Carta sobre las violaciones de los derechos de propiedad durante y después de la «Operación Primavera de Paz» en el norte de Siria

11 de agosto, 2025 konsuk

Es esencial garantizar el retorno voluntario, seguro y digno de las poblaciones desplazadas y proporcionarles una indemnización, ya que facilitar el retorno de los residentes a sus hogares en Ras Al-Ain/Serê Kaniyê y Tell Abyad constituye la prueba más importante para el éxito de la fase de transición en Siria.

STJ – 5 agosto 2025 – Traducido y editado por Rojava Azadi Madrid

Northern-Syria-Communication-to-UN-Special-Procedures-Regarding-Ongoing-Violations-of-Property-Rights-in-the-Operation-Peace-Spring-Area es Descarga

Para facilitar la lectura, reproducimos a continuación el documento completo:

A la atención de:

El Relator Especial sobre la vivienda adecuada como componente del derecho a un nivel de vida adecuado y sobre el derecho a la no discriminación en este contexto;
El Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición;
El Relator Especial sobre cuestiones de las minorías;
El Relator Especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos;
El Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Nosotros, Sirios por la Verdad y la Justicia (STJ), presentamos respetuosamente esta carta a Sus Excelencias en su calidad oficial para llamar urgentemente la atención sobre las violaciones de los derechos a la vivienda, la tierra y la propiedad (HLP) que afectan a los residentes de Ras al-Ayn/Serê Kaniyê y Tell Abyad/Girê Spî. Desde 2019, estas comunidades han sufrido una campaña sistemática de desplazamiento forzoso tras la toma de ambas zonas por las Fuerzas Armadas Turcas y facciones afiliadas al Ejército Nacional Sirio (SNA) durante la Operación Fuente de Paz.

Aunque han pasado varios años desde el fin de las hostilidades activas, la mayoría de los residentes originales no han podido regresar a sus hogares. Esto se debe a que continúan las violaciones, como la confiscación ilegal de propiedades, el reasentamiento de nuevas familias y las restricciones de seguridad discriminatorias. Estas acciones consolidan el cambio demográfico forzoso y obstaculizan en gran medida cualquier posibilidad de un retorno seguro, voluntario y digno.

A pesar de la caída del régimen de Assad a finales de 2024, la formación de un nuevo gobierno de transición en Damasco a principios de 2025 y la adopción de una nueva declaración constitucional en marzo del mismo año, la situación sobre el terreno en las zonas controladas por Turquía en el norte de Siria apenas ha cambiado.¹

El 24 de diciembre de 2024, el Gobierno de transición anunció la integración formal de las facciones del SNA en el Ministerio de Defensa,² incluidas las que controlan Ras al-Ayn y Tell Abyad. Como resultado, estas facciones ya no son solo entidades de facto, sino que ahora, al menos oficialmente, forman parte de la estructura estatal de transición reconocida internacionalmente. Este hecho atribuye al Gobierno de transición la responsabilidad directa de las acciones de estas facciones, así como de cualquier fallo en su supervisión y rendición de cuentas.

1. Recomendaciones

Basándose en los testimonios de víctimas y supervivientes en Ras al-Ayn y Tell Abyad, y tras un análisis de las violaciones documentadas relacionadas con la confiscación de bienes, el desplazamiento forzoso y el cambio demográfico, STJ insta a los titulares del mandato a que adopten las siguientes medidas para poner fin a estas violaciones y restituir los derechos a sus legítimos propietarios:

Involucrar a todas las partes pertinentes y reafirmar su responsabilidad jurídica por las violaciones: se les debe instar a llevar a cabo investigaciones transparentes y eficaces, a divulgar públicamente las conclusiones y a exigir responsabilidades a todos los responsables, independientemente de su cargo dentro del SNA;
Poner fin a la ocupación y al control ilegal de Ras al-Ayn y Tell Abyad: El Estado turco debe retirar sus fuerzas militares y cesar todo apoyo directo e indirecto a las facciones armadas en estas zonas, de conformidad con sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario (DIH) como potencia ocupante. Además, el Gobierno de transición sirio debe participar activamente a través de los canales diplomáticos y utilizar las garantías internacionales disponibles para garantizar la retirada de toda presencia militar extranjera no autorizada y el restablecimiento pacífico de la soberanía siria sobre estos territorios.
Garantizar el retorno voluntario, seguro y digno de las poblaciones desplazadas y su indemnización: Garantizar el retorno de los residentes a sus hogares en Ras al-Ayn y Tell Abyad es la prueba más importante del éxito de la fase de transición de Siria. Se debe crear un plan nacional bajo la supervisión del gobierno de transición, en colaboración con las Naciones Unidas (ONU), para facilitar el retorno inmediato de las personas desplazadas a sus propiedades, al tiempo que se les brindan garantías de seguridad y protección contra represalias o discriminación. Las víctimas deben ser indemnizadas por sus pérdidas, incluidas las propiedades que han sido destruidas, saqueadas o utilizadas ilegalmente en los últimos años. Se recomienda que un fondo nacional de justicia transicional supervise los programas de indemnización y reconstrucción en estas zonas, financiado con los activos congelados del antiguo régimen y las contribuciones de los países que apoyan la reconstrucción, de conformidad con las disposiciones de la declaración constitucional de transición, que hacen hincapié en la restitución de los bienes confiscados a sus legítimos propietarios y en la justicia para las víctimas de violaciones. El retorno de las poblaciones desplazadas a sus hogares originales, con pleno respeto de sus derechos, será un hito fundamental para restaurar el tejido social y la paz civil en Siria.
Proteger los derechos de propiedad y a la vivienda de conformidad con la Declaración Constitucional y las leyes aplicables: Instamos a que se adopten medidas legislativas y ejecutivas inmediatas para salvaguardar los derechos de propiedad. Las autoridades sirias de transición deben liderar los esfuerzos para promulgar leyes o reglamentos específicos que aborden la situación de los bienes incautados en las zonas afectadas por el conflicto, en particular Ras al-Ayn y Tell Abyad. Dichos reglamentos deben anular explícitamente todas las transacciones ilegales relacionadas con los bienes de las personas desplazadas, incluidas las ventas o reasignaciones forzadas realizadas bajo la ocupación, y declarar nulos y sin efecto todos los títulos de propiedad o contratos relacionados. Además, debería crearse un órgano judicial o administrativo específico, como un Comité de Reclamaciones sobre la Propiedad, para recibir y resolver con prontitud las denuncias de las personas desplazadas, proporcionándoles asistencia jurídica gratuita. También acogemos con satisfacción las disposiciones de la Declaración Constitucional de 2025 que afirman la protección de los derechos adquiridos, el respeto de la propiedad privada y la reparación de los agravios, y hacemos hincapié en la necesidad de traducir estos principios constitucionales en medidas prácticas que restablezcan de forma rápida y justa los derechos de sus legítimos propietarios.
Emitir una declaración pública u opinión formal de los organismos internacionales pertinentes, incluida la ONU, para poner de relieve las violaciones sistemáticas y continuadas que se están cometiendo en Ras al-Ayn y Tell Abyad. La declaración debe hacer hincapié en la gravedad y el carácter generalizado de estos abusos, pedir su cese inmediato e instar a todas las partes implicadas a que hagan rendir cuentas a los responsables de conformidad con las normas internacionales. Pedir a la ONU y a su Consejo de Seguridad que reconozcan oficialmente la presencia turca en el norte de Siria como una ocupación, en virtud del artículo 42 del Reglamento de La Haya de 1907. Exigir el cese inmediato de las violaciones y garantizar el regreso seguro y digno de las poblaciones desplazadas a sus hogares originales, junto con la restitución de sus propiedades o una indemnización justa cuando la restitución no sea posible.

2. Antecedentes

El 9 de octubre de 2019, Turquía lanzó la Operación Primavera de Paz en el noreste de Siria con el objetivo de crear una «zona segura» a lo largo de la frontera entre Turquía y Siria para reasentar a casi dos millones de refugiados sirios que viven actualmente en Turquía.³ La operación tenía como objetivo las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), lideradas por las Unidades de Protección Popular Kurdas (YPG), que Turquía considera una extensión del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), designado como organización terrorista por Ankara. Con esta campaña, Turquía pretendía alejar a las fuerzas kurdas 30 kilómetros de su frontera para mejorar la seguridad nacional y evitar cualquier conexión entre las poblaciones kurdas de Siria y Turquía.⁴

El presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, anunció el inicio de la operación con la participación de grupos armados controlados por Turquía, que operan bajo la bandera del SNA, que incluye facciones como la División Sultan Murad, la División al-Hamza/al-Hamzat y Tajammu Ahrar al-Sharqiya/Reunión de Hombres Libres del Este. ⁵ La operación incluyó ataques aéreos y bombardeos de artillería en zonas clave como Ras al-Ayn y Tell Abyad. Duró unos diez días antes de detenerse en virtud de un acuerdo de alto el fuego turco-estadounidense, durante el cual las SDF se retiraron 30 kilómetros de la franja fronteriza de 120 kilómetros entre las dos ciudades, lo que permitió a las fuerzas turcas y a las facciones aliadas del SNA tomar el control de la zona. ⁶

Durante la operación, la zona fue objeto de bombardeos indiscriminados por parte de las fuerzas turcas y facciones aliadas del SNA, lo que provocó graves repercusiones humanitarias para la población civil. Según la Organización Internacional para las Personas Refugiadas⁷, más de 200 000 personas, entre ellas muchas mujeres y niños, se vieron desplazadas. La operación también se caracterizó por abusos generalizados de los derechos humanos cometidos por las facciones armadas apoyadas por Turquía, como ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y torturas.⁸

Los daños no solo afectaron a personas, sino también a la propiedad civil. La zona sufrió saqueos generalizados y la confiscación de viviendas y bienes por parte de grupos armados. Las viviendas de los residentes desplazados por la fuerza fueron ocupadas y utilizadas como cuarteles militares o alojamientos para las familias de los combatientes, mientras que se impedía a los residentes originales regresar a sus hogares. Las fuerzas turcas también participaron en la confiscación de propiedades y en la conversión de algunas aldeas en bases militares. ⁹

Tras la operación, continuaron las violaciones de los derechos de propiedad de manera organizada. Estas acciones provocaron importantes cambios demográficos, ya que miles de familias sirias desplazadas por la fuerza de otras regiones, incluidas familias de combatientes del Estado Islámico (ISIS), fueron asentadas en los hogares de la población desplazada original¹⁰«¿Dónde está mi hogar? Las violaciones de los derechos de propiedad en el norte de Siria perpetúan el cambio demográfico», Asociación Synergy/Hevdestî para las Víctimas, 19 de enero de 2023, https://hevdesti.org/en/violations-of-property-rights-in-northern-syria/ (último acceso: 25 de julio de 2025)¹¹, lo que agravó aún más la crisis humanitaria. Además, Turquía ha deportado cada vez más a los refugiados sirios de su territorio de vuelta a Tell Abyad,¹²Ibid¹³ intensificando los cambios demográficos en la zona.

Estas violaciones persisten a pesar de la falta de esfuerzos genuinos y transparentes para restituir los derechos a sus legítimos propietarios. Tales acciones violan numerosas disposiciones de acuerdos internacionales, incluido el acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos y Turquía,¹⁴ lo que agrava la crisis humanitaria y aumenta el sufrimiento de los residentes originales que han perdido sus hogares y propiedades.

3. Reflejo de los últimos acontecimientos en Siria en las zonas en cuestión

Siria vivió un punto de inflexión crucial a finales de 2024 con la caída del régimen de Bashar al-Assad el 8 de diciembre de 2024, después de que las fuerzas del Comando de Operaciones Militares/Disuasión de la Agresión (formado por Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) y otros grupos) tomaran la capital, Damasco. A esto le siguió el anuncio de una autoridad gubernamental de transición en Siria. El 29 de enero de 2025, Ahmed al-Sharaa fue nombrado jefe del período de transición y se derogó la Constitución siria de 2012, y se estableció un nuevo gobierno de transición, que adoptó una Declaración Constitucional provisional en marzo de 2025. El anuncio también incluía la disolución de las facciones armadas, los antiguos organismos de seguridad, la Asamblea Popular (Parlamento) y el antiguo aparato del Partido Baaz, anteriormente en el poder. Esta declaración marcó el inicio de una amplia reestructuración de las instituciones estatales por parte de las autoridades de transición y la consolidación del Estado de derecho tras décadas de régimen autoritario.¹⁵

A pesar de los profundos cambios políticos, las regiones de Ras al-Ayn y Tell Abyad siguen enfrentándose a las mismas condiciones en lo que respecta al control efectivo y la aplicación de la ley. En la práctica, el Gobierno central de transición aún no ha establecido su plena autoridad en estas zonas, debido a la presencia continuada de fuerzas extranjeras y al dominio de las milicias locales. Las fuerzas turcas siguen desplegadas en estas regiones fronterizas, manteniendo el control directo o indirecto de la seguridad y la administración. Según algunas estimaciones, aproximadamente 10 000 soldados turcos forman parte de las fuerzas de ocupación estacionadas en el norte de Siria, incluyendo Afrin, Ras al-Ayn, Tell Abyad y las zonas circundantes. Mientras tanto, las facciones del SNA respaldadas por Turquía siguen activas en la región, aunque su estatus legal ha sido revisado nominalmente tras los recientes acontecimientos políticos. ¹⁶

Tras el anuncio, el 24 de diciembre de 2024, de la disolución de las facciones «revolucionarias» y su integración en la estructura del nuevo Ministerio de Defensa sirio, se esperaba, en teoría, que estos grupos armados, incluidos los del ENA que operan en Ras al-Ayn y Tell Abyad, se incorporaran al Ejército Nacional Sirio unificado, comandado por las autoridades de transición. De hecho, el SNA quedó nominalmente bajo la dirección del Ministerio de Defensa del Gobierno de transición. Sin embargo, en la práctica, muchos de los miembros de estas facciones siguen operando bajo la dirección y el apoyo directos de Turquía. Según algunas informaciones, a pesar de la integración formal, estos grupos siguen recibiendo sus salarios y directrices del Gobierno turco, lo que mantiene su lealtad y su alineamiento operativo fuera del control total de las autoridades sirias de transición. Esto revela que el acuerdo para unificar las facciones puede ser frágil, ya que persisten las lealtades internas, las rivalidades por los recursos y los puestos, y la competencia entre estos grupos armados. Según algunos informes, algunas facciones temen perder su influencia o su acceso a los recursos bajo la nueva estructura militar, lo que podría llevarlas a retrasar o resistirse a la integración plena¹⁷.

En cuanto a los últimos acontecimientos sobre el terreno, en abril de 2025 surgieron informes que indicaban que sucesivos grupos de combatientes de las facciones del SNA se habían retirado de las ciudades de Ras al-Ayn y Tell Abyad hacia territorio turco. Se observaron autobuses que transportaban a militantes de facciones como Ahrar al-Sharqiya, al-Hamzat y Sultan Murad, entre otras, saliendo de Ras al-Ayn, en el norte de la provincia de Al-Hasaka, en dirección a Tell Abyad y cruzando posteriormente la frontera con Turquía. Este inesperado acontecimiento planteó importantes interrogantes sobre los verdaderos motivos de la retirada y si indicaba un próximo cambio en la dinámica de poder de la región. No se ha dado ninguna explicación oficial; algunas fuentes sugieren que podría tratarse de una redistribución y reestructuración liderada por Turquía tras los acuerdos con el Gobierno de transición, o el resultado de los esfuerzos internacionales para reducir la tensión con las fuerzas kurdas vecinas, mientras que otras filtraciones apuntan a una razón diferente: el temor de muchos miembros de las facciones a permanecer en la zona debido a su participación documentada en graves violaciones.

Según múltiples informes, comandantes y combatientes vinculados a facciones respaldadas por Turquía han abandonado recientemente la zona de «Primavera de Paz» para regresar a sus zonas de origen dentro de Siria a través de Turquía. Sin embargo, han evitado deliberadamente las rutas que atraviesan territorios controlados por las SDF, por temor a represalias o acciones legales debido a los abusos cometidos en el pasado contra la población civil local, entre los que se incluyen asesinatos, torturas y malos tratos a detenidos. Si se confirma y persiste esta retirada parcial, podría indicar un reposicionamiento militar más amplio en la región y dar lugar a nuevos acuerdos de seguridad. Estos podrían incluir el despliegue de fuerzas regulares leales al Gobierno de transición para gestionar la seguridad local, la celebración de acuerdos con las fuerzas de las SDF para evitar enfrentamientos y mantener la estabilidad, o incluso un control administrativo y de seguridad más directo por parte de las propias fuerzas turcas, en sustitución de sus representantes locales¹⁸.

A pesar de todos los acontecimientos mencionados, la situación humanitaria y los derechos de los residentes en Ras al-Ayn y Tell Abyad siguen gravemente deteriorados en la fecha de la presente denuncia. La gran mayoría de los habitantes originales de estas dos zonas siguen desplazados por la fuerza, viviendo en campamentos temporales en condiciones muy duras, privados de su derecho a regresar a sus hogares y tierras. Muchos llevan más de cinco años desplazados, sin una solución a la vista. Sus propiedades han sido destruidas o confiscadas, y cualquier intento de reclamar sus derechos se enfrenta a la cruda realidad de la anarquía y al dominio continuado del poder militar en estas zonas. Incluso después del traspaso de poderes en Damasco, no se han tomado medidas concretas ni prácticas para facilitar el regreso de los desplazados o garantizar sus derechos de propiedad en Ras al-Ayn y Tell Abyad. En abril de 2025, el Gobierno de transición no había emitido ninguna declaración oficial en la que se abordara específicamente la situación de estas zonas ni se presentara un plan para resolver las violaciones generalizadas de los derechos a la vivienda y a la propiedad en las mismas. Esta inacción es quizás comprensible dada la complejidad de la situación, ya que estas zonas siguen fuera del control directo del Gobierno de transición y requerirían acuerdos regionales e internacionales para aplicar cualquier solución significativa¹⁹.

4. Hechos

Entre mayo de 2024 y marzo de 2025, nuestra organización llevó a cabo 40 entrevistas centradas en las
violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas turcas y facciones del Ejército Nacional
Sirio (ENS) en las zonas de Ras al-Ayn y Tell Abyad, en el noreste de Siria. Todas las víctimas
entrevistadas eran residentes originales de la región. Algunas habían sido desplazadas por la fuerza
debido a las operaciones militares y las violaciones que sufrieron, mientras que otras siguen desplazadas
por temor a sufrir nuevas violaciones si intentan el retorno. Entre los entrevistados había 23 desplazados de Ras al-Ayn y 15 de Tell Abyad. Ellos o sus familiares habían sido objeto de diversas formas de abuso, entre ellas la detención arbitraria, la tortura, las amenazas de arresto y la extorsión financiera.²⁰ Entre 2019 y 2023 se produjeron numerosos casos adicionales de violaciones similares, lo que refuerza la evaluación de que estos abusos reflejan un patrón sistemático y una práctica constante dirigida contra la población civil de la región²¹ .

Los testimonios recopilados por los investigadores de campo de STJ en este contexto muestran que algunos
miembros de grupos armados que no son originarios de la zona han comenzado a realizar esfuerzos individuales para trasladar a sus familias, hijos y pertenencias de vuelta a sus lugares de origen. Mientras
tanto, permanecen solos en Ras al-Ayn, esperando una oportunidad para reunirse con ellos. Los informes
también describen casos en los que varios miembros fueron detenidos por sus propias facciones por
intentar tales reubicaciones, lo que provocó el abandono de algunos hogares. Fuentes locales confirmaron
que las facciones al-Hamzat y al-Amshat se han retirado casi por completo de Ras al-Ayn²².

Testimonios internos confirman que los residentes originales aún no han regresado a las dos ciudades,
debido principalmente a problemas de seguridad, confiscaciones continuas y la falta de autoridad civil .
Algunos intentos de recuperar propiedades mediante sobornos se enfrentaron a condiciones arbitrarias,
como la obligación de los propietarios de permanecer en la zona y la prohibición de salir de ella, lo
que pone de relieve la persistencia de un entorno coercitivo e inseguro²³.

Todas las víctimas entrevistadas revelaron sus nombres e información personal a petición del equipo de
Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos; sin embargo, se negaron a compartir estos
datos con otros actores o a publicarlos, debido a su profundo temor a represalias, ya sea contra ellas
mismas, sus familiares o parientes, por parte de los presuntos autores.

5. Violaciones de los derechos humanos

5.1. Confiscación de viviendas y negocios

Según los testimonios recopilados por STJ, así como otros relatos de diversas fuentes, incluidos informes de las Naciones Unidas y organizaciones locales e internacionales de derechos humanos, se registraron violaciones generalizadas de los derechos humanos en las zonas de Ras al-Ayn y Tell Abyad tras la operación «Primavera de Paz» lanzada por Turquía en octubre de 2019. La documentación de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Árabe Siria (COI-Siria) confirma la existencia y la continuación de estas violaciones en su último informe publicado el 12 de agosto de 2024²⁴.

Estas violaciones afectaron al menos a 62 viviendas, 52 propiedades y establecimientos comerciales, incluidos almacenes y fábricas, así como a 19 parcelas de tierra agrícola que abarcaban 4747 hectáreas, algunas de las cuales habían sido cultivadas antes de la incursión turca. Las violaciones también incluyeron la incautación de equipos agrícolas e industriales y toneladas de semillas almacenadas. Estas acciones ocurrieron inmediatamente después de la incursión o en distintos momentos durante el control turco de la
zona²⁵ .

Según los informes, estas violaciones no fueron incidentes aislados ni actos aleatorios, sino que fueron llevados a cabo de forma sistemática y a gran escala por el ejército turco y los grupos armados afiliados a él, como al-Hamzat, Ahrar al-Sharqiya y Sultan Murad. Estos grupos utilizaron su poder militar para confiscar viviendas civiles y convertirlas en cuarteles militares o utilizarlas para albergar a las familias de sus combatientes, mientras que otras propiedades fueron saqueadas o destruidas intencionadamente. ²⁶ Es importante señalar que varias facciones del SNA han sido añadidas a las listas de sanciones de Estados Unidos por su participación en graves violaciones de los derechos humanos en Siria. Por ejemplo, Ahrar al-Sharqiya fue sancionada en julio de 2021. Más recientemente, tanto al-Hamzat como al-Amshat también fueron designadas por sus vínculos con graves abusos contra los derechos humanos en la región de Afrin, en el norte de Siria, especialmente contra los residentes kurdos. Estos abusos incluyen secuestros, detenciones arbitrarias, extorsión, violaciones, tortura y la confiscación ilegal de tierras y propiedades. ²⁷

Los testimonios documentados por la organización PÊL-Civil Waves indican que la confiscación de viviendas y negocios fue una de las violaciones más comunes. Por ejemplo, según informes, miembros de la División al-Hamzat irrumpieron en casas en Ras al-Ayn y pintaron números rojos en las paredes, lo que indicaba que las propiedades habían pasado a estar bajo su control. Un testigo dijo:

«Los vi pintando los números en las paredes y nos dijeron que cualquier casa que tuviera un número era ahora suya y que los residentes originales ya no tenían derecho a volver».

En otros casos, las viviendas se utilizaron para alojar a las familias de los miembros de las facciones. Un
testigo de Tell Abyad declaró:

«Después de abandonar la aldea debido a los bombardeos turcos, regresé y descubrí que la facción Ahrar al-Sharqiya se había apoderado de mi casa. Habían escrito en la pared: “Reservado para Ahrar al-Sharqiya” y, tras saquearla, instalaron allí a sus combatientes. ²⁸»

En otros incidentes documentados por STJ, un concesionario de automóviles kurdo fue desalojado por la fuerza de su casa en el barrio de al-Kharabat, en Ras al-Ayn. Según su relato:

«Vimos a unos veinte hombres armados con uniformes militares que hablaban árabe. Entraban en las casas del barrio, incluida la mía. Les pregunté qué querían y les dije que era el propietario de la casa. Me dijeron que iban a utilizarla como puesto militar. Confiscaron todo lo que había dentro y me amenazaron con armas de fuego.»²⁹

Cuando intentó regresar al día siguiente para recuperar algunas pertenencias esenciales para su familia, un guardia armado con un Kalashnikov se le enfrentó y le dijo que se marchara inmediatamente o lo detendrían dentro de la casa. El hombre huyó de la ciudad y ahora reside en la localidad de Tell Tamer.

En un incidente similar, a un agricultor kurdo desplazado también se le impidió entrar en su casa en el barrio de al-Mahta, en Ras al-Ayn, cuando regresó a la ciudad a finales de 2019. Se enfrentó a miembros de la Brigada Halcones del Norte. El agricultor narró lo siguiente:

«Cuando llamamos a la puerta, salió un hombre con uniforme militar y nos preguntó: «¿Qué queréis?». Le expliqué que era el propietario de la casa y que había vuelto a vivir allí. Mientras tanto, apareció otro soldado con una ametralladora y disparó varias balas entre nuestros pies. Empezó a gritar, a maldecir y a insultarme, diciendo: «¡Perros y hijos de perros, sois afiliados al partido [PKK] y queréis casas! La casa es vuestra, donádnosla³⁰«»

Otro comerciante de alimentos kurdo, que había sido desplazado a Qamishli, regresó a Ras al-Ayn en 2019 con la esperanza de recuperar su tienda y su casa. Sin embargo, descubrió que su casa había sido completamente saqueada y ocupada por un comandante llamado Shaaban Mohammed, de la División al-
Hamzat. Dijo:

«Shaaban Mohammed vendió todas las pertenencias de mi casa. Intenté comprárselas, pero se negó y me ofreció venderme otros artículos que tenía. Me confesó que había vendido todos mis muebles y pertenencias en el mercado de Tell Abyad. Los vecinos me dijeron que vieron un camión grande cargando mis muebles y llevándoselos».³¹

Más tarde se enteró de que el comandante había vendido su casa a un hombre de Homs por 1.000 dólares.

En testimonios adicionales recopilados por STJ, un profesor kurdo desplazado de la aldea de Salihiye, en Ras al-Ayn, que ahora vive en Qamishli, informó de que su casa se había vuelto inhabitable, con el techo destruido y las columnas de soporte arrancadas. Los vecinos árabes que habían regresado a un pueblo cercano le contaron que las facciones habían utilizado su casa como almacén para guardar los bienes saqueados en las zonas circundantes. Él declaró:

«Saquearon completamente nuestras casas y se lo llevaron todo. Incluso las paredes y los árboles fueron destruidos por excavadoras, y construyeron una carretera que llegaba directamente a la casa».³²

Las operaciones de saqueo también se dirigieron contra 28 propiedades, entre ellas fábricas, tiendas y restaurantes propiedad de un comerciante de alimentos kurdo desplazado de Ras al-Ayn. Este informó de que sus bienes habían quedado bajo el control de la División al-Hamzat o del Batallón al-Mawali afiliado a ella. Añadió que las fuerzas turcas utilizaron las instalaciones de almacenamiento de su fábrica de bulgur, situada en la carretera de Tell Halaf-Ras al-Ayn. Declaró lo siguiente:

«Al principio, hubo casos de saqueos y robos en la fábrica. Sin embargo, la facción de al-Hamzat acabó tomando el control, con Abu Abdo al-Boushi, de al-Bab, al mando. Al-Boushi, que tenía inclinaciones industriales, pretendía dirigir la fábrica y, por lo tanto, impidió que se produjeran más saqueos. De hecho, reanudó la actividad de la fábrica y produjo bulgur. Sin embargo, fue destituido y expulsado hace un año. Entre su expulsión y la llegada de un nuevo grupo para hacerse cargo de la fábrica, se saqueó una parte importante del equipo de la fábrica. Robaron artículos ligeros y caros, como cables eléctricos, disyuntores y componentes eléctricos y electrónicos».³³

En Tell Abyad, se confiscó la vivienda del propietario de una agencia inmobiliaria árabe en la aldea de Kormazah. Según su relato, cuando el SNA entró en la aldea y se acercó a la casa, su tío les informó de que pertenecía a su sobrino y les ofreció la llave para evitar cualquier daño. Sin embargo, utilizaron el cañón de un tanque para derribar la puerta, entraron en la casa y saquearon todo su contenido a la vista de su tío. Posteriormente, la propiedad fue tomada por la Brigada del Norte, liderada por Abu Abdullah al-Zarba, que la utilizó como cuartel general durante varios meses. Finalmente, la casa fue entregada a un miembro del SNA, que sigue en posesión de ella hasta la fecha. ³⁴

Además, en Tell Abyad, facciones armadas transformaron muchos hogares en talleres para reparar equipo militar y en centros de detención. En un testimonio prestado a la Asociación Synergy/Hevdestî para las Víctimas, un dentista desplazado denunció que tanto su casa como su clínica dental en Tell Abyad fueron confiscadas por el SNA. La clínica se convirtió en un cuartel de seguridad después de que todo el equipo médico fuera saqueado. Esta confiscación de bienes no solo tenía por objeto controlar la zona, sino que formaba parte de una estrategia más amplia para intimidar a los residentes y disuadirles de regresar³⁵.

Estas confiscaciones de bienes fueron acompañadas de saqueos generalizados. Numerosas víctimas denunciaron el robo de sus muebles, electrodomésticos y efectos personales en diversos testimonios. Las facciones armadas recogían regularmente estos artículos robados y los vendían en mercados improvisados creados específicamente para este fin. Una víctima recordó que, tras pagar un soborno a un combatiente, para cuando llegó a su casa, la encontró vacía. Cuando preguntó por sus pertenencias, le respondieron con desdén: «Quizás otros las robaron antes de que llegáramos».³⁶ Estos relatos ponen de manifiesto la total falta de rendición de cuentas entre los grupos armados y muestran cómo el saqueo se convirtió en una
parte normalizada y sistemática de sus operaciones diarias en las zonas ocupadas.

Una de las tácticas utilizadas por las facciones era vender las casas confiscadas a personas recién reasentadas, a menudo desplazados reubicados por Turquía. Estas ventas se realizaban con documentos
falsificados, lo que impedía efectivamente a los propietarios originales reclamar sus derechos de propiedad. Una víctima afirmó que su casa había sido vendida a un colono recién llegado mediante documentos falsificados y que, cuando intentó impugnar la venta, recibió amenazas de muerte.³⁷

Las facciones armadas también extorsionaron a los residentes desplazados. En Ras al-Ayn, los civiles tuvieron que pagar grandes sumas para recuperar sus hogares³⁸ .Sin embargo, incluso después de pagar, a muchas víctimas se les siguió negando el acceso. En un caso, un residente pagó la cantidad total solicitada, pero la facción rompió el acuerdo, mantuvo el control de la propiedad y amenazó con matarlo si intentaba reclamar su casa de nuevo.³⁹

Múltiples testimonios sugieren que estas prácticas no fueron actos aislados o aleatorios de confiscación de
propiedades, sino parte de una estrategia deliberada y sistemática destinada a desplazar por la fuerza a los residentes originales de Ras al-Ayn y Tell Abyad y sustituirlos por nuevos habitantes, principalmente miembros de facciones armadas y sus familias. Esta estrategia iba más allá de la mera búsqueda de beneficios económicos a partir de las propiedades saqueadas; su objetivo era imponer cambios demográficos y políticos en la región, impidiendo de hecho que la población original regresara o reclamara
sus propiedades.

En medio de estas violaciones, ni las autoridades turcas ni las facciones armadas han tomado medidas para proteger los derechos de los residentes originales. Por el contrario, los testimonios revelan una tolerancia y una complicidad implícita con estos abusos, lo que agrava la sensación de impotencia de las víctimas y su incapacidad para reclamar sus derechos. Como declaró una de las víctimas:

«Nos sentíamos no solo sin hogar, sino también despojados de nuestros derechos, como si ya no perteneciéramos a esta tierra».⁴⁰

Es evidente que las violaciones cometidas en Ras al-Ayn y Tell Abyad no fueron incidentes aislados ni abusos esporádicos. Por el contrario, reflejan una política deliberada y sistemática destinada a alterar el statu quo en estas zonas en beneficio de las fuerzas que las controlan, desplazando a los habitantes originales, confiscando sus propiedades y explotando estos activos para servir a los intereses de las facciones armadas y las fuerzas turcas.

5.2. Confiscación de tierras agrícolas

Además de la confiscación ilegal de viviendas civiles, la región ha sufrido una amplia confiscación de tierras agrícolas, fuentes esenciales de ingresos para las comunidades locales. Los testimonios documentados denuncian numerosos casos de apropiación de tierras. El COI-Siria confirmó la existencia y la naturaleza continuada de estas violaciones en su último informe, de fecha 12 de agosto de 2024.⁴¹

La situación de las personas desplazadas se ha deteriorado debido a estas violaciones, ya que a muchas se
les ha impedido regresar a sus tierras agrícolas, que ahora están controladas por facciones respaldadas por Turquía. Los testimonios recopilados por STJ revelan que los agricultores desplazados denuncian que sus tierras están siendo cultivadas ilegalmente por grupos armados. Por ejemplo, un agricultor kurdo desplazado de Ras al-Ayn relató que una facción armada se apoderó de sus tierras en la aldea de Azudanka,
en la zona de Ras al-Ayn, sin su permiso. Dijo:

«Nadie se puso en contacto conmigo ni me pidió permiso para cultivar mi tierra».⁴²

Aun así, la facción siguió cultivando la tierra y obteniendo beneficios de sus cosechas mientras el legítimo propietario seguía desplazado⁴³.

En otro testimonio, residentes desplazados de Tell Abyad informaron de que sus tierras agrícolas, equipadas con bombas de riego y otra maquinaria, han quedado bajo el control de personas influyentes de otras regiones. Estas personas han explotado la tierra sin pagar ni consultar a los legítimos propietarios. Un agricultor describió cómo su pueblo se convirtió en un «corredor militar» utilizado por las fuerzas turcas y facciones aliadas,⁴⁴ lo que provocó la destrucción total de su infraestructura agrícola, incluidos los sistemas de riego.⁴⁵

Un residente desplazado de la aldea de Sousek, en Tell Abyad, informó de que sus tierras y las propiedades de su familia están ahora controladas por facciones armadas. Dijo:

«Antes era propietario de todo el equipo agrícola y me gestionaba de forma independiente. Ahora vivo como arrendatario y trabajo como jornalero en las granjas de otros».

También explicó que la facción que controla la zona ha consolidado las tierras de las aldeas circundantes, impidiendo de hecho a los habitantes originales acceder a sus propiedades o utilizarlas⁴⁶.

PÊL-Civil Waves documentó informes que muestran que los líderes de los grupos armados se han apoderado de grandes extensiones de tierras agrícolas que originalmente pertenecían a residentes kurdos
desplazados en Ras al-Ayn y Tell Abyad.

Estas tierras están siendo explotadas con fines económicos por las facciones, mientras que a los propietarios legítimos se les sigue negando sus derechos de propiedad⁴⁷.

En otros casos, las aldeas se convirtieron en bases militares. Los testimonios de los residentes desplazados revelan que sus aldeas fueron destruidas, sus tierras arrasadas e incorporadas a instalaciones militares. Un testigo relató:

«Las fuerzas militares turcas se apoderaron de tierras agrícolas y anexaron 40 dunams de un total de 113 a la base militar turca».⁴⁸

Esto fue confirmado por un residente de la aldea de al-Sharakarak, en Tell Abyad, quien afirmó que su parcela de 2 dunams, anteriormente plantada con 200 olivos, fue confiscada, despejada y convertida en una
base militar turca⁴⁹.

Estos testimonios muestran claramente que la confiscación de tierras agrícolas no fue accidental ni aleatoria, sino un esfuerzo deliberado y organizado para explotar los recursos naturales y económicos de
las poblaciones desplazadas. Las pruebas citadas en estos relatos indican que estas operaciones tenían por
objeto reforzar el dominio militar y económico de las facciones respaldadas por Turquía, alterar la composición demográfica de la región e impedir que los habitantes originales recuperaran sus tierras.

6. Análisis jurídico

6.1. Responsabilidad del Gobierno turco

6.1.1. Según el derecho internacional

De conformidad con el artículo 42 del Reglamento anexo a la Convención de La Haya de 1907 sobre las Leyes y Usos de la Guerra Terrestre, «Se considera ocupado un territorio cuando está efectivamente sometido a la autoridad del ejército enemigo. La ocupación se extiende únicamente al territorio en el que se ha establecido y puede ejercerse dicha autoridad». Esta disposición exige que el control sea efectivo, ya sea ejercido directamente o a través de agentes locales. Sobre la base de múltiples testimonios y numerosos informes publicados por STJ,⁵⁰ existen pruebas convincentes de que Turquía mantiene un control efectivo sobre zonas como Ras al-Ayn y Tell Abyad. Esto queda demostrado por la presencia de aproximadamente 41 instalaciones militares, la administración directa de los servicios a través de la Oficina del Gobernador de Şanlıurfa y la exhibición de la bandera turca en varios edificios oficiales ⁵¹.Además, organizaciones internacionales de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW), han clasificado sistemáticamente la presencia de Turquía en estas zonas como una ocupación en su documentación sobre las violaciones en curso ⁵². A la luz del control sostenido y exhaustivo ejercido por Turquía tras la Operación Fuente de Paz, así como su presencia en algunas zonas del norte de Siria, se ajusta a la definición jurídica de ocupación.

Como potencia ocupante, Turquía tiene obligaciones afirmativas que incluyen tanto responsabilidades inmediatas como deberes adicionales que surgen con el tiempo. Está obligada a cumplir su función con
arreglo a los artículos 42 a 56 del Reglamento de La Haya de 1907 y a los artículos 27 a 34 y 47 a 78 del
Cuarto Convenio de Ginebra⁵³. Además, Turquía está vinculada por el artículo 2 común a los Convenios
de Ginebra, que exige la aplicación del DIH que rige los conflictos armados para garantizar la protección
de las personas bajo su control efectivo⁵⁴ .

La conducta del SNA respaldado por Turquía puede atribuirse legalmente al Estado turco en virtud del artículo 8 de los Artículos sobre la responsabilidad de los Estados por hechos internacionalmente ilícitos. Según esta disposición, las acciones de personas o grupos que actúan siguiendo instrucciones, bajo la dirección o el control de un Estado se consideran actos de ese Estado en virtud del derecho internacional . Esto incluye la conducta de personas que actúan efectivamente bajo la autoridad o supervisión del Estado⁵⁵.

Como potencia ocupante, Turquía está legalmente obligada, en virtud del Cuarto Convenio de Ginebra, a
proteger los bienes civiles y a impedir su confiscación o destrucción ilícitas, tal y como se refuerza en el artículo 43 del Reglamento de La Haya ⁵⁶. Además, Turquía debe exigir responsabilidades a los responsables, en particular cuando la confiscación de bienes se utiliza para alojar a personal militar y sus familias o para extorsionar rescates, lo que provoca el desplazamiento de la población civil y cambios demográficos en la región sin que exista una necesidad militar imperiosa que justifique tales acciones ⁵⁷.

6.1.2. Según la legislación siria

La Declaración Constitucional de 2025 exige al Estado que mantenga la integridad territorial de Siria y
tipifica como delito los llamamientos a la división, la secesión, la intervención extranjera o la búsqueda de
apoyo externo. Por lo tanto, la presencia turca en zonas como Ras al-Ayn y Tell Abyad viola claramente la
soberanía y la unidad territorial de Siria ⁵⁸.La declaración también establece que solo el Estado tiene la autoridad para crear el ejército, prohíbe a individuos o grupos formar fuerzas militares o paramilitares y reserva al Estado el derecho exclusivo de poseer armas ⁵⁹. Como resultado, el apoyo de Turquía a las facciones armadas en estas regiones viola este principio constitucional.

7. Violación del derecho a la propiedad, a una vivienda adecuada y destrucción y confiscación de bienes

7.1. Según el derecho internacional

En lo que respecta al derecho a la propiedad y a la vivienda, el artículo 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) destaca la importancia del derecho a la propiedad, ya sea individual o colectiva. También prohíbe la privación arbitraria de la propiedad ⁶⁰. Además, el derecho de los residentes a la propiedad privada también está protegido por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 (ICESCR), del que Turquía es parte. Según el artículo 11 del Pacto, toda persona tiene derecho a un nivel de vida digno, que incluye una vivienda adecuada, y nadie puede ser privado de su propiedad sin justificación legal.⁶¹

Además, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en su Observación general n.º 7 (1993), de fecha 10 de marzo, subrayó que «los desalojos forzosos constituyen una violación grave de los derechos humanos, en particular del derecho a una vivienda adecuada», e instó a los gobiernos a «adoptar medidas inmediatas a todos los niveles para eliminar la práctica de los desalojos forzosos». Los Principios Rectores sobre los Desplazamientos Internos también reafirman esta protección, al afirmar que «toda persona tiene derecho a ser protegida contra el desplazamiento arbitrario de su hogar o de su lugar de residencia habitual»⁶².

El artículo 147 del Cuarto Convenio de Ginebra describe la destrucción generalizada de bienes no justificada por la necesidad militar como una violación grave del DIH ⁶³.En este contexto, los actos de destrucción llevados a cabo por las fuerzas turcas y sus facciones aliadas en zonas como Tell Abyad y Ras al-Ayn, incluida la destrucción de viviendas y la confiscación ilegal de tierras agrícolas sin justificación legal ni necesidad militar, constituyen claras violaciones de las normas del Convenio. Estas acciones dan lugar a la responsabilidad jurídica no solo de la potencia ocupante, sino también de las personas directamente implicadas. El artículo 146 del Convenio obliga a los Estados a enjuiciar a los responsables de infracciones
graves, ya sea ante tribunales nacionales o internacionales.⁶⁴

Además, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 1998, en su artículo 8, apartado 2, letra b), inciso xiii), prohíbe la destrucción o apropiación de bienes que no estén justificados por la necesidad militar, calificando tales actos de crímenes de guerra.⁶⁵ Estas disposiciones se aplican directamente a los hechos ocurridos en Tell Abyad y Ras al-Ayn, donde se produjeron saqueos generalizados y apropiaciones ilegales de bienes sin ninguna justificación militar legítima, lo que constituye una clara violación del derecho internacional. Además, el artículo 8, apartado 2, letra b), inciso xvi), del Estatuto designa explícitamente el pillaje durante los conflictos armados internacionales como un crimen de guerra y establece la responsabilidad de los autores, ya sean individuos o grupos. ⁶⁶La prohibición del pillaje y el saqueo también es una norma bien establecida del derecho internacional consuetudinario, vinculante para todos los Estados y actores armados, tal y como se afirma en la norma 52 del Derecho Internacional Humanitario
Consuetudinario (DIHC).⁶⁷

El artículo 46 del Reglamento de La Haya de 1907 también prohíbe la confiscación de bienes privados en
territorios ocupados. Esto significa que la incautación de viviendas y tierras agrícolas sin indemnización ni justificación legal constituye una clara violación del DIH.⁶⁸ La destrucción de bienes o su control mediante la fuerza militar o milicias apoyadas, tal y como se documenta en estos casos, representa un incumplimiento de las obligaciones internacionales que exigen la protección de la propiedad privada durante los conflictos armados.

De manera similar, el artículo 33 del Cuarto Convenio de Ginebra de 1949 prohíbe el saqueo y el pillaje, en consonancia con los artículos 28 y 47 del Reglamento de La Haya de 1907,⁶⁹ que protegen la propiedad privada de los civiles y prohíben su uso con fines militares o económicos por parte de las fuerzas ocupantes. Estas leyes tienen por objeto proteger los derechos de propiedad durante los conflictos y evitar que las partes abusen de la situación para obtener ventajas ilegales.

El artículo 46 del Reglamento de La Haya de 1907 también prohíbe la confiscación de la propiedad privada
en los territorios ocupados, lo que significa que la incautación de viviendas y tierras agrícolas sin indemnización ni causa legal constituye una grave violación del DIH. La destrucción de bienes o su incautación mediante la fuerza militar o milicias apoyadas, tal y como se documenta en estos casos, incumple las obligaciones internacionales que exigen la protección de la propiedad privada durante los
conflictos.

En este contexto, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a una vivienda adecuada ha
calificado estos actos como «domicidio», un delito específico en virtud del derecho penal internacional. Este
término abarca la destrucción deliberada de viviendas, dejándolas inhabitables, u otras formas de denegación sistemática de la vivienda cuando se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil.

7.2. Según la legislación siria

Desde la perspectiva de la legislación siria, el artículo 16 de la Declaración Constitucional de 2025 afirma que «el derecho a la propiedad privada está protegido y solo puede ser expropiado por motivos de interés público con una indemnización justa»⁷⁰.La Declaración exige además que el Estado establezca las bases para la justicia transicional mediante la abolición de todas las leyes excepcionales que han perjudicado al pueblo sirio y violado los derechos humanos. Esto incluye la anulación de los efectos de las sentencias injustas dictadas por el Tribunal Antiterrorista utilizadas para reprimir a la población siria, como la restitución de los bienes confiscados y la derogación de las medidas de seguridad excepcionales relativas a los documentos civiles e inmobiliarios que el antiguo régimen empleó para oprimir al pueblo sirio.⁷¹

Tal y como se establece en la Declaración Constitucional, se creará una comisión de justicia transicional que empleará mecanismos consultivos eficaces centrados en las víctimas para determinar las medidas de rendición de cuentas, el derecho a la verdad, la reparación para las víctimas y los supervivientes y el homenaje a los mártires ⁷². Por consiguiente, proporcionar recursos efectivos a las personas afectadas por las violaciones cometidas por las fuerzas turcas y sus facciones afiliadas es una obligación constitucional del Estado sirio.

El Código Civil sirio de 1949, en su artículo 771, establece que «nadie podrá ser privado de sus bienes, salvo en los casos previstos por la ley y a cambio de una indemnización justa». Por consiguiente, cualquier privación de la propiedad sin base legal constituye una clara violación de la ley. El artículo 768 afirma que
«el propietario de una cosa tiene, dentro de los límites de la ley, el derecho de usarla, explotarla y disponer
de ella». El artículo 770 establece además que «el propietario de un bien tiene derecho a todos sus rendimientos, productos y accesorios, salvo que la ley o un acuerdo dispongan lo contrario»⁷³. Además,
el artículo 723 del Código Penal sirio tipifica como delito la apropiación ilícita de bienes inmuebles (usurpación de la propiedad), que se castiga con una pena de hasta seis meses de prisión, o de hasta tres
años si los autores están armados o actúan en grupo. La ley también prohíbe la entrada forzosa o no autorizada en domicilios privados. El artículo 557 impone penas de hasta tres años de prisión por allanamiento de morada, especialmente cuando se comete de noche o con armas o violencia ⁷⁴. Estas
disposiciones legales guardan relación directa con muchos de los incidentes documentados en los
testimonios recopilados.

Sin embargo, a pesar de la existencia de tales sanciones en la legislación siria, estas siguen siendo insuficientes a la luz de la gravedad de los actos cometidos durante el conflicto armado en curso en Siria.
La ley trata estas violaciones como delitos individuales aislados, sin abordar su ocurrencia en el contexto más amplio del conflicto armado o como parte de una política sistemática. Además, los tribunales sirios no aplican adecuadamente los tratados y convenciones internacionales, ya que el derecho internacional no se considera superior a la legislación nacional. Siria tampoco es parte en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y, por lo tanto, no aplica las disposiciones legales relativas a los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad, incluidas las violaciones graves de los derechos de propiedad y el derecho a una vivienda adecuada. Estas lagunas jurídicas ponen de relieve la urgente necesidad de que Siria se ajuste a las normas jurídicas internacionales, tanto durante los conflictos armados como en tiempos de paz, a fin de salvaguardar los derechos individuales y prevenir nuevas violaciones.

8. Desplazamiento forzoso

Las operaciones de desplazamiento forzoso llevadas a cabo por las fuerzas turcas y las facciones a las
que apoyan constituyen una violación flagrante del DIH. El artículo 49 del Cuarto Convenio de Ginebra
prohíbe el traslado forzoso de la población civil en los territorios ocupados,⁷⁵ lo que significa que cualquier desplazamiento de la población sin necesidad militar se considera ilegal. En los casos en que el desplazamiento tiene por objeto alterar la composición demográfica, como ocurrió en Tell Abyad y Ras al-Ayn, ese desplazamiento constituye una violación flagrante de estas normas. Según el artículo 8, apartado 2, letra b), punto 8, del Estatuto de Roma,⁷⁶ tales actos constituyen un crimen de guerra cuando se llevan a cabo como parte de un plan o política destinados a provocar un cambio demográfico a gran escala.

Estas operaciones van más allá de un simple cambio en la composición demográfica y constituyen violaciones más amplias del DIH. La alteración de la estructura demográfica viola normas fundamentales
de los conflictos armados internacionales, ya que el desplazamiento forzoso que provoca cambios demográficos significativos se reconoce como un crimen de lesa humanidad.⁷⁷ Tales violaciones socavan el derecho fundamental de las personas a regresar a sus hogares, un derecho protegido por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 (ICCPR), cuyo artículo 12 garantiza el derecho de toda persona a la libertad de circulación y a elegir su residencia.⁷⁸ El desplazamiento forzoso solo debe producirse en virtud de normas jurídicas claras y estrictas. En este contexto, el desplazamiento destinado a asentar nuevas poblaciones y provocar cambios demográficos viola este derecho y constituye una violación directa del derecho internacional.

Además, los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, adoptados por las Naciones Unidas en
1998, subrayan claramente la importancia de proteger a los desplazados internos en todas las situaciones,
incluida la defensa de sus bienes contra el saqueo, la destrucción y la incautación ilegal ⁷⁹. La violación continuada de los derechos de propiedad de los desplazados internos, tal y como se desprende de estos testimonios, incumple dichos principios. Este desprecio total por los derechos de los desplazados viola los compromisos internacionales relacionados con la protección de los desplazados internos.

En su informe de abril de 2021, el Relator Especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos señaló que la pérdida de tierras y viviendas es un aspecto central del desplazamiento interno. Estas repetidas violaciones de los derechos humanos y a la propiedad suelen ser el resultado de tácticas discriminatorias destinadas a desplazar a grupos específicos por motivos de identidad religiosa, étnica,
social o política, y a impedir su regreso a sus hogares ⁸⁰. Además, el artículo 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (ICERD) de 1965 exige a los Estados Partes que garanticen el pleno disfrute del derecho a la propiedad sin discriminación por motivos de raza u origen nacional.⁸¹ En este contexto, las confiscaciones y los desplazamientos forzados que afectan principalmente a la población kurda suscitan preocupación por la discriminación racial y las violaciones de la Convención ratificada tanto por Siria como por Turquía. La discriminación racial sistemática llevada a cabo por facciones apoyadas por Turquía contra las minorías nacionales, especialmente los kurdos, viola claramente las obligaciones internacionales de Turquía en virtud de esta Convención.

Las violaciones relacionadas con los cambios demográficos forzados en la región no pueden ignorarse, ya
que violan las obligaciones de Turquía en virtud del derecho internacional de los derechos humanos (DIDH). Estos cambios pretenden desplazar a la población para alcanzar objetivos políticos y militares,⁸² infringiendo así los derechos de la oblación indígena a permanecer en sus tierras y conservar sus propiedades. Según el derecho internacional, el desplazamiento forzoso con la intención de cambiar la composición demográfica se considera un crimen contra la humanidad en virtud del artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. ⁸³ Además, la alteración demográfica intencionada mediante el reasentamiento de nuevas familias, incluidas las de combatientes del ISIS, en viviendas confiscadas, viola los derechos de las minorías indígenas de la zona. Esto entra en conflicto con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas de 1992, que destaca la importancia de respetar los derechos de las minorías a la vivienda y a una existencia pacífica en sus tierras⁸⁴.

9. El derecho a un recurso efectivo

Es fundamental que las personas cuyos derechos han sido violados, especialmente en lo que respecta a
los bienes de vivienda, tierra y propiedad, tengan acceso a recursos efectivos y adecuados que garanticen
el restablecimiento de sus derechos y una indemnización justa por los daños sufridos. El artículo 2, apartado 3, del PIDCP exige a los Estados que proporcionen recursos efectivos a todas las víctimas de violaciones de derechos, incluidos los derechos de propiedad, independientemente de que las violaciones hayan sido cometidas por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales o no⁸⁵.

Según la Observación general n.º 31 del Comité de Derechos Humanos, los Estados Partes deben, además de proteger eficazmente los derechos reconocidos en el Pacto, proporcionar recursos accesibles y efectivos⁸⁶.Esto incluye el establecimiento de mecanismos judiciales y administrativos adecuados para investigar y resolver de manera rápida y eficaz las violaciones de los derechos de propiedad. La falta de investigación o enjuiciamiento de los autores por parte de un Estado constituye una violación de sus obligaciones en virtud del PIDCP⁸⁷.

En casos de violaciones graves de los derechos HLP, como los ocurridos en Tell Abyad y Ras al-Ayn, las medidas correctivas eficaces incluyen la restitución de los derechos a sus legítimos propietarios, la concesión de una indemnización económica adecuada, la oferta de rehabilitación y la garantía de que no
se producirán violaciones en el futuro. El artículo 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH)
obliga a Turquía a proporcionar una indemnización efectiva a las víctimas de tales violaciones, ya sean cometidas por entidades oficiales o por actores no gubernamentales vinculados a las autoridades turcas
⁸⁸.Esta obligación también es coherente con los principios establecidos por el relator especial de las Naciones Unidas Paulo Pinheiro, que afirman el derecho de los refugiados y las personas desplazadas a recuperar sus bienes o a recibir una indemnización justa cuando la recuperación no sea posible.

Dadas estas violaciones, Turquía, como Estado parte en estos tratados internacionales, debe actuar de
inmediato para poner fin a tales abusos y proporcionar una indemnización adecuada a las víctimas. También
debe garantizar el regreso seguro y respetuoso de las personas refugiadas y desplazadas internas a sus hogares, garantizando al mismo tiempo la protección contra cualquier represalia o castigo colectivo
adicional.

En el contexto de la justicia transicional en Siria, las reparaciones efectivas deben abordar específicamente las violaciones de los derechos de propiedad mediante el establecimiento de mecanismos claros para la restitución de los bienes o, cuando la restitución no sea posible, una indemnización justa. Se debe proporcionar un apoyo jurídico adecuado para garantizar el acceso de las víctimas a la justicia, acompañado de reformas de las leyes y procedimientos que han permitido estas violaciones. Además, para prevenir la repetición de estos hechos, es esencial llevar a cabo reformas integrales de las instituciones de seguridad y judiciales responsables de salvaguardar los derechos de propiedad y de los propietarios⁸⁹.

ACERCA DE STJ

Sirios por la Verdad y la Justicia (STJ) surgió como una idea en la mente de uno de sus cofundadores mientras asistía al programa Leaders for Democracy Fellowship (LDF) de la Iniciativa de Asociación entre Estados Unidos y Oriente Medio (MEPI) en 2015. La idea se hizo realidad y floreció hasta convertirse en una organización de derechos humanos independiente, sin ánimo de lucro, imparcial y no
gubernamental.

Los inicios de STJ fueron más que humildes; al principio, solo informaba sobre historias de sirios que habían sufrido detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas o torturas. Plantada en un terreno fértil, la semilla de este proyecto creció hasta convertirse en una organización de derechos humanos consolidada y
autorizada en Oriente Medio y la Unión Europea. En la actualidad, STJ se compromete a detectar y sacar a la luz todo tipo de violaciones cometidas en todas las regiones de Siria por las distintas partes del conflicto.

Convencidos de que la diversidad de Siria es una riqueza, nuestros investigadores y voluntarios trabajan con dedicación inquebrantable para vigilar, denunciar y documentar las violaciones de los derechos humanos que continúan sin cesar en Siria desde 2011, independientemente de la afiliación de las víctimas o los autores.

1
A pesar de los acuerdos entre Damasco y las Fuerzas Democráticas Sirias, el aislamiento y el sufrimiento continúan en Tal Abyad y Ras al-Ain» (en árabe), Enab Baladi, 14 de abril de 2025, https://english.enabbaladi.net/archives/2025/04/despite-damascus-sdf-understandings-isolation-and-suffering-continue-in-tal-abyad-and-ras-al-ain/ (último acceso: 25 de julio de 2025).
2
«¿Qué pasará después de la unificación de todas las facciones militares dentro del Ministerio de Defensa de Siria?» (en árabe), Al Jazeera, 23 de mayo de 2025, https://www.aljazeera.net/politics/2025/5/23/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-D8%AF%D9%85%D8%AC-%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84-consultado el 25 de julio de 2025).
3
«Tras su lanzamiento: conozca los objetivos de la «Operación Primavera de Paz» de Turquía en el norte de Siria» (en árabe), Al Jazeera, 9 de octubre de 2019, http://aljazeera.net/politics/2019/10/9/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9 (último acceso: 25 de julio de 2025); Véase también: «El ministro turco inspecciona un proyecto de construcción de viviendas en Tell Abyad, Siria» (en árabe), Agencia Anadolu, 19 de junio de 2022, https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%83%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/2616910 (último acceso: 25 de julio de 2025);
4
«Mis ahorros de toda la vida desaparecieron de la noche a la mañana»: Violaciones de los derechos a la vivienda, la tierra y la propiedad en Peace Spring Strip», STJ, 22 de octubre de 2024, https://stj-sy.org/en/my-entire-life-savings-vanished-overnight-housing-land-and-property-rights-violations-in-peace-spring-strip/ (último acceso: 25 de julio de 2025).
5
irwan Kajjo, «¿Qué grupos sirios participan en la ofensiva turca en Siria?», VOA, 9 de octubre de 2019 https://www.voanews.com/a/extremism-watch_which-syrian-groups-are-involved-turkeys-syria-offensive/6177353.html (último acceso: 25 de julio de 2025).
6
«La operación turca «Primavera de Paz» en el norte de Siria: un mes después», Al Jazeera, 8 de noviembre de 2019, https://www.aljazeera.com/news/2019/11/8/turkeys-operation-peace-spring-in-northern-syria-one-month-on (último acceso: 25 de julio de 2025)
7
«Desplazamiento y desesperación: la invasión turca del noreste de Siria», Organización Internacional para los Refugiados, 12 de noviembre de 2019, https://www.refugeesinternational.org/reports-briefs/displacement-and-despair-the-turkish-
invasion-of-northeast-syria/ (último acceso: 25 de julio de 2025).
8
Informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Árabe Siria (A/HRC/52/69), publicado el 31 de marzo de 2023, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g23/010/21/pdf/g2301021.pdf (último acceso: 25 de julio de
2025).
9
«Violaciones de los derechos a la vivienda, la tierra y la propiedad en Ras al-Ayn-Serê Kaniyê y Tal Abyad después de 2019», PÊL- Civil Waves, 25 de enero de 2024, https://pel-cw.org/en/16584/ (último acceso: 25 de julio de 2025).
10
11
12
13
14
«Estados Unidos y Turquía acuerdan un alto el fuego en el noreste de Siria», Casa Blanca, 17 de octubre de 2019, https://trumpwhitehouse.archives.gov/briefings-statements/united-states-turkey-agree-ceasefire-northeast-syria/ (último acceso: 25 de julio de 2025)
15
«Las autoridades sirias anuncian la disolución del ejército, la suspensión de la Constitución y el nombramiento de Al-Sharaa como jefe de Estado» (en árabe), BBC News, 29 de enero de 2025, https://www.bbc.com/arabic/articles/cwyp1knn3wno (último acceso: 25 de julio de 2025)
16
Ozcelik, Burcu y Serhat Erkmen, «¿Puede Turquía estabilizar Siria?», artículo extenso, 13 de enero de 2025. https://www.rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/can-turkey-stabilise-syria#:~:text=El%20ministro%20de%20Defensa%20turco%2C%20Yasar,y%20puestos%20militares%20incluido%20Afrin (último acceso: 25 de julio de 2025)
17
Ibid
18
«Hacia Turquía | Las facciones del «Ejército Nacional» continúan retirándose de Tal Abyad y Ras Al-Ain», Observatorio Sirio de Derechos Humanos, 10 de abril de 2025,
https://www.syriahr.com/en/359619/? cf_chl_tk=idRCX5XaqPeG.nMUfPa0geUh.T0aDzFXLXmYw1zUOvI-1754004191-1.0.1.1-Xm6gZ1UJjbx1CFRVxWzDmdAfhJqRhIQn8iZba4tPhJk (último acceso: 25 de julio de 2025).
19
«A pesar de los acuerdos entre Damasco y las Fuerzas Democráticas Sirias, el aislamiento y el sufrimiento continúan en Tal Abyad y Ras al-Ain» (en árabe), Enab Baladi, 14 de abril de 2025, https://english.enabbaladi.net/archives/2025/04/despite-damascus-sdf-understandings-isolation-and-suffering-continue-in-tal-abyad-and-ras-al-ain/ (último acceso: 25 de julio de 2025).
20
Mis ahorros de toda la vida desaparecieron de la noche a la mañana»: Violaciones de los derechos a la vivienda, la tierra y la propiedad en Peace Spring Strip», STJ, 22 de octubre de 2024, https://stj-sy.org/en/my-entire-life-savings-vanished-overnight-housing-land-and-property-rights-violations-in-peace-spring-strip/ (último acceso: 25 de julio de 2025).
21
Ibid
22
Durante una entrevista en línea realizada por un investigador de STJ el 15 de mayo de 2025.
23
Durante una entrevista en línea realizada por un investigador de STJ el 15 de mayo de 2025.
24
Informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Árabe Siria (A/HRC/57/86), publicado el 12 de agosto de 2024, págs. 81 y 82
25
«Todos los ahorros de mi vida desaparecieron de la noche a la mañana»: Violaciones de los derechos a la vivienda, la tierra y la propiedad en Peace Spring Strip», STJ, 22 de octubre de 2024, https://stj-sy.org/en/my-entire-life-savings-vanished-overnight-housing-land-and-property-rights-violations-in-peace-spring-strip/ (último acceso: 25 de julio de 2025).
26
Véanse los testimonios en cada uno de los siguientes informes: «Todos los ahorros de mi vida desaparecieron de la noche a la mañana»: Violaciones de los derechos a la vivienda, la tierra y la propiedad en Peace Spring Strip», STJ, 22 de octubre de 2024, https://stj-sy.org/en/my-entire-life-savings-vanished-overnight-housing-land-and-property-rights-violations-in-peace-spring-strip/ (último acceso: 25 de julio de 2025);
Violaciones de los derechos a la vivienda, la tierra y la propiedad en Ras al-Ayn-Serê Kaniyê y Tal Abyad después de 2019», PÊL- Civil Waves, 25 de enero de 2024, https://pel-cw.org/en/16584/ (último acceso: 25 de julio de 2025);
«¿Dónde está mi hogar? Las violaciones de los derechos de propiedad en el norte de Siria perpetúan el cambio demográfico», Synergy/Hevdestî Association for Victims, 19 de enero de 2023, https://hevdesti.org/en/violations-of-property-rights-in-northern-syria/ (último acceso: 25 de julio de 2025).
27
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Sanciones del Tesoro contra prisiones, funcionarios y grupos armados sirios, 28 de julio de 2021 https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0292
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, El Tesoro impone sanciones a dos milicias con sede en Siria responsables de graves abusos contra los derechos humanos en el norte de Siria, 17 de agosto de 2023 https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1699
28
Violaciones de los derechos a la vivienda, la tierra y la propiedad en Ras al-Ayn-Serê Kaniyê y Tal Abyad después de 2019», PÊL- Civil Waves, 25 de enero de 2024, https://pel-cw.org/en/16584/ (último acceso: 25 de julio de 2025).
29
Durante una entrevista presencial realizada por un investigador de campo de STJ el 13 de mayo de 2024. Véase también: Informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Árabe Siria (A/HRC/45/31), publicado el 15 de septiembre de 2020, párr. 49.
30
Durante una entrevista presencial realizada por un investigador de campo de STJ el 11 de mayo de 2024. Véase también: «Mis ahorros de toda la vida desaparecieron de la noche a la mañana»: Violaciones de los derechos a la vivienda, la tierra y la propiedad en Peace Spring Strip», STJ, 22 de octubre de 2024, https://stj-sy.org/en/my-entire-life-savings-vanished-overnight-housing-land-and-property-rights-violations-in-peace-spring-strip/ (último acceso: 25 de julio de 2025).
31
Durante una entrevista presencial realizada por un investigador de campo de STJ el 8 de mayo de 2024.
32
Durante una entrevista en línea realizada por un investigador de STJ el 1 de junio de 2024.
33
Durante una entrevista presencial realizada por un investigador de campo de STJ el 8 de julio de 2024.
34
«Todos los ahorros de mi vida desaparecieron de la noche a la mañana»: Violaciones de los derechos a la vivienda, la tierra y la propiedad en Peace Spring Strip», STJ, 22 de octubre de 2024, https://stj-sy.org/en/my-entire-life-savings-vanished-overnight-housing-land-and-property-rights-violations-in-peace-spring-strip/ (último acceso: 25 de julio de 2025).
35
«¿Dónde está mi hogar? Las violaciones de los derechos de propiedad en el norte de Siria perpetúan el cambio demográfico», Asociación Synergy/Hevdestî para las Víctimas, 19 de enero de 2023, https://hevdesti.org/en/violations-of-property-rights-in-northern-syria/ (último acceso: 25 de julio de 2025).
36
Durante una entrevista presencial realizada por un investigador de campo de STJ el 2 de julio de 2024. Véase también: Informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Árabe Siria (A/HRC/45/31), publicado el 15 de septiembre de 2020, párr. 50.
37
Durante una entrevista presencial realizada por un investigador de campo de STJ el 2 de julio de 2024. Véase también: Informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Árabe Siria (A/HRC/45/31), publicado el 15 de septiembre de 2020, párr. 50.
38
«Todo es por el poder de las armas», HRW, 29 de febrero de 2024, https://www.hrw.org/report/2024/02/29/everything-power-weapon/abuses-and-impunity-turkish-occupied-northern-syria (último acceso: 25 de julio de 2025).
39
«Todos los ahorros de mi vida desaparecieron de la noche a la mañana»: Violaciones de los derechos a la vivienda, la tierra y la propiedad en Peace Spring Strip», STJ, 22 de octubre de 2024, https://stj-sy.org/en/my-entire-life-savings-vanished-overnight-housing-land-and-property-rights-violations-in-peace-spring-strip/ (último acceso: 25 de julio de 2025).
40
38Ibid.
41
Informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Árabe Siria (A/HRC/57/86), publicado el 12 de agosto de 2024.
42
Durante una entrevista presencial realizada por un investigador de campo de STJ el 2 de junio de 2024.
43
«Todos los ahorros de mi vida desaparecieron de la noche a la mañana»: Violaciones de los derechos a la vivienda, la tierra y la propiedad en Peace Spring Strip», STJ, 22 de octubre de 2024, https://stj-sy.org/en/my-entire-life-savings-vanished-overnight-housing-land-and-property-rights-violations-in-peace-spring-strip/ (último acceso: 25 de julio de 2025).
44
Ibid.
45
Durante una entrevista presencial realizada por un investigador de campo de STJ el 23 de junio de 2024.
46
Durante una entrevista presencial realizada por un investigador de campo de STJ el 23 de junio de 2024.
47
Violaciones de los derechos a la vivienda, la tierra y la propiedad en Ras al-Ayn-Serê Kaniyê y Tal Abyad después de 2019», PÊL- Civil Waves, 25 de enero de 2024, https://pel-cw.org/en/16584/ (último acceso: 25 de julio de 2025).
48
Ibid.
49
Ibid.
50
Véase, por ejemplo: «Tortura en la Franja de la Primavera de la Paz: una herramienta para la persecución y la perpetuación del desplazamiento forzado», STJ, 26 de junio de 2023, https://stj-sy.org/en/torture-in-the-peace-spring-strip-a-tool-for-persecution-and-the-perpetuation-of-forced-displacement/ (último acceso: 25 de julio de 2025).
51
«Todos los ahorros de mi vida desaparecieron de la noche a la mañana»: Violaciones de los derechos a la vivienda, la tierra y la propiedad en Peace Spring Strip», STJ, 22 de octubre de 2024, https://stj-sy.org/en/my-entire-life-savings-vanished-overnight-housing-land-and-property-rights-violations-in-peace-spring-strip/ (último acceso: 25 de julio de 2025).
52
«Siria: Turquía debe poner fin a las graves violaciones cometidas por grupos aliados y sus propias fuerzas en Afrin», Amnistía Internacional, 2 de agosto de 2018, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/08/syria-turkey-must-stop-serious-violations-by-allied-groups-and-its-own-forces-in-afrin/ (último acceso: 25 de julio de 2025);
Véase también: «Traslados ilegales de sirios a Turquía», HRW, 3 de febrero de 2021, https://www.hrw.org/news/2021/02/03/illegal-transfers-syrians-turkey (último acceso: 25 de julio de 2025).
53
Convenio de Ginebra relativo a la protección de personas civiles en tiempo de guerra (Cuarto Convenio de Ginebra), 12 de agosto de 1949, artículos 27-34 y 47-78.
54
Convenios de Ginebra de 1949 – Art. 2.
55
Artículos sobre la responsabilidad de los Estados por hechos internacionalmente ilícitos 2001 – Art. 8.
56
Convención (IV) relativa a las leyes y costumbres de la guerra terrestre y su anexo: Reglamento relativo a las leyes y costumbres de la guerra terrestre. La Haya, 18 de octubre de 1907. Art. 43.
57
«¿Dónde está mi hogar? Las violaciones de los derechos de propiedad en el norte de Siria perpetúan el cambio demográfico», Asociación Synergy/Hevdestî para las Víctimas, 19 de enero de 2023, https://hevdesti.org/en/violations-of-property-rights-in-northern-syria/ (último acceso: 25 de julio de 2025).
58
Declaración Constitucional de la República Árabe Siria, art. 7(1), SANA, 13 de marzo de 2025, https://sana.sy/?p=21 (último acceso el 25 de julio de 2025).
59
Declaración Constitucional de la República Árabe Siria, art. 9, SANA, 13 de marzo de 2025, https://sana.sy/?p=21 (último acceso el 25 de julio de 2025).
60
Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) – Art. 17.
61
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) – Art. 11.
62
Informe del Relator Especial sobre la vivienda adecuada como componente del derecho a un nivel de vida adecuado y sobre el derecho a la no discriminación en este contexto (A/77/190), publicado el 19 de julio de 2020.
63
Convenios de Ginebra de 1949. Art. 147.
64
Convenios de Ginebra de 1949. Art. 146.
65
Estatuto de Roma de 1988, art. 8 (2)(b)(viii).
66
Estatuto de Roma de 1988, art. 8 (2)(b)(xvi).
67
CICR, Base de datos sobre el DIH consuetudinario, Norma 52.
68
Convención (IV) relativa a las leyes y costumbres de la guerra terrestre y su anexo: Reglamento relativo a las leyes y costumbres de la guerra terrestre. La Haya, 18 de octubre de 1907, art. 46.
69
Convención (IV) relativa a las leyes y costumbres de la guerra terrestre y su anexo: Reglamento relativo a las leyes y costumbres de la guerra terrestre. La Haya, 18 de octubre de 1907. Art. 28 y 47.
70
Declaración Constitucional de la República Árabe Siria, art. 16, SANA, 13 de marzo de 2025, https://sana.sy/?p=21 (último acceso el 25 de julio de 2025).
71
Declaración Constitucional de la República Árabe Siria, art. 48(1), SANA, 13 de marzo de 2025, https://sana.sy/?p=21 (último acceso el 25 de julio de 2025).
72
Declaración Constitucional de la República Árabe Siria, art. 49, SANA, 13 de marzo de 2025, https://sana.sy/?p=21 (último acceso el 25 de julio de 2025).
73
Código Civil sirio de 1949, República Árabe Siria, Asamblea Popular, disponible en: http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=12162&ref=tree (último acceso el 25 de julio de 2025).
74
Código Penal sirio promulgado por el Decreto Legislativo n.º 148 de 1949, República Árabe Siria, Ministerio de Justicia, disponible en: http://jus.moj.gov.sy/ar/node/574 (último acceso el 25 de julio de 2025).
75
Convenios de Ginebra de 1949 – Art. 49.
76
Estatuto de Roma de 1988, art. 8 (2)(b)(xiii).
77
Estatuto de Roma de 1988, art. 7 (1)(d).
78
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) – Art. 12.
79
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) – Art. 12.
80
Informe de la Relatora Especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos, Cecilia Jiménez-Damary (A/HRC/47/37), publicado el 21 de abril de 2021.
81
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) – Art. 11.
82
«¿Dónde está mi hogar? Las violaciones de los derechos de propiedad en el norte de Siria perpetúan el cambio demográfico», Asociación Synergy/Hevdestî para las Víctimas, 19 de enero de 2023, https://hevdesti.org/en/violations-of-property-rights-in-northern-syria/ (último acceso: 25 de julio de 2025).
83
Estatuto de Roma de 1988, art. 7.
84
Asamblea General de las Naciones Unidas, «Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas» (1992), Resolución 47/135 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
85
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) – Art. 2-3.
86
Comité de Derechos Humanos, Observación general n.º 31: La naturaleza de la obligación jurídica general impuesta a los Estados partes en el Pacto, CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, 26 de mayo de 2004, párr. 15.
87
Comité de Derechos Humanos, Observación general n.º 31: La naturaleza de la obligación jurídica general impuesta a los Estados partes en el Pacto, CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, 26 de mayo de 2004, párrs. 16-17-18.
88
Convenio Europeo de Derechos Humanos, 4 de noviembre de 1950, art. 13.
89
Véase A/77/162: Objetivos de Desarrollo Sostenible y justicia transicional: no dejar a ninguna víctima atrás – Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Fabián Salvioli, 14 de julio de 2022.