Estatus y régimen legal de la Prisión de Imrali
Junio 2023 – Traducido y editado por Rojava Azadi Madrid
La situación de la prisión de İmralı y el régimen jurídico impuesto al Sr. Öcalan requieren un debate en profundidad y una nueva conceptualización. Las nociones de «derecho penal del enemigo» y «estado de excepción», que se utilizan para describir la aplicación irregular y anómala de la ley, no se corresponden, en mi opinión, con la situación de la prisión de İmralı, pues en ambos casos, la aplicación discriminatoria o la suspensión de la ley se produce en base a una norma jurídica. No así en el caso de la Prisión de İmralı y el Sr. Öcalan. En teoría, ambos están sujetos a las mismas leyes que rigen en el resto del país. En la práctica, sin embargo, estas leyes no llegan a la prisión de İmralı. En este sentido, en realidad no podemos definir İmralı como una prisión. Las prisiones están definidas por leyes que determinan su estructura arquitectónica, los derechos de los reclusos, la forma en que estos pueden ejercerlos y en qué circunstancias pueden restringirse. No es así en el caso de la prisión de İmralı. Las prácticas en esta prisión, aunque autorizadas por el Estado, no cumplen los criterios legales para ser calificadas como privación de libertad. De hecho, se acercan más al delito de «detención ilegal» tipificado en la legislación penal nacional [turca].
La prisión de İmralı se creó en 1999, específicamente para el Sr. Öcalan. Está situada en una isla que posteriormente fue declarada zona militar restringida. Las visitas, la correspondencia y todos los asuntos similares están sujetos a un régimen y un procedimiento de permisos que no están anclados en la legislación. Durante 10 años y 9 meses Öcalan fue el único preso en İmralı. Sólo tenía derecho a una hora diaria de acceso al aire libre y sólo disponía de un único canal de radio. Durante este tiempo, no tuvo otros presos con los que contactar, ni televisión. Luego, otros convictos fueron trasladados a la prisión de İmralı. Hoy en día, son cuatro en total. Según los datos del CPT, se les permite reunirse cinco horas a la semana, una hora al día. El resto del tiempo, es decir, 23 horas al día entre semana y los fines de semana al completo, lo pasan absolutamente solos en sus celdas.
Lamentablemente, no podemos presentar información más detallada sobre sus actuales condiciones de vida en la cárcel, ya que se nos impide verlos y supervisar las condiciones de su situación. No tenemos forma de saber de qué derechos disfrutan y en qué medida. No existe ningún mecanismo de supervisión que vigile la prisión de İmralı y comparta sus conclusiones con el público. Según la legislación nacional, hay más de una institución encargada de tal función. Sin embargo, no ha habido ni una sola visita o inspección en 24 años. Una y otra vez, delegaciones independientes han solicitado a las autoridades permiso para visitar la prisión, pero estas solicitudes han sido denegadas invariablemente. Así, el único y más reciente dato del que disponemos es el informe del Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) sobre su visita a la prisión en 2019. La última vez que tuvimos noticias de nuestros clientes en la prisión de İmralı fue durante una llamada telefónica el 25 de marzo de 2021. Durante los 27 meses que han transcurrido desde entonces, no hemos podido acceder a ninguna información sobre su situación.
Para comprender mejor las condiciones de detención en la prisión de İmralı, podemos comparar los derechos definidos en la legislación nacional con la práctica impuesta a nuestros clientes. El Sr. Veysi Aktaş, a diferencia de nuestros otros clientes, cumple cadena perpetua en la prisión de İmralı. Lleva recluido en la prisión desde marzo de 2015. Los condenados con su estatus tienen derecho a recibir visitas de familiares una vez a la semana y cuatro veces al mes, además de la misma cantidad de llamadas telefónicas. A grandes rasgos, esto significa que pueden ver a sus familiares más de 50 veces al año, y también contactar con ellos por teléfono más de 50 veces al año. Estas cantidades se reducen a la mitad cuando se trata de condenados que cumplen cadena perpetua agravada, que es el caso de nuestros otros tres clientes de la prisión de İmralı. En consecuencia, Veysi Aktaş debería haber tenido 400 visitas familiares y otras tantas llamadas telefónicas con sus familiares durante sus últimos ocho años en İmralı. Nuestros otros clientes deberían haber podido recibir 200 visitas y realizar otras tantas llamadas telefónicas. Sin embargo, durante este periodo, Veysi Aktaş solo ha recibido tres visitas presenciales, y solo se le ha permitido hacer una llamada telefónica una vez, por razón det la pandemia. El contacto con su familia sumó un total de tres horas. En más de ocho años, este es todo el contacto que se le ha permitido con el mundo exterior. Aunque sus abogados y él mismo presentan insistentemente sus solicitudes a las autoridades, hasta ahora no se le ha permitido ver a un abogado.
En consonancia con las medidas introducidas en relación con la pandemia de COVID-19, que se prolongaron durante dos años, se concedió a los presos de toda Turquía el doble de derechos telefónicos. Pero incluso durante estos tiempos de gran ansiedad e incertidumbre, a nuestros clientes de la prisión de İmralı no se les concedió este derecho. Tras el devastador terremoto que asoló Turquía y Siria el 6 de febrero de 2023, una decisión del Ministerio del Interior concedió a los presos cuyas familias vivían en la zona del terremoto el derecho a ponerse en contacto con ellas por teléfono. Sin embargo, este derecho no se concedió a los presos de la cárcel de İmralı a pesar de que todos ellos tenían familiares que residían en la zona del terremoto. Como resultado, nuestros clientes no tienen la más mínima información sobre si alguno de sus familiares enfermó, resultó herido o incluso perdió la vida durante la pandemia y el terremoto. Según la legislación nacional, los presos pueden llamar por teléfono a sus familiares en caso de enfermedad grave de parientes de cierto grado. En caso de fallecimiento de un familiar de este tipo, se permite al preso participar en los trámites del funeral y el pésame. A Veysi Aktaş ni siquiera se le concedió el derecho a utilizar el teléfono cuando falleció su padre en noviembre de 2022. A menos que la administración penitenciaria tuviera la cortesía de informarle, Aktaş ni siquiera sabe de la muerte de su padre. Además, ni nosotros ni su familia tenemos información sobre su salud, sus condiciones de vida y su seguridad. Suponemos que nuestros clientes están recluidos en İmralı, que se encuentran en buenas condiciones mentales y físicas, que no son objeto de malos tratos y que se les permite relacionarse entre sí. O mejor dicho, nos gustaría creer y esperamos sinceramente que así sea.
Aunque hemos solicitado sus historiales médicos con anterioridad, no nos los han entregado. La privacidad del derecho a la salud no impide que se nos entreguen los historiales. Si una persona lo desea, estos historiales deben entregarse a sus abogados o tutores. Mientras tanto, a los comités sanitarios independientes también se les niega el acceso a la prisión, por lo que no tenemos información sobre los cambios en el estado de salud de nuestros clientes.
Nuestros clientes son objeto de sanciones disciplinarias que impiden las visitas familiares y prohíben las visitas de sus abogados. Estas sanciones son la razón oficial alegada para la detención incomunicada de nuestros clientes. Sin embargo, no hay base en la legislación para impedir el contacto de un convicto con un abogado o para cortar completamente su contacto con el mundo exterior. Por el contrario, existen salvaguardias legales destinadas a evitar que se produzca tal situación. A nosotros, como representantes autorizados de nuestros clientes, no se nos permite proseguir los procedimientos abiertos en su nombre, y ni siquiera se nos dan copias de los expedientes y las sentencias. La personalidad jurídica de nuestros clientes, su existencia legal, queda así completamente aniquilada.
Este estado de cosas no se limita a İmralı, sino que tiende a extenderse por todo el país. Con el tiempo, se han tomado disposiciones para crear una base jurídica para las condiciones que prevalecen en la prisión de İmralı desde 1999. Por tanto, Öcalan desempeña un papel decisivo en la configuración y aplicación de la legislación sobre ejecuciones penales en Turquía. Las disposiciones adoptadas para impedir que Öcalan ejerza sus derechos han comenzado a abarcar el derecho interno en su totalidad, donde se aplican ampliamente en la actualidad.
Tras numerosos intentos infructuosos a lo largo de los años 90, el sistema penitenciario de tipo F sólo pudo introducirse a raíz de los cambios políticos y sociales provocados por la extradición de Öcalan a Turquía. La existencia de un lugar como la prisión de İmralı, es decir, un lugar de confinamiento para una sola persona destinado a aislar completamente a ese individuo de la sociedad, no sólo ha proporcionado legitimidad jurídica para el funcionamiento de las prisiones de tipo F, sino que también ha tenido un impacto en la ruptura de la resistencia de las fuerzas sociales opositoras. La construcción de las prisiones de tipo F ha supuesto la generalización de un sistema de aislamiento relativo. Una vez consolidado este sistema, le siguió el desarrollo de los llamados sistemas penitenciarios S e Y, que han agravado aún más el grado de aislamiento social.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dictaminó que Öcalan no había tenido un juicio justo y que se había violado su derecho a la defensa, por lo que debía ser juzgado de nuevo. Ante una sentencia de este tipo, los tribunales nacionales no tienen discrecionalidad para decidir si aceptan o no que exista una razón para un nuevo juicio. La sentencia del TEDH es firme y, como tal, no está abierta a interpretación. A pesar de ello, en 2006 los tribunales competentes se negaron a cumplir los requisitos de la sentencia del TEDH alegando que los errores procesales, es decir, las violaciones constatadas por el TEDH, no afectaban a la condena del demandante porque esta habría sido la misma incluso sin ellos. Lamentablemente, el Consejo de Ministros aprobó esta práctica del gobierno turco y archivó el expediente. Para evitar cualquier resquicio legal, se añadió un artículo al Código de Procedimiento Penal para impedir que se volviera a juzgar a Öcalan. Esto supuso que, según datos del Ministerio de Justicia de la época, 221 personas quedaran exentas de su derecho a un nuevo juicio. Como el Consejo de Europa seguía presionando a Turquía, se tomaron medidas para resolver esta cuestión mediante una enmienda legal en 2013, excluyendo mientras tanto a Öcalan. Sin embargo, este compromiso llevó al gobierno a actuar de forma arbitraria en los periodos siguientes, en ocasiones casi chantajeando al Consejo de Europa. La negativa de Turquía a aplicar las tan mencionadas sentencias del TEDH sobre los casos de Osman Kavala y Selahattin Demirtaş es precisamente el producto y la continuación de esta relación de complicidad.
Las disposiciones legales adoptadas específicamente para impedir el contacto del Sr. Öcalan con sus abogados, han evolucionado con el tiempo hasta convertirse en una amenaza para los derechos de todos los presos a ver a un abogado. La normativa, que se introdujo con las reformas de 2005 para legalizar la práctica en İmralı, se ha aplicado en todas las prisiones en las fases de investigación y enjuiciamiento después del 20 de julio de 2016. El TEDH contribuyó a este estado de cosas con su sentencia de 2014 sobre la solicitud de Öcalan, en la que ignoró esta cuestión. Ahora, el TEDH está tratando de superarlo responsabilizando a Turquía de violaciones en casos individuales.
Del mismo modo, la cadena perpetua agravada, definida como encarcelamiento hasta la muerte por las leyes de 2005, se introdujo pensando en Öcalan. Sin embargo, actualmente hay muchos presos recluidos con este estatus, privados de los derechos más básicos. Este estatus no sólo ha abolido la libertad condicional, sino que también ha provocado un cambio drástico en las condiciones de ejecución penal. Se sacó a los presos de los pabellones donde habían permanecido durante años y se les recluyó en celdas de aislamiento. Los derechos de visita familiar, el número de personas con las que se les permite reunirse, los derechos telefónicos, los tiempos al aire libre y las actividades comunes se han reducido al mínimo absoluto, sometiendo a los presos a un tremendo grado de aislamiento social.
Como ponen de manifiesto estos ejemplos, el hecho de que las violaciones se pasaran por alto en silencio o se interiorizaran porque «sólo» afectaban a Öcalan ha dado lugar a que las personas en Turquía, especialmente los presos, se enfrenten hoy a una concepción opresiva de la ley. En primer lugar, se siguió una práctica excepcional con respecto a Öcalan. Sólo después del hecho se adaptaron los procesos legales a la persona para que correspondieran a la nueva realidad y le dieran un barniz de legitimidad. Desde 1999, el curso de la normativa penal, especialmente en lo que respecta a la ejecución penal y el juicio, se ha basado en esta ficción.
Cengiz Yurekli
Avv. AHB Estambul
