Continúa la persecución de la oposición política en Turquía
Fuente: Destino Oriente Próximo
Autora: Sara A. de Ceano-Vivas Núñez
El pasado 15 de mayo cinco alcaldes del partido HDP (Partido Democrático de los Pueblos), electos para los ayuntamientos del sudeste de Turquía, fueron depuestos de sus funciones y sustituidos por fidecomisarios elegidos a dedo por el gobierno de Recept Tayyip Erdogan. A día de hoy, de los 65 municipios ganados por el partido HDP en las elecciones del 31 de marzo del 2019, 45 han sido destituidos. Además, hay que sumarle otros 6 co-alcaldes del mismo partido votados en las mismas elecciones, a los que el gobierno les negó sus certificados de elección y por lo tanto el derecho a ejercer sus funciones, aparándose en que habían sido depuestos de otros cargos con anterioridad durante el estado de alarma. Actualmente 21 de los co-alcaldes kurdos elegidos en los comicios del 2019 se encuentran en prisión y cinco más están arrestados.
Los arrestos y destituciones se llevan a cabo de forma unilateral por parte del gobierno, sin contar con el respaldo de una sentencia judicial. El ex-representante del HDP en Europa, Faruk Eyyup Doru, ha declarado que “El gobierno turco no tienen ningún derecho jurídico según la constitución actual para detener y destituir a los alcaldes kurdos”. Ya que las candidaturas de dichos representantes fueron aprobadas por la comisión electoral del país, ratificando que cumplían las condiciones para el puesto. “Todos los candidatos del HDP han tenido la autorización del consejo electoral” ha afirmado Eyyup.
El estado de alarma abrió las puertas a prácticas antidemocráticas en Turquía
El estado de alarma supuso una ruptura para el modelo democrático en Turquía. Decretado tras el fallido golpe de Estado el 15 de julio del 2016, fue extendido cada tres meses hasta llegar a los dos años de duración para todo el territorio turco. Muchos consideran que dicho estado de alarma ha sido un mecanismo utilizado por el partido gobernante AKP para afianzar su poder y un fácil recurso represivo utilizado contra toda oposición política. Como consecuencia del estado de alarma miles de personas han sido detenidas y encarceladas. Periodistas, abogados, políticos y académicos han perdido sus puestos de trabajo y han pasado por difíciles situaciones de represión, que hasta día de hoy, siguen viviendo. Aunque el estado de alarma ha sido oficialmente levantado sigue aplicándose con cierta regularidad en la región del sudeste de Turquía de mayoría kurda.
La región de Bakur Kurdistán, que se encuentra ubicada en el sudeste de Turquía, ha sido una de las zonas más dañadas en cuanto a pérdida de derechos y libertades políticas. Entre 2016 y 2018, bajo el auspicio del estado de alarma, 95 de 102 alcaldías prokurdas del partido BDP fueron destituidas y 93 de sus co-alcaldes fueron arrestados. Muchos de ellos aún continúan en prisión a espera de juicio, mientras 15 de ellos ya han sido condenados. Además 13 parlamentarios del HDP fueron encarcelados, entre los que se encuentran los ex co-presidentes, Selahattin Demirtaş y Figen Yüksekdağ. Hasta el momento solo cuatro parlamentarios han sido liberados. A todo esto hay que añadir la detención de alrededor de 15.000 miembros y funcionarios de HDP, de los cuales 5.000 siguen encarcelados, según datos del propio partido.
Faruk Eyyup Doru declara que “la situación de los presos políticos es muy dramática. Hay más de 7000 presos políticos y algunos llevan cinco años en la cárcel sin haber sido juzgados”. Todas estas detenciones y encarcelamientos se sustentan bajo cargos de “apoyo al terrorismo”. Recep Tayyip Erdogan acusa al HDP de ser el brazo político del PKK (Partido de los Trabajadores de Kurdistán). Mientras el HDP reitera que no tiene ningún vínculo directo con dicha organización y que es un partido político independiente. Eyyup continúa “La mayoría de los cargos electos son condenados a 10 o 15 años de prisión. Como es el caso del alcalde de Van, Bekir Kaya, abogado de profesión, que ha sido condenado a 15 años”.
La UE conocedora de la carencia de democracia en Turquía
La pérdida de derechos democráticos en Turquía no pasa desapercibida para los organismos de la UE, siendo uno de los mayores obstáculos para la candidatura turca a ser miembro de pleno derecho de la organización paneuropea. El portavoz para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la UE, Peter Stano, sacó un comunicado tras las últimas cinco detenciones de los alcaldes del HDP. Peter Stano destacó que “Las decisiones y medidas adoptadas por las autoridades turcas contra los municipios con alcaldes de los partidos de la oposición siguen siendo motivo de profunda preocupación, en particular cuando parecen tener una motivación política.” En dicha carta el portavoz insta al gobierno de Turquía a “derogar las medidas que inhiben el funcionamiento de la democracia local” que se encuentran reflejadas en la Carta Europea de Autonomía Local a la que Turquía está adherida.
Y es que 18 alcaldes de diferentes partidos políticos en Turquía son miembros del Congreso de Autoridades Locales y Regionales de la UE. Una institución del Consejo de Europa que se encarga de fortalecer la democracia local y regional, así como de vigilar el cumplimiento de la Carta Europea de Autonomía Local a la que está adherida todos sus miembros. El Presidente del Congreso, Anders Knape, ha expresado su preocupación por “el uso excesivo de procedimientos judiciales contra los representantes locales elegidos” y ha advertido que “no sólo es una afrenta para quienes se presentan a elecciones libres y justas, sino que también constituye una amenaza grave y permanente para el buen funcionamiento de la democracia local en Turquía”.
Tras la monitorización de las elecciones locales del 2019 en Turquía, por parte del Congreso de Autoridades Locales y Regionales, fue solicitado un dictamen jurídico sobre los casos de destitución de alcaldes democráticamente elegidos a la Comisión de Venecia del Consejo de Europa. La Comisión de Venecia es un órgano consultivo sobre derecho constitucional que asiste a sus países miembros en materia de Derechos Humanos y prácticas democráticas. A día de hoy, aún la Comisión de Venecia sigue sin pronunciarse al respeto de esta petición.
