Turquía: el Estado bloquea las pruebas de matanzas en el sudeste del país [Parte 1]
NOTA DE ROJAVA AZADÎ – Publicamos el siguiente informe de HRW en diferentes post ya que consideramos que es muy largo y tedioso de leer, aunque el original fuera publicado de manera completa en la web que podéis encontrar al final del texto.
11 de Julio 2016 12:01a.m. EDT
Se debe permitir a la ONU que investigue los abusos en Cizre y derogar la nueva ley que bloquea el procesamiento de los responsables.
(Estambul) – El gobierno turco está bloqueando el acceso a las investigaciones independientes de los presuntos abusos masivos contra civiles en todo el sureste de Turquía, ha señalado hoy [11 de julio] Human Rights Watch (HRW). Los presuntos abusos incluyen la muerte de civiles, el desplazamiento masivo forzoso de población civil y la destrucción ilegal generalizada de la propiedad privada. El Gobierno debe conceder permiso, sin demora, a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas para que acceda al área e investigue de acuerdo a sus normas.
Desde la ruptura, en julio de 2015, del proceso de paz para poner fin al conflicto de décadas entre el Estado turco y el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), la violencia y los enfrentamientos armados en la región sureste se han intensificado. Desde el mes de agosto [2015], en el transcurso de operaciones de seguridad, las autoridades han impuesto toques de queda estrictos de 24 horas en 22 pueblos y barrios de varias ciudades, prohibiendo todo movimiento sin permiso. Los toques de queda también impiden que las organizaciones no gubernamentales, periodistas y abogados puedan llevar a cabo el escrutinio de las operaciones o los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad o por los grupos armados. Las autoridades han bloqueado los intentos por documentar los abusos iniciados por las organizaciones defensoras de derechos -incluyendo a HRW, Amnistía Internacional y Médicos por los Derechos Humanos-, incluso después de la finalización de los toques de queda y las operaciones militares.
“El bloqueo impuesto por el gobierno turco en áreas del sudeste aumenta nuestra preocupación de encontrarnos ante un encubrimiento masivo”, ha declarado Emma Sinclair-Webb, investigadora jefa de HRW en Turquía. “El gobierno de Turquía debe facilitar acceso inmediato a este área a los investigadores de la ONU y grupos no gubernamentales para documentar lo que está ocurriendo allí.”
La mayoría de muertes, destrucción y desplazamiento de civiles se ha producido en nueve ciudades, entre las que se encuentra Cizre. Más de 355.000 personas han sido desplazadas temporalmente dentro de las propias ciudades y hacia otras poblaciones y pueblos cercanos, o a otras regiones de Turquía. Al menos 338 civiles resultaron muertos en lugares donde se enfrentaron las fuerzas de seguridad y las Unidades de Protección de Civil (YPS), grupo armado relacionado con el PKK.
Imágenes por satélite grabadas antes y después de la demolición de edificios en los barrios de Cudi y Sur.
HRW ha revisado las listas de fallecidos compiladas por abogados con sede en Cizre, que muestran que al menos 66 residentes en Cizre, incluidos 11 niños, murieron por disparos o explosiones de mortero durante las operaciones de seguridad entre el 14 de diciembre de 2015 y el 11 de febrero de 2016. Según los testigos y víctimas entrevistadas por HRW, en algunos casos las fuerzas de seguridad abrieron fuego en las calles contra civiles que portaban banderas blancas. La información disponible indica también que las fuerzas de seguridad rodearon tres edificios y dieron muerte, de forma deliberada e injustificada, a alrededor de 130 personas, entre las que había civiles desarmados y combatientes heridos, atrapados en los sótanos.
La mayoría de las muertes de residentes en Cizre se produjo en los barrios donde las YPS habían levantado barricadas y cavado trincheras y donde se produjeron enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y grupos armados. Sin embargo, también algunos civiles fueron muertos en barrios donde no había enfrentamientos ni barricadas.
Imágenes por Satélite © 2016 CNES- Airbus DS
En abril, la policía impidió que HRW entrevistara a las familias de las víctimas y los testigos de las muertes. No obstante, antes de que las autoridades obstruyeron su trabajo, HRW pudo documentar en detalle ocho muertes de civiles en Cizre. Además, HRW ya había documentado otras ocho muertes que tuvieron lugar en septiembre de 2015, también durante un toque de queda y operaciones de seguridad.
HRW también documentó la amplia destrucción de propiedades en Cizre y entrevistó a personas cuyas viviendas y bienes habían resultado dañados durante los enfrentamientos y en algunas áreas que fueron demolidas posteriormente.
HRW evaluó la escala y el alcance de la demolición de edificios en Cizre utilizando imágenes por satélite grabadas entre febrero y junio de 2016, y se identificaron dos zonas de demolición distintas en la ciudad, con una medida total aproximada de 95.000 m2 (9,5 Ha). La mayor parte de la demolición de edificios se produjo entre finales de febrero y finales de mayo y se concentró en los barrios de Cudi y Sur. Una segunda ronda de demoliciones de menor escala se produjo entre finales de mayo y principios de junio en el barrio de Nur.
DEMOLICIÓN EN CIZRE, SURESTE DE TURQUIA
© 2016 CNES-Airbus DS
Ha habido pocas señales de investigaciones efectivas de los fiscales turcos sobre la muerte de civiles y la destrucción de bienes civiles en Cizre y otros pueblos del sudeste. El fiscal de Cizre declaró a HRW que había algunas investigaciones en curso, pero ninguna de las familias entrevistadas por HRW había sido contactada por la oficina del fiscal para declarar acerca de sus familiares muertos entre diciembre y febrero. El gobernador del distrito de Cizre no respondió a las solicitudes de una reunión con HRW para tratar de los acontecimientos en Cizre y los resultados de su investigación.
«Relatos fiables sobre matanzas deliberadas de civiles, incluidos niños, por las fuerzas de seguridad turcas, cuando portaban banderas blancas o se encontraban atrapados en sótanos, deben hacer saltar las alarmas con fuerza», ha declarado Sinclair-Webb. «El fiscal de Cizre debe llevar a cabo una investigación completa, efectiva e independiente, capaz de ofrecer justicia a las víctimas.»
El gobierno turco no ha respondido a la declaración pública del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra’ad Al Hussein, realizada el pasado mes de mayo, ni a su carta de solicitud de permiso para que un equipo de la ONU lleve a cabo una investigación en la región con el objeto de examinar posibles violaciones por las fuerzas de seguridad durante las operaciones militares en zonas urbanas contra grupos armados asociados al PKK. El gobierno ha indicado que el propio Zeid sería bienvenido en Turquía. Los socios internacionales de Turquía deben expresar con urgencia el apoyo a la solicitud de acceso presentada por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, ha declarado HRW.
Existe preocupación por que el bloqueo a la ONU y a organizaciones defensoras de los derechos humanos, tanto locales como internacionales, para que documenten los acontecimientos acaecidos en la región, indique intentos por encubrir abusos y prevenir la rendición de cuentas por crímenes graves, lo cual se vería agravado por la aprobación en el Parlamento turco de una nueva ley el pasado 23 de junio. Esta ley requerirá una autorización previa de la oficina del Primer Ministro o la oficina del Gobernador del distrito local (dependiendo del rango del militar o funcionario implicado) para investigar y procesar a militares y funcionarios públicos acusados de delitos en el curso de las operaciones de lucha contra el terrorismo. Similares marcos jurídicos, que vinculan el enjuiciamiento de los funcionarios públicos a una autorización administrativa (Ley Nº 4483), y otros introducidos durante el estado de emergencia en el sureste en la década de 1990 (Decreto Legislativo Nº 430), contribuyeron a la impunidad sistemática disfrutada por las fuerzas de seguridad, a pesar de las violaciones generalizadas de los más graves tipos, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y destrucción ilegal de miles de viviendas.
Turquía forma parte tanto de la Convención Europea de Derechos Humanos (CEDH) como del Pacto Internacional pro Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que protegen los derechos a la vida, la integridad física y la seguridad. El historial que pesa sobre Turquía de no llevar a cabo investigaciones efectivas sobre homicidios en el sureste, en particular en los casos en que se acusa a agentes estatales de ser responsables de homicidios ilegítimos, ha dado lugar a una serie de resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en las que se declara que Turquía ha violado el derecho a la vida.
El Tribunal también ha dictaminado en múltiples ocasiones que las leyes que requieren pre-autorización de las autoridades administrativas o políticas para enjuiciar a empleados estatales por delitos cometidos cuando ejercen funciones oficiales han provocado violaciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos, ya que impidieron investigaciones efectivas e independientes de violaciones de la convención. La nueva ley es igualmente incompatible con las obligaciones de Turquía en relación al Convenio.
La muerte de unas 130 personas, atrapadas en tres sótanos en los barrios de Cudi y Sur durante las operaciones de seguridad en Cizre a principios de febrero, requiere con urgencia una investigación exhaustiva, ya que las circunstancias que se han mostrado hasta la fecha sugieren que podría ser el resultado de ejecuciones ilegales constitutivas de muertes extrajudiciales, homicidios o asesinatos. La gravedad del delito potencial significa que debe haber una investigación prioritaria por parte de la misión de investigación de la ONU, si se le concede el acceso, ha declarado HRW.
Justo antes de la muerte de las personas atrapadas en los sótanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos había emitido medidas cautelares separadas -conocidas como «medidas provisionales»- en cinco casos de personas heridas en los barrios de Cizre, que requerían a las autoridades turcas la protección de su vida e integridad física. Sólo uno de los cinco solicitantes, en cuyo favor la Corte había emitido una medida cautelar, recibió tratamiento médico. Los otros cuatro murieron y sus cuerpos fueron recuperados más tarde. La Corte había rechazado otras solicitudes de medidas provisionales, incluso de los que estaban atrapados en los sótanos, que más tarde murieron, pero revisará sus casos ante el tribunal como una cuestión prioritaria.
«En medio del aumento del número de muertos y un conflicto en espiral, se hace crucial un recuento verídico en el sureste de Turquía», ha apuntado Sinclair-Webb. «Los fiscales deben investigar a fondo y de manera efectiva todas las denuncias de abusos por parte de las fuerzas del Estado y de grupos armados, y no deben tomarse medidas legales o extralegales para tratar de asegurar la impunidad de los responsables de estos crímenes.»
Toques de queda totales
Las muertes en Cizre se produjeron durante el período en que las autoridades turcas habían puesto a la ciudad bajo un toque de queda absoluto de 79 días, desde el 14 de diciembre de 2015 al 2 de marzo de 2016, así como durante otro toque de queda de nueve días en septiembre de 2015.
El Gobierno justificó los toques de queda en base a la Ley de Administración Provincial de Turquía, que otorga poderes a los gobernadores para tomar «decisiones y medidas» para garantizar «la paz y la seguridad, la protección de las personas, el bienestar público.» Hasta agosto de 2015, la ley no se había interpretado para imponer toques de queda totales, de 24 horas. Según la Fundación de Derechos Humanos de Turquía, se ha utilizado de esta manera 65 veces desde agosto. El 13 de junio, el Consejo de la Comisión de Venecia de Europa emitió un dictamen sobre el marco jurídico que rige el toque de queda. El dictamen concluyó que «la Ley de Administración Provincial, en la que se basan las decisiones para imponer los toques de queda, así como las propias decisiones, no cumplen con los requisitos de legalidad consagrados en la Constitución y las derivadas de las obligaciones internacionales de Turquía en el ámbito de los derechos fundamentales, en particular bajo la CEDH y la jurisprudencia pertinente.» La Comisión recomienda que las autoridades turcas pongan fin a la imposición de toques de queda sobre la base de la Ley de Administración Provincial.
Las violaciones de los toques de queda están sujetas a una multa de 100 liras turcas (30 USD), pero, en la práctica, los que se han aventurado a romperlo también han corrido el riesgo de ser disparados o detenidos, como se ha demostrado en algunos de los casos documentados por HRW.
Durante el reciente toque de queda, se llevaron a cabo operaciones militares y policiales conjuntas contra las armadas Unidades de Protección Civil (YPS), que habían acordonado barrios con barricadas y trincheras plantadas de explosivos. El grupo se llamaba anteriormente Movimiento Patriótico Juvenil Revolucionario (YDGH) y cambió su nombre por el de Unidades de Protección Civil (YPS) en diciembre de 2015.
Los esfuerzos exploratorios de los grupos pro derechos
Las misiones de investigación en Cizre, llevadas a cabo por los grupos pro derechos humanos más importantes de Turquía, Mazlumder, la Fundación pro Derechos Humanos de Turquía, y la Asociación de Derechos Humanos, han sido incapaces de llegar a una estimación final de civiles muertos. Un informe del Partido Democrático de los Pueblos (HDP) estima el número total de muertos, entre civiles y combatientes, en 251, además de destacar que continúa la identificación de los cuerpos. Los grupos pro derechos humanos han informado que un número mucho más alto, si bien desconocido, sufren heridas.
HRW llevó a cabo una investigación en Cizre a principios de marzo y mediados de abril. Los investigadores hablaron con víctimas y testigos, abogados y representantes de organizaciones no gubernamentales. A mediados de abril, agentes de policía del Departamento Antiterrorista impidieron que HRW entrevistara a las familias de las víctimas en Cizre e indicaron que era necesario el permiso del gobernador de Cizre para llevar a cabo este tipo de entrevistas.
No hay ninguna base jurídica para exigir un permiso oficial a un tercero para entrevistar a víctimas o testigos que consienten en ser entrevistados. Entre los 66 civiles identificados como muertos, HRW documentó ocho muertes en detalle, incluyendo la de un bebé de unos 3 meses de edad y dos niños de 11 y 13 años. Tanto las circunstancias, como la ubicación y el testimonio de testigos sugieren que las fuerzas de seguridad mataron a estos ocho civiles fuera del contexto de las hostilidades en marcha.
Las Fuerzas Armadas turcas declararon que el 22 de febrero, en Cizre, 665 miembros del PKK habían dejado de «ser efectivos», lo que significa, por lo general, que habrían sido muertos o hechos prisioneros. Sin embargo, no ha habido ningún reconocimiento oficial de la muerte de civiles. Algunos informes de los medios de comunicación estiman que 23 soldados y policías murieron durante las operaciones en Cizre entre diciembre y febrero.
Más de tres meses después de haber terminado las operaciones en Cizre, las autoridades turcas no han hecho ningún anuncio oficial de que se lleve a cabo una investigación sobre lo ocurrido en la ciudad.
Después de que los grupos pro derechos humanos nacionales, Mazlumder, la Fundación de Derechos Humanos de Turquía y la Asociación de Derechos Humanos, documentaran violaciones del derecho a la vida y varios otros abusos en sus informes sobre Cizre, el Presidente Recep Tayyip Erdogan, el 7 de abril, los criticó con vehemencia, aunque lo hizo sin mención expresa de los grupos, y desafió su papel en el envío de grandes delegaciones a la región y la publicación de los informes. Tras el discurso, la policía y las autoridades locales impidieron que varios grupos nacionales operaran en Cizre. A una delegación de la organización internacional no gubernamental Médicos por los Derechos Humanos no se le permitió la entrada en la ciudad en el mes de mayo y a los investigadores de Amnistía Internacional se les impidió su visita en junio.
El conflicto en el sureste
La ruptura, en julio de 2015, del alto el fuego y el proceso político, que había durado más de dos años, para terminar con el conflicto de décadas entre el Estado turco y el PKK, ha llevado a una espiral de violencia en el sureste de Turquía y a la reanudación de los enfrentamientos armados, que están provocando un enorme número de víctimas entre la población civil kurda. A diferencia de períodos anteriores, cuando se desarrollaban las hostilidades entre las fuerzas armadas turcas y el PKK en las zonas rurales, se ha producido un cambio importante, pasando a producirse las hostilidades en zonas urbanas.
No hay acuerdo sobre la cifra total de muertos desde agosto. El ejército turco aseguró en mayo que 6.623 «terroristas» habían quedado «inefectivos», de los cuales 4.571 muertos. Los informes de prensa indican que más de 450 soldados y policías han muerto desde julio. La Fundación pro Derechos Humanos de Turquía estima en al menos 338 el número total de civiles muertos durante los toques de queda a finales de abril. Además de esto, los informes de prensa indican que el PKK mató al menos a 76 civiles entre enero y junio en ataques en la provincia de Diyarbakir, Ankara y Estambul. Esta cifra incluye a 16 civiles muertos en mayo, cuando el PKK hizo estallar un camión bomba en un pueblo cerca de Diyarbakir.
Con la ruptura del proceso de paz, los grupos juveniles urbanos del PKK -originalmente conocidos como Movimiento Patriótico Revolucionario Juvenil (YDGH) y desde diciembre como Unidades de Protección Civil (YPS)- han reclutado a jóvenes locales, incluidos niños, y aumentado su control sobre algunos barrios de ciudades del sureste mediante la colocación de artefactos explosivos en las entradas del vecindario y la organización de guardias en las barricadas. El PKK se ha asegurado del almacenaje de las armas, municiones, cohetes y la mejora de artefactos explosivos, según informes del gobierno. Algunos funcionarios municipales y alcaldes del sureste han realizado simultáneamente declaraciones simbólicas de autogobierno, lo que ha conducido al arresto y detención de cientos de representantes políticos por cargos de terrorismo. Dieciocho co-alcaldes electos de partidos políticos kurdos se encuentran en prisión preventiva.
En respuesta al cerco de los barrios por el PKK, el Gobierno autorizó operaciones policiales y militares que implicaban el uso de vehículos blindados de transporte de personal y, cada vez más, artillería pesada. Estas operaciones se llevan a cabo bajo estrictos toques de queda de larga duración. Además de las muertes de civiles, ha habido un gran desplazamiento temporal de civiles desde agosto de 2015. El Ministro de Sanidad dijo el 27 de febrero que se estimaban en 355.000 las personas que habían sido desplazadas de sus hogares, y las operaciones de seguridad desde entonces han desplazado grandes partes de las poblaciones de İdil, Şirnak, Nusaybin y Yüksekova.
Barrios enteros de ciudades, como el distrito de Sur en Diyarbakir, y varias partes de Silopi y Cizre sufrieron daños durante las hostilidades armadas y posteriormente fueron demolidos por orden del gobierno. Decenas de miles de residentes de esos barrios se enfrentan al desplazamiento prolongado. Las ciudades de Nusaybin y Şirnak permanecen bajo toque de queda. Mientras tanto, las operaciones de las fuerzas de seguridad, que fueron conducidas inicialmente por la policía, han sido cada vez más dirigidas por militares.
Fuente: Human Rights Watch
Traducido por Rojava Azadî
