[Nota de prensa] Siria: Las atrocidades cometidas en marzo exigen la rendición de cuentas de los altos mandos

La investigación del Gobierno carece de transparencia sobre el papel de los altos funcionarios

STJ – 23 septiembre 2025 – Traducido y editado por Rojava Azadi Madrid

El Gobierno de transición sirio ha prometido rendir cuentas por la violencia ocurrida en tres provincias en marzo de 2025, pero ha sido poco transparente sobre si su investigación ha examinado el papel de los altos mandos militares o civiles, o qué medidas tomará para que rindan cuentas quienes tenían autoridad de mando, según han afirmado Human Rights Watch, Syrians for Truth and Justice y Syrian Archive en un informe publicado hoy.

El informe de 51 páginas, titulado «¿Eres alauí? Asesinatos por motivos de identidad durante la transición en Siria», documenta los abusos generalizados cometidos por las fuerzas gubernamentales, los grupos armados alineados con el Gobierno y los voluntarios armados, entre los que se incluyen ejecuciones sumarias, destrucción deliberada de propiedades y abusos a detenidos. Las conclusiones muestran que estos crímenes se desarrollaron en el marco de una operación militar coordinada de forma centralizada y dirigida por el Ministerio de Defensa, cuyos funcionarios continuaron coordinando los despliegues incluso después de que los asesinatos en masa se hicieran públicos.

«El reconocimiento por parte del Gobierno de las atrocidades cometidas es un paso adelante, pero no basta para garantizar que se haga justicia con los altos cargos que las permitieron o no impidieron», afirmó Hiba Zayadin, investigadora sénior sobre Siria de Human Rights Watch. «No exigir responsabilidades a los mandos y funcionarios responsables de desplegar y dirigir a las fuerzas que cometieron abusos deja la puerta abierta a nuevas represalias y atrocidades en Siria».

La violencia de marzo se desencadenó por una oleada coordinada de ataques que comenzó el 6 de marzo por parte de hombres armados que el Gobierno describió como leales al antiguo Gobierno de Bashar al-Assad. Estos ataques causaron la muerte de al menos 200 miembros del personal gubernamental. Las fuerzas gubernamentales respondieron con operaciones de barrido de seguridad en toda la región, durante las cuales se cometieron abusos y atrocidades generalizados por motivos de identidad, dirigidos principalmente contra los alauitas, considerados leales al anterior Gobierno de Bashar al-Assad.

Basándose en más de 100 entrevistas con víctimas, testigos, combatientes y periodistas, así como en material audiovisual e imágenes satelitales verificadas, los grupos documentaron abusos generalizados en más de 24 ciudades, pueblos y barrios entre el 6 y, al menos, el 10 de marzo. Entre ellos se incluyen ejecuciones sumarias, redadas domiciliarias, saqueos, incendios provocados y abusos por motivos de identidad.

Aunque los grupos no encontraron órdenes directas de cometer atrocidades, confirmaron que el Ministerio de Defensa del nuevo Gobierno desempeñó un papel central en la movilización de unidades y la coordinación de sus despliegues. Las autoridades movilizaron a decenas de miles de combatientes de todo el país y les asignaron zonas operativas compartidas. Los combatientes describieron haber recibido órdenes a través de canales vinculados al ministerio, entre ellas la de entregar la responsabilidad de las zonas que habían «asegurado» a las fuerzas de Seguridad General (policía).

Los combatientes dijeron a Human Rights Watch que los mandos militares continuaron coordinando y desplegando fuerzas mucho después de que las autoridades supieran o debieran haber sabido de los asesinatos y las atrocidades.

«No se necesita una orden firmada para exigir responsabilidades a los altos cargos y comandantes de facciones», afirmó Bassam al-Ahmed, cofundador y director ejecutivo de Syrians for Truth and Justice. «Los funcionarios del Ministerio de Defensa tenían el poder de movilizar a decenas de miles de combatientes, asignar y compartir despliegues geográficos y mantener las operaciones en marcha en docenas de ciudades durante días. La cuestión no es solo quién dio las órdenes, o si las dieron, sino por qué nadie a cargo pudo frenar los asesinatos y saqueos generalizados. Eso es un fracaso del liderazgo y un fracaso de la voluntad».

El Comité Nacional Sirio para la Investigación y el Estudio de los Hechos Ocurridos en la Costa presentó un resumen de su informe final en una rueda de prensa celebrada en Damasco el 22 de julio, en la que se afirmaba que al menos 1426 personas habían sido asesinadas y que las autoridades habían remitido a 298 sospechosos a la fiscalía. Las conclusiones de la investigación, que confirman las atrocidades masivas contra la población civil, marcan un cambio con respecto al clima de negación e impunidad del Gobierno de Assad, pero no llegan a abordar los fallos institucionales más profundos, como el papel de los altos funcionarios a la hora de permitir o no impedir los abusos generalizados.

El comité calificó los ataques como actos de venganza personal, pero sus propias conclusiones, y las de la investigación conjunta, revelan una campaña más amplia de castigo colectivo dirigida contra las comunidades alauitas. Numerosos vídeos y testimonios revisados y verificados por los investigadores revelan que, a menudo, se interrogaba a las víctimas sobre su identidad antes de matarlas, y que los grupos armados utilizaban insultos contra los alauitas durante las redadas.

Una residente de Brabshbo, una aldea al sur de Latakia, dijo que ella y su marido permanecieron en casa con sus tres hijos el 8 de marzo después de que los funcionarios locales y las fuerzas de seguridad general les aseguraran que los civiles que permanecieran en sus casas no sufrirían ningún daño. Esa noche, unos hombres armados entraron en su casa, les preguntaron si eran alauitas y, al saber que lo eran, se llevaron a su marido fuera y le dispararon en la puerta. «No le preguntaron por su trabajo ni nada, simplemente le dispararon», afirmó.

Algunos combatientes afiliados al Ministerio admitieron que se ejecutaba a personas únicamente por su identidad percibida. Un miembro de una antigua facción del Ejército Nacional Sirio afirmó que, en las redadas casa por casa, «se mataba a personas solo por ser alauitas».

Human Rights Watch, Syrians for Truth and Justice y Syrian Archive también señalaron el propio reconocimiento del comité de que las fuerzas de seguridad cometieron violaciones antes de marzo. La investigación conjunta reveló que las detenciones arbitrarias, las redadas domiciliarias y los ataques por motivos de identidad en las comunidades alauitas habían comenzado semanas antes en Homs y en las zonas rurales de Hama. Desde entonces, los abusos han continuado, incluso en la provincia meridional de Sweida en julio, donde los residentes drusos locales han denunciado ejecuciones sumarias, saqueos y destrucción de propiedades durante las recientes operaciones de seguridad llevadas a cabo por unidades de los Ministerios de Defensa e Interior.

El compromiso del comité con la sociedad civil y los actores internacionales, así como su compromiso declarado con la justicia, es un avance positivo, afirmaron los grupos. Sus recomendaciones para la reforma institucional, las medidas de justicia transicional, las reparaciones y la consolidación de los grupos armados bajo estructuras transparentes y responsables son propuestas constructivas que requieren un seguimiento urgente.

Sin embargo, la credibilidad de estos esfuerzos depende de los próximos pasos, incluida la transparencia pública y una rendición de cuentas significativa a todos los niveles.

Las autoridades sirias deben publicar el informe completo de la investigación, proteger la identidad de los testigos y garantizar el debido proceso a los acusados, afirmaron las organizaciones. Deben garantizar que los procedimientos judiciales examinen no solo los delitos individuales, sino también la responsabilidad institucional.

Las autoridades también deben permitir el acceso a los mecanismos internacionales de rendición de cuentas, incluidos los de las Naciones Unidas, y deben llevar a cabo reformas en materia de seguridad, como la investigación de los combatientes, la expulsión de los que cometen abusos y la aplicación de estructuras de mando y códigos de conducta claros.

«No se trata de una sola semana de marzo», afirmó Jelnar Ahmad, director de programas de Syrian Archive. «Es un indicador de un patrón más amplio que debe abordarse de forma estructural y transparente».