El factor democrático en Turquía
Artículo de Elif Gün para kurdishquestion.com
Publicado el 18/09/2016
Se describe la democracia como “un sistema de gobierno ejercido por la población al completo de un Estado, o por todos sus miembros con derecho a ejercerlo, habitualmente a través de representantes electos”.
El gabinete ejecutivo, el parlamento y los gobiernos locales de un Estado actúan dentro del mimo sistema, pero por separado. La población local, y sólo esta, elige el gobierno local. En teoría, ningún otro estamento puede interferir sobre el gobierno local para que se lo considere democrático, a no ser que existan pruebas evidentes de que se estén imponiendo restricciones dictatoriales o no deseadas que pretendan disciplinar al electorado.
Según este baremo, actualmente Turquía se sitúa fuera de la definición de democracia. El 11 de Septiembre, el régimen de Erdogan tomó al asalto 24 municipios kurdos como último episodio de una purga constante. Tras deponer co-alcaldías electas, la mayor parte elegidas por una amplia mayoría de votantes, el Estado nombró sus propios administradores leales. La acusación contra estos co-alcaldes fue su presunto apoyo al ilegalizado Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK). Sin embargo, no se ha aportado ninguna prueba que respalde esta acusación.
La paranoia que impera en Turquía tras el golpe de Estado fallido en Julio ha acarreado a la población kurda niveles aún mayores de sufrimiento, prejuicio y discriminación, en especial en el oeste del país. La retirada de señales redactadas en lengua Kurda de los municipios tomados al asalto (algunos han sido repuestos) y su engalanamiento con docenas de banderas turcas pueden dar una idea de las proporciones de su animadversión.
Los 24 municipios asaltados estaban siendo administrados por el autonomista Partido Democrático Kurdo de las Regiones (DBP), organización hermana del Partido Democrático de los Pueblos (HDP), tercer grupo más numeroso en el Parlamento. Y a pesar de que se han escuchado críticas acerca de esta expropiación política desde gobiernos extranjeros que incluyen a los Estados Unidos de Norteamérica, que manifestaron su preocupación y su esperanza de que “cualquier nombramiento discrecional de gestores gubernamentales será temporal y se permitirá al electorado elegir pronto sus propios representantes de acuerdo a la legislación turca”, está claro que Erdogan tiene intención de posponer cualquier nuevo proceso electoral tanto como le sea posible.
La destitución de representantes electos, así como el despido de 11 mil profesores prokurdos, ha provocado focos de protesta en la volátil región kurda. Tanto Erdogan como sus representantes gubernamentales han declarado que la campaña militar contra el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) es ya la más grande en toda la historia de la República Turca. Sus argumentos son que el PKK amenaza la unidad del país. Sin embargo, esto es sencillamente falso, pues el PKK/KCK reclama una solución basada en la autonomía, no la secesión. Es falso también porque recientemente, el 20 de Agosto, el Movimiento Kurdo (KCK) declaró que estaban dispuestos a regresar a la mesa de negociaciones, como también manifestó el líder encarcelado del PKK, Abdullah Öçalan, en el transcurso de una reunión con su hermano la semana pasada. Öçalan dijo que la Cuestión Kurda podría resolverse “en seis meses” si el Estado era sincero en sus planteamientos. La respuesta a esta declaración vino del primer ministro de Turquía, Binali Yildirim, quien dijo que “no hay tal solución posible, la guerra contra el terrorismo proseguirá sin tregua”.
Bajo el criterio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para que tales acciones estén justificadas, los fines deben justificar tales medios. Según miembros del gobierno turco, la medida se justifica por la magnitud de la amenaza al Estado. Pero se trata de mera retórica, que Erdogan ha orquestado muy bien. Los fines no pueden justificar los medios. La democracia, y en especial la representación y voluntad política de los kurdos, se encuentran bajo ataque en Turquía, porque el Estado turco y el régimen de Erdogan no desean compartir su poder con nadie. Una solución pacífica y política es viable, pero el régimen no tiene la mentalidad adecuada para resolver la Cuestión Kurda.
Es seguro que estas medidas ilegales y arbitrarias del Estado desembocarán en una intensificación de los enfrentamientos ya existentes en la región Kurda. Las normas del juego democrático han sido totalmente suspendidas en Turquía desde hace un tiempo, y los acontecimientos más recientes, sus formas y principios, demuestran que el imperio de la Ley es ya virtualmente inexistente.
Nota: Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivas del autor, y no reflejan necesariamente la posición de KurdishQuestion.com
Traducción de Oscar Eslava.
