Institucionalización del estado de excepción: El régimen de aislamiento de Imrali
Komun Academy - Faik Özgür Erol - 15 marzo 2019 - Traducido por Rojava Azadi Madrid
El intento de entender el aislamiento carcelario de Imrali como expresión negativa de una orden de prohibición no hace justicia a la cuestión que nos ocupa. La debilidad de este intento reside en el deseo de explicar el poder y la política en el marco del pensamiento jurídico. Parece más prometedor explicar el concepto de aislamiento a través de sus atributos positivos, como una técnica de control y administración. A continuación se presenta una crítica, o más bien una autocrítica, del nivel en que hemos conducido el discurso hasta ahora.
¿Qué noción de ley, qué tipo de política subyace al aislamiento en Imrali? A pesar de todos los fracasos del aislamiento, debemos preguntarnos: ¿A qué conduce el aislamiento? ¿Qué es lo que produce? ¿Para qué sirve?
Las cárceles turcas forman parte de las amplias estructuras jurídico-políticas del país. Si bien el sistema penitenciario puede parecer en primer lugar una cuestión que se refiere principalmente al castigo (privación de libertad) y la resocialización (y sus respectivos mecanismos), sus medidas de aplicación recuerdan más bien a la aplicación práctica de los acuerdos judiciales, que incluyen amplias medidas penales. Estas medidas incluyen, entre otras cosas, gratificación, incentivos y sanciones para impedir que los reclusos adopten determinados comportamientos o acciones. Así, por ejemplo, se le concede al preso más tiempo de visita u otras oportunidades, siempre y cuando se comporte bien. Se pueden tomar diferentes medidas para las conductas consideradas inapropiadas, desde la negación de los derechos existentes hasta el confinamiento continuo en celdas.
¿Imrali forma parte de algún sistema penitenciario de este tipo? En cierto modo, nunca ha formado parte de un sistema que se base en ninguno de los acuerdos jurídicos antes mencionados. Desde el principio, los rasgos asimétricos que forman parte de su estructura convirtieron a Imrali en algo que está fuera de la ley, o mejor dicho, en contradicción con la ley existente. A nivel técnico, físico o jurídico, no forma parte del sistema penitenciario ni es totalmente independiente del mismo.
Imrali siempre ha sido expresión de una técnica de poder notablemente eficaz, nueva y excepcional, que no se basa en un estado de derecho ni lo excluye completamente como principio. La afirmación de Giorgio Agamben de que «la cuestión de la legalidad o no de los acontecimientos en el campo no tiene sentido» (ver «Lo que queda de Auschwitz»), se aplica también a la situación en la isla de Imrali. La relación de Imrali con los principios del derecho está estrechamente relacionada con la circunstancia de que la isla constituye una esfera en la que se suspende el derecho.
La isla de Imrali no es simplemente un espacio donde se encuentra una prisión. La isla representa un sistema mediante el cual se está aplicando un régimen de sanciones completamente nuevo. Todo en la isla está organizado de acuerdo a este sistema. La isla se convirtió en un lugar sin humanos. Su entorno fue declarado zona militar. Metafóricamente, la isla presenta las condiciones geográficas más favorables para la institucionalización de estas medidas excepcionales. Una isla no es ni exterior ni interior; su particularidad radica en su aislamiento. El aislamiento físico durante veinte años constituye parte de un aspecto más amplio. Significa la interrupción de cualquier relación con el mundo exterior, una política de aislamiento, muerte y una vida que se restringe de la manera más estricta. En esta situación, la conexión con la sociedad se interrumpe, mientras que la conexión con el sistema del poder se mantiene. Debido a la intensidad de la legislación excepcional aplicada, esta conexión sigue siendo, de hecho, particularmente fuerte. Por un lado, una prevalencia de detalles que permiten que el poder se sienta absolutamente; por otro lado, vidas que se ven obligadas a colgar en un limbo al borde de la total anarquía. Todas las personas que pisan la isla, incluidas las empleadas por el Estado, deben someterse a su sistema. El régimen de estado de excepción no tolera ninguna excepción.
En el caso de Imrali, el objetivo principal del sistema no era deportar al Sr. Öcalan a un lugar que se considerara un «lugar seguro». La verdadera intención era recluirlo, convertirlo en «otro», aislarlo y atomizarlo, observarlo constantemente y disolverlo de alguna manera. Por lo tanto, el sistema Imrali no debe reducirse a nociones como el castigo severo, la venganza y la obediencia forzada (aunque estos elementos, por supuesto, forman parte del todo). El objetivo real del sistema consiste en separar, romper y convertir al prisionero en una herramienta obediente.
Precisamente por esta razón, entendemos el sistema de aislamiento de Imrali no como un método de castigo, sino como un método de control y administración. Parte de este método es la vigilancia y grabación de todas las reuniones con familiares, abogados o delegaciones, la documentación abierta o secreta de las conversaciones entre los presos de la isla, la vigilancia continua por vídeo y audio de las celdas individuales y los exámenes médicos diarios. Estas medidas no son meras precauciones de seguridad o medios de intimidación. Más bien, se trata de técnicas mediante las cuales se recopila y analiza la información para utilizarla con fines de gobernanza e influencia en las fases de confrontación política y conflicto. Existe una doble función por medio de la cual se extrae información del preso, mientras que se recoge información sobre él. El derecho a obtener y analizar toda esta información está en manos de los responsables, que no parecen estar dispuestos a compartir esta información con otros.
Otro aspecto de los métodos de administración es el control sobre las oportunidades del recluso de acceder a la información. Durante quince años no hubo acceso a la televisión en Imrali, una restricción que no se aplica a ninguna otra prisión del país. Durante mucho tiempo, al Sr. Öcalan no se le permitió tener más de tres libros a la vez en su celda. Los periódicos sólo se proporcionaban después de haber sido cuidadosamente seleccionados, censurados y, a veces, conservados con suficiente antelación para que quedaran obsoletos. Así pues, se decidió lo que el prisionero podía o no podía saber. Se iniciaron investigaciones y juicios tras las reuniones con los abogados. Con referencia a las opiniones personales que expresó durante las reuniones con sus abogados, el Sr. Öcalan fue castigado con 200 días sin salir de su celda. Cuando los abogados llegaron a Imrali para reunirse con Öcalan, no se permitió el acceso a la isla a ninguna delegación política o de otro tipo. A su vez, siempre que esas delegaciones podían ir a Imrali, no se permitía a los abogados visitar la isla. Una medida que se aplicó durante los primeros quince años de prisión de Imrali es el símbolo perfecto para todos estos aspectos: una radio que se le proporcionó al Sr. Öcalan en su celda se colocó en el canal oficial de la radio estatal, sin el botón para cambiar de canal. Esta política de limitación siempre se mantuvo en Imrali con sumo cuidado.
Imrali es una institución del derecho que sirve como prototipo de métodos reales de poder y control.
Resulta imposible entender Imrali como un sistema ordenado exclusivamente desde arriba y completamente planificado de antemano. Sin duda, al principio del encarcelamiento del Sr. Öcalan se dispusieron muchos detalles para lograr ciertos objetivos. Con el tiempo, Imrali se ha convertido en una técnica administrativa, que ha derivado su legitimidad de sí misma, se ha expandido y aplicado a otras esferas de la vida social.
Incluso si entendemos Imrali como parte de un sistema legal, no podemos evitar llegar a la siguiente conclusión: Imrali es una institución jurídica que sirve como prototipo de los métodos reales de poder y control en Turquía. La existencia continua de Imrali como régimen de estado de excepción durante un período de veinte años hizo posible que el estado de excepción o las medidas excepcionales se extendieran a esferas completamente diferentes. Imrali presenta el núcleo o la base de este desarrollo.
Por una vez, la farsa democrática del estado de derecho existente sobre Imrali se ha hecho visible: La igualdad formal y la objetividad judicial ya no juegan ningún papel aquí.
Igualdad formal: La igualdad formal ante la ley se garantiza normalmente mediante la imparcialidad de la jurisdicción, lo que significa que todos somos iguales ante la ley. Sin embargo, lo que hemos presenciado en Turquía en los últimos 25 años es la adaptación de la legislación a una sola persona. Se añadieron normas para las excepciones a las leyes existentes, que se recordarán como las «leyes Öcalan». Estas normas excepcionales se aplicaban incesante y exclusivamente en la isla de la prisión de Imrali. Un ejemplo de este reglamento es el derecho del cliente a mantener reuniones privadas con sus abogados. Sin embargo, la excepción en el caso de Imrali exige que un funcionario del Estado esté presente en todo momento durante dichas reuniones y que éstas se registren. Este reglamento se emitió en Turquía en respuesta a una decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que había criticado el trato injusto del recluso Öcalan. Con el endurecimiento de la legislación relativa a las cadenas perpetuas en 2005, la situación de cientos de presos condenados a muerte en Turquía cambió de la noche a la mañana. Fueron sacados de sus viejas celdas y puestos en celdas de una sola persona. La intención de esta medida era legitimar la praxis sobre Imrali y extenderla a las demás cárceles del país. El aparato que se ocupaba constantemente de la creación de nuevas medidas se perfeccionó de tal manera que cualquier modificación de la ley de la nueva legislación del país se examinaba para determinar si tendría algún efecto potencial en el sistema Imrali. En ocasiones, el sistema fue reexaminado para comprobar si sigue haciendo justicia a su función excluyente. Esta exclusión se ha convertido en una cultura considerada necesaria para el mantenimiento de todo el sistema. Un ejemplo particularmente sorprendente es la amnistía para los estudiantes en 2011. El Estado estaba muy preocupado por garantizar que Öcalan no pudiera beneficiarse de la amnistía, de modo que los casos de motivación política quedaron excluidos desde el principio de la posibilidad de acogerse a la amnistía. Si bien esta práctica se vendió por primera vez como una medida excepcional, con el tiempo se convirtió en una ley de amnistía para los estudiantes que excluía los delitos políticos. Todas las normas especiales que se han aplicado a una persona en Imrali en el curso de diez a quince años se han convertido en ley general con la declaración del estado de excepción en 2016: medidas legales específicas para individuos o grupos sociales específicos.
Legalidad/Objetividad: Desde 2005, todas las reuniones sobre Imrali han sido supervisadas por un representante del Estado y registradas. El contenido de las reuniones se documentó sin ningún fundamento jurídico. En cambio, se justificó con una interpretación amplia de la siguiente regulación legal: «Los archivos de los abogados sospechosos pueden ser confiscados.» Normalmente, no es posible ampliar las excepciones legales mediante la reinterpretación de la legislación existente. En el mejor de los casos, los derechos relacionados con la libertad podrían ampliarse de esta manera. Una vez más, nadie le atribuyó un gran significado a este desarrollo. Desde julio de 2011, ya no se permiten abogados en la isla de Imrali. La isla se volvió completamente inaccesible para ellos. Esta medida tampoco tenía base legal o judicial. Fue simplemente la decisión de una persona a cargo de la institución. Por lo tanto, sobre la base de una decisión institucional, las visitas de los abogados a una prisión se vieron socavadas. La práctica de referirse a las decisiones institucionales en lugar de a las leyes pronto se convirtió en una práctica administrativa ampliamente aplicada. Basta recordar los toques de queda militares en 2015 y 2016 en decenas de distritos kurdos de Turquía. Pero, ¿cómo se produjeron exactamente estas declaraciones del estado de emergencia, que todavía no habían sido nombradas como tales? ¿Qué base jurídica existía para legitimar esas medidas en ese momento? Mediante la interpretación de gran alcance del párrafo 11/C21 de la Ley de administración provincial, el gobernador provincial, mediante una decisión administrativa (decisión de la gobernación), impuso toques de queda en varias ciudades, las aisló del mundo exterior y, por lo tanto, suspendió casi todos los derechos constitucionales mediante un decreto ejecutivo. Prácticamente los derechos constitucionalmente consagrados de millones de personas fueron suspendidos con una sola decisión institucional ejecutiva.
Esta es precisamente la técnica de administración de la que estamos hablando. Esto es precisamente lo que queremos decir cuando decimos que las tácticas y técnicas introducidas en Imrali se están expandiendo a la sociedad en su conjunto. Sin duda, el discurso jurídico presenta un marco seguro y legítimo para el análisis. Pero si nos limitamos a este tipo de discurso, nos convertimos en víctimas de un discurso superficial y negativo hasta cierto punto. Nos enfrentamos a un sistema de poder que ha decidido abandonar o deshacer cualquier deseo de ser legal. Apoyo la opinión de que el centro de este giro se ha desarrollado al menos durante los últimos 25 años en Imrali. Se trata de una forma de hegemonía que suspende la soberanía de la ley durante los períodos que considera urgentes, un aparato de poder que funciona con una autoridad extraordinaria. Esta autoridad no reconoce el principio de la separación de poderes, sino que está bajo el control de la burocracia y de hecho ha asumido el poder de la ley.
Esferas fuera del discurso en torno a los derechos humanos universalmente válidos
Podemos entender las estructuras de Imrali como un cambio de paradigma en el derecho penal. ¿En qué consiste este cambio? El objetivo es crear espacios que no estén ligados al discurso en torno a los derechos humanos universalmente válidos. Desde la Segunda Guerra Mundial, este discurso ha servido para poner límites al uso de la violencia por parte de los Estados.
Otro ejemplo de este tipo de esferas creadas a propósito es Guantánamo. En el marco de la «guerra contra el terrorismo», proclamada por Estados Unidos en enero de 2002, se detuvo a personas en todo el mundo acusadas de pertenecer a organizaciones extremistas violentas como Al Qaeda o los talibanes. Fueron llevados al Campamento militar estadounidense Delta, un pequeño terreno en Cuba, que ha sido alquilado -o más bien ocupado- durante un siglo. Los medios de comunicación obtuvieron imágenes de prisioneros con los ojos vendados y esposados en el campo con ropa anaranjada y pies encadenados, acurrucados en el suelo. Los Estados Unidos se negaron a aceptar a estas personas como prisioneros de guerra. Al mismo tiempo, se argumentó que los prisioneros no se encontraban en territorio estadounidense y que, por lo tanto, no podían beneficiarse de los derechos humanos fundamentales, lo que habría sido el caso de los ciudadanos estadounidenses. Sus encarcelamientos no habían sido precedidos por una decisión judicial, sino que fueron el resultado de que el presidente de los Estados Unidos los declarara «terroristas». No tienen derecho a las debidas garantías procesales, no tienen contacto con abogados o familiares y están sometidos a todo tipo de métodos de tortura. Todas estas medidas constituyeron un claro alejamiento de los derechos fundamentales que sólo en el siglo XX se consideraban inviolables.
En marzo de 2002, John Yoo, ex Subprocurador General Adjunto de la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia de Estados Unidos, dio en el clavo al describir el propósito de Guantánamo: «Lo que la administración está tratando de hacer es crear una nueva regla de derecho». (2) [Nota del traductor: La redacción original puede variar ligeramente de la traducción]. En el caso del ciudadano británico Feroz Abbasi, un tribunal de apelación británico dictaminó que el acusado estaba siendo retenido arbitrariamente sobre la base de «agujeros negros legales » (3).
Desde entonces, a Guantánamo se le llama regularmente «agujero negro legal». En referencia a la declaración que hicimos al principio, podemos observar que lo que describimos como un cambio de paradigma o un nuevo estado de derecho se refiere a la creación de tales agujeros negros legales. Los presidentes y los políticos cambian, los días y las estaciones pasan, las vidas y las generaciones terminan; pero los agujeros negros legales permanecen intactos. De hecho, los agujeros negros tienden a expandirse. A veces es una prisión, a veces un campo de concentración, a veces es una región o una ciudad, otras veces es todo un país que puede transformarse en un gran agujero negro legal.
Precisamente por ello, el discurso judicial moderno o el aparato de justicia no encuentran respuestas eficaces a las preguntas planteadas por Guantánamo e Imrali. Se supone que los derechos humanos protegen al cuerpo humano del sufrimiento y el dolor. Cuando se trata de la vigilancia y documentación constante de los reclusos, de la retirada de la información que les corresponde, de las extensas técnicas de control y administración, el discurso jurídico no da respuestas y puede convertirse de hecho en una adición cómplice o de apoyo al sistema.
La Profesionalización del Sistema Imrali
Consideremos el CPT, el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo Europeo y el informe que esta institución publicó en marzo de 2018 (4) Aunque este informe parece académico, diplomático y jurídico, adolece fundamentalmente de una falta de espíritu y de valores ético-morales. En lugar de cuestionar la cuestión que nos ocupa, con este informe, el CPT contribuye al intento de profesionalizar el sistema en Imrali. Veamos las sugerencias eficientes y legales del informe. El informe señala al gobierno turco que no se puede esperar que el CPT crea excusas para negarse a permitir visitas a Imrali, que incluyen «malas condiciones meteorológicas» o «problemas con el ferry». Se añade además: «No hay base legal en la legislación turca para las restricciones implementadas en el año 2013». Así, se menciona claramente la violación de la ley. Hay sugerencias en el informe: «En la medida en que el abogado actúe como mensajero para recibir instrucciones, en casos especiales, un abogado independiente puede ser contratado para tener acceso.» Así, en lugar de criticar el hecho de que las autoridades violan un derecho fundamental, el informe propone actuar racionalmente, mantener una apariencia y contratar a un «abogado independiente». ¡Un abogado «independiente»!
Asimismo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), otra institución del Consejo de Europa, sigue un enfoque similar. Después de que se prohibiera a los abogados visitar Imrali en julio de 2011, los asesores jurídicos de Öcalan acudieron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en octubre del mismo año. Su demanda más importante era el acceso a su cliente. Sin embargo, el aislamiento y la negativa a permitir que los abogados continúan desde entonces. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos no sólo no ha tomado una decisión sobre este asunto, sino que en los últimos siete años ni siquiera ha procedido a entregar la solicitud presentada por los abogados al Gobierno turco y a exigir una declaración del Gobierno, como normalmente se exige en cada procedimiento. Se podría escribir un artículo separado sobre la (falta de) postura del CEDH desde 2010, teniendo en cuenta los juicios de Roboskî*, los toques de queda militares e Imrali, por lo que me abstendré de profundizar en esta cuestión en este punto.
La institucionalización del estado de excepción
«La excepción en la jurisprudencia es análoga al milagro de la teología» (Carl Schmitt, Teología Política). (5) ¡Hubiera sido imposible encontrar palabras más adecuadas! Aunque todo lo que se dice cae en el olvido, son los milagros los que siguen viviendo en la memoria de la sociedad. Los milagros se basan en una fuerza que trasciende la naturaleza y la sociedad. Se está creando un nuevo estado de gobierno en el que se está institucionalizando un estado de excepción, que se repite perpetuamente. Son estos métodos político-jurídicos y técnicas administrativas los que convierten a Imrali en un centro de poder.
Imrali se está convirtiendo en una esfera de resistencia a través del análisis y la subversión de este régimen de poder. En los últimos 20 años, al hacerse ingobernable, Imrali ha estado constituyendo la historia de una praxis de resistencia contra una técnica de poder. Esta praxis se basa en hacer imprevisible su comportamiento y su capacidad de hablar; esto es lo que significa hacerse ingobernable, incontrolable. Este aspecto sería objeto de un análisis más detallado.
Por esta razón, no basta con criticar únicamente a la institución de Imrali y su estatuto jurídico. Incluso si tuviéramos éxito con esto, tendríamos que aceptar que Imrali fuera reemplazada por otra institución con el mismo propósito y efecto. Por lo tanto, la salida del aislamiento de Imrali sólo puede lograrse con una reconfiguración jurídico-política del estatuto y la técnica de Imrali.
1 (Artículo 11/C) Entre las tareas y deberes del gobernador provincial figuran la adopción de las decisiones y medidas necesarias para garantizar la paz y la seguridad dentro de las fronteras de la provincia, la protección de la inmunidad de la persona, la protección de la seguridad de la persona, el bienestar público y la aplicación preventiva de la ley. Para ello, el gobernador toma las decisiones y medidas necesarias. Las disposiciones del artículo 66 se aplican a quienes no acatan tales decisiones y medidas.
2 Philippe Sands: Hukuksuz Dünya, Verlag Alfa, Übers. B. F. Çallı, İstanbul Abril de 2016, S. 242-243.
3 ibíd. S. 261
4 https://www.coe.int/en/web/cpt/-/council-of-europe-anti-torture-committee-publishes-report-on-imral-prison-turkey-
5 Carl Schmitt: Siyasal İlahiyat (Teología Política), Verlag Emre Zeybekoğlu – Dost Kitabevi, 2016, S. 42.
