Irak: Las luchas políticas internas bloquean la reconstrucción de Sinjar

Human Rights Watch – 6 junio 2023 – Traducido y editado por Rojava Azadi Madrid

Fondos para servicios esenciales retenidos, regresos obstaculizados

(Beirut) – La reconstrucción del distrito de Sinjar, en el norte de Irak, que resultó gravemente dañado en la lucha contra Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés), se ve frenada por una disputa política sobre su administración, señaló hoy Human Rights Watch.

En abril de 2023, el primer ministro Mohammed Shia al-Sudani ordenó al Gobierno que iniciara una campaña de reconstrucción de Sinjar y anunció la asignación de 50.000 millones de dinares iraquíes (IQD) (34,2 millones de USD) para ello. Pero una disputa política entre el gobierno federal de Bagdad y el Gobierno Regional del Kurdistán (KRG) ha impedido que se utilicen otros fondos asignados previamente, mientras que las infraestructuras dañadas y los deficientes servicios esenciales han obstaculizado el regreso de más de 200.000 personas desplazadas del distrito desde 2014, entre ellas el 85% de la población yazidí, minoritaria en Irak.

«La asignación de fondos es un avance positivo, pero solo si esos fondos se invierten realmente en servicios e infraestructuras para mejorar el acceso a la atención sanitaria, la electricidad, el agua y la vivienda de los residentes de Sinjar», señaló Sarah Sanbar, investigadora sobre Irak de Human Rights Watch. «Las luchas políticas internas están impidiendo el uso de los fondos disponibles mientras los sinjaríes permanecen en el limbo».

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la agencia de migración de las Naciones Unidas, el 80 por ciento de la infraestructura pública y el 70 por ciento de los hogares en la ciudad de Sinjar, la ciudad más grande del distrito, fueron destruidos durante el conflicto contra ISIS entre 2014 y 2017. Los residentes dicen que la electricidad y el agua no están disponibles de manera constante, y muchas instalaciones educativas y de salud permanecen dañadas o destruidas, con lagunas en la dotación de personal donde existen.

Human Rights Watch ha entrevistado a decenas de sinjaríes que viven en campamentos de desplazados en la gobernación de Duhok; a tres sinjaríes que habían regresado a Sinjar; a funcionarios de los Gobiernos del Kurdistán y Bagdad; al exalcalde de la «autoadministración» de Sinjar; al director del hospital general de Sinjar; a representantes de seis organizaciones de la sociedad civil; y a dos diplomáticos occidentales.

Sinjar es un territorio en disputa entre el KRG y el gobiernos federal de Irak. El alcalde de Sinuni, en el norte de Sinjar, ejerce temporalmente como alcalde en funciones de Sinjar, con base en Dohuk, adonde los sinjaríes deben desplazarse actualmente para los servicios administrativos y de documentación civil. Las Unidades de Resistencia de Sinjar (YBS), una milicia dirigida por yazidíes con supuestos vínculos con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, establecieron una administración local autónoma en Sinjar en 2017 y eligieron a un alcalde, que no está reconocido oficialmente por el KRG ni por el gobierno central de Irak.

En virtud del Acuerdo de Sinjar 2020, Irak se comprometió a aportar 28.000 millones de IQD (18 millones de dólares) al Fondo para la Reconstrucción de Sinjar. El gobernador de Ninewa, Najim al-Juboury, ha declarado que Erbil y Bagdad no están dispuestos a gastar los fondos sin antes acordar quién será responsable de la administración local de Sinjar, pero las discusiones se han estancado. Han sido incapaces de ponerse de acuerdo sobre un candidato adecuado para alcalde, y los candidatos propuestos son rechazados con frecuencia por los sinjaríes locales, que se sienten marginados y excluidos del proceso.

El Acuerdo de Sinjar también prevé la creación de un comité conjunto con representantes del Gobierno Regional del Kurdistán y del gobierno federal iraquí para distribuir estos fondos, pero el comité aún no se ha constituido, según al-Juboury. No hay disposiciones que garanticen la participación local en los procesos de toma de decisiones, lo que, según los sinjaríes, exacerba su sentimiento de exclusión.

Todos los entrevistados citan la falta de servicios públicos adecuados como un obstáculo para el retorno, además de la inestable situación de seguridad y la incapacidad del gobierno para indemnizar por las viviendas y empresas destruidas.

Afirman que no es fácil acceder a la educación pública, en parte debido a los daños o la destrucción de las escuelas. Incluso allí donde es accesible, la calidad de la enseñanza se ve mermada por el hacinamiento, ya que algunas escuelas acogen a alumnos de varios pueblos, y por la escasez de personal, ya que miles de profesores siguen desplazados. Una encuesta de la OIM reveló que el 58% de los residentes carecen de acceso a una escuela secundaria funcional en un radio de cinco kilómetros de su residencia.

«En Sinjar hay 206 escuelas, pero sólo 96 de ellas funcionan actualmente debido a diversos factores, como la falta de personal académico, el continuo desplazamiento de las familias y la destrucción de los edificios escolares», declara Hassan Salih Murad, jefe del Departamento de Educación de Sinjar. «Debido a la escasez de profesores y de instalaciones escolares, una escuela tiene matriculados entre 600 y 1.000 alumnos, aunque sólo puede acoger a un máximo de 400 estudiantes».

Tres escuelas están siendo utilizadas por grupos armados como bases militares, dice Murad, lo que socava el acceso a la educación y pone la infraestructura escolar en riesgo de ataque. Doce grupos armados se disputan el control de Sinjar, y los intentos del gobierno de recuperar el control administrativo de la zona han provocado violentos enfrentamientos y nuevos desplazamientos, el último en mayo de 2022. La presencia de las YBS ha expuesto la zona a ataques aéreos turcos, incluido uno que alcanzó un hospital en agosto de 2021. Human Rights Watch documentó el uso militar de escuelas en Sinjar y el reclutamiento de niños por grupos armados, incluso en escuelas, en 2016.

Waad Abdo, desplazado del pueblo de Gormuz en 2014, dijo que la escuela de su pueblo fue destruida por los combates, «y de todos modos no hay profesores. Los niños de mi aldea y de tres aldeas de los alrededores deben viajar todos a la misma escuela, y está muy abarrotada.»

El Departamento de Salud de Sinjar también se enfrenta al hacinamiento, la falta de profesionales cualificados y los daños en las infraestructuras físicas. Dos hospitales generales atienden al distrito, uno en la ciudad de Sinjar y otro en Sinuni, una localidad al norte del monte Sinjar.

El hospital general de Sinjar resultó dañado durante las operaciones militares», explica el Dr. Dilshad Ali, director del hospital general de Sinjar. «Ahora funcionamos en una pequeña ubicación alternativa, y sólo disponemos de 53 camas de hospital en lugar de las 130 que teníamos antes». La ubicación original del hospital de Sinuni sigue funcionando. De los 26 centros de salud primaria, todos funcionan excepto dos en el subdistrito de Sinuni, que necesitan ser reconstruidos».

Ambos hospitales tienen una capacidad limitada para tratar casos complejos, dada la escasez de especialistas, por lo que las personas con urgencias médicas o enfermedades complejas deben viajar de dos a tres horas a Dohuk o Mosul para recibir atención. Las personas entrevistadas afirmaron que la falta de acceso a la atención sanitaria es un obstáculo importante para el retorno, especialmente en el caso de mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas.

«Tengo muchas enfermedades crónicas y allí no hay ningún hospital que pueda ayudarme», dijo Eidi Chichi, una desplazada del asentamiento informal de Khanke. «¿Por qué iba a volver a Sinjar si tenía que regresar a Dohuk cada semana para recibir atención médica? En mi casa no hay hombres. Me resulta difícil hacer ese viaje sola».

La gente también dijo que ni la electricidad ni el agua están disponibles de forma constante, y los retornados informaron de que la electricidad está disponible entre 2 y 10 horas al día. Según la OIM, el 90% de los residentes de Sinjar afirma depender del transporte de agua en camiones a veces o siempre, y el 76% informó de problemas relacionados con el sabor, el aspecto o el olor del agua potable.

Mohammed Majeed, director del Departamento de Electricidad de Sinjar, dijo que la estación 132, la principal central eléctrica de Sinjar, y la estación 133, una estación de reserva, resultaron dañadas durante las operaciones militares y aún no han sido reconstruidas. «Actualmente podemos servir 18 horas de electricidad al día porque es primavera y el tiempo no es demasiado caluroso, pero una vez que llegue el verano, sólo podremos hacerlo durante 12 horas cada día», dijo.

Majeed dijo que se han iniciado algunas reparaciones de la red eléctrica, utilizando el Fondo de Seguridad Alimentaria de Emergencia. El Fondo de Seguridad Alimentaria de Emergencia se aprobó en junio de 2022 para que el gobierno pudiera hacer frente a necesidades urgentes como la alimentación, la energía y el pago de los salarios de los empleados del sector público, ya que meses de bloqueo político dejaron al país sin presupuesto.

Souad, una retornada de la aldea de Khanasour, dice: «Sólo los que pueden permitírselo tienen generadores, y tienen que pagar 20.000 IQD (15 dólares) por amperio de electricidad. Pagamos 15.000 IQD (11 dólares) al día por el agua potable, y tuvimos que cavar un pozo para tener agua suficiente para lavarnos».

La legislación internacional sobre derechos humanos y la Constitución iraquí garantizan los derechos de los ciudadanos a la salud, la educación, la vivienda y un nivel de vida adecuado. El derecho a un nivel de vida adecuado incluye el derecho de todos al agua y a la electricidad, entre otros, como ha concluido Human Rights Watch. Irak ha ratificado numerosos tratados de derechos humanos que contienen obligaciones relacionadas con estos derechos.

«Para que los desplazados puedan regresar a sus hogares y se respeten los derechos económicos de todos los sinjaríes, el gobierno debe adoptar un enfoque integrado para Sinjar, que incluya reconstrucción, rehabilitación, reparaciones, administración y seguridad», ha declarado Sanbar. «Los retornados seguirán luchando en ausencia de servicios gubernamentales mientras los desplazados siguen atrapados en el limbo».