Los casos judiciales para eliminar al PKK [de la lista de organizaciones territoristas] avanzan en una solución política

Fuente: Kurdish Peace Institute

Autor: Fréderike Geerdink

Fecha de publicación original: 31 de mayo de 2022

En mayo se inició en Alemania un proceso judicial para levantar la prohibición del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), ilegalizado en el país desde 1993. Es el tercer proceso judicial abierto en Europa que podría poner fin a la designación del PKK como organización terrorista. Pero, ¿de qué sirven las herramientas judiciales para hacer frente a una designación que, para empezar, era política?

Las comunidades kurdas de la diáspora en Europa y su apoyo a la lucha del PKK por los derechos y la autonomía kurdos son noticia, ya que Turquía ha exigido recientemente a Suecia y Finlandia que pongan fin a su supuesto apoyo a los «terroristas» para conseguir la luz verde de Turquía a la adhesión a la OTAN. Pero la designación del PKK como organización terrorista se tambalea. Los abogados de diferentes países lo están cuestionando por motivos legales, y sus argumentos son sólidos.

Es importante mencionar tres casos judiciales: uno en Bélgica, otro en el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y, ahora, el nuevo en Alemania, que cuenta con la mayor comunidad kurda de Europa y las prohibiciones más estrictas sobre el activismo kurdo. La prohibición del PKK se ha ampliado a lo largo de los años para criminalizar acciones tan simples como sostener una bandera del PKK o una foto del fundador y líder del PKK, Abdullah Ocalan, y ha dado lugar a redadas en instituciones como editoriales y centros comunitarios.

El caso de Alemania

El caso en Alemania, presentado el 10 de mayo, tiene como objetivo poner fin a la prohibición del PKK impuesta en 1993. La organización fue ilegalizada entonces porque, según el Ministerio del Interior alemán, incitaba a la hostilidad entre distintos grupos de población y suponía una amenaza para la integridad territorial de Turquía. Dos informes encargados por el equipo jurídico demuestran que estas circunstancias han cambiado hace tiempo.

Por razones judiciales, estos informes, redactados por un criminólogo y un sociólogo, aún no se han hecho públicos, dijo Mahmut Şakar, que fue abogado de Abdullah Öcalan y que ahora trabaja como asesor del equipo judicial alemán. Dio algunas pinceladas sobre los informes.

El informe del criminólogo comparó los datos de la agencia de inteligencia alemana del periodo entre 1993 y 1994 con los datos del periodo entre 2020 y 2021, encontrando que los crímenes atribuidos al PKK en Alemania han disminuido en dos tercios. Los delitos restantes están todos relacionados con la prohibición, y dejarían de serlo si ésta se levantara.

El informe del sociólogo explica los cambios que ha sufrido el PKK desde que fue designado en Alemania, incluido su cambio de paradigma a finales de los años noventa. En particular, el PKK ya no lucha por un Estado-nación, sino que busca implantar el confederalismo democrático, un sistema de democracia descentralizada que garantiza la igualdad de derechos para las mujeres y para todas las comunidades étnicas y religiosas.

En general, los informes muestran que los cambios que ha experimentado el PKK desde que fue prohibido hacen que la prohibición alemana carezca de sentido.

En marzo, el Comité de Asuntos Exteriores del PKK publicó una declaración en la que afirmaba que, ahora que la era de Angela Merkel ha terminado y que gobierna una nueva coalición en Alemania, debe abrirse una «nueva página» en el enfoque de Alemania hacia los kurdos.

El Comité destacó que el movimiento kurdo en su conjunto lucha por la hermandad entre los pueblos (el núcleo del confederalismo democrático) y que el PKK no aprueba que nadie recurra a la violencia o a prácticas prohibidas en Europa. Espera que el nuevo gobierno alemán contribuya a pasar «página», sobre todo levantando la prohibición.

En cuanto a los próximos pasos en el caso, las autoridades alemanas deben emitir una reacción por escrito a la solicitud de los abogados. Un portavoz del gobierno ya ha dicho que el PKK seguirá en la lista. La respuesta escrita servirá entonces para avanzar en el proceso judicial.

El caso del Tribunal de Justicia Europeo

El caso en el Tribunal de Justicia Europeo fue iniciado por el PKK en 2014 y lucha contra la inclusión del grupo en la lista de terrorismo de la Unión Europea. El PKK ha argumentado que los argumentos utilizados para renovar la inclusión en la lista cada seis meses, como se exige en el procedimiento, no eran sólidos. Ganaron el caso en 2018, pero el Consejo de la Unión Europea recurrió. En 2021, el Tribunal de Justicia ordenó un nuevo juicio.

Mientras tanto, el PKK inició un nuevo procedimiento judicial. Tras la sentencia de 2018, la UE siguió designando al PKK cada seis meses basándose en los mismos argumentos que había utilizado antes, que se consideraron insuficientes en el caso de 2018. El nuevo caso abarcaba los listados de 2019 y 2020. Estos dos casos han sido fusionados por el tribunal.

Los abogados del PKK argumentan que, para que una organización sea designada como grupo terrorista, hay que demostrar su carácter terrorista. Una de las características del terrorismo es el ataque intencionado contra civiles, algo en lo que el PKK no ha participado durante décadas. Los ataques contra objetivos militares son, según el PKK, legítimos en un conflicto armado. En la mayoría de las definiciones de terrorismo, «generar un clima general de miedo en la población» es un componente importante. ¿Realiza el PKK este tipo de actividad, por ejemplo, perpetrando una brutalidad sistemática contra grupos étnicos y religiosos enteros, como hizo el ISIS? Los abogados del PKK sostienen que no.

Otro componente del terrorismo es el objetivo político de desestabilizar el Estado. El PKK tiene, en efecto, el objetivo de cambiar fundamentalmente el Estado. Pero ese objetivo, argumentan los abogados del caso, no puede desvincularse de las características del Estado concreto y del gobierno concreto contra el que lucha el PKK. Turquía lleva décadas suprimiendo los derechos políticos, culturales y sociales de los kurdos, violando así el derecho internacional. La Declaración Universal de Derechos Humanos establece en su preámbulo que es «esencial que los derechos humanos estén protegidos por el Estado de Derecho para no obligar al hombre a recurrir, como último recurso, a la rebelión contra la tiranía y la opresión».

Se espera una sentencia después de este verano. Los abogados esperan que el Tribunal de Justicia dictamine que el Consejo de la Unión Europea tiene que presentar argumentos más convincentes para volver a incluir al PKK en la lista de organizaciones terroristas cada seis meses. Un abogado implicado en el caso también ha declarado anteriormente que la legislación que utiliza el Consejo de la UE, que se introdujo apresuradamente tras el 11-S, tendrá que ser evaluada finalmente por sus méritos legales.

El caso belga

El único caso judicial que ha visto una sentencia definitiva es el ya famoso «caso belga», que concluyó en 2020. La legislación belga establece que una parte implicada en un conflicto armado no puede ser al mismo tiempo una organización terrorista: las dos categorías se excluyen mutuamente. Así, el equipo jurídico del PKK argumentó que la guerra entre el Estado turco y el PKK tiene todas las características de un llamado «conflicto armado no internacional» (NIAC), siendo las dos más importantes la intensidad y duración del conflicto y la complejidad organizativa y la jerarquía de la parte no estatal.

El PKK ganó en todos los niveles, incluido el tribunal supremo de Bélgica. Sin embargo, el Estado belga se ha negado a reconocer la sentencia, afirmando que la decisión del tribunal era sólo «la expresión del poder judicial, que es estrictamente independiente, y debe ser entendida como tal por todos los actores». Philippe Goffin, entonces ministro belga de Asuntos Exteriores y Defensa, añadió que «Bélgica seguirá defendiendo, por tanto, la inclusión del PKK en la lista europea de personas, grupos y entidades que participan en actos terroristas».

La reacción de las autoridades belgas pone de manifiesto la debilidad del enfoque judicial: el PKK no fue incluido en la lista o prohibido por motivos judiciales o de seguridad, sino por razones políticas. En última instancia, es necesario un cambio político, y eso es exactamente lo que los casos judiciales pretenden subrayar.

Si el PKK fuera una organización terrorista, habría que erradicarla. Si es una parte no estatal de una CNS, hay que resolver las raíces políticas del problema. Los resultados de estos casos judiciales son una herramienta importante para presionar a los políticos europeos para que exijan a Turquía que vuelva a la mesa de negociaciones, se siente con el PKK y resuelva la cuestión kurda reconociendo plenamente los derechos sociales, políticos y culturales de los kurdos.

Por ahora, los políticos de Europa no han respondido. Bélgica ignora abiertamente la sentencia de su más alto tribunal. Sin embargo, con cada caso y cada sentencia positiva para el PKK, la presión aumenta, con implicaciones positivas para el necesario fin de la guerra.