamente”.
Tras varias consideraciones se define un marco jurídico para la inclusión de las perspectivas de género en las negociaciones de paz, planificación humanitaria y consolidación de la paz posteriores a los conflictos bélicos. En esa resolución el Consejo de Seguridad ‘recomendaba’ una serie de medidas al propio Secretario General de la ONU y a los estados miembros.
En su punto 10 insta por ejemplo “a todas las partes en un conflicto armado a que adopten medidas especiales para proteger a las mujeres y las niñas de la violencia por razón de género, particularmente la violación y otras formas de abusos sexuales, y todas las demás formas de violencia en situaciones de conflicto armado”.
En el punto 11 se subraya la responsabilidad de enjuiciar, entre otros, los crímenes relaciones con la violencia sexual, reclamando que ese tipo de crímenes “siempre que sea viable”, sean excluidos de cualquier eventual amnistía.
La resolución 1.325 supuso sin duda un hito en la historia de la ONU en relación a la mujer y los conflictos bélicos y procesos de pacificación. Sin embargo, y a pesar de los numerosos precedentes de violaciones sistemáticas de niñas y mujeres en guerras, hubo que esperar aún otros ocho años, hasta 2008, para que el Consejo de Seguridad aprobara la resolución 1.820, en la que por primera vez se tipificó la violencia sexual utilizada como táctica de guerra.
En los considerandos se dice que “Las mujeres y las niñas son especialmente objeto de actos de violencia sexual, incluso como táctica de guerra destinada a humillar, dominar, atemorizar, dispersar o reasentar por la fuerza a miembros civiles de una comunidad o grupo étnico.” Se reconoce en ella que “la violencia sexual utilizada de esta manera puede en algunos casos persistir después de la cesación de las hostilidades”.
En ese texto el Consejo de Seguridad hace sonar las alarmas al comprobar que pese a sus reiteradas condenas “tales actos siguen ocurriendo y en algunas situaciones se han vuelto sistemáticos y generalizados y han alcanzado un grado alarmante de brutalidad”.
Es en esta resolución cuando por primera vez también la ONU decide que “la violación y otras formas de violencia sexual pueden constituir un crimen de guerra, un crimen de lesa humanidad o un acto constitutivo con respecto al genocidio” y ya no ‘insta’ ni ‘pide’ sino que ‘exige’ a todos los estados miembros que persigan judicialmente dichos crímenes, que impidan su impunidad y que se forme tanto a los ejércitos y fuerzas de seguridad y se capacite todo el personal, civil o militar participante de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz y personal humanitario desplegado por la ONU.
En el punto 7 se le pide al Secretario General a que “prosiga e intensifique los esfuerzos para aplicar la política de tolerancia cero de la explotación y el abuso sexuales en las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas”.
Se especifica además que “en consulta con las mujeres y las organizaciones dirigidas por mujeres se adopten mecanismos eficaces para proteger de la violencia, en particular de la violencia sexual, a las mujeres y las niñas en los campamentos de refugiados y desplazados internos administrados por las Naciones Unidas”.
Un año después, en septiembre de 2009, se aprobaba una nueva resolución sobre el tema, la 1888, en la que el Consejo de Seguridad mostraba su preocupación porque pese a sus llamamientos y exigencias “tales actos siguen ocurriendo y en algunas situaciones se han vuelto sistemáticos y generalizados”.
Como si el Consejo de Seguridad hubiera querido compensar los muchos años de no actuación sobre el tema, en 2010 volvía a aprobar otra resolución, la 1960, en la que volvía a insistir en que el problema persistía y se reclamaba que en todos los informes de responsables militares o civiles de la ONU implicados en procesos de mantenimiento de la paz hubiera un anexo específico sobre la violencia sexual contra niñas y mujeres.
La última resolución sobre esta temática, la 2106 data de 2013, y en ella se reitera que dichos crímenes se siguen cometiendo pese a las medidas adoptadas por distintos organismos de la ONU, alertando, como ya se hacía en resoluciones anteriores, que esa lacra puede prolongar los conflictos bélicos y dificultar los procesos de pacificación.
En varias de estas resoluciones se insiste en incorporar a cada vez más mujeres en las misiones de la ONU, considerándolas fundamentales para lograr confianza entre las niñas y mujeres víctimas de violaciones y ofrece el asesoramiento de expertos a los países miembros que aporten contingentes para esas operaciones para formar previamente a los soldados que participarán en ellas.
Según datos de la ONU, solo 20 mujeres uniformadas participaron en operaciones de mantenimiento de la paz desde 1957 hasta 1989, en 2010 eran ya 3.744, y 5.298 como personal civil, y a fines de 2017 de un total de 92.682 policías y militares de la ONU participantes en sus 23 Operaciones de Mantenimiento de la Paz en el mundo, solo 4.275 eran mujeres y 88.407 hombres.
Es una desproporción evidente cuando la propia ONU reconoce en su web: “Las mujeres y los hombres experimentan los conflictos de manera diferente y, por lo tanto, también entienden la paz de manera diferente. Reconocer e integrar estas diferencias, conocidas como perspectivas de género, en todos los aspectos de las operaciones de paz de las Naciones Unidas, es esencial para el éxito de los esfuerzos de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas”.
En un reciente informe para Inter Press Service, Presencia de mujeres en misiones de paz sigue en el debate, Thalif Deen recogía estas declaraciones de Mavic Cabrera Balleza, directora ejecutiva y coordinadora internacional de la Red Global de Mujeres por la Paz: “Es más que impactante. Si lo vamos a usar como indicador para evaluar los logros de la Resolución 1.325, fracasamos estrepitosamente”.
En defensa de una mayor participación de las mujeres en las misiones de pacificación, Balleza sostenía: “Son más sensibles a las necesidades de las ex combatientes, las refugiadas y las sobrevivientes de violencia sexual y de género. Sin duda el personal femenino es fundamental para el éxito de las operaciones de paz”.
“Hay muy pocas mujeres en las misiones de paz de la ONU”, añadió, “porque las fuentes son superficiales. La discriminación en el reclutamiento y las políticas de contratación, así como un ambiente laboral inseguro dentro de los países que aportan contingentes, impiden que las mujeres se unan a las fuerzas policiales y militares”.
No es la única contradicción y limitación de Naciones Unidas sobre el tema, que depende de los contingentes que envíen los países miembros. En los informes de acceso público de la organización se oculta desde hace muchos años habitualmente la cara oscura de las operaciones de mantenimiento de la paz que avergüenza a miles de mujeres y hombres que trabajan para la ONU: los abusos sexuales y la prostitución forzada en la que han participado militares y civiles miembros de los contingentes aportados por los estados miembros para misiones de pacificación.
No han sido simples casos aislados. A través del llamado Informe Machel, elaborado por Gracia Machel —ex ministra de Educación y Cultura de Mozambique y viuda del mozambiqueño Samora Machel y viuda después de Nelson Mandela— la ONU reconoció por primera vez públicamente en 1996 la responsabilidad de sus ‘cascos azules’ en violaciones, trata de mujeres y abuso infantil en misiones desarrolladas en Angola, Mozambique, Somalia, Ruanda, Bosnia-Herzegovina, Croacia, Somalia y Camboya.
Sí, esto sucedió en 1996, años antes de que se aprobaran las resoluciones sobre el papel de la mujer en los conflictos bélicos citados antes, pero se volvió a producir con la misión de la MINUSTAH en Haití entre 2004 y 2007 —114 soldados de Sri Lanka fueron expulsados de la misión— y en Sudán, especialmente en la región de Darfour; en Costa de Marfil; en Sierra Leona; en Kosovo, y en la República Democrática del Congo.
La propia ONU reconoció en un informe en 2005 que se habían producido 105 denuncias contra ‘cascos azules’ en este último país. Los soldados de la ONU se aprovechaban de niñas y mujeres congoleñas desesperadas por la hambruna para practicar sexo con ellas a cambio de comida o unas monedas.
En muchos países afectados por guerras o catástrofes humanitarias las niñas y jóvenes ya no son enviadas a la calle o a burdeles a prostituirse, sino a la puerta de los cuarteles de las fuerzas de paz; el mismo personal que supuestamente ha ido allí para ayudarlas, para protegerlas.
En varios casos médicos locales han denunciado que con sus abusos sexuales muchos soldados, policías y personal civil participante en misiones de la ONU han ayudado a propagar el sida y otras enfermedades entre la población.
En 2014 la ONU lanzó en la República Centroafricana la MINUSCA, una misión con casi 12.000 ‘cascos azules’ para proteger a la población civil de la brutal limpieza étnica desatada en ese país. Numerosos soldados de la Operación Sangaris lanzada por Francia en coordinación con la MINUSCA fueron protagonistas de casos de violencia sexual en los alrededores del campamento M’Poko para personas desplazadas por el conflicto bélico, en la zona de Bangui.
En un informe de diciembre de 2015 de 170 páginas encargado especialmente por el entonces secretario general de la ONU Ban ki-Moon, para investigar las denuncias, Taking Action on Sexual Exploitation and Abuse by Peacekeepers, se reconoce que a pesar de que él mismo había dejado claro ya en 2003 que habría “tolerancia cero” para esos casos, el problema persistía e incluso había aumentado.
Sobre los casos denunciados de República Centroafricana se dice en ese informe que aunque personal de la misión y de la UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) entrevistaron a varias víctimas —en este caso niñas y también niños— que recibían raciones de comida y pequeñas cantidades de dinero a cambio de sexo, se limitaron a denunciar los hechos a los propios mandos de la Operación Sangaris pero no a sus propios superiores de la MINUSCA con la que esta coordinaba su actuación, como prevé el protocolo.
Solo un año después de los hechos se intentó reparar la grave falta; UNICEF volvió a localizar a las víctimas y las trasladó a un lugar protegido con control médico y asistente social.
Mientras Ban ki-Moon forzaba la dimisión de Babacar Gaye, el jefe de la MINUSCA, y adoptaba otras medidas en la misión, en ese mismo 2015 la ONU contabilizaba otros 22 casos de abusos sexuales en ese país y 16 en la vecina República Democrática del Congo.
Un año más tarde, en 2016, 120 soldados del contingente congoleño de la misión de la ONU en República Centroafricana eran retirados de este país por su “sistemática mala conducta”, por abuso y explotación de niñas y mujeres. Y en 2017 eran 629 los miembros congoleños de la misión los que eran expulsados por la misma razón o por robos de combustible e indisciplina.
La MINUSCA expulsó igualmente a soldados aportados por Burundi y Gabón.
Según una investigación realizada por la agencia Associated Press en 2017 con información de documentos internos de la ONU y entrevistas a víctimas, en el conjunto de misiones de pacificación lanzadas por Naciones Unidas en el mundo desde 2005 hasta esa fecha, se habrían producido al menos 2.000 casos de abusos sexuales —300 de ellos con víctimas menores de edad— por parte de ‘cascos azules’ de muy diferentes nacionalidades.
¿Cómo se puede compatibilizar la resolución 1.325 y todas las posteriores resoluciones sobre el tema con la Convención de Privilegios e Inmunidades de Naciones Unidas, vigente desde 1946, y que establece que el país receptor de ‘cascos azules’ no puede juzgarlos en su territorio aunque cometan en él delitos o crímenes?
¿Qué es lo que hace la ONU ante denuncias de ese tipo entonces? La Oficina de Supervisión Interna de la ONU es la encargada de investigar si un ‘casco azul’ ha violado un texto interno llamado Diez normas: Código de conducta personal de los Cascos Azules.
¿Y qué puede hacer esa Oficina de Supervisión Interna si confirma las denuncias? La ONU no tiene ningún tribunal interno, por lo que su única opción es entregar al ‘casco azul’ a su país de origen para que este lo juzgue.
Hasta ahora sólo se conocen muy contados casos donde esto se concretó, uno de ellos el de ‘cascos azules’ italianos que habían actuado en Somalia, a pesar de que ya son cientos y cientos los soldados de distintas nacionalidades identificados y denunciados. En la mayoría de los casos sólo se adelanta la vuelta a casa del ‘casco azul’ agresor, sin que esto lo inhabilite totalmente para participar en otras misiones de paz en el futuro.
De esta manera a la violencia sexual que sufre la mujer habitualmente en los conflictos bélicos por parte de los ejércitos, fuerzas insurgentes y numerosos funcionarios y otros civiles con poder en el terreno, se le suman los peligros que persisten en los campamentos de refugiados, empezando por personal de las propias instituciones que participan en los procesos de pacificación.
Personal —incluso directivos— de varias ONG internacionales, se han visto igualmente involucrados directamente en escándalos similares a los ‘cascos azules’ abusando del poder que tienen sobre mujeres y niñas indefensas en casos de conflictos bélicos y catástrofes humanitarias.
En febrero pasado The Times reveló que en 2010 personal de Oxfam-Intermon usó dinero de esa ONG para pagar a prostitutas durante la misión que se desplegó tras el terremoto que dejó miles de muertos y millones de afectados en ese país.
Según la denuncia del diario británico, posteriormente reconocida por la propia organización, varios de los trabajadores de esa ONG, entre ellos varios responsables, convirtieron una de las casas que habían alquilado para desarrollar su tarea, en prostíbulos donde “había niñas con camisetas de Oxfam corriendo semidesnudas”, “era como una orgía digna de Calígula”.
A pesar de que la organización abrió una investigación en 2011 se ocultó dicha información a la opinión pública.
Una vez que se abrió la Caja de Pandora, como sucedió en Hollywood y está sucediendo en distintos ámbitos de la sociedad, otro periódico británico, The Observer, denunciaba que el mismo responsable de esa actuación en Haití, el belga Roland Van Hauwermeiren, había protagonizado una situación en una operación en Chad en 2006.
A pesar de que Oxfam decidió despedirlo en 2011, el hecho de no hacer públicos sus antecedentes hizo que un año más tarde fuera contratado por la ONG Acción contra el Hambre, dirigiendo así un proyecto para ellos en Bangladesh hasta 2014.
Según The Sunday Times, fueron 87 los trabajadores de Oxfam implicados en casos de acoso o abuso sexual durante su labor, y otros 31 pertenecerían a Save the Children.
A partir de esta ola de escándalos destapados se conoció también que dos trabajadores de Christian Aid también habían cometido delitos similares, al igual que trabajadores de Cruz Roja del Reino Unido.
En febrero pasado Médicos Sin Fronteras reconocían que durante 2017 varios de sus trabajadores cometieron 24 casos de abusos sexuales, abusos de poder, discriminación “y otras formas de comportamiento inadecuados”. Entre los 19 expulsados de MSF había cuatro españoles.
La propia ACNUR (Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados) reconoció que durante el año pasado recibió hasta 39 denuncias por acoso, abuso y explotación sexual cometidas por miembros de su personal.
El horror de las guerras, las catástrofes humanitarias, las migraciones y los procesos de pacificación son vividos y sufridos por las mujeres de una manera muy distinta a la de los hombres.
A pesar de los avances logrados sobre el tema la perspectiva de género está lejos de ser incorporada como elemento básico, fundamental, obligatorio y universal.
Si todas las instituciones y personal implicados en la resolución de conflictos bélicos, mantenimiento de la paz y actuación frente a catástrofes humanitarias, no cortan ese hilo conductor que es el machismo y la sociedad patriarcal que se arrastra desde la Antigüedad y que afecta a la mitad de la población mundial, solo se seguirá viendo cada nueva de esas agresiones como ‘casos aislados’, como meras ‘ranas’ o ‘manzanas podridas’.
