Turquía informó al Consejo de Europa que no concederá a algunos presos el “derecho a la esperanza”
En su Plan de Acción presentado al Comité de Ministros del Consejo de Europa, el Gobierno turco declaró que Abdullah Öcalan está exento de la libertad condicional.
ANF – 8 julio 2025
En su Plan de Acción comunicado al Comité de Ministros del Consejo de Europa, Turquía anunció que no reconocerá el “derecho a la esperanza” de algunos presos políticos condenados a cadena perpetua agravada.
El Plan de Acción, del 27 de junio de 2025, evalúa las obligaciones respecto de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en los casos de Emin Gurban, Civan Boltan, Hayati Kaytan y Abdullah Öcalan (n.º 2).
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que la falta de perspectivas de liberación o de posibilidad de revisión de la pena para las y los condenados a cadena perpetua agravada en estos casos violaba el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (prohibición de la tortura y los tratos inhumanos), al establecer que incluso los condenados por los delitos más graves deben tener la oportunidad de demostrar su rehabilitación y solicitar la liberación. El Tribunal solicitó a Turquía que modificara la legislación pertinente.
A pesar de que Abdullah Öcalan ha permanecido en régimen de aislamiento desde 1999, el Plan de Acción afirma que no se requieren más medidas individuales. Esto indica que el aislamiento de Abdullah Öcalan en Imralı continuará a pesar de la sentencia del TEDH.
En el apartado «Excepciones a la libertad condicional», el Gobierno turco indicó que la cadena perpetua agravada solo se aplica a los delitos más graves, pero añadió: «Quienes sean condenados a cadena perpetua agravada por delitos contemplados en el Libro II, Capítulo IV, Subcapítulos 4, 5 y 6 del Código Penal (delitos contra la seguridad del Estado, el orden constitucional y la defensa nacional) cometidos en el seno de una organización terrorista no podrán optar a la libertad condicional. Ciertos delitos muy graves están exentos de esta posibilidad».
Así, Turquía ha anunciado oficialmente que no modificará la legislación sobre el “derecho a la esperanza”.
En mayo, el ministro de Justicia, Yılmaz Tunç, declaró que «no existe tal situación» respecto al derecho a la esperanza de Abdullah Öcalan. El Plan de Acción de Turquía revela que este enfoque se ha convertido en política oficial.
La postura de Turquía plantea serias dudas sobre si cumplirá con sus obligaciones internacionales y continuará con sus políticas de aislamiento a pesar de las sentencias del TEDH.
Contexto
Tras el llamado de Abdullah Öcalan a la paz y a una sociedad democrática el 27 de febrero y el anuncio del PKK sobre su disolución el 12 de mayo, la atención se ha centrado en las medidas legales que podría adoptar el Estado turco.
El décimo paquete de reforma judicial, presentado antes de la festividad del Eid al-Adha, no cumplió con las expectativas, y se anunció que la continuación de las reformas se pospondría hasta septiembre. Durante las discusiones sobre el paquete de reformas, las propuestas de la oposición, especialmente las del Partido por la Igualdad y la Democracia de los Pueblos (DEM), fueron ampliamente ignoradas.
Desde que el PKK anunció su disolución, ha habido repetidos llamados para mejorar las condiciones de detención física de Öcalan, pero no se ha logrado ningún progreso.
En este contexto, el Comité de Ministros del Consejo de Europa abordó la cuestión del «derecho a la esperanza» de Öcalan en su reunión de los días 17 y 18 de septiembre de 2024 y dio a Turquía un plazo de un año para tomar medidas.
El «derecho a la esperanza» se convirtió en tema de debate político en Turquía cuando el líder del Partido del Movimiento Nacionalista (MHP), Devlet Bahçeli, lo mencionó durante la reunión del grupo parlamentario de su partido el 22 de octubre de 2024. Bahçeli declaró: «Si el gobierno demuestra determinación y resolución, se deberían promulgar normas legales sobre el «derecho a la esperanza», y este derecho debería ser plenamente accesible». Hasta la fecha, el Estado turco no ha tomado medidas oficiales al respecto.
El «derecho a la esperanza» se refiere a una disposición legal relativa a los presos condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Este principio se basa en la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en el caso Vinter y otros contra el Reino Unido de 2013, donde el Tribunal determinó que la cadena perpetua sin posibilidad de liberación viola el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (que prohíbe la tortura y los tratos inhumanos o degradantes).
El Comité de Ministros se hizo cargo del caso de Öcalan a raíz de una sentencia del TEDH del 18 de marzo de 2014. Los abogados de Öcalan presentaron una demanda en 2003, argumentando que las condiciones de su condena violaban el artículo 3 del TEDH. En su decisión, el TEDH determinó que la cadena perpetua agravada impuesta a Öcalan, que no ofrece posibilidad de liberación ni revisión, y su aislamiento constituían una violación del artículo 3, tal como había dictaminado en el caso Vinter. El Tribunal también declaró la necesidad de implementar reformas legales adecuadas. Esta fue la primera sentencia contra Turquía en relación con el «derecho a la esperanza».
Posteriormente, el TEDH emitió dos fallos similares: uno en el caso Hayati Kaytan c. Turquía el 15 de septiembre de 2015, y otro en el caso Gurban y Civan Boltan c. Turquía el 15 de diciembre de 2015. En ambos, el Tribunal reafirmó que las penas de cadena perpetua sin un mecanismo de revisión o libertad condicional violan la prohibición de la tortura y los tratos inhumanos.
A pesar de haber transcurrido diez años desde las dos sentencias sobre Öcalan, Turquía aún no ha promulgado reformas legales para abordar las violaciones. Por ello, el Comité de Ministros del Consejo de Europa, encargado de supervisar la aplicación de las sentencias del TEDH, inició un proceso de seguimiento para impulsar cambios legales y prácticos en relación con el derecho a la esperanza y la cadena perpetua agravada. En su reunión del 17 y 18 de septiembre de 2024, el Comité concedió a Turquía un último año de prisión. Aunque la declaración de Bahçeli se produjo poco después de esta decisión, hasta la fecha no se ha adoptado ninguna medida legislativa.
