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El Parlamento turco acusa al CPT de parcialidad y conspiración contra Turquía

Nordic Monitor – Levent Kenez/Estocolmo – 21 junio 2024 – Traducido y editado por Rojava Azadi Madrid

Durante una sesión de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento turco celebrada la semana pasada, a la que asistió el ministro de Justicia, se debatieron las condiciones penitenciarias y la salud de los reclusos, y los diputados del partido gobernante acusaron al Comité contra la Tortura del Consejo de Europa de parcialidad contra Turquía y de buscar deliberadamente pruebas para perjudicar al país.

El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT) realiza visitas a centros de detención de los 46 Estados miembros del Consejo de Europa para evaluar el trato que reciben las personas privadas de libertad. Estos centros incluyen prisiones, centros de detención de menores, comisarías de policía, centros de detención de inmigrantes y hospitales psiquiátricos.

En la sesión del 12 de junio, tras la referencia de un diputado kurdo a los informes del CPT en los que se afirmaba que el líder del proscrito Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) Abdullah Öcalan se encuentra en régimen de aislamiento en una prisión de la isla de İmrali, el miembro del partido gobernante y ex miembro de la Junta para la Igualdad de Derechos Humanos de Turquía Harun Mertoğlu argumentó que las visitas del CPT y otras organizaciones internacionales a las prisiones turcas son selectivas a propósito, con la intención de visitar lugares específicos elegidos de antemano para una agenda determinada. Por esta razón, dijo que sólo las prisiones de Diyarbakır y Ankara están dentro del ámbito de interés del CPT.

Mertoğlu también afirmó que en los informes del CPT, las declaraciones se centran únicamente en las condiciones de presos seleccionados. Alegó que se realizaron visitas a presos políticos afiliados al movimiento Gülen, un grupo crítico con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, y a miembros del PKK. Afirmó además que las personas encarceladas por delitos penales no fueron elegidas explícitamente para tales visitas.

El Ministro de Justicia Yılmaz Tunç (R) se reunió con la delegación del CPT encabezada por Hans Wolff el 22 de febrero de 2024.

Durante la reunión, Mertoğlu llegó incluso a acusar de la desactivación deliberada durante una hora de las cámaras de seguridad de una comisaría del distrito de Çankaya en Ankara, sugiriendo que se había hecho con premeditación. Alegó que, al visitar esa comisaría, la delegación del CPT se había convertido a sabiendas en parte de una conspiración. Sin embargo, no facilitó ninguna fecha concreta ni detalles adicionales sobre la acusación.

Durante la reunión, el ministro de justicia Yılmaz Tunç y los funcionarios del ministerio optaron por guardar silencio ante estas acusaciones.

Texto de la reunión de la comisión parlamentaria:

Sin embargo, la visita más reciente del CPT a Turquía en febrero contradice las afirmaciones de Mertoğlu. Durante su visita, la delegación inspeccionó las siguientes prisiones: Prisión de tipo S de Antalya, Prisión de tipo S de Iğdır, Prisión de tipo F de Van, Prisión de alta seguridad de Van, Prisión de tipo L de Antalya y Prisión de tipo L nº 3 de Estambul-Maltepe para extranjeros. Interactuaron con reclusos y detenidos en estos centros. La delegación dijo que su principal objetivo era evaluar el trato que reciben las personas recluidas en prisiones de alta seguridad, con especial atención a las condiciones de los reclusos LGBTI y las reclusas. La visita fue realizada por los miembros del CPT Hans Wolff, vicepresidente primero del comité (jefe de la delegación); Therese Rytter, vicepresidenta segunda; Juan Carlos Da Silva Ochoa; y Marie Kmecová. Contaron con el apoyo de Hugh Chetwynd (secretario ejecutivo), Elvin Aliyev y Mónica Martínez, de la Secretaría del CPT, y con la asistencia de dos expertos: Jurgen Van Poecke, director de prisiones de Bélgica, y Kate Wood, médico del Reino Unido.

Además, la afirmación del Ministerio de Justicia de que las organizaciones internacionales pueden realizar libremente inspecciones en las prisiones turcas y compartir sus conclusiones con el público no refleja la realidad. Los informes periódicos del CPT sobre las prisiones turcas sólo pueden publicarse con la aprobación de Turquía. Hasta la fecha, Turquía no ha autorizado la publicación de los informes de las visitas periódicas correspondientes a los años 2016, 2017, 2018, 2021 y 2022.

En particular, durante su visita del 28 de agosto al 6 de septiembre [2023], el CPT documentó testimonios de víctimas de tortura de entre los miembros del movimiento Gülen acusados de participar en un controvertido intento de golpe de Estado el 15 de junio de 2016. Su visita estuvo motivada por las denuncias iniciales planteadas por Amnistía Internacional, que indicaban que los detenidos en Turquía sufrían abusos físicos, tortura e incluso agresiones sexuales en centros de detención oficiales y no oficiales de todo el país. Según los informes, muchos sospechosos, tanto militares como presuntos miembros del movimiento Gülen, habían sufrido graves torturas documentadas por organizaciones de derechos humanos.

Cemil Turkan

En 2020 Nordic Monitor reveló que el CPT había realizado entrevistas en 2016 con el coronel Cemil Turhan, cuyo testimonio e informes médicos confirmaron que había sido torturado, a pesar de que el informe no fue aprobado para su publicación. Turhan detalló las torturas sufridas durante su declaración. Además, se descubrió que habían desaparecido de su expediente cuatro informes médicos de su detención inicial.

A 31 de enero de 2023, Turquía era el país con mayor número de presos y detenidos entre los Estados miembros del Consejo de Europa, con aproximadamente 350.000 personas encarceladas. Según el informe sobre prisiones 2023 elaborado por la Universidad de Lausana, Turquía tenía 348.265 reclusos y detenidos a 31 de enero de 2023. Tras Turquía se encontraban el Reino Unido (90.964), Francia (72.294) y Polonia (71.228). Turquía también tenía la tasa más alta de presos y detenidos por cada 100.000 habitantes entre los países del Consejo de Europa, con 408 personas por cada 100.000.

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